Protección contra Municipalidad de Requínoa

C.A. de Rancagua Rancagua, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece Cristian Cabello Celis, abogado, en representación de don nombre reservado, médico cirujano, cédula de identidad N°NUM000, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Requínoa, representada legalmente por su alcalde don Waldo Valdivia Montecinos, por el acto ilegal y arbitrario consistente en de la dictación del Decreto Alcaldicio Siaper N°NUM001, de 12 de noviembre de 2025 que rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio Siaper NUM002 de 20 de octubre de 2025, que sanciona a su representado con la medida de destitución de su cargo como médico del CESFAM de Requínoa, lo que vulnera sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que el recurrente comenzó a prestar servicios para recurrida el 1 de febrero de 2019, como funcionario de planta, como médico cirujano en el CESFAM de Requínoa, Dr. nombre reservado, dependiente del Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Requínoa, manteniendo en todos estos años una hoja de vida intachable.

Señala que mediante el Decreto Alcaldicio N°NUM003, de 27 de mayo de 2025, se inició un sumario administrativo en su contra, así como de otros 17 funcionarios de la mencionada Municipalidad, debido al Ordinario N°NUM004 de la Contraloría General de la República, buscando determinar su responsabilidad administrativa en razón de un viaje al extranjero realizado por éste a contar del día 4 de septiembre de 2024, mientras se encontraba con licencia médica, que abarcaba desde el 2 hasta el 4 de septiembre de 2024, ambas fechas inclusive.

Refiere que el sumario concluyó el 16 de octubre de 2025, mediante DA SIAPER N°NUM005, en el cual se aplicaba la sanción de multa del 10% de su remuneración mensual, la cual fue notificada con esa misma fecha. Explica que, sin embargo, el 20 de octubre de 2025 se dictó el DA SIAPER N°NUM006, en el cual se señalaba que por un “error de tipeo” se había impuesto una sanción “errónea”, por lo que dejaba sin efecto, y a través del DA SIAPER N°NUM002 se dictaba una nueva resolución de término del sumario administrativo, estableciendo la sanción de destitución. Añade que el recurso de reposición interpuesto fue rechazado mediante el DA SIAPER N°NUM001 de fecha 12 de noviembre de 2025, resolución que hace suyos todos los defectos, ilegalidades y arbitrariedades de los actos administrativos en los que se basa.

Alega que el acto recurrido es ilegal, ya que no se encuentra debidamente motivado conforme al artículo 11 y 41 de la Ley N°19.880, citando variada doctrina al efecto. Por otro lado, indica que resulta también ilegal al ratificar la revocación o anulación del DA SIAPER N°NUM005 a través del DA SIAPER N°NUM006, bajo la torcida figura de una “rectificación” de un simple “error de tipeo”, lo anterior en contra del texto expreso de los artículos 53, 61 y 62 de la ley 18.880, los que desarrolla, puntualizando que si lo pretendido por la autoridad municipal era invalidar el Decreto Alcaldicio NUM005, lo ha hecho de forma ilegal al no oír previamente al interesado, pasando por sus derechos adquiridos y por sobre las disposiciones legales relativas a los recursos administrativos y a las referidas a la anulación de los actos administrativos señaladas y a la naturaleza de resolución de término del proceso sumarial, resultando evidente que el Decreto Alcaldicio en comento no era susceptible de ser simplemente aclarado, atendida la naturaleza de la modificación que se pretendía introducir, argumentando sobre la situación de otros funcionarios y la vulneración al principio de igualdad ante la ley.

En cuanto a la arbitrariedad, alega que el acto impugnado no justifica ni fundamenta de ninguna forma la calificación de la gravedad de la conducta sancionada, además que no gradúa la gravedad de la conducta sancionada, vulnerándose el principio de proporcionalidad, ya que no considera ningún elemento atenuante de responsabilidad administrativa planteado por su parte en el sumario en cuestión: hoja de vida intachable, calificaciones funcionarias, tiempo de traslape entre la vigencia de la licencia médica y el inicio del viaje (menos de un día), y sobre todo que el hecho imputado ocurrió en el ámbito privado y no en el ejercicio de las funciones de mi representado, citando jurisprudencia administrativa y judicial al efecto. Agrega que existe el hecho inexcusable de que se le ha aplicado la sanción más gravosa, en circunstancias que a otros funcionarios en la misma situación (traslape de horas o un día entre la licencia y el inicio de un viaje al extranjero) se les impuso la sanción de multas de entre un 5% a un 20% de la remuneración mensual más otras adicionales (rebaja de puntos en escala de evaluación), como el caso de los funcionarios nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado.

Desarrolla las garantías que considera conculcadas y finaliza solicitando: Dejar sin efecto Decreto Siaper N°NUM001 y el N°NUM002, ambos dictados por el Alcalde de la municipalidad recurrida, así como dejar sin efecto todo acto administrativo posterior, que suponga la validez del Acto Recurrido. Además, restituirlo en el cargo de Médico del CESFAM de Requínoa, ordenando el pago de sus remuneraciones y vacaciones no pagadas a consecuencia de los actos recurridos, con costas.

A folio 6, comparece la Municipalidad recurrida evacuando el informe que le fuera requerido. Luego de detallar el sumario incoado, explica que la Municipalidad ha actuado en conformidad a la Constitución y las leyes, realizando únicamente aquello que le ha sido encomendado, en virtud de una orden impartida por la Contraloría General de la República, habiendo respetado en todo el procedimiento el principio del debido proceso, acatando el procedimiento contemplado en el marco normativo del Derecho Administrativo Sancionador. Precisa que su actuar no ha sido la revisión de la licencia médica, la patología, su contenido o la forma en que esta fue adquirida, sólo se hace referencia al salir del país mientras está haciendo uso de licencia médica.

Agrega que la proporcionalidad de la medida impuesta al recurrente dice relación con la falta cometida, pues sus actos son atentatorios al principio de probidad administrativa, y como tales, no es relevante si la conducta fue repetitiva o de una sola vez, pues la conducta es reprochable en sí misma y, como imperativo legal, el jefe de servicio debe imponer la sanción indicada en la ley, sin considerar las circunstancias atenuantes o rebajar la medida, tal como supone la recurrente.

Como se puede ver, los Decretos se encuentran debidamente fundamentados y han sido dictados con arreglo a la Ley.

Luego de señalar las supuestas ilegalidades y arbitrariedades denunciadas, indica que los Decretos citados se encuentran plenamente justificados y fundamentados, por lo que la alegación planteada es improcedente. Añade que, si bien la conducta reprochada no está contemplada específicamente en la norma legal, si está contemplada la infracción al principio de probidad administrativa, desde donde se enmarca el procedimiento administrativo en cuestión y, en este sentido, el Alcalde, quien ejerce la potestad disciplinaria se encuentra en el imperativo de disponer de una sanción para dicha infracción, sin que pueda aplicar otra medida correctiva, ni analizar las circunstancias que, eventualmente, podrían aminorar la responsabilidad funcionaria de aquellos, tal como indica oficio de la Contraloría General de la República N°NUM007, de 2 de junio de 2025.

Explica que el ausentarse del país haciendo uso de una licencia médica se subsume en el artículo 123 de la Ley 18.883, norma que impone al Alcalde la obligación de aplicar como sanción la destitución sin posibilidad de graduar por tratarse de una falta grave a la probidad administrativa, por lo que las resoluciones administrativas emitidas en este caso se ajustan a los límites constitucionales y legales. Añade que la medida que ha sido aplicada está vinculada directamente a la falta incurrida, puesto que corresponde a una infracción de gravedad tal, que aun cuando haya sido desplegada supuestamente en una única ocasión, esta mantiene su gravedad, no pudiendo el Sr. Alcalde una sanción distinta a la destitución aplicada, ni tampoco ponderar circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad o alguna otra medida disciplinaria, en virtud a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 18.883.

Se refiere a las garantías que se alegan como conculcadas, argumenta que el presente recurso no es la vía idónea y finaliza solicitando su rechazo.

A folio 9, comparece la Contraloría General de la República que informa que lo que concierne al caso de autos, mediante el oficio N°NUM004, de 2025, se remitió a la Municipalidad de Requínoa la nómina de funcionarios de esa entidad que estarían involucrados en el Consolidado de Información N°9, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica, la cual permite identificar las licencias médicas que habrían sido vulneradas, así como la fecha de viaje y el paso fronterizo utilizado para el ingreso/salida del país, detallando la situación del actor.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2° Que, en la especie, la recurrente reprocha a la Ilustre Municipalidad de Requínoa la dictación del Decreto Alcaldicio Siaper N°NUM001, de 12 de noviembre de 2025 que rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio SIAPER NUM002 de 20 de octubre de 2025, que sanciona a su representado con la medida de destitución de su cargo como médico del CESFAM de Requínoa, lo que vulnera sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República. 3° Que, la recurrida solicitó el rechazo de la acción, señalando que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en una instrucción de la Contraloría General de la República, vinculada a la detección de funcionarios que registraban salidas del país durante períodos de licencia médica, motivo por el cual se instruyó sumario administrativo. Indica que es a la autoridad administrativa a quien le corresponde calificar las conductas constitutivas de falta a la probidad. Alega que no se cuestionó la veracidad de la licencia médica ni las razones de su reposo y que la sanción se basa en una falta a la probidad. 4° Que, de los antecedentes allegados al proceso, aparece que el procedimiento disciplinario seguido en contra de la recurrente se inició en el contexto de una investigación general impulsada a partir de antecedentes proporcionados por la Contraloría General de la República, relativos a funcionarios públicos que registraban salidas del país mientras hacían uso de licencia médica. Por consiguiente, la instrucción del sumario administrativo no obedeció a una actuación singular o exclusivamente dirigida en contra de la actora, sino al ejercicio de las potestades de control y disciplina funcionaria que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración.

En tal contexto, no se advierte que la autoridad recurrida haya actuado fuera del ámbito de sus competencias legales al instruir el procedimiento disciplinario y adoptar una decisión sancionatoria respecto de hechos que estimó constitutivos de responsabilidad administrativa. 5° Que, sin perjuicio de lo anterior, para resolver el asunto de fondo, atendida las particularidades del presente caso, aparece necesario consignar lo dispuesto en artículo 53 de la Ley N°19.880: “Invalidación.

La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto. La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada. El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario”.

Por su parte, resulta útil atender a lo que dispone el artículo 61 de la ley citada, inserto en el párrafo 4° denominado “De la revisión de oficio de la Administración”: “Procedencia. Los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado. La revocación no procederá en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente; b)

Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto”. 6° Que, como ha señalado la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°30.315-2025, no cabe confundir el ejercicio de la potestad de invalidación con la potestad revocatoria de la que se halla investida la Administración. En efecto, por medio de la potestad invalidatoria la autoridad -de oficio o a petición de parte- puede y debe retirar los actos administrativos irregulares, contrarios a derecho, pero con dos importantes limitaciones: a) Debe hacerse previa audiencia del interesado, es decir, es necesario oír a quienes puedan verse afectados con la invalidación del acto; y b) No puede ejercerse la potestad invalidatoria si han transcurrido más de dos años desde la fecha de notificación o publicación del acto que se trata de invalidar. Este último plazo es de caducidad y no de prescripción, toda vez que la potestad de invalidación se agota con el hecho objetivo del transcurso del tiempo, sin que pueda alegarse o invocarse la existencia de causales de suspensión o interrupción del plazo, que el legislador de la Ley Nº19.880 no ha considerado.

Por su parte, la facultad de revisión contemplada en el artículo 61 del mismo texto legal se distingue de la potestad de invalidación en que, siendo ambas causales de retiro de los actos administrativos y de extinción -total o parcial- de sus efectos jurídicos, la revisión supone la facultad de la Administración de volver sobre sus propios actos, a fin de verificar la oportunidad y conformidad de ellos con el ordenamiento jurídico, así como su conveniencia en términos de interés general. Sin embargo, su ejercicio posee limitaciones, entre las que destaca la imposibilidad de ejercer la facultad revocatoria cuando se trata de “actos de contenido favorable, los que no pueden ser dejados sin efecto por la autoridad administrativa por razones de oportunidad o conveniencia - revocación- y que solo pueden serlo por razones de ilegalidad - invalidación”. (Corte Suprema, Rol Nº4.800-2007). 7° Que, como se aprecia, resulta evidente que la Municipalidad de Requínoa al estimar que en la especie se había cometido un “error de tipeo” incurrió en una equivocación, toda vez que con su actuar no corrigió solo un aspecto meramente formal en el decreto sancionatorio emitido en contra del recurrente, sino que alteró circunstancias de fondo, como lo es la naturaleza misma de la sanción a imponer, una vez que ella ya había sido notificada, por lo que se trata de un acto jurídicamente improcedente, que tampoco encuadra, de acuerdo a los hechos materia del recurso, en la simple de aclaración del acto del artículo 62 de la ley en comento. 8° Que, de la manera en que se reflexiona, aparece que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, vulnerándose con ello la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, en cuanto se ha dado a la recurrente un trato distinto de aquel que se ha entregado a otras personas que se han encontrado en una situación análoga, circunstancia suficiente para acoger el recurso de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Municipalidad de Requínoa, solo en cuanto se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°NUM006, de fecha 20 de octubre de 2025, y consecuencialmente el Decreto Alcaldicio N°NUM002 de 20 de octubre de 2025 y N°NUM001, de 12 de noviembre de 2025. Asimismo, se ordena la reincorporación inmediata del recurrente, dentro del plazo de quinto día desde que la sentencia quede ejecutoriada, debiendo enterarse las remuneraciones y demás emolumentos legales, desde que la reincorporación en adelante.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2055-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.