Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, ocho de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra del Colegio nombre reservado, por el acto consistente en la cancelación de matrícula y expulsión del alumno, quien cursaba 6° año de enseñanza básica y presenta trastorno del espectro autista con trastorno de déficit atencional con hiperactividad.

Señala que el estudiante fue acusado de incurrir en conductas de bullying contra una de sus compañeras, lo que fue calificado de falta gravísima, por lo que fue notificada de que sólo podría regresar al colegio a rendir las evaluaciones y, que de no aceptar aquello, se procedería a la cancelación de matrícula y expulsión de nombre reservado. Agrega que no accedió a ello, puesto que el establecimiento se negó previamente a aplicar el plan de acompañamiento emocional y conductual, que es obligatorio para el caso de niños con TEA y, por ello, el establecimiento no estaría agotando todos los recursos y medios para apoyar en forma previa, de manera formativa, inclusiva e integral al alumno, por lo que la medida disciplinaria adoptada no resulta acorde con las necesidades educativas del niño y, además, desproporcionada.

Reprocha que la sanción se adoptó sin un debido proceso, y ha sido discriminatoria, acusando que el estudiante ha sufrido conductas de bullying y estigmatización tanto por sus compañeros, así como por personal adulto del establecimiento, atendida su condición de TEA, haciendo presente que nunca se le dio la oportunidad de entregar su versión de los hechos imputados, lo que lo mantiene muy afectado.

Afirma que, por otro lado, la recurrente, en tanto madre y apoderada, ha dado cumplimiento a todas las instrucciones y recomendaciones del colegio recurrido, tales como cambio del neurólogo tratante, atención psicológica particular, etc.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se deje sin efecto la medida disciplinaria impuesta al alumno, a fin de que se mantenga escolarizado, toda vez que la respuesta a su apelación de la medida impugnada fue entregada por el recurrido una vez transcurrido el plazo para acceder al sistema de admisión escolar.

A folio 7 informó la Superintendencia de Educación quien, luego de referir sus facultades legales, así como la normativa aplicable a la aplicación de medidas disciplinarias por parte de los establecimientos educacionales, señaló que con fecha 20 de noviembre de 2025 ingresó a su sistema web el expediente de expulsión del alumno de autos, aplicada por el colegio recurrido, por situaciones de acoso escolar en contra de una compañera que presenta condición TEA y un implante de válvula en su cerebro, debido a dificultades médicas en su niñez. Agrega que los antecedentes indican que el estudiante recurrente da golpes en la cabeza de la niña, de manera intencional.

Refiere que, a la fecha de su informe, los antecedentes se encuentran en revisión por la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales, a fin de determinar si el procedimiento presenta eventuales vulneraciones a la normativa educacional y, de ser así, se procederá a la derivación a la Unidad de Fiscalización, quien podría ordenar la instrucción de un procedimiento sancionatorio, el cual no puede exceder de dos años.

Releva que, de constatarse alguna infracción a la normativa educacional por parte del recurrido, el Servicio sólo se encuentra facultado para aplicar alguna de las sanciones establecidas en el artículo 73 de la Ley SAC, sin embargo, no tiene facultades para dejar sin efecto la decisión del director del establecimiento recurrido.

Luego, a folio 17, informó que, al día 18 de marzo del año en curso, los antecedentes fueron remitidos a la Unidad de Fiscalización de la Superintendencia, por visualizar eventuales errores en el procedimiento de la medida disciplinaria aplicada, lo que habría vulnerado, presuntivamente, la normativa educacional vigente, y que, de constatarse hechos infraccionales, se ordenará la instrucción de un procedimiento sancionatorio, reiterando que su potestad sancionatoria es aplicable a los establecimientos educacionales, pero no puede dejar sin efecto la medida aplicada u ordenar la matrícula del estudiante.

Finalizó señalando que, además, remitió los antecedentes al Departamento de Educación Provincial, a fin de gestionar matrícula para el niño de autos, atendida la sanción impuesta y a fin de evitar su desescolarización.

A folio 12 informó la recurrida, Fundación de Ayuda a la Discapacidad, sostenedora del Colegio nombre reservado, RBD NUM000, solicitando el rechazo del recurso, puesto que no se acreditan ni verifican los presupuestos de existir una afectación, privación, perturbación o amenaza, de los derechos y garantías constitucionales invocadas, al no haberse acreditado dichas situaciones por no existir ningún acto de carácter ilegal ni arbitrario.

Expone que, lo cierto, es que, a inicios del año escolar 2025, nombre reservado, fue sorprendido portando un arma blanca. Sus compañeros manifestaron que no era la única arma blanca que portaba, sino que tenía otra en su mochila. Preguntado sobre lo sucedido, el alumno manifestó que era de su papá, y que efectivamente tenía otra navaja. Ante tal situación, y constatando que se trataba de una falta muy grave como lo señala el manual de convivencia, se procedió a la suspensión del alumno por un plazo de 5 días. Dicha medida se extendió desde el día 26 de marzo hasta el día 3 de abril, medida que fue notificada a su apoderado, quien además retiró la navaja del colegio.

Luego, habiéndose reincorporado al colegio, nombre reservado agredió al alumno nombre reservado, a quien nombre reservado tomó por la fuerza, le quitó sus lentes y los pisó. Ante tal situación la Dirección del Establecimiento tuvo que citar nuevamente a su apoderado para varios efectos, entre ellos, para firmar la carta de condicionalidad del alumno dentro del establecimiento educacional.

Ahora bien, con fecha 4 de junio del 2025, concurre a la Dirección del Establecimiento don nombre reservado, padre de la alumna y compañera de curso de nombre reservado, nombre reservado, quien procede a cursar denuncia en contra de nombre reservado por agresiones constantes a su hija, quien presenta una condición delicada de salud, puesto que tiene problemas motores, convulsiones prolongadas en momentos de estrés y un implante en su cerebro lo que le dificulta su equilibrio y hace especialmente peligrosa cualquier caída. Al mismo tiempo, se recibe denuncia en contra de nombre reservado por parte de otros compañeros de curso, por maltrato y agresión hacia ellos, así como también comportamiento indebido. Frente a tal denuncia se hizo la correspondiente Investigación, los testigos, en que figuran compañeros y docentes, sostuvieron que efectivamente tres estudiantes molestaban y agredían a nombre reservado, pero que nombre reservado era quien lo hacía con mayor notoriedad y frecuencia. Entre las acciones que describen los testigos estuvo la imitación de los movimientos, la voz y los ruidos de la compañera, el correr cerca de ella para desestabilizarla, gritarle en el oído (sabiendo que eso afecta su equilibrio), entre otros elementos descritos por los testigos. Los otros implicados reconocieron los hechos, se les solicitó pedir disculpas a la compañera y comprometerse a no volver a realizar lo reconocido. nombre reservado no reconoció los hechos, por lo que no pudo acceder a una solución alternativa. Asimismo, frente a los hechos denunciados por nombre reservado, se acreditó que nombre reservado constantemente le decía “guatón” y una serie de groserías en diversos contextos.

Relata que, como resultado de la investigación, se resolvió suspender por 4 días a nombre reservado. Dicha medida fue comunicada a la madre del alumno, y se llegó a un acuerdo entre el director y la apoderada del alumno, acuerdos que iban desde el compromiso de apoyo psicológico a nombre reservado, así como contratar una asistente que acompañara al curso y le diera especial protección a nombre reservado, considerando su dificultad y el nivel de daño que podía significar una desregulación producto de estrés o una caída dadas sus características. Al mismo tiempo, se le entregó un plan de trabajo para nombre reservado, para los cuatro días de suspensión.

Posteriormente con fecha 24 de septiembre de 2025, nuevamente se recibe denuncia de la Familia de nombre reservado, por agresiones de nombre reservado en su contra. Por lo mismo, se hizo investigación, en la que se logró constatar que efectivamente existió una agresión de nombre reservado hacia su compañera. En concreto, la agresión consistió en un pelotazo intencional que le lanzó con un balón de handball lo que provocó que nombre reservado debiera ser llevada a urgencias del hospital, porque se movió el implante en su cerebro. A raíz de lo sucedido con nombre reservado, se tuvo que cerrar anticipadamente el año escolar porque debía estar en observación a causa de sus mareos y dolores de cabeza.

Como resultado de la investigación se resolvió por la Dirección del establecimiento dar dos opciones a la apoderada del alumno: a) Terminar el año escolar, sin asistencia del alumno al colegio, con apoyo y seguimiento, entregándole los temarios y pautas que debía cumplir, con tareas y trabajos que confeccionar para cumplir con las evaluaciones mínimas exigidas. b) Dar Inicio el proceso de expulsión del alumno conforme al manual de convivencia del colegio.

La madre como constaría en el documento que acompaña, no firmó el documento, pero tampoco asumió compromisos, por lo que transcurrido un tiempo sin que el alumno asistiera al colegio ni tampoco rindiera evaluaciones, se decidió por parte de la Dirección del Establecimiento iniciar el proceso de expulsión. Dicha decisión se le comunicó con fecha 4 de noviembre de 2025, respecto de la cual la apoderada apeló. El consejo de profesores, así como su director mantuvieron la sanción de expulsión por estimar que era lo adecuado para la convivencia escolar.

Afirma que es efectivo que se aplicó la medida de expulsión al alumno nombre reservado, luego de seguir el procedimiento establecido en el Manual de Convivencia escolar del Establecimiento y que el proceso sancionatorio fue gradual, aclarando que no es que se haya aplicado la expulsión por un hecho puntual, sino que se aplicó como la última medida posible porque durante el año escolar, nombre reservado, lamentablemente, mantuvo su comportamiento hacia sus compañeros, y representó un serio problema para la convivencia escolar.

Señala que no es efectivo que el alumno recurrente haya recibido conductas de bullying, sino que por el contrario, ha silo nombre reservado quien recibió denuncias de ese tipo tanto por sus compañeros, así como de alumnos de otros cursos, añadiendo que, en relación con el hecho que habría sido denunciado por la madre recurrente ante la Superintendencia del ramo, se determinó que nombre reservado nunca recibió malos tratos ni de alumnos ni de profesores, y el caso referido se resolvió con informe a la misma Superintendencia de Educación Escolar, en el que se evidencia que más que una agresión, lo que existió fue una reacción de la madre frente a un llamado de atención a su hijo por parte de una profesora, nuevamente por agredir a un compañero.

Sostiene que tampoco es efectivo que nombre reservado no tuvo los apoyos requeridos como alumno que padece Trastorno Espectro Autista, puesto que se ingresó al Programo de Integración Escolar desde principios del año Escolar, se le brindó un plan de Apoyo Individual y también se intervino con el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, con el cual la madre tampoco estuvo de acuerdo, y que ni siquiera quiso firmar, en señal de querer recibir dichos apoyos.

Concluye que la medida disciplinaria aplicada tiene un fundamento y se cursó después de todo un debido proceso, establecido en el Manual de Convivencia del Colegio, el que, a su vez, está conforme a la normativa vigente, puesto que el alumno incurrió en constantes conductas de agresión a sus compañeros que no se condicen con las normas de convivencia del Colegio. En síntesis, la medida adoptada se hizo conforme a la normativa vigente y con el fin de resguardar la sana convivencia y velar por la protección de los derechos de toda la comunidad educativa. Por tanto, el Colegio no ha actuado nunca de manera ilegal ni arbitraria respecto de la recurrente, por lo que no existe ninguna clase de privación, perturbación ni amenaza a los derechos y garantías constitucionales invocados.

En cuanto al derecho, afirma que los hechos investigados están contemplados expresamente en el art. 6 letra d) del DFL N°2/1998, modificado por la Ley N° 21.128 conocida como “Aula Segura”, como aquellos que afectan gravemente a la convivencia escolar y que por su entidad puede ser sancionado con la cancelación de matrícula o expulsión.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso.

A folio 19 informó la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de O’Higgins que el alumno cuenta con matrícula vigente en el establecimiento educacional denominado nombre reservado. Sin perjuicio de lo anterior, y considerando que el estudiante fue expulsado y posteriormente retirado del establecimiento educacional Colegio nombre reservado, con fecha 1 de diciembre de 2025, corresponde señalar que no fue promovido a 7° básico para el año académico 2026. Por esta razón, aun cuando figura una matrícula por asignación y aceptación de vacante a través de la plataforma Anótate en la Lista para el nivel de 7° básico, dicha matrícula no puede ser validada ni mantenida, dado que no se ajusta a la situación académica real del estudiante. En consecuencia, el apoderado deberá realizar nuevamente el registro en la plataforma “Anótate en la Lista”, esta vez seleccionando el nivel 6° básico, que corresponde al nivel que debe cursar según la información académica disponible.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2.- Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por la recurrente, corresponde a la cancelación de matrícula y expulsión de su hijo del colegio recurrido, medida que estima no se ajusta a derecho y resulta además desproporcionada, por cuanto nombre reservado, quien cursa sexto año de enseñanza básica, mantiene la condición de TEA, y ha sido objeto de acoso y discriminación por ello. 3.- Que, informando el establecimiento educacional recurrido, solicitó el rechazo del recurso, ya que la expulsión del alumno en favor de quien se recurre se adoptó en la forma prescrita en la ley y el Reglamento de Convivencia Escolar, luego de un debido proceso que fue originado en las causales graves que ameritan dicha sanción y adoptando los resguardos necesarios al respecto. 4.- Que, cabe tener presente que el artículo 6 letra d) del D.F.L. N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Aula Segura N°21.128 de 27 de diciembre de 2018, regula la aplicación de la medida de expulsión o cancelación de matrícula, precisando que ésta sólo puede adoptarse en base a las causales claramente descritas en el reglamento, -las que, en general, deben afectar gravemente la convivencia escolar- y mediante un procedimiento previo, racional y justo que deber estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 5.- Que, resulta relevante destacar que el establecimiento recurrido cuenta con un Reglamento Interno, en el cual se regulan diversos aspectos de la convivencia escolar, dentro de los cuales se encuentra la tipificación de conductas que constituyen faltas, estableciéndose además las sanciones que resultan pertinentes a cada una de ellas y el procedimiento a seguir cuando se requiera su aplicación. 6.- Que, en el caso de autos, aparece que las normas antes mencionadas fueron seguidas por el establecimiento educacional, pues resultó establecido que el alumno alteró gravemente la convivencia escolar, infringiendo su reglamento interno, que trata detalladamente la medida de expulsión, aplicando la sanción cuestionada, la que se encuentra dentro de la normativa señalada.

En tal sentido, la ley sobre aula segura indica en lo pertinente que: “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”, hipótesis que se dan en la especie conforme a los antecedentes que se acompañaron a la causa, siendo particularmente relevante, el haberse verificado hechos reiterados de violencia física, psicológica y sexual, en perjuicio tanto de menores de edad, así como de adultos que laboran en el establecimiento recurrido. 7.- Que, a lo anterior se agrega, que la apoderada recurrente tuvo acceso al procedimiento sancionatorio, en el que fue oída en el marco de la aplicación de la sanción, teniendo incluso la oportunidad de recurrir de ella a la autoridad máxima del establecimiento. 8.- Que, a su vez, en relación con la arbitrariedad, resulta necesario destacar que, de los antecedentes aportados en el informe, aparece que la decisión impugnada obedeció al comportamiento grave del alumno, como fue portar elementos prohibidos, como armas blancas; insinuaciones sexualizadas a niños de segundo y tercer año de enseñanza básica en las dependencias sanitarias; agresiones físicas reiteradas en la cabeza a una compañera, en conocimiento de la condición y patología que la afectaba en dicha zona, entre otras agresiones físicas; reiterados malos tratos a compañeros y profesores; entre otras conductas, detalladas todas en la hija de vida del alumno, razón por la cual dicha decisión resulta razonable y proporcional a las reiteradas faltas imputadas al estudiante, que tuvieron el carácter de graves y gravísimas, demostrando un incumplimiento de la normativa escolar que afectó de manera importante a alumnos menores de edad del colegio, no obstante que la institución educacional realizó diversas acciones para apoyar al alumno en su proceso, como permitir que termine el año escolar bajo ciertas condiciones y proveer acompañamiento psicológico y de orientación, entre otras acciones, medidas que sin embargo no tuvieron el resultado esperado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Sin perjuicio de lo anterior, ofíciese a la Secretaría Regional Ministerial de Educación a fin de que dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 18° del artículo 6° letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, si es que aún no se hubiere verificado, en cuanto dispone que dicha repartición “velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar”.

Cúmplase el oficio ordenado por la Sra. Secretaria de esta Corte, al cual deberá adjuntarse el e-book de la presente causa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 2003-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.