Protección contra Municipalidad de Machalí

C.A. de Rancagua Rancagua, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece Rogers Mariángel Oviedo, abogado, en representación de doña nombre reservado, funcionaria pública, cédula nacional de identidad número NUM000, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Machalí, representada legalmente por su alcalde don Juan Abud Parra, por los actos administrativos emanados de dicho órgano del Estado, que vulneran sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que la actora se desempeñó como Podóloga en el Centro de Salud Familiar Dr. Osvaldo Ruz Orrego de la Comuna de Machalí, desde el 1 de noviembre del 2018, con un nombramiento de tipo Indefinido, hasta el 7 de noviembre del 2025, en que le fue notificado el rechazo a la reposición y se mantuvo a firme su destitución, siendo siempre calificada en Lista 1.

Señala que, mediante Decreto Alcaldicio N°NUM001 de 27 de mayo de 2025, la Municipalidad de Machalí instruyó sumario administrativo- y designó Fiscal- en relación al CIC N°9 de la Contraloría General de la República sobre uso de licencias médicas y salidas al extranjero por funcionarios públicos, en el cual se le imputó un cargo único referido al cumplimiento del reposo médico que le fuera prescrito, por haber realizado durante su vigencia una salida o viaje al extranjero, entre el 10 al 14 de abril del año 2024, esto es por 3 días hábiles laborales en circunstancias que se encontraba bajo licencia médica N°NUM002 que le prescribió reposo médico por 20 días, entre el 27 de marzo al 15 de abril del 2024.

Precisa que a la actora le fue otorgada licencia médica por cuadro de trastorno adaptativo con síntomas mixtos, presentado compromiso moderado de funcionalidad, por lo que se indicó tratamiento farmacológico y licencia médica de salud mental por 20 días a contar del 27 de marzo de 2024 y, el incumplimiento del reposo que se le reprochó a la funcionara en el sumario fue parcial y no total, por sólo 3 días hábiles laborales de los 20 indicados en la licencia médica. Agrega que el médico emisor de la licencia justifica en su informe que la funcionaria le fue autorizado en el período de reposo para realizar actividades recreativas fuera de su domicilio, como complemento de tratamiento indicado.

Refiere que, a la fecha de la referida licencia médica, no existía claridad respecto de si el reposo ambulatorio otorgado bajo ese tipo de licencias (psiquiátricas o de salud mental, a la que se homologan) permitía o no salir al extranjero, cuestión que fue sólo precisada mediante Resolución Exenta N° NUM003, de fecha 14 de septiembre de 2025, emitida por la Unidad Jurídica de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la cual aclaró que las personas con licencias médicas por patologías de salud mental pueden realizar actividades recreativas y viajar dentro del país, pero no fuera del territorio nacional, debiendo en esos casos rechazarse la licencia médica, es decir no se pagara el reposo medico de acuerdo al artículo 55 del l D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, si el viaje al extranjero no tiene fin terapéutico debidamente demostrado.

Se refiere al acto administrativo que aprobó sumario administrativo y aplicó la medida disciplinaria de destitución, el rechazo del recurso de reposición interpuesto, alegando que carece de justificación y fundamentación que avale la grave medida disciplinaria aplicada, como, asimismo, en la manifiesta falta de proporcionalidad de la misma.

Cita jurisprudencia, dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social y sostiene que resulta ineludible consignar la amplitud e inexactitud del cargo por el cual se le termina destituyendo, por cuanto los hechos del mismo los hace encuadrar en la contravención grave a la probidad administrativa pero no indica cómo la conducta del sumariado configura objetivamente tal causal. Añade que, de la misma manera, resultan del todo ilegales y arbitrarias las resoluciones recurridas, por cuanto aplican una medida expulsiva por incumplimiento de un reposo laboral que considera falta grave a la probidad administrativa, pero sin que tal falta tenga dicha carácter, citando jurisprudencia al efecto, en donde se indica que la falta en cuestión, no se produjo en el contexto de lo que se pueda entender subsumido dentro del ejercicio de las funciones públicas de quien solicita el amparo constitucional, sino que en momentos en que sus funciones se encontraban suspendidas, ya que se le había diagnosticado una determinada enfermedad y se le había recetado reposo, esto es, no podía concurrir a su lugar de trabajo, por lo que malamente una conducta realizada fuera de su lugar de trabajo, cuando no se encontraba en funciones, es decir, interrumpida la prestación de sus servicios, pueda constituir o considerarse una dinámica que sanciona el artículo 125 del Estatuto Administrativo.

Desarrolla las garantías que considera conculcadas y finaliza solicitando disponer que la recurrida deberá dejar sin efecto las resoluciones impugnadas por ilegales y arbitrarias, resolviéndose la absolución de la funcionaria de los cargos formulados y, consecuencialmente, se ordene su reincorporación a funciones, debiendo restituírsele el pago de sus remuneraciones no percibidas, desde que se aplicó la medida de destitución, hasta su efectiva reincorporación, con especial condenación en costas.

A folio 8, comparece la Contraloría General de la República que informa que lo que concierne al caso de autos, mediante el oficio N°NUM004, de 2025 NUM004, de 2025 se remitió a la Municipalidad de Machalí la nómina de funcionarios de esa entidad que estarían involucrados en el Consolidado de Información N°9, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica, la cual permite identificar las licencias médicas que habrían sido vulneradas, así como la fecha de viaje y el paso fronterizo utilizado para el ingreso/salida del país, detallando la situación de la actora.

A folio 11, comparece la Municipalidad recurrida evacuando el informe que le fuera requerido. Precisa que la recurrente es funcionaria pública, y tal calidad no solo está presente mientras se estén ejerciendo las labores públicas, sino que alcanza incluso la esfera privada de los funcionarios, de manera que no solo se trató de una falta observada durante tres días, sino que durante 5. Añade que, no consta en la licencia médica, las circunstancias consignadas en el certificado del médico tratante que cita la recurrente y que fue emitido más de un año después del otorgamiento de la licencia médica. A mayor abundamiento, en la licencia el mismo médico tratante indica que el lugar del reposo era el domicilio de la recurrente, ubicado en la comuna de Machalí. Asimismo, en el mencionado certificado no se consigna en parte alguna que la recomendación como complemento del tratamiento consistía en salir del país, como de alguna manera da a entender la recurrente.

En cuanto a la alegación que no existía claridad respecto de si el reposo ambulatorio otorgado bajo licencias psiquiátricas o de salud mental permitía o no salir al extranjero, de la resolución de COMPIN que se invoca, se concluye que la aclaración solicitada por la Directora del Departamento COMPIN, no dice relación con la salida del país, sino que, con los viajes dentro del país, de manera que nunca estuvo en duda la prohibición existente de salir del país, argumentando, además, sobre la Circular N°3646 de 2021 de la SUSESO invocada, la que en ningún caso se refiere a la salida del país, e importa una interpretación extensiva que es contraria a los principios del derecho público y que asimismo es contraria al principio de especialidad.

En cuanto a la falta grave al principio de probidad, indica que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha señalado que la destitución procede cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, lo que admite diversas modalidades de ejecución, las que obviamente han de poseer la calidad de graves para poder castigarse con la referida medida disciplinaria; por ende, y como las actuaciones de un empleado que signifiquen una transgresión a la probidad administrativa son múltiples, la aludida sanción puede aplicarse por la comisión de distintas faltas que afecten al indicado principio, citando el artículo 62 de la mencionada ley N°18.575, explicando que a pesar de que los hechos ocurrieron en su esfera privada, y no en el ejercicio de sus funciones públicas, el hecho de haber salido del país, con licencia médica vigente, implica un actuar poco honesto, un comportamiento que contraviene el actuar que se espera de un funcionario público, constituyendo una conducta contraria a la dignidad y ética funcionaria, que vulnera por lo tanto el principio de probidad administrativa y como consecuencia implica la aplicación de la sanción impuesta, por lo que finaliza solicitando el rechazo del recurso.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2° Que, en la especie, la recurrente reprocha a la Ilustre Municipalidad de Machalí la dictación del Decreto Alcaldicio Siaper N°NUM005, de 27 de octubre de 2025 (notificado el 7 de noviembre de 2025) que rechaza recurso de reposición, confirmando lo resuelto previamente por Decreto Alcaldicio N°NUM006 de 13 de octubre de 2025, que aprobó vista fiscal y aplicó medida disciplinaria de destitución en contra de la recurrente, el marco de sumario administrativo instruido en su contra, según Decreto Alcaldicio N° NUM001 de 27 de mayo de 2025, los que vulneran sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República. 3° Que, la recurrida solicitó el rechazo de la acción, señalando que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en una instrucción de la Contraloría General de la República, vinculada a la detección de funcionarios que registraban salidas del país durante períodos de licencia médica, motivo por el cual se instruyó sumario administrativo. Indica que el principio de probidad no se suspende por encontrarse con una licencia médica, suspendiéndose solamente las funciones propias del cargo y que es a la autoridad administrativa a quien le corresponde calificar las conductas constitutivas de falta a la probidad. Alega que no se cuestionó la veracidad de la licencia médica ni las razones de su reposo y que la sanción se basa en una falta a la probidad. 4° Que, de los antecedentes allegados al proceso, aparece que el procedimiento disciplinario seguido en contra de la recurrente se inició en el contexto de una investigación general impulsada a partir de antecedentes proporcionados por la Contraloría General de la República, relativos a funcionarios públicos que registraban salidas del país mientras hacían uso de licencia médica. Por consiguiente, la instrucción del sumario administrativo no obedeció a una actuación singular o exclusivamente dirigida en contra de la actora, sino al ejercicio de las potestades de control y disciplina funcionaria que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración.

En tal contexto, no se advierte que la autoridad recurrida haya actuado fuera del ámbito de sus competencias legales al instruir el procedimiento disciplinario y adoptar una decisión sancionatoria respecto de hechos que estimó constitutivos de responsabilidad administrativa. 5° Que, habiéndose acreditado en el sumario administrativo que el recurrente realizó un viaje fuera del territorio nacional mientras hacía uso de licencia médica, sin indicación médica que justificara dicho desplazamiento ni finalidad terapéutica alguna, la conducta así establecida importa un uso indebido de la licencia para fines particulares ajenos al reposo prescrito.

En este sentido, la Corte Suprema ha resuelto en forma reiterada que: "la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, vale decir, hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje fuera del territorio nacional, ajeno a la finalidad que el reposo contemplaba, a fin de obtener descansos y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los funcionarios municipales, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, de manera regular y continua, junto con el consiguiente menoscabo del patrimonio municipal, constituyen elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la autoridad municipal al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general." (Corte Suprema, Rol N°52.153-2025, considerando 6°; en idénticos términos, Rol N°46.579-2025, considerando 6°) 6° Que, en consecuencia, habiendo actuado la autoridad administrativa dentro del marco de sus atribuciones legales, con sujeción al procedimiento disciplinario establecido en la ley y en resguardo del interés general, la actuación impugnada no adolece de ilegalidad ni de arbitrariedad, presupuestos cuya concurrencia copulativa es indispensable para la procedencia de la acción constitucional de protección. 7° Que, en particular, se cita por la recurrente jurisprudencia que establece que su conducta no podría constituir infracción al principio de probidad por cuanto al momento de los hechos investigados se encontraba haciendo uso de licencia médica, de lo que derivaría una suspensión de la relación laboral o, cuando menos, de los deberes inherentes al cargo.

En este sentido, se debe indicar que la licencia médica es un beneficio de seguridad social cuya finalidad exclusiva es autorizar al funcionario a ausentarse de la prestación efectiva de servicios mientras dure su incapacidad de salud debidamente certificada por la autoridad competente. Su efecto es, pues, la suspensión temporal de la obligación de concurrir al lugar de trabajo y ejecutar las labores propias del cargo.

En ningún caso la licencia médica importa la extinción, la modificación ni la suspensión del vínculo jurídico-estatutario que une al funcionario con la Administración del Estado: la relación estatutaria subsiste íntegra durante todo el período de ausentismo. 8° Que, precisamente, por subsistir la relación estatutaria en plenitud durante el período de licencia, el funcionario conserva todos los derechos del cargo -incluido el pago de remuneraciones- pero también la totalidad de sus obligaciones funcionarias, entre las cuales se cuenta, de manera destacada, el deber de observar estrictamente el principio de probidad administrativa.

Así lo confirma la Corte Suprema al resolver que el uso de la licencia médica para realizar un viaje al extranjero constituye una conducta que "afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas" y vulnera gravemente la probidad, sin distinguir ni condicionar tal conclusión al hecho de que el funcionario estuviera o no en ejercicio efectivo de sus labores al momento de producirse el hecho reprochado (Rol N°52.153-2025, considerando 6°; Rol N° 46.579-2025, considerando 6°).

De este modo, la Corte reconoce implícitamente que la infracción al principio de probidad no requiere que el agente se encuentre prestando servicios: basta con que la conducta sea objetivamente incompatible con los deberes inherentes al cargo, lo que ocurre cuando se utiliza un beneficio remunerado con fondos públicos -como lo es la licencia médica- para un fin distinto al que le es propio. 9° Que, finalmente, se alega la desproporción de la sanción, sosteniendo que la autoridad no ponderó adecuadamente circunstancias tales como su trayectoria funcionaria. No obstante, del mérito de los antecedentes aparece que tales circunstancias fueron conocidas por la autoridad administrativa durante la tramitación del procedimiento disciplinario y formaron parte de los antecedentes incorporados por la propia funcionaria en sus descargos.

Así, aun cuando la recurrente discrepe de la valoración efectuada por la Municipalidad respecto de dichos antecedentes y estime que ellos debieron conducir a una sanción diversa, aquello no basta para configurar arbitrariedad en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, desde que la sola discrepancia con el criterio disciplinario adoptado por la Administración no habilita a esta Corte para sustituirlo por uno distinto en sede cautelar. 10° Que, tampoco se advierte vulneración al derecho de igualdad ante la ley por la circunstancia de haberse aplicado una sanción diversa a otro funcionario investigado dentro del mismo procedimiento administrativo, por cuanto la potestad disciplinaria exige necesariamente una ponderación particular de los antecedentes concurrentes respecto de cada funcionario investigado, de modo que la sola existencia de sanciones distintas no permite concluir, por sí misma, la concurrencia de una discriminación arbitraria, especialmente cuando no aparece acreditada una identidad absoluta entre las circunstancias personales, funcionales y fácticas consideradas por la autoridad al momento de resolver. 11° Que, en cuanto a las garantías contempladas en los numerales 1°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la afectación psíquica, reputacional y patrimonial que la recurrente atribuye a la sanción impuesta corresponde a consecuencias inherentes a toda medida disciplinaria válidamente adoptada dentro del marco estatutario aplicable.

Asimismo, la circunstancia de haberse calificado la conducta investigada como infracción grave al principio de probidad administrativa deriva de una decisión adoptada dentro de un procedimiento disciplinario formalmente instruido y respecto de hechos específicos sometidos a investigación, no advirtiéndose expresiones injuriosas, actuaciones extralegales ni afectaciones autónomas a la honra o vida privada de la recurrente distintas de aquellas propias de la sanción administrativa impuesta. 12° Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado que los actos recurridos sean ilegales o arbitrarios en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ni que éstos hayan privado, perturbado o amenazado ilegítimamente las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra de la Municipalidad de Machalí.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2015-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44- 2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.