RECURRENTE: RAFAEL ANDRÉS DÍAZ CANTILLANA. RECURRIDO:GENDARMERÍA DE CHILE, CÁRCEL DE RANCAGUA.

Rancagua, ocho de abril de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece con fecha 22 de marzo del actual, don nombre reservado, CI RUT reservado, quien presenta recurso de protección en favor de nombre reservado RUT reservado, actualmente cumpliendo condena en la cárcel de Rancagua, en relación al procedimiento sancionatorio llevado a cabo por Gendarmería de Chile en contra de dicho condenado por una supuesta falta al régimen disciplinario interno.

Expone que el día 20 de marzo de este año, el referido interno fue registrado corporalmente por funcionarios de Gendarmería de Chile, al salir del módulo número 54, quienes le encontraron una herramienta de trabajo artesanal, la que emplea para fabricar mesas y sillas, por lo que fue sancionado y producto de esto su calificación conductual bajará y ello le impedirá postular a la libertad condicional o a permisos de salida dominical, vulnerando sus garantías de un justo y debido proceso en la imposición de esta sanción, afectando la libertad individual del condenado.

Menciona que en el procedimiento sancionatorio se vislumbran graves infracciones al debido proceso administrativo, ya que el interno no fue oído, conforme lo dispone el artículo 82 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; ni existe antecedente que permita atribuirle participación en la falta disciplinaria invocada, ya que, conforme la declaración del interno, lo que portaba es una herramienta de trabajo.

Destaca que el artículo 75 y siguientes del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios establecen las facultades sancionatorias de la administración penitenciaria, a fin de proteger adecuadamente los derechos de la población penal, resguardar el orden interno de los establecimientos y hacer cumplir las disposiciones del régimen penitenciario y el procedimiento a adoptar.

Precisa que conforme a la normativa correspondiente la sanción debe ser justa, esto es, oportuna y proporcional a la falta cometida y conforme el artículo 88 del citado Reglamento, “La aplicación de toda sanción correspondiente a faltas graves o menos graves, implica necesariamente una rebaja en la calificación de la conducta en uno o más grados, para la consideración de este requisito en la concesión de la libertad condicional”.

Afirma que a Gendarmería de Chile, como entidad integrante de la administración estatal, le es aplicable los principios del Derecho Administrativo, tales como el debido proceso administrativo y la proporcionalidad, los que limitan su discrecionalidad. Lo anterior, se condice con lo señalado por la Corte Interamericana respecto de la aplicación de las debidas garantías que establece el artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que las personas privadas de libertad que son sometidas a procedimientos disciplinarios tienen el derecho a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un órgano competente, independiente e imparcial. Asimismo, cita al efecto las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, establece en su regla 30.2. Así como, hace referencia a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, documento aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 131° período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, mediante Resolución 1/08, en su Principio XXII se refiere al Régimen disciplinario.

Concluye que las normas citadas reiteran la necesidad de proporcionalidad de la sanción, imponen al Alcaide que la decisión de aplicar sanción de celda solitaria debe contener la relación de los hechos, los medios probatorios valorados y las normas invocadas. La fundamentación incluye explicar cómo se ha establecido la participación del sancionado y porque merece la sanción que se aplica, y en todo caso, se encuentra obligado a respetar un racional y justo procedimiento en la aplicación de la sanción.

Pide que se deje sin efecto la resolución interna que sanciona al interno nombre reservado por los hechos del 20 de marzo del 2019, así como todo acto administrativo posterior derivado de ésta, que haya dispuesto rebajas en su calificación conductual o cambio de módulo.

Evacua el informe el abogado don Jaime Enrique Oda Camplá, en representación del Director Regional de Gendarmería de Chile, pidiendo su rechazo.

Señala que estima que el recurso de autos debió ser declarado inadmisible, dado su carácter de excepcional, ya que lo planteado debió ser sometido al conocimiento y decisión del Tribunal de Garantía, conforme a lo prescrito por el artículo 95 del Código Procesal Penal, norma que contempla la acción de amparo ante dicho Tribunal, en favor de toda persona privada de libertad.

Expresa, sin perjuicio de lo anterior, que el personal de Gendarmería ha actuado en cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes, protegiendo adecuada y permanentemente la seguridad del centro penitenciario, no existiendo con ello vulneración de las garantías constitucionales del interno recurrente.

Precisa respecto de los hechos del día 29 de marzo del 2019, que se tomó declaración al interno recurrente, quien señaló no mantener problemas en el módulo N° 42 que habita, entregando su versión respecto de lo que habría ocurrido el 20 de marzo pasado. Ese mismo día se le realizó un examen físico, el que determinó que se encuentra sin lesiones.

Al respecto, puntualiza, que desde el mes de julio del año 2018 el interno tiene conducta calificada como “buena”, y no “muy buena” como se indica en el recurso; que el 20 de marzo pasado el interno fue sorprendido con un arma cortopunzante, como consta en el Informe de Novedades de ese día, y que la sanción aplicada al interno se encuentra en tramitación ante el Juzgado de Garantía competente.

Acompaña la documentación que consta en el sistema informático.

En su oportunidad, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas, que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas y que además exista un derecho indubitado.

2°.- Que, se ha deducido recurso de protección en favor de nombre reservado, interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua, con el objeto que se deje sin efecto la resolución interna que lo sancionó por los hechos del 20 de marzo del 2019, así como todo acto administrativo posterior derivado de ésta, que haya dispuesto rebajas en su calificación conductual o cambio de módulo.

3°.- Que la entidad recurrida ha informado que esta acción no es la vía idónea para conocer el presente asunto. Sin perjuicio de ello, sostiene que Gendarmería de Chile y sus funcionarios, han dado cumplimiento a la normativa vigente, no existiendo con ello vulneración de las garantías constitucionales del interno recurrente.

4°.- Que, de acuerdo al artículo 11 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, estos son administrados por Gendarmería de Chile. Por su parte, el artículo 26 del mismo estatuto dispone que todos los internos están obligados a cumplir los preceptos reglamentarios y, especialmente, los de orden y disciplina, señalándose en el mismo reglamento la facultad de la administración penitenciaria de realizar registros incluso corporales a los internos con el objeto de detectar la tenencia de elementos declarados prohibidos por la autoridad.

5°.- Que, de los antecedentes que obran en el recurso no es posible dar por establecido que la recurrida haya incurrido en algún acto u omisión ilegal que afecten las garantías constitucionales del interno, por cuanto en el Informe de Novedades de fecha 30 de marzo de 2018, el que se acompañó junto con el informe presentado por la recurrida, se deja constancia que ese día, el funcionario de gendarmería cabo 1° don nombre reservado, en cumplimiento de sus funciones realizando registro corporal a los internos de la agrupación de condenados media, quienes concurrían al sector sala de clase del área común de dicha agrupación, sorprendió al interno nombre reservado portando un arma corto punzante de fabricación artesanal, por lo que se procedió a desalojar al recluso, quien no quiso prestar declaración, el que fue derivado a celda de aislamiento preventivo, informando a la jefatura correspondiente. Igualmente, consta la declaración del condenado de fecha 29 de marzo del presente año, en la cual admite que el día 20 de marzo referido fue sorprendido portando el elemento descrito, pero que éste sería una herramienta de trabajo empleada para tallar cuero, exponiendo que no contaba con la autorización para el ingreso de dicho material, lo que atribuyó al Teniente Cáceres, quien le niega la posibilidad de trabajar.

6°.- Que, en consecuencia, el interno ha sido objeto de sanción administrativa por haber sido sorprendido portando un elemento prohibido en áreas comunes del centro penitenciario, sin contar con autorización pertinente, circunstancia que está siendo revisada por el Tribunal de Garantía competente, según se expone en el informe evacuado por Gendarmería de Chile; de lo anterior, se desprende que el proceder de la recurrida estuvo apegado a la normativa vigente, en cuanto al procedimiento infraccional se refiere, sin perjuicio de lo que se resuelva en sede de garantía al respecto, por lo que se concluye que no existe antecedente alguno que dé cuenta de un acto u omisión arbitraria o ilegal, por parte de la recurrida, que afecte alguna de las garantías constitucionales protegidas por el recurso incoado, lo que justifica el rechazo del mismo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección presentado por don nombre reservado, en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 2056-2019 Protección.