ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA

Rancagua, veintiséis de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, funcionaria pública, quien comparece en representación de la Asociación de Funcionarios de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, en su calidad de Presidenta de dicha organización y, viene en deducir recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, persona jurídica de derecho privado, organismo autónomo, dependiente de la I. Municipalidad de Rancagua, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quién resolvió, por medio del Director de Salud, nombre reservado, suspender de manera definitiva, el pago del bono de colación a las funcionarias y funcionarios que laboran en los servicios SAR-SAPU, esto es, del Programa de Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución y del Servicio de Atención Primaria de Urgencia, a partir del 11 de noviembre, todo ello en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Señala que ambos servicios desarrollan sus funciones para las atenciones de urgencia de la población de la comuna de Rancagua, de acuerdo con su complejidad y dentro de horarios extendidos. En efecto, quiénes se desempeñan en el SAR lo hacen en turnos de 15 horas de lunes a jueves, a partir de las 17 horas hasta las 8 horas del día siguiente y los fines de semana y festivos funcionan ininterrumpidamente, en turnos de 12 horas, que se inician a las 8:00, hasta las 20:00 horas y desde las 20:00 hasta las 8:00 horas del día siguiente. A su vez, en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU, se desarrollan turnos de 12 horas los sábados, domingos y festivos, esto es, de 12 a 24 hora, respectivamente.

Indica que a contar del año 2018, atendidas las necesidades de alimentación de las personas que trabajan en dichos horarios y que, dadas las circunstancias del servicio, no es posible interrumpir las labores, la Corporación comenzó a entregar un bono de colación como compensación por la exigencia de prestar labores continuas y sin interrupción que al momento de su cese unilateral ascendía a $4.000 (cuatro mil pesos), por cada turno efectivamente realizado. El bono de colación, por consiguiente, se constituye para enfrentar una determinada condición de trabajo ante la intensidad que implica la permanente disposición para abordar la atención de las urgencias, al igual, por ejemplo, que el vestuario para dicha labor y las medidas de higiene y seguridad, sin las cuales no es posible desempeñar esas extendidas jornadas extraordinarias, permitiendo resolver la cuestión de la alimentación sin interferir en la atención permanente de las urgencias.

Plantea que, en consecuencia, el denominado Bono de Colación debe entenderse realizado no como mera liberalidad del empleador sino, como una condición permanente para el trabajo de las funcionarias y de los funcionarios que laboran en los Programa de Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución y del Servicio de Atención Primaria de Urgencia.

Detalla que la explicación que se ha dado por el Sr. nombre reservado para dar término abruptamente al apoyo en dinero para la colación, otorgado regularmente por alrededor de siete años, infringe lo prevenido en el inciso 2° del artículo 11 de la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, al no entregar los antecedentes de hecho que lo llevan a adoptar una medida tan dañina para el normal desempeño de las funciones de ambos programas.

Afirma que resulta incomprensible que no explique qué condicionantes fácticas han variado sustancialmente con respecto al momento de otorgamiento de dicho bono, aparte de su constatación de que no se encuentra en la normativa que regula la atención primaria municipalizada de Rancagua. Tampoco se hace ninguna ponderación de los efectos de la medida así adoptada y de cómo ella puede repercutir en las condiciones de trabajo y en la atención del público que recurre a los establecimientos en busca de resolver sus urgencias médicas.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la medida que dispuso la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, ya individualizado, con fecha 10 de noviembre, de poner término al pago del Bono de Colación para las funcionarias y funcionarios que prestan servicios en los Programas de Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución y del Servicio de Atención Primaria de Urgencia, perteneciente a la dotación de dicha Corporación, con costas, dejándola sin efecto y disponer la reanudación de dicha prestación, en los mismos términos que hasta ahora se ha estado otorgando, con costas.

Por su parte y con fecha 26 de diciembre de 2025 compareció la recurrida y procedió a evacuar el respectivo alegando en primer lugar, la falta de legitimación activa de la recurrente, por cuanto se arroga la representación de 39 funcionarios, sin constar que ellos hubiesen otorgado mandato expreso.

En cuanto al fondo, indica que efectivamente el 10 de noviembre de 2025, el Director de la División Salud de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua envió un correo electrónico indicando que: “Mediante el presente, informo a ustedes que realizada la revisión de la Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria, y considerando que no contempla en ninguno de sus artículos el pago de bonificaciones como alimentación y/o movilización a los funcionarios regidos por ella y por lo tanto, debiendo actuar en conformidad y cumplimiento de la legalidad vigente, se comunica que a partir del día 11 de noviembre de 2025, se suspende de manera definitiva el pago de Bono de Colación a todo funcionario que labore en los servicios de SAR-SAPU de la comuna. Para efecto del pago se considerará a los funcionarios que realicen turno hasta hoy 10 de noviembre de 2025. Para su conocimiento y amplia difusión.”

Señala que lo anterior, puesto que la administración debe actuar con estricto apego a la Ley y al principio de legalidad del gasto, siendo que maneja fondos públicos, como por el principio de juridicidad, contemplados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y por el artículo 2 de la Ley N°18.575, el que impide enterar beneficios económicos en situaciones no previstas por el ordenamiento jurídico, o con prescindencia del cumplimiento de los respectivos requisitos legales. Tal como se señaló, la asignación de colación no es de aquellas asignaciones que les corresponda legalmente percibir de acuerdo a su Estatuto, el cual no la establece, siendo que supletoriamente se rigen por la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y no por el Código del Trabajo, por lo que no existe libertad para pactar asignaciones que no estén expresamente otorgadas por Ley.

Afirma que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en particular, su artículo 23 dispone que sólo constituyen remuneración las siguientes: El sueldo base, la asignación de atención primaria municipal y las demás asignaciones establecidas en la ley, tales como la asignación por responsabilidad directiva, la asignación por desempeño en condiciones difíciles, la asignación de zona y la asignación de mérito. Fuera de estos estipendios taxativamente señalados, no es procedente pago alguno, conforme al principio de legalidad del gasto.

Destaca que atendido lo ya señalado, el haberse pagado con anterioridad esta asignación no la transforma en un derecho adquirido, puesto que sólo pueden transformarse en ellos aquellos que legítimamente les hubiera correspondido percibir, lo que no es el caso. Así, al estar regidos por el principio de legalidad del gasto y siendo la remuneración de los funcionarios de Atención Primaria de Salud establecida por Ley de manera restrictiva, la Corporación Municipal no pudo prestar válidamente su consentimiento para la configuración de una cláusula tácita del contrato de trabajo que considere el pago de un beneficio no considerado en la Ley. La reiteración de pagos indebidos no genera derechos adquiridos ni puede consolidar expectativas legítimas, pues ningún servidor público puede adquirir un derecho derivado de actos administrativos contrarios a derecho, máxime tratándose de materias de orden público como la legalidad del gasto. La Dirección del Trabajo mediante el Ordinario N°776, del 25 de noviembre de 2025, ha reiterado la doctrina institucional según la cual el personal regido por la Ley N°19.378 únicamente puede percibir las remuneraciones expresamente contempladas en dicha normativa y en los términos que ella establece, señalando:

“Atendido lo anterior en el caso específico del beneficio por el que se consulta, que se encuentra referido al pago de un determinado estipendio remuneracional no contemplado por la ley N°19.378 ni por su normativa complementaria y que tiene su origen en un acta de acuerdo, cabe señalar que esta Dirección mediante Ordinario N°2977, de 06.08.14, y Dictámenes N°5953/375, de 09.12.99 y N°4635/62, de 17.11.09, señaló que el personal regido por la Ley N°19.378 sólo puede percibir las remuneraciones que establece dicha normativa y de la manera que ésta determine, esto es, si se cumplen los requisitos legales que hacen procedente el pago de los distintos estipendios regulados en este Estatuto de Salud.”

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que el acto ilegal y arbitrario que la actora reprocha de la recurrida está dado por la suspensión de manera definitiva, del pago del bono de colación a las funcionarias y funcionarios que laboran en el Programa de Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución y el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, todo lo cual produce una grave vulneración de sus derechos consagrados en la Constitución Política de la Republica.

TERCERO: Que concurriendo la recurrida solicitó el rechazo de la acción de protección alegando en primer término la falta de legitimación activa de la recurrente, y en cuanto al fondo, planteó la improcedencia del recurso asegurando que la eliminación de la asignación de colación resulta procedente por cuanto no es de aquellas asignaciones que les corresponda legamente recibir a los actores de acuerdo a su Estatuto, por lo que no existe libertad para pactar asignaciones que no estén expresamente otorgadas por Ley, conforme al principio de legalidad del gasto.

CUARTO: Que en cuanto a la excepción de falta de legitimación activa de doña nombre reservado, funcionaria pública, quien comparece en representación de la Asociación de Funcionarios de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, basta con señalar que el artículo 20 de la Constitución Política, establece que el recurso de protección puede ser presentado por la persona afectada por sí misma o por cualquier persona a su nombre, en consecuencia es perfectamente posible la comparecencia de la actora en representación de la asociación lo que determina la improcedencia de la excepción incoada.

QUINTO: Que, la resolución de la problemática sometida al conocimiento de esta Corte pasa por la aplicación del principio de juridicidad y legalidad establecido en la Constitución y en el artículo 2 de la Ley N° 18.575. En efecto el régimen de remuneraciones de la Ley N°19.378, aplicable a los trabajadores recurrentes es de derecho público y cerrado, vale decir, solo se pueden pagar los conceptos que la ley describe textualmente, como lo son el sueldo base, la asignación de atención primaria municipal, asignación de mérito, etc.

SEXTO: Que el principio referido, no admite excepciones por costumbre, esto es, las Municipalidades o Corporaciones Municipales no pueden crear bonos ni asignaciones por acuerdos internos: en este mismo sentido se ha pronunciado la Dirección del Trabajo cuando indicó que figuras del Código del Trabajo como la “cláusula tácita” o la “regla de la conducta”, esto es, derechos adquiridos por el simple paso del tiempo o la costumbre, no se aplican a este personal.

SEPTIMO: Que en consecuencia y siendo el actuar de la recurrida con estricto apego a la normativa vigente, no se vislumbra actuación u omisión arbitraria o ilegal que justifique la acción de protección por lo que corresponde el rechazo de la acción.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de la Asociación de Funcionarios de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua en contra de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 2009-2025 Protección.