nombre reservado con CAJA DE COMP. 18 DE SEPTIEMBRE

Rancagua, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.

Vistos:

Con fecha diecinueve de julio del presente año, FRANCISCO VALENZUELA ARANGUIZ, abogado, con domicilio en domicilio reservado, comparece a favor de nombre reservado, conductor profesional, con domicilio en domicilio reservado, y para estos efectos en el domicilio de domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, cuyo representante legal es don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y contra la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE, cuyo representante legal es nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en virtud de los antecedentes que a continuación se indican:

Señala que en la remuneración del mes de junio de 2017, su empleador, a requerimiento de la CCAF Los Andes, le efectuó un descuento de $99.375, bajo la nomenclatura “Prestamos C.C.A.F”. Personal de esta institución le indicó que a la vez ese descuento se hizo a requerimiento de la CCAF 18 de Septiembre.

Agrega que entre los años 2005 y 2009 trabajó para empresa Valdatta S.A. afiliada a la CCAF 18 de Septiembre, solicitó un crédito por $6.058.787. Esta empresa cayó en insolvencia y se declaró su quiebra, y se le informó que los saldos por concepto de créditos de consumo serían pagados directamente por el liquidador a la institución acreedora.

Atendido el tiempo transcurrido desde que suscribió la anterior deuda se ha completado con largueza el plazo de prescripción, y en todo caso nunca se le notificó una acción judicial por el cobro de dicha deuda.

De acuerdo averiguaciones efectuadas por su parte detectó la existencia de 3 gestiones judiciales iniciadas por el la CCAF 18 de Septiembre, de citación a confesar deuda, ninguna de las cuales le ha sido notificada.

Finalmente indica que los descuentos se han realizado desde agosto de 2016 a la fecha, en consecuencia, la cifra ilegalmente descontada asciende a $1.093.125 Estima vulnerados los derechos fundamentales estatuidos en el artículo 19 numerales 3, 24 y 16 de la Constitución, solicitando que se ordene el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas, con los intereses y reajustes correspondientes, y asimismo, se abstengan de realizar por sí u ordenar que se realice por terceros, descuentos de sus remuneraciones, con expresa condenación en costas.

(Folio 10) Con fecha siete de agosto último, nombre reservado, por la CCAF Los Andes evacuó informe indicando que entre las diversas Cajas de Compensación existe un proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente denominado “Descuento Intercajas” (Suscrito a través de contrato de mandato y prestación de servicios con fecha 15 de abril de 2013). En razón de ello procedieron a solicitar los distintos descuentos que se han efectuado desde agosto de 2016 hasta junio de 2017, esta circunstancia sustenta su alegación de extemporaneidad del recurso, en atención a la fecha que comenzaron los descuentos y la data de interposición de esta acción.

Luego refiere el marco normativo de las Cajas de Compensación, resaltando que son entidades de previsión social, por lo que los créditos que facilitan gozan de ciertas garantías para su cobro y pago, al efecto cita el artículo 22 de la Ley 18833, por lo tanto su actuar está exento de arbitrariedad o ilegalidad.

Por otro lado alega que la prescripción de la deuda deber estar declarada judicialmente para poder ser invocada como argumento para impedir el descuento ahora realizado. En consecuencia, pide el rechazo del recurso.

(Folio 11) Con fecha siete de agosto del año en curso, nombre reservado, por la CCAF 18 de Septiembre, en primer término alegó la extemporaneidad del recurso, atendido que los descuentos se practican desde agosto de 2016, así lo confirma el recurrente al acompañar sus liquidaciones de remuneración por ese periodo, y el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección dispone que “El recurso o acción de protección se interpondrá (…) dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

En relación con el fondo de lo debatido indica que el crédito otorgado se pactó en 60 cuotas a partir de febrero de 2008, siendo la última de ellas de fecha enero de 2013. El recurrente pagó hasta la cuota N° 19. Agrega que ninguna noticia ha tenido de la supuesta quiebra del empleador que tenía en la época de obtener el crédito, por lo que ningún pago se ha efectuado.

En cuanto a la alegación de prescripción de la deuda, expresa que el recurrente no ha obtenido la declaración judicial de esa circunstancia, por lo tanto la deuda se encuentra actualmente vigente.

Luego cita normativa establecida en la Ley 18.833, como el artículo 22 que dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Por otro lado recuerda que el artículo 58 del Código del Trabajo establece el deber del empleador de descontar de la remuneración las obligaciones con instituciones de previsión.

En razón de ello el proceder de su representada se ha enmarcado en la normativa legal vigente.

Cita jurisprudencia que recoge la interpretación que su parte sostiene, entre ellos Roles N° 15.032-2016 y 18.404-2015 de la Excma. Corte Suprema.

Finaliza su informe solicitando el rechazo de la presente acción.

Con fecha 09 de agosto de 2017 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que en primer lugar cabe referirse a la alegación de extemporaneidad del recurso, opuesta por ambos recurridos, la que fundaron en que los descuentos en la remuneración del actor comenzaron a partir del mes de agosto de 2016, por lo que a la fecha de interposición de la presente acción el plazo regulado en el artículo 1° del Auto Acordado sobre Recurso de Protección está del todo excedido.

2° Que si bien el presupuesto fáctico antes referido es reconocido por el recurrente al momento de interponer su acción de protección, lo cierto es que el mismo descuento se ha materializado continuamente, mes a mes, en sus remuneraciones, hasta el inicio de esta instancia, por lo que sólo se puede concluir que el acto denunciado como ilegal y arbitrario, que afecta las garantías constitucionales del actor, se ha mantenido en el tiempo, perturbando actualmente los derechos del recurrente, lo que lleva a desestimar la excepción de extemporaneidad alegado, en razón de que la acción en cuestión se ha deducido dentro del plazo de 30 días de ocurrido el acto reclamado, desde que el último de los descuentos tuvo lugar en el pago del sueldo de junio de 2017, y esta gestión comenzó el día 19 de julio pasado, con la presentación del recurso.

3º.- Que, en cuanto a las alegaciones de fondo, es necesario, como cuestión previa a examinar el fundamento de la acción, hacer presente que el artículo 22 de la ley 18.833, dispone que lo adeudado por concepto de crédito social otorgado por una Caja de Compensación, deberá ser deducido de las remuneraciones por la entidad empleadora, rigiéndose lo anterior por las normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales, haciendo presente que, tal como lo señala el artículo 1° de la ley ya mencionada, las Cajas de Compensación son entidades de previsión social.

4º.- Que a su vez, el artículo 16 inciso 3º de la ley 19.539.- establece que las entidades pagadoras deberán descontar de los montos que reciben los pensionados afiliados a una Caja de Compensación lo adeudado por éstos, por concepto de aporte, de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias, y enterarlo en aquéllas dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento.

5°.- Que, resulta importante destacar que es requisito indispensable para la aplicación de las hipótesis legales antes citadas, que exista una deuda por concepto de crédito social. Es obvio, que si no existe deuda, no es procedente descuento alguno.

6°. Que del mérito de los documentos aportados en autos (folio 11) el recurrente estuvo ligado con la Caja de Compensación 18 de Septiembre, tal como se aprecia del pagaré N° 0931567. En dicho instrumento, el Sr. nombre reservado aparece suscribiendo el mismo, el cual da cuenta de un préstamo de dinero, por la suma de $6.058.787.-, cantidad que se pagaría en 60 cuotas mensuales, cuyo primer vencimiento correspondía al mes de febrero de 2008. A lo anterior debe sumarse el hecho de no estar acreditado el pago íntegro del mutuo de dinero, pues si bien el recurrente alegó que debido a la insolvencia de su empleador, el crédito se pagaría directamente por el síndico, dicha circunstancia no fue debidamente justificada en autos.

7°.- Que, así las cosas, al tenor de la normativa citada en los motivos precedentes y de la lectura de las disposiciones legales invocadas, es necesario concluir que para el empleador del deudor de un crédito social, se establece una obligación, que corresponde al deber de deducir de la remuneración el monto de dinero adeudado a la respectiva Caja de Compensación.

8° Que debe además considerarse que se ha alegado y demostrado que entre las distintas Cajas de Compensación existe un acuerdo de cooperación en relación a los cobros de los créditos sociales, que consiste en que si el trabajador se encuentra afiliado a una institución diversa a la cual le facilitó el crédito social, el organismo previsional actual al que pertenece el trabajador puede realizar la retención respectiva y enterarla a la institución acreedora, situación que precisamente se ha descrito en la especie, por lo que, hasta ahora, se estima que el descuento reclamado por el actor, se ha efectuado en forma correcta.

9°.- Que, habiéndose determinado la procedencia del cobro, tampoco cabe aquí considerar la alegación en cuanto a una eventual prescripción de la deuda, ya que dicha manera de extinguir las obligaciones debe ser necesariamente declarada en la sede que corresponda, pues dicha institución jurídica requiere de discusiones latas y de probanzas que escapan al ámbito del presente recurso, de naturaleza cautelar.

10º.- Que, por los motivos relacionados previamente, y en especial por no encontrarse acreditada la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado en el recurso, habrá de rechazarse la presente acción, lo que se declarará en lo resolutivo del presente fallo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de extemporaneidad opuesta por ambos recurridos.

II.- Que se rechaza el recurso de protección deducido FRANCISCO VALENZUELA ARANGUIZ, a favor de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación Los Andes, y de Caja de Compensación 18 de Septiembre.

Acordada la decisión de rechazo de la acción, con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Barría, quien estuvo por acoger el recurso de protección por estimar que en atención a que la última cuota pagada por el recurrente correspondió a la número 19, con vencimiento el 10 de septiembre de 2009, y sólo reanudó la persecución del pago del crédito en agosto de 2016, dejando transcurrir más de 6 años sin intentar ninguna acción apta para compeler a su deudor al cumplimiento de la obligación, estima este disidente que la recurrida Caja de Compensación 18 de Septiembre, actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión de cobro de la deuda.

Redactado por el Ministro Sr. Ricardo Pairicán García, y el voto de disidencia por su autor.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 2030-2017- Protección.

No firma el Ministro Interino Sr. Albornoz, por encontrarse con permiso; no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.