nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. Rancagua.

Rancagua, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 15 de diciembre de 2025 comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, fundado en los descuentos efectuados por la recurrida sobre su remuneración correspondiente a noviembre de 2025, pese a encontrarse judicializado el cobro del mismo crédito.

Expone que en el año 2015 suscribió un pagaré en favor de la recurrida por la suma de $2.287.544, más intereses, cuyo pago se pactó en cuotas. Ante el incumplimiento, Caja Los Andes ejerció la cláusula de aceleración e interpuso, el 23 de agosto de 2017, demanda ejecutiva por el total de la obligación, dando origen a la causa Rol C-28521-2017, seguida ante el 1° Juzgado Civil de Rancagua, en la cual fue emplazado el 9 de septiembre de ese año.

Señala que, no obstante encontrarse pendiente dicho procedimiento ejecutivo, en su liquidación de remuneraciones de noviembre de 2025 apareció un descuento de $221.000 efectuado por la recurrida, monto que incluso supera la cuota originalmente pactada de $85.728. Afirma que consultó tanto a su empleador como a una sucursal de Caja Los Andes, sin obtener explicación acerca del fundamento del descuento ni del cálculo utilizado para determinar su cuantía.

Sostiene que la recurrida, luego de optar por hacer exigible anticipadamente la totalidad de la deuda y perseguirla judicialmente, no podía continuar simultáneamente obteniendo su pago mediante descuentos por planilla, pues ello importaría utilizar dos vías paralelas de cobro respecto de una misma obligación, con riesgo de producir un doble pago. Si bien reconoce que el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a las Cajas de Compensación para efectuar descuentos sobre las remuneraciones de sus afiliados, estima que dicha potestad no puede ejercerse arbitrariamente una vez escogida la vía judicial para perseguir íntegramente el crédito. Invoca, en apoyo de su posición, jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que habría calificado como arbitraria esa forma simultánea de cobro.

En cuanto a las garantías afectadas, sostiene que el ejercicio paralelo de ambas vías de cobro vulnera la igualdad ante la ley y, particularmente, su derecho de propiedad sobre las remuneraciones, atendido que éstas, una vez devengadas, se incorporan a su patrimonio conforme a los artículos 41 y 54 bis del Código del Trabajo. Afirma que el descuento unilateral de $221.000 lo privó de ejercer las facultades inherentes al dominio respecto de una parte de su remuneración.

En definitiva, solicita acoger el recurso, declarar ilegal y arbitraria la actuación denunciada y ordenar a Caja Los Andes abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social mediante descuentos de remuneraciones, además de restituir las sumas descontadas desde noviembre de 2025 en adelante, dentro del plazo que se determine, con costas.

Con fecha 13 de enero de 2026 informa la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección, sosteniendo que no ha incurrido en una actuación ilegal o arbitraria y, en todo caso, que la acción ha perdido oportunidad, por haberse dispuesto voluntariamente el cese de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas.

Expone que el 6 de octubre de 2015 otorgó al recurrente un crédito social por un capital inicial de $2.287.544, pagadero en 50 cuotas mensuales de $85.728. Señala que, producto de la morosidad registrada entre octubre de 2016 y julio de 2017, el 22 de septiembre de 2017 el recurrente reprogramó la deuda por $2.584.145, pactándose 60 cuotas de $89.689, de las cuales únicamente fueron pagadas las seis primeras, correspondientes al período comprendido entre octubre de 2017 y marzo de 2018. Añade que el crédito se encuentra actualmente en cobranza judicial, debido a la morosidad de las cuotas restantes.

Sostiene que los descuentos por planilla se encuentran autorizados por el artículo 22 de la Ley N°18.833, conforme al cual las sumas adeudadas por prestaciones de crédito social deben ser deducidas de las remuneraciones por el empleador, retenidas y enteradas a la Caja acreedora. Agrega que la obligación permanece vigente y exigible mientras no exista una declaración judicial de prescripción, precisando que ésta no opera de pleno derecho y debe ser alegada y declarada por el tribunal competente, materia que, además, estima impropia de ser discutida mediante una acción de protección.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que Caja Los Andes dispuso el cese definitivo de los descuentos asociados al crédito y que procederá a restituir las sumas recibidas desde la reanudación de los cobros, incluyendo aquellas que eventualmente sean percibidas mientras se materializa la suspensión, atendido que las planillas de descuento son confeccionadas el día 25 del mes anterior a aquel en que éstos se hacen efectivos. Precisa que dicha decisión no implica reconocer la extinción de la deuda ni aceptar los fundamentos invocados por el recurrente.

Sobre esa base, sostiene que la acción constitucional ha perdido oportunidad, pues las medidas concretamente solicitadas por el actor -el término de los descuentos y la restitución de las sumas retenidas- ya fueron voluntariamente adoptadas por la recurrida, de manera que no existiría actualmente medida cautelar alguna que corresponda disponer. Invoca jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que habría rechazado recursos de protección en situaciones semejantes cuando la Caja había cesado los descuentos y dispuesto su devolución.

En definitiva, solicita rechazar el recurso de protección por pérdida de oportunidad, atendido que se dispuso el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas, reiterando que ello se efectúa sin reconocer ilegalidad o arbitrariedad en su actuación ni la extinción de la obligación crediticia.

Con fecha 10 de febrero del presente, el recurrente informa un nuevo descuento realizado por la recurrida en la liquidación de enero de 2026.

Con fecha 20 del mismo mes y año, la recurrida informa que mantiene paralizado todo descuento sobre el crédito social del recurrente, disponiendo la devolución de los montos descontados desde dictado la orden de no innovar.

Acompañaron las partes los documentos que constan agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de carácter extraordinario, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha disposición asegura, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio.

2° Que, mediante la presente acción, el recurrente solicita que se declare ilegal y arbitrario el descuento efectuado por Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes sobre su remuneración, sosteniendo que la recurrida, luego de haber ejercido judicialmente el cobro de la totalidad del crédito social en la causa Rol C-28521-2017 del 1° Juzgado Civil de Rancagua, no podía obtener simultáneamente su pago mediante descuentos por planilla.

En concreto, pide que se ordene a la recurrida abstenerse de continuar efectuando tales descuentos y restituir las sumas retenidas desde noviembre de 2025 en adelante, con costas.

3° Que, al informar, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes solicitó el rechazo de la acción. Expuso que el recurrente contrató un crédito social el 6 de octubre de 2015 por $2.287.544, posteriormente reprogramado el 22 de septiembre de 2017 por $2.584.145, en 60 cuotas de $89.689, de las cuales fueron pagadas únicamente las seis primeras, encontrándose las restantes en cobranza judicial.

Sostuvo que los descuentos por planilla encuentran fundamento en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y que la obligación permanece vigente mientras no se declare judicialmente su extinción. Sin perjuicio de ello, informó haber dispuesto el cese definitivo de los descuentos asociados al crédito y la restitución de las sumas percibidas desde su reanudación, incluyendo aquellas que pudieren recibirse durante el lapso necesario para materializar la suspensión, explicando que las planillas se confeccionan con anterioridad al mes en que se hace efectivo el descuento. Sobre esa base, alegó que el recurso había perdido oportunidad, por haberse adoptado voluntariamente las mismas medidas perseguidas mediante esta acción.

4° Que, del examen de los antecedentes aparece que el objeto cautelar perseguido por el recurrente se circunscribe a dos medidas concretas: que la recurrida cese los descuentos por planilla relativos al crédito social objeto de la cobranza y que restituya las cantidades que, por tal concepto, hubieren sido descontadas de sus remuneraciones.

Pues bien, durante la tramitación de esta acción la recurrida manifestó formalmente haber dispuesto el cese definitivo de tales descuentos y la restitución de las sumas percibidas, extendiendo esta última medida incluso a aquellos montos que pudieran ser recibidos mientras la suspensión se materializaba operativamente.

5° Que, no altera lo anterior la circunstancia de haberse materializado posteriormente un descuento de $195.317 en la remuneración correspondiente a enero de 2026, hecho puesto en conocimiento de esta Corte por la parte recurrente, pues aquello resulta compatible con el desfase temporal explicado por la recurrida respecto de la confección y procesamiento de las planillas y, especialmente, se encuentra comprendido dentro de su compromiso expreso de restitución de cualquier suma que llegare a percibir mientras se hacía efectiva la suspensión.

De este modo, atendido el carácter definitivo del cese informado y la restitución dispuesta respecto de las cantidades descontadas, no se advierte que subsista actualmente la conducta cuyos efectos esta Corte pudiera hacer cesar mediante el ejercicio de sus facultades cautelares.

6° Que, en consecuencia, habiéndose adoptado durante la tramitación del recurso las medidas que coinciden sustancialmente con aquello que el recurrente pretendía obtener por esta vía -esto es, el término de los descuentos y la devolución de las cantidades percibidas por dicho concepto-, ha desaparecido la situación de hecho que hacía necesaria una tutela cautelar, de manera que la acción ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte 2057-2025 Protección.