Protección contra Ministerio Público

Rancagua, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha 19 de noviembre de 2019, comparecen personalmente ante esta Corte, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y nombre reservado, contador auditor, con domicilio en domicilio reservado; quienes recurren de protección en contra del Ministerio Público, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Recurren en contra del acto consistente en la negativa de dicha institución de entregar una copia del respaldo de la información de clientes y programa contable tributario contenido en el computador que fue incautado desde las oficinas de la empresa Asesorías Tributarias Ovalle, ubicadas en calle Valdivia, de la comuna de San Fernando, el 24 de junio de 2019, ya que se presentó en su contra una querella por apropiación indebida, estafa y lavado de activos por una suma millonaria, pese a que cuenta con todos los formularios de pagos de impuestos, créditos y otros antecedentes. Indica que dicha incautación se llevó a efecto con el sólo mérito de la querella, sin efectuar ninguna diligencia, llevándose los funcionarios de la Policía de Investigaciones un computador que tiene la totalidad de la contabilidad de más de ochenta empresas a las cuales asesora tributariamente y que, además, contiene el programa contable para cumplir con las obligaciones frente al Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la Republica.

Refiere que la causa penal tiene el carácter de reservada por el plazo de seis meses, lo que genera un gran perjuicio económico, motivo por el cual se solicitó una audiencia de cautela de garantías de conformidad al artículo 10 del Código Procesal Penal, la que se realiza con fecha 30 de octubre del año 2019, en la que el fiscal Carlos López Miranda se opone al acceso y entrega de esta información ya que el computador está en la unidad del Cibercrimen de la unidad central, por lo que materialmente es imposible acceder a lo pedido, y en segundo lugar, porque la entrega de esa información, podría perjudicar la investigación que se está llevando a cabo, encontrándose pendiente el peritaje.

En dicha oportunidad la Jueza del Juzgado de Garantía de Rengo rechazó su solicitud por considerar que no resultaba adecuado entregar información de un computador incautado que está siendo objeto de una pericia ya que puede afectar la investigación, y además porque esa no era la vía idónea para acceder a lo pedido.

Agrega que en el computador incautado no hay información de la sociedad querellante, ya que Seigar tiene su propia oficina contable en sus dependencias en nombre reservado, por lo que su función como asesor tributario solo se remitía a revisar y supervisar el trabajo que realizaban tanto la jefa de finanzas como las contadoras de la empresa.

Refiere que la pericia al computador recién se solicitó al Cibercrimen el 11 de octubre de 2019, es decir, cuatro meses después de su incautación, por lo que dicha diligencia se va a demorar injustificada y negligentemente.

Esta actuación provoca una afectación al derecho a la intimidad o privacidad del cliente, vulnerándose el secreto profesional, ya que el contador está obligado a mantener reserva de la información de carácter confidencial relacionada a su cliente, siendo el bien jurídico protegido en los delitos de violación de secreto, el de la libertad personal en el ámbito de la intimidad del individuo respecto del cual se revelan los secretos. Además se ha afectado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ya que al no contar con el programa de contabilidad que utilizan en la oficina y la información de los 80 clientes y empresas que no son parte en la causa penal, no puede ejercer su función, señalando que no se entiende de qué modo entregar la información no relacionada a la causa penal podría afectar la investigación, solicitando en definitiva se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias y en especial se decrete la entrega de una copia de los programas de contabilidad y carpetas de los ochenta de clientes que no son parte de la investigación penal.

El 20 de noviembre recién pasado se declara admisible el recurso.

El 29 de noviembre de 2019 se evacúa el informe solicitado por Jorge Escobar Fuenzalida, Fiscal Adjunto, de la Fiscalía de Alta de Alta Complejidad de la Región de O'Higgins. Señala que la causa RUC N° 1900444475-5, RIT N° 2196-2019, se inicia el día 24 de abril de 2019, ya que se presentó una querella por el abogado Jorge Villalobos Arriaza en representación de las víctimas Seigard Chile, Sociedad De Inversiones Villanueva y García Limitada F Importadora y Comercializadora Dragies Limitada, en contra del recurrente nombre reservado y otros sujetos individualizados en dicha presentación, por los delitos de apropiación indebida, Estafa y Lavado De Activos. Inicialmente la investigación estuvo a cargo de Fiscal Carlos López Miranda, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local nombre reservado, para luego ser transferida a la Fiscalía de Alta Complejidad de la VI Región. El 21 de junio de 2019, de conformidad a lo señalado en el artículo 31 de la Ley N° 19.913, el fiscal decreta el "Secreto de la Investigación", por el plazo de 6 meses. Se solicitó al tribunal quien concedió orden de entrada y registro, además de la incautación de los objetos relacionados al ilícito, todo lo anterior, en conformidad a los artículos 9, 205, 207, 214, 215, 217 y demás pertinentes del Código Procesal Penal. Diligencia que se lleva a cabo el día 24 de junio de 2019. El 4 de julio de 2019, el abogado Andrés Eduardo Salazar Meza, solicita copia de los antecedentes contenidos en el equipo computacional incautado, rechazándose la petición ya que la investigación se encuentra sujeta a secreto en conformidad a la Ley N° 19.913 sobre Lavado de Activos, por el plazo máximo legal.

El 12 de julio de 2019, el recurrente nombre reservado, fue formalizado por los delitos de apropiación indebida por aproximadamente $1.900.000.000 (mil novecientos millones de pesos), ilícito previsto y sancionado en el artículo 470 N° 1 del Código Penal, por el delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 468 en relación artículo 467 del Código Penal y por el delito de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27 y siguientes de la Ley N° 19.913, todos en grado de desarrollo de consumados y en carácter de reiterados.

En audiencia de cautela de garantías, la misma petición fue rechazada por el tribunal ya que la incautación es una diligencia de investigación solicitada al Tribunal, el cual evaluó su oportunidad, pertinencia y necesidad para el éxito de la investigación, no resultando plausible desde la perspectiva de la necesidad de la diligencia, modificarla en algún sentido incluso autorizando la entrega de algún tipo de información, toda vez que de proceder de esa forma podría resultar perjudicial para la investigación.

Por estas consideraciones concluye que el recurso de protección carece de todo fundamento, ya que las actuaciones del Ministerio Público se encuentran completamente ajustadas a derecho y de conformidad a las facultades constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico le otorga a este ente persecutor, por lo que el recurso es improcedente al no existir ningún acto ilegal o arbitrario del Ministerio Público, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que la parte recurrente ha solicitado mediante la presentación de este recurso, se le otorgue información relevante que se encuentra en un computador incautado por el Ministerio Público en el contexto de una investigación penal seguida en su contra por los delitos de apropiación indebida, estafa y lavado de activos, petición que ya fue rechazada por el ente persecutor y además por el Juzgado de Garantía.

TERCERO: Que la negativa del Ministerio Público a entregar dicha información se basa en la reserva que se decretó de la investigación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, el que señala: “que respecto del imputado, la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal, por un plazo máximo de seis meses”.

CUARTO: Que de acuerdo a lo anterior, teniendo en consideración que la reserva se decretó el 21 de junio de 2019, resulta que aún se encuentra la investigación bajo secreto, por ello, es que la decisión adoptada por el recurrido no se considera arbitraria, ya que se encuentra debidamente fundamentada, más si se considera que el equipo aún está siendo periciado por la Policía de Investigaciones, de lo que es posible concluir que cualquier extracción de información del computador, puede provocar un efecto perjudicial en la investigación, ya sea retrasándola, modificando eventualmente el contenido de la misma o alertando respecto de antecedentes que puedan ser de relevancia investigativa penal.

De todo lo ya dicho y teniendo en consideración precisamente la calidad de reserva de la investigación, cualquier intervención por la presente vía y carente de los antecedentes de fondo necesarios contiene el riesgo de afectar eventualmente las resultas de la investigación que pueda devenir de la obtención de los antecedentes idóneos, que permitan esclarecer los hechos objetos de investigación.

QUINTO: Que, además, se debe considerar que la incautación del computador fue autorizada por el Juzgado de Garantía, quien teniendo conocimiento de mayores antecedentes a aquellos que dispone esta Corte, procedió a su evaluación, dando lugar a la medida, que no ha sido controvertida en los hechos por la recurrente, lo que refrenda que acceder a la entrega de información que consta en el computador incautado, sería equivalente a modificar la diligencia otorgada, y afectando una facultad privativa del Ministerio Público de solicitar las medidas que considere necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos y el éxito de la investigación.

SEXTO: Que, por los motivos antes dichos, no existiendo un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida que afecte algún derecho constitucional de los resguardados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechazará el recurso deducido.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado y nombre reservado en contra del Ministerio Público, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 20.274-2019. Protección.