Protección contra Ejército de Chile

C.A. de Rancagua Rancagua, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad NUM000, funcionario del Ejército de Chile, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Ejército de Chile, específicamente la Comisión de Sanidad del Ejército (CSE) y de la División de Personal (DIVPER), solicitando que se deje sin efecto el rechazo de licencias médicas correspondientes al período comprendido entre 11 de noviembre de 2024 al 9 de mayo de 2025, así como la resolución que ordena el descuento de sus remuneraciones por la suma de $6.789.901.-, todo ello en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que, el rechazo proviene de una resolución de la CSE que, en un mismo acto administrativo si bien acoge parcialmente sus recursos de reposición, aprobando las licencias médicas correspondientes al periodo 14 de julio de 2024 al 10 de noviembre de 2024, rechaza íntegramente las licencias inmediatamente siguientes, que van desde el 1 de noviembre de 2024 al 9 de mayo de 2025, pese a que el diagnostico, el médico tratante, la evolución clínica, el tratamiento y la continuidad son exactamente los mismos en todo el periodo evaluado.

Destaca que todas las licencias fueron emitidas por el mismo especialista del Hospital militar, en un proceso institucional continuo, sin que exista alta médica, variación clínica relevante, cambio de diagnóstico o antecedente nuevo que justifique un cambio de criterio técnico.

Arguye que esta contradicción constituye un acto arbitrario, pues no existe ninguna justificación médica ni administrativa razonable que permita concluir que su condición de salud justificaba plenamente reposo hasta el 10 de noviembre, pero no al día siguiente, sin existir modificación alguna en la patología, tratamiento o evolución.

El reposo medico fue continuo, correlativo y respaldado por informes institucionales, lo que lo vuelve incoherente y carente de lógica la decisión de rechazar únicamente el periodo intermedio.

Concluye que la resolución de descuento dictada por DIVPER aplica sin más el rechazo parcial de la CSE, ordenando una detracción de sus remuneraciones que constituye un perjuicio patrimonial grave e inminente, afectando directamente su derecho de propiedad. Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección acogerlo y en consecuencia declarar que los actos recurridos son arbitrarios e ilegales y que vulneran su derecho de propiedad, dejando sin efecto el rechazo de las licencias del período que va de 11 de noviembre de 2024 al 9 de mayo de 2025, o en subsidio, disponer que la autoridad emita una nueva resolución debidamente fundada, dejando sin efecto la resolución que ordena el descuento de $6.789.901.- Por su parte y, con fecha 29 de enero de 2026 compareció la recurrida y procedió a evacuar el respectivo informe alegando la improcedencia de la acción -por cuanto- el mismo día que se presentó esta acción cautelar, se hizo valer reclamo ante la Contraloría General de la República, pronunciamiento que se encuentra pendiente, destacando que la actual no es una instancia que permita la revisión y control de los actos administrativos cuestionados.

Agrega que el rechazo de las licencias en cuestión por tratarse de un reposo médico injustificado para el tipo de diagnóstico que presenta el paciente según los antecedentes expuestos analizados por el médico auditor, sin que se hayan acompañado antecedentes clínicos objetivos como informe médicos resultados de exámenes diagnósticos o certificados de atención médica, que permitan verificar la existencia de una condición de salud que justifique el reposo laboral, destacando que el reclamante mantiene un historial de licencia médica acumulando 1772 días de reposo.

Sostiene que la Comisión de Sanidad del Ejército es un ente especializado y técnico por lo que detenta la facultad exclusiva y excluyente para pronunciarse sobre la capacidad del personal para continuar en el servicio o la clase de inutilidad que pudiere corresponderle, de esta manera, considerando que el informe que se objeta emana de dicho organismo, y que sus conclusiones se encuentran amparadas en su condición de entidad técnica y especializada para examinar la capacidad física de los funcionarios del ejército, no procede concluir que dicho instrumento sea ilegal y arbitrario Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha de la institución recurrida está dado por la dictación de la Resolución Exenta DSE DEPTO III/ASJUR (R) NUM001 de 22 de septiembre del año 2025, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006 que comprenden el periodo que va desde el 11 de noviembre al 9 de mayo de 2025, todo lo cual produce una grave vulneración de sus derechos consagrados en la Constitución Política de la Republica.

TERCERO: Que, concurriendo la recurrida solicitó el rechazo de la acción de protección alegando en primer término la improcedencia de la acción por cuanto el actor dedujo idéntico recurso, y con misma fecha, ante la Contraloría General de la República, organismo de carácter técnico y especializado para determinar la legalidad de la actuación recurrida. Junto con ello alegó -en síntesis- que no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, por cuanto, la resolución que se reclama emana del organismo competente que dispone la Ley, cuyas conclusiones se encuentran amparadas en su condición de entidad técnica y especializada para examinar la capacidad física de los funcionarios del Ejército.

CUARTO: Que, en cuanto a la legalidad del acto recurrido, corresponde indicar que el artículo 229 del DFL N°l de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas señala que: “El personal tendrá derecho a licencia médica o permiso, en los siguientes casos: b) Por causa de enfermedad, durante todo el tiempo que ella dure. Con todo, cuando la licencia supere el plazo de 90 días, las Direcciones del Personal o Comando de Personal podrán requerir de la Comisión de Sanidad Institucional un informe acerca de la recuperabilidad y si el estado de salud del afectado es compatible con el servicio. Esta declaración será emitida cualquiera sea el régimen previsional a que se encuentre afecto el personal y servirá de elemento de juicio para resolver su permanencia en el servicio.”

Por su parte, el artículo 234 del citado cuerpo legal prescribe: "El examen físico y psíquico del personal, la determinación de su capacidad para continuar en el servicio o la clase de inutilidad que pudiera corresponderle será efectuado, exclusivamente, por la Comisión de Sanidad de cada Institución".

QUINTO: Que, por su parte, y como fuere señalado por la recurrida, la Comisión de Sanidad del Ejército es -en efecto- el órgano que determina la no aptitud para continuar al servicio de la institución, se trata de un ente especializado y técnico, por lo que detenta una facultad exclusiva y excluyente para pronunciarse sobre la capacidad del personal para continuar en el servicio o la clase de inutilidad que pudiera corresponderle.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, por lo que sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada.

SEXTO: Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el artículo 41 de la Ley N°19.880, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, debiendo dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar una u otra decisión, dados los principios de legalidad y tipicidad que intrínsecamente lo rigen, requiriendo, entre otros requisitos, la existencia del hecho/motivo que la ley configura como "habilitante" para que el órgano competente actúe, satisfaciendo la necesidad pública que tal hecho comporta; de allí que tal hecho sea el "motivo", fundamento, o razón, que induce a obrar, que mueve a actuar al órgano público.

SEPTIMO: Que, del análisis de la Resolución Exenta DSE DEPTO III/ASJUR (R) NUM001 de 22 de septiembre de 2025, es posible verificar que, si bien, y por una parte, ésta acoge parcialmente los recursos de reposición hechos valer por el actor aprobando las licencias médicas correspondientes al periodo 14 de julio de 2024 al 10 de noviembre de 2024, por otra, ésta rechaza íntegramente las licencias inmediatamente siguientes, las que van desde el 11 de noviembre de 2024 al 9 de mayo de 2025, sin que sea posible verificar argumentación alguna que permita justificar el por qué la validez del descanso resultaba procedente sólo hasta el 10 de noviembre del año 2024, volviéndose innecesario o improcedente al día siguiente.

OCTAVO: Que, conforme a lo anterior, se observa que la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en elementos suficientes de convicción que la avalen, carencias que la privan de contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880 y la normativa sectorial antes señalada, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual el compareciente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados. En consecuencia, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria al desestimar permisos médicos concedidos por facultativos sin la debida argumentación, lo que en el presente caso resulta esencial, puesto que se le pretende privar del subsidio de incapacidad laboral, amenazando el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues dice directa relación con su patrimonio, el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Ejército de Chile, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° DSE DEPTO III/ASJUR (R) NUM001 de 22 de septiembre de 2025, con la única finalidad de que la institución recurrida, realice un nuevo análisis de los antecedentes, para luego determinar mediante resolución debidamente fundada, la pertinencia o impertinencia del reposo de que dan cuenta las licencias médicas señaladas, suspendiendo en el tiempo intermedio el descuento de los montos asociados a las licencias médicas cuestionadas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 2023-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia sí reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.