Protección contra Compañía General de Electricidad S

C.A. de Rancagua Rancagua, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N°NUM000, domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), desconoce representante, y en contra de la Comisión Nacional de Energía (CNE), desconoce representante, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en el cobro indebido y excesivo de energía eléctrica, producto de (i) la doble incorporación del IPC en procesos tarifarios nacionales y (ii) omisiones en la revisión y medición de los consumos eléctricos por parte de CGE, que vulneran sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Luego de referirse al contexto nacional del error tarifario que provocó un aumento injustificado en las cuentas eléctricas de miles de usuarios residenciales y comerciales, señala que CGE, empresa concesionaria del servicio público de distribución eléctrica en la comuna de Melipilla, ha incurrido en omisiones sistemáticas consistentes en no revisar ni calibrar oportunamente los medidores domiciliarios, emitiendo facturas basadas en estimaciones, sin verificación técnica ni lectura presencial, lo que contraviene las obligaciones establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL N°4/2006) y las normas técnicas de calidad dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En cuanto a su situación particular, indica que en u domicilio vive sola con su hija, y los cobros excesivos comenzaron desde que le obligaron a cambiar el medidor que tenía a uno digital. Añade que fue a hacer el reclamo correspondiente a CGE, sin respuesta satisfactoria, explicando que no está pensionada, no tiene como pagar, está asustada y desamparada “por si los cobros siguieran llegando de esta manera el cual ni el primero he podido pagar no me dan otra respuesta que hacerme pagar cuando en la cuenta del mes pasado no salen medidos los kw consumidos adjunte las boletas de los cobros un mes ya elevado de más de 150000 mil pesos y el siguiente mes más de 300000 mil pesos no sé cómo pagar esta suma que además esta sospechosa la toma del medidor ya que mandaron una carta avisando que no sabrían la medición de este mes si no que la iban a "calcular" de acuerdo a otros meses cuando yo jamás he pagado más de 100mil pesos”.

Indica que, tal como se acreditará, existen una serie de cobros desproporcionados que incorporan el efecto de la doble indexación del IPC reconocida por la autoridad, incluso en diferencias entre mes de 530.000 de pesos.

Alega que, tales cobros excesivos, constituyen una afectación patrimonial directa y actual, que lesiona su derecho de propiedad y vulnera el principio de igualdad ante la ley frente a usuarios de otras zonas donde las empresas sí han realizado correcciones tarifarias, sumado además que no se tomaron las medidas correctivas a pesar de haber estado en conocimiento de los reclamos.

Desarrolla las garantías que considera conculcadas y finaliza solicitando se ordene refacturar y restituir los montos indebidamente cobrados; se oficie a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a la CNE para fiscalización y corrección tarifaria; con costas.

A folio 8 y 9, comparece la Superintendencia de Electricidad y Combustibles evacuando el informe que le fuera requerido. Luego de señalar antecedentes generales respecto de la materia y normativa aplicable, indica que no existen reclamos presentados ante dicha Superintendencia por la actora, por lo que esta Superintendencia no ha tenido la oportunidad de conocer del reclamo interpuesto en sede judicial. En cuanto al fondo, luego de detallar la normativa, señala, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 190° de la LGSE, le corresponde al Ministerio de Energía fijar las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados efectuados por las empresas concesionarias de servicio público de distribución, previo cálculo realizado por la Comisión Nacional de Energía de acuerdo con los procedimientos que se establecen en los artículos 151 y siguientes de la misma ley, antes del término del período de vigencia de las fórmulas tarifarias anteriores. Por esto, y respecto de lo señalado por la recurrente en orden a la eventual aplicación errónea del IPC en el proceso tarifario, se debe señalar que se encuentra fuera del ámbito de competencias de este Servicio la fiscalización del proceso tarifario descrito precedentemente y las actuaciones de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio de Energía.

Por otro lado, refiere que por lo informado por CGE S.A. mediante carta N°1643/2025, de fecha 10 de julio de 2025, la referida empresa dio termino al contrato de prestación de servicio de Lectura de Medidores que mantenía con el proveedor respectivo en las regiones de O´Higgins y Maule, lo que ocasionó retrasos en los procesos de lectura y reparto de boletas de servicio público eléctrico. Añade que, producto de lo anterior, en aquellos casos en que no sea posible obtener la lectura del medidor debido a la contingencia, la empresa se dispuso a aplicar un consumo provisorio basado en el promedio de los últimos 6 meses, evitando el cobro de intereses por mora que no correspondan a dicha situación. Adiciona que, por carta GC-2123/2025, de fecha 22/08/2025, CGE S.A. actualizó la situación de los servicios de lectura y reparto en las regiones antes señaladas, indicando en síntesis que con el consumo provisorio estimado para el mes de julio, basado en el promedio de los últimos 6 meses, existe un grupo de clientes que han visto un incremento por sobre el 100% en la emisión de agosto de 2025 en comparación al mes inmediatamente anterior, lo que se explicaría principalmente por la subestimación del consumo de julio de 2025.

Refiere que, ante la situación expuesta, esta Superintendencia, mediante Oficio Ordinario Electrónico N°295549, de fecha 22 de agosto de 2025, instruyó a CGE S.A. abstenerse de facturar los consumos a los clientes afectados por la situación antes expuesta, mientras este Servicio no complete la revisión de la información correspondiente, detallando el proceso de revisión aleatoria de las boletas emitidas por CGE S.A. para los consumos de los meses de julio y agosto del presente año, en las regiones afectadas, advirtiendo que las boletas de julio presentan consumos facturados que corresponden a un valor igual o muy aproximado al promedio de los consumos de los seis meses anteriores, no indicando en las boletas o facturas que sean valores estimados o facturados provisoriamente, ni tampoco que no hubo lectura. En las boletas de agosto se presentan alzas significativas en los consumos facturados, por lo que se entiende que en el mes de julio la lectura no fue tomada en forma real, situación que finalmente determinó una subfacturación de los consumos reales de los clientes, los que fueron traspasados al mes de agosto de 2025.

Atendido lo anterior, esta Superintendencia consideró que los hechos descritos revisten infracciones a la normativa vigente en materia de lectura de consumos eléctricos, por lo que, mediante Oficio Ordinario N°296258, de fecha 28 de agosto de 2025, formuló cargos a CGE S.A. por incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 123, 127 y 222, letra d), del Reglamento de la Ley Eléctrica, en relación con los artículos 72-14° y 225°, letra x), de la Ley General de Servicios Eléctricos. Luego, por Resolución Exenta Electrónica N°35692, de fecha 22 de octubre de 2025, esta Superintendencia sancionó a la empresa CGE S.A. con una multa de 80.000 UTM (ochenta mil Unidades Tributarias Mensuales), por el incumplimiento de las disposiciones previamente citadas.

En conclusión, es posible informar a SS. Iltma. que la facturación de los meses de julio y agosto de 2025 del 75% de los clientes de CGE S.A. en las regiones de O´Higgins y Maule se vio afectada por la situación descrita precedentemente, frente a lo cual esta Superintendencia, una vez que resuelva el recurso de reposición presentado por CGE S.A. en contra del Oficio Ordinario Electrónico N°302315, de fecha 29 de octubre de 2025, impartirá las instrucciones que correspondan para corregir las deficiencias observadas.

A folio 11, informó la recurrida, Compañía General de Electricidad S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas, atendido que el presente resulta improcedente para resolver controversias con un fin declarativo, esto es, ante la inexistencia de derecho indubitado y, en segundo lugar, atendida la inexistencia de algún acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de CGE.

En efecto, en los presentes autos de protección, la recurrente lo que hace es cuestionar cobros de energía en un servicio eléctrico, solicitando incluso refacturar y restituir sumas de dinero. Así las cosas, es importante tener presente en primer término que, dada la naturaleza cautelar del recurso de protección, éste tiene por objeto resguardar derechos que tengan carácter indubitado, no siendo éste el medio idóneo para resolver controversias de las partes que recaigan sobre deudas, cualesquiera que sean éstas, pues este tipo de acción no es declarativa de derechos, debiendo tal controversia dilucidarse en un juicio de lato conocimiento, pues la recurrente cuestiona no solo los cobros efectuados por CGE, sino los presupuestos fácticos de sus cobros.

Afirma que la referencia hecha por la actora a los errores en las tarifas eléctricas que hizo la CNE hace unos meses atrás, no tiene la más mínima relación con el hecho denunciado de fondo, que consiste en una disconformidad con las cuentas de suministro emitidas por la recurrida.

Refiere que, por tratarse de una empresa regulada, no tiene la libertad para fijar las tarifas eléctricas, las que son establecidas cada 4 años por los decretos tarifarios del Ministerio de Energía por orden del Presidente de la República, no quedando a las concesionarias eléctricas otra alternativa que aplicar a sus clientes tales tarifas que le son impuestas como parte de la regulación a la que están sometidas. Por lo mismo, carece de atribuciones para modificar los precios fijados por la Comisión Nacional de Energía a través de los ya mencionados decretos tarifarios, razón por la cual no es posible atribuir a mi representada una ilegalidad o arbitrariedad en la forma como lo ha expuesto el recurrente en estos autos de protección. Señala a continuación que, efectivamente, presentó problemas en la toma de lectura durante un mes a un grupo masivo de clientes. No obstante, esa situación se encuentra corregida, descartándose cualquier arbitrariedad e ilegalidad, lo que además conlleva a que el recurso de autos haya perdido oportunidad.

El origen del problema se remonta al día 3 de julio de 2025, debido al término contractual con la empresa Sociedad de Tercerización de Servicios Provider Latin America SpA, encargada de los servicios de lectura de medidores y reparto de boletas. Con el objeto de mantener el servicio de facturación y ante la salida de la empresa de lectura y reparto, en el mes de julio de 2025, la recurrida estimó los consumos de un universo de clientes que alcanzó a 644.830, retomándose el servicio de lectura con normalidad en el mes de agosto. Ante esta situación, CGE adoptó una serie de medidas que comprendieron, primeramente, la información a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, tal como se acreditaría en la carta que acompaña. Adicionalmente a ello, se adoptaron una serie de medidas con los clientes, las que detalla. Añade que CGE prosiguió los casos en la forma que se hace cada vez que se facturan consumos provisorios. Esto implica que, en mes siguiente, cuando se tiene acceso al medidor, CGE debe revisar el avance del mismo y contrastarlo con la medición estimada. De esa comparación puede ser que CGE haya cobrado más de lo real o menos de lo real. Si se cobró menos de lo real, en la boleta siguiente se regulariza y se cobra el saldo no cobrado en la boleta estimada. Por el contrario, si la estimación trajo consigo un cobro superior al real, lo que procede es la regularización de ese cobro adicional por la vía de un descuento en la boleta siguiente o lisa y llanamente, con la emisión de una nota de crédito. Adicionalmente a lo anterior, con el objeto de facilitar el pago de las cuentas que podrían haberse eventualmente acumulado, CGE otorgó facilidades de pago, sin pie y sin intereses, facilidades que en todo caso son renunciables por los clientes.

Detalla que, en el caso específico de la recurrente, no tiene constancia de problemas en sus lecturas del medidor, por lo que quedó comprendido dentro del 25% de clientes a quienes se les facturó sobre la base de lecturas reales, lo que implica de por sí que presente recurso de protección debe ser rechazado.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, su caso fue revisado a propósito del presente recurso de protección y si bien se corroboró que las lecturas del medidor coinciden con lo facturado, se optó por otorgar una solución similar a aquella que se adoptó para los clientes que obtuvieron resolución favorable ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por reclamos por los problemas de facturación, solución que consiste en refacturar la cuenta cuestionada sobre la base del promedio de los 3 meses siguientes.

De esta manera, la boleta cuestionada, agosto de 2025, por la suma de $311.800, se refacturó sobre la base de los consumos de septiembre, octubre y noviembre del mismo año, lo que derivó en una rebaja de $211.750, lo que se hizo mediante nota de crédito cuya copia se acompaña. Dicha rebaja se verá reflejada en la boleta del mes de enero de 2026. Así, además de no existir ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de CGE, el recurso ha perdido oportunidad.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2° Que, se reprocha por la recurrente como acto ilegal y arbitrario aquél consistente en los cobros excesivos por consumo de energía eléctrica, provocado por la doble incorporación del IPC en procesos tarifarios nacionales y las omisiones en la revisión y medición de los consumos eléctricos por parte de CGE. 3° Que, informando la recurrida, solicitó el rechazo de la presente acción por cuanto afirmó -en síntesis- la improcedencia del recurso para resolver controversias con un fin declarativo, atendida la inexistencia de derecho indubitado como también la falta de ilegalidad o arbitrariedad por parte de CGE por cuanto la no toma de lectura y estimación de la misma en el mes de julio de 2025, pudo provocar distorsiones en las cuentas de los clientes y, en el caso de la actora, si bien no se tiene constancia de problemas en sus lecturas del medidor, su caso fue revisado y, si bien se corroboró que las lecturas del medidor coinciden con lo facturado, se optó por refacturar la cuenta cuestionada sobre la base del promedio de los 3 meses siguientes, lo que derivó en una rebaja de $211.750 que se hizo mediante nota de crédito. Así, además de no existir ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de CGE, el recurso ha perdido oportunidad. 4° Que, del atento estudio del informe evacuado por las recurridas, es posible concluir que todos y cada uno de los argumentos que ventila el recurso fueron controvertidos, de esto se sigue que el presente recurso no puede ser resuelto mediante la presente acción, atendido el evidente carácter contradictorio de las pretensiones de las partes, ya que la acción constitucional de protección supone que la titularidad del derecho del recurrente sea indubitada.

En efecto, la resolución del asunto controvertido pasa principalmente por la determinación del monto a cobrar por concepto de energía eléctrica, lo que requiere -necesariamente- de un procedimiento de lato conocimiento, provisto de un término probatorio formal, donde las partes puedan rendir libremente prueba y acreditar sus aseveraciones, en particular una prueba pericial que determine de forma exacta la cantidad de energía eléctrica consumida.

De esta manera, existe una controversia tanto sobre los presupuestos fácticos como jurídicos sobre los que se sustenta el cobro del servicio eléctrico adeudado, propiamente tal, como en cuanto a la procedencia de celebrar convenios de pago a su respecto, todo lo cual impide tener por acreditado un derecho indubitado susceptible de protección en esta sede cautelar y, en tales condiciones, la referida determinación, corresponde a una materia que debe ser dilucidada en el respectivo procedimiento judicial de lato conocimiento. 5° Que, en idénticos términos se ha resuelto tanto por esta Corte en sus autos sobre recurso de protección Rol 1907-2025 y 1956-2025, así como por la Excma.

Corte Suprema, en causa Rol 248.068-2023.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Compañía General de Electricidad S.A. y en contra de la Comisión Nacional de Energía.

Lo anterior, sin perjuicio de otras acciones o reclamos administrativos que pudieren corresponder a la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2028-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44- 2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.