nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE MACHALI

C.A. de Rancagua Rancagua, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece el abogado Felipe Mondaca Cornejo en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Machalí, representada legalmente por su alcalde don Juan Abud Parra, por los actos administrativos emanados de dicho órgano del Estado, que vulneran sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que mediante resolución N°2980, de 24 de octubre de 2025 (notificada el 11 de noviembre de 2025), se resuelve recurso de reposición interpuesto por la actora en contra del decreto alcaldicio N°2909 de 13 de octubre de 2025 que aplicó la medida disciplinaria de término de la relación laboral, el que fue pospuesto hasta el término de su fuero maternal, fundado en que la actora, sin perjuicio de que se encontraba haciendo uso de licencia médica N°1029767865-7, emitida el 28 de mayo del año 2024 y cuyos datos del reposo indicaban que este era total y a realizarse en el domicilio “domicilio reservado”, con fecha de inicio del 29 de mayo de 2024 y de termino el 7 de junio de 2024, ambas inclusive, entro al país vía aérea desde Perú, el 6 de junio de 2024, no logrando acreditar que aquella salida tuviera un propósito u objetivo de carácter médico, contraviniendo con ello, en consecuencia, gravemente el principio de probidad administrativa.

Se refiere a la potestad sancionatoria y a la vulneración al principio de proporcionalidad, argumentando que no puede existir vulneración del principio de probidad administrativa, o incumplimiento del deber de cumplir la jornada de trabajo y desobediencia a órdenes superiores en tanto para que ello ocurra debería, el funcionario estar en funciones al momento de infraccionar el Principio de Probidad Administrativa, citando jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca y del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago. Puntualiza que no puede cuestionarse la probidad administrativa ni las obligaciones, “puesto que si el trabajador se encuentra con licencia médica, sino que dicha infracción debe darse en el ejercicio coetáneo de la función por lo que la destitución se funda en un hecho que no es apto para la destitución de mi representada”, citano el artículo 123 de la ley 18.883.

Refiere que cualquier simulación del estado de salud de la actora solo puede ser fiscalizado por el organismo competente y, en este caso, no se logró siquiera acreditar por parte del COMPIN, dado que no existe ninguna simulación del estado de salud, sancionando de forma contraria al principio de proporcionalidad a una funcionaria con una conducta intachable.

Luego, indica que, si bien es cierto que la sanción disciplinaria de destitución objeto de la presente acción de emergencia, se encuentra consagrada en el artículo 123 del Estatuto Administrativo Municipal, “no es menos cierto que la conducta atribuible a la recurrente y sobre la cual se construye la sanción impuesta a ésta última, esto es, viajar al extranjero con licencia dentro de las conductas prohibidas, toda vez que el elemento de la naturaleza exige que al menos este en ejercicio de sus funciones, las que no lo fueron”, resultando paradójico que la recurrida pretende sancionar con el máximo rigor de la ley, sin que se cumplan con los presupuestos propiamente tales, citando jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Argumenta respecto del actuar contrario al principio de legalidad, citando la normativa aplicable, desarrollando las garantías que considera conculcadas.

Finaliza solicitando se deje sin efecto dicha destitución, decretando su absolución o una sanción administrativa proporcional, en justicia y en conjunto con lo anterior ordenar que la funcionaria sea reintegrada a la planta municipal y efectuar el pago íntegro de las remuneraciones que se hubieren devengado y que no han sido percibidas desde su destitución, todo con expresa condenación en costas.

A folio 9, comparece la Contraloría General de la República que informa que lo que concierne al caso de autos, mediante el oficio N°E82804, de 2025, se remitió a la Municipalidad de Machalí la nómina de funcionarios de esa entidad que estarían involucrados en el Consolidado de Información N°9, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica, la cual permite identificar las licencias médicas que habrían sido vulneradas, así como la fecha de viaje y el paso fronterizo utilizado para el ingreso/salida del país, detallando la situación de la actora.

A folio 11, comparece la Municipalidad recurrida evacuando el informe que le fuera requerido. En cuanto a las alegaciones planteadas en el recurso, indica que, atendida la investidura de funcionario público no se suspenden durante la licencia médica, toda vez que la función que se desarrolla por parte del funcionario es de tal magnitud, que obliga a observar principios y conductas inclusive en el ámbito de su vida privada, en atención a que se trata de instituciones que tienen como finalidad el bien común. Agrega que, cuando el recurrente indica que es improcedente la aplicación de medidas disciplinarias y la de imputar responsabilidad administrativa, por encontrarse suspendida la relación contractual, que en el caso en comento es una relación estatutaria, sometida al Estatuto Docente, es necesario precisar que el encontrarse con licencia médica no lo exime de ser sujeto de procedimientos sancionatorios, justamente porque no pierde la calidad de funcionario, máxime si durante la sustanciación del proceso se le respetaron, como consta en el expediente sumarial, todos los derechos que le asisten para una debida defensa. Agrega que en la especie no se ha suspendido en ningún caso la obligación de pagar la remuneración, lo que evidencia la diferencia entre las relaciones regidas por el Código del Trabajo y las regidas por el Estatuto Docente y que muy erróneamente confunde la contraparte.

Puntualiza que no se cuestionó algún eventual mal uso o uso indebido de la licencia médica, o si es fraudulenta o no, o respecto de su estado de aprobación o rechazo, tampoco la veracidad o no de un cuadro clínico de una persona, etc., materias que no están dentro sus competencias de esta Entidad Edilicia, y respecto de las cuales, fue la propia Contraloría quien remitió en su oportunidad la información a los órganos competentes y fiscalizadores secundarios al respecto y que fue analizado latamente en el respectivo sumario administrativo, esto es, respecto de las competencias para investigar los hechos, sin perjuicio, que es deber de la COMPIN y las ISAPRES, fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica, si se constata una infracción a normas legales y reglamentarias que rijan el uso, otorgamiento o autorización de licencias médicas, o cualquiera otra infracción a las normas del Decreto N°3, del Ministerio de Salud, del año 1984, que aprueba reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional, es la autoridad administrativa quien debe hacer efectiva la responsabilidad administrativa que pudiere encontrarse comprometida y adoptar las medidas laborales pertinentes.

Finaliza señalando que la Municipalidad es competente para instruir y conocer del sumario administrativo, por radicar la potestad disciplinaria en la autoridad administrativa y por haberlo ordenado la Contraloría General de la República, en el oficio N°E82804/2025. Finalmente, puntualiza que la Contraloría General de la República, puede, si así lo estima, ordenar la instrucción de un sumario -en virtud de sus facultades generales, contenidas en los artículos 98° de la Constitución Política de la República; en los artículos 1°, 6° y 9° de su ley N°10.336; y, en los artículos 51° y 52° de la ley N°18.695, respectivamente-, a fin de esclarecer hechos y/o irregularidades detectadas y determinar eventuales responsabilidades administrativas, según corresponda.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

2° Que, en la especie, la recurrente reprocha a la Ilustre Municipalidad de Machalí la dictación del Decreto Alcaldicio N°2980, de 24 de octubre de 2025 (notificado el 11 de noviembre de 2025) que rechaza recurso de reposición, confirmando lo resuelto previamente por Decreto Alcaldicio N°2809 de 13 de octubre de 2025, que aprobó vista fiscal y aplicó medida disciplinaria de término de la relación laboral de la recurrente, el cual se ejecutará una vez que finalice el fuero maternal de doña nombre reservado, en el marco de sumario administrativo instruido en su contra, según Decreto Alcaldicio N°1539, los que vulneran sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

3° Que, la recurrida solicitó el rechazo de la acción, señalando que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en una instrucción de la Contraloría General de la República, vinculada a la detección de funcionarios que registraban salidas del país durante períodos de licencia médica, motivo por el cual se instruyó sumario administrativo. Indica que el principio de probidad no se suspende por encontrarse con una licencia médica, suspendiéndose solamente las funciones propias del cargo y que es a la autoridad administrativa a quien le corresponde calificar las conductas constitutivas de falta a la probidad. Alega que no se cuestionó la veracidad de la licencia médica ni las razones de su reposo y que la sanción se basa en una falta a la probidad.

4° Que, de los antecedentes allegados al proceso, aparece que el procedimiento disciplinario seguido en contra de la recurrente se inició en el contexto de una investigación general impulsada a partir de antecedentes proporcionados por la Contraloría General de la República, relativos a funcionarios públicos que registraban salidas del país mientras hacían uso de licencia médica. Por consiguiente, la instrucción del sumario administrativo no obedeció a una actuación singular o exclusivamente dirigida en contra de la actora, sino al ejercicio de las potestades de control y disciplina funcionaria que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración.

En tal contexto, no se advierte que la autoridad recurrida haya actuado fuera del ámbito de sus competencias legales al instruir el procedimiento disciplinario y adoptar una decisión sancionatoria respecto de hechos que estimó constitutivos de responsabilidad administrativa.

5° Que, habiéndose acreditado en el sumario administrativo que el recurrente realizó un viaje fuera del territorio nacional mientras hacía uso de licencia médica, sin indicación médica que justificara dicho desplazamiento ni finalidad terapéutica alguna, la conducta así establecida importa un uso indebido de la licencia para fines particulares ajenos al reposo prescrito.

En este sentido, la Corte Suprema ha resuelto en forma reiterada que: "la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, vale decir, hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje fuera del territorio nacional, ajeno a la finalidad que el reposo contemplaba, a fin de obtener descansos y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los funcionarios municipales, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, de manera regular y continua, junto con el consiguiente menoscabo del patrimonio municipal, constituyen elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la autoridad municipal al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general." (Corte Suprema, Rol N°52.153-2025, considerando 6°; en idénticos términos, Rol N°46.579-2025, considerando 6°)

6° Que, en consecuencia, habiendo actuado la autoridad administrativa dentro del marco de sus atribuciones legales, con sujeción al procedimiento disciplinario establecido en la ley y en resguardo del interés general, la actuación impugnada no adolece de ilegalidad ni de arbitrariedad, presupuestos cuya concurrencia copulativa es indispensable para la procedencia de la acción constitucional de protección.

7° Que, en particular, se alega por la recurrente que su conducta no podría constituir infracción al principio de probidad por cuanto al momento de los hechos investigados se encontraba haciendo uso de licencia médica, de lo que derivaría una suspensión de la relación laboral o, cuando menos, de los deberes inherentes al cargo.

En este sentido, se debe indicar que la licencia médica es un beneficio de seguridad social cuya finalidad exclusiva es autorizar al funcionario a ausentarse de la prestación efectiva de servicios mientras dure su incapacidad de salud debidamente certificada por la autoridad competente. Su efecto es, pues, la suspensión temporal de la obligación de concurrir al lugar de trabajo y ejecutar las labores propias del cargo.

En ningún caso la licencia médica importa la extinción, la modificación ni la suspensión del vínculo jurídico-estatutario que une al funcionario con la Administración del Estado: la relación estatutaria subsiste íntegra durante todo el período de ausentismo.

8° Que, precisamente, por subsistir la relación estatutaria en plenitud durante el período de licencia, el funcionario conserva todos los derechos del cargo -incluido el pago de remuneraciones- pero también la totalidad de sus obligaciones funcionarias, entre las cuales se cuenta, de manera destacada, el deber de observar estrictamente el principio de probidad administrativa.

Así lo confirma la Corte Suprema al resolver que el uso de la licencia médica para realizar un viaje al extranjero constituye una conducta que "afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas" y vulnera gravemente la probidad, sin distinguir ni condicionar tal conclusión al hecho de que el funcionario estuviera o no en ejercicio efectivo de sus labores al momento de producirse el hecho reprochado (Rol N°52.153-2025, considerando 6°; Rol N° 46.579-2025, considerando 6°).

De este modo, la Excma. Corte reconoce implícitamente que la infracción al principio de probidad no requiere que el agente se encuentre prestando servicios: basta con que la conducta sea objetivamente incompatible con los deberes inherentes al cargo, lo que ocurre cuando se utiliza un beneficio remunerado con fondos públicos -como lo es la licencia médica- para un fin distinto al que le es propio.

9° Que, finalmente, se alega la desproporción de la sanción, sosteniendo que la autoridad no ponderó adecuadamente circunstancias tales como su trayectoria funcionaria. No obstante, del mérito de los antecedentes aparece que tales circunstancias fueron conocidas por la autoridad administrativa durante la tramitación del procedimiento disciplinario y formaron parte de los antecedentes incorporados por la propia funcionaria en sus descargos.

Así, aun cuando la recurrente discrepe de la valoración efectuada por la Municipalidad respecto de dichos antecedentes y estime que ellos debieron conducir a una sanción diversa o a la absolución, aquello no basta para configurar arbitrariedad en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, desde que la sola discrepancia con el criterio disciplinario adoptado por la Administración no habilita a esta Corte para sustituirlo por uno distinto en sede cautelar.

10° Que, en cuanto a las garantías contempladas en los numerales 1°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la afectación psíquica, reputacional y patrimonial que la recurrente atribuye a la sanción impuesta corresponde a consecuencias inherentes a toda medida disciplinaria válidamente adoptada dentro del marco estatutario aplicable.

Asimismo, la circunstancia de haberse calificado la conducta investigada como infracción grave al principio de probidad administrativa deriva de una decisión adoptada dentro de un procedimiento disciplinario formalmente instruido y respecto de hechos específicos sometidos a investigación, no advirtiéndose expresiones injuriosas, actuaciones extralegales ni afectaciones autónomas a la honra o vida privada de la recurrente distintas de aquellas propias de la sanción administrativa impuesta.

11° Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado que los actos recurridos sean ilegales o arbitrarios en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ni que éstos hayan privado, perturbado o amenazado ilegítimamente las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Municipalidad de Machalí.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2024-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.