nombre reservado con PREFECTURA DE CARABINEROS DE CHILE CACHAPOAL

Rancagua, catorce de febrero de dos mil veinte Vistos:

Que, en estos antecedentes, mediante resolución de fecha 3 de diciembre de 2019, se ordenó la acumulación de los recursos de protección, Roles 19.992-2019, 20.022-2019 y 20.068-2019, que en lo medular, se sustentan en hechos similares a los que se denuncian en el actual recurso.

En el presente ingreso, con fecha 11 de noviembre de 2019, comparecieron nombre reservado y María Soledad Pezo Elgueta, abogados, quienes interponen recurso de protección, en su favor y en beneficio de los siguientes ciudadanos “movilizados”: nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, mismo domicilio anterior; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado: nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, Villa Profesor nombre reservado; nombre reservado domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado. Rancagua; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, mismo domicilio anterior; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Machalí y de todos los habitantes afectados y expuestos al riesgo en esta región, deduciendo recurso de protección en contra del Intendente de la Región de O’higgins, representado por Juan Manuel Massferrer, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Rancagua y del General de Zona de Carabineros De Chile, Del Libertador de O´Higgins, General nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Fundan su acción en que son hechos públicos y notorios que Chile está “movilizado” y que abundan las denuncias de abusos policiales contra la población civil.

Así, la utilización de escopetas de balines y carabinas para bombas lacrimógenas, han causado gran cantidad de lesionados que van desde laceraciones en distintas partes de sus cuerpos, perdidas de globos oculares, ceguera y fracturas de cráneos, cuestiones de pública notoriedad, hechos concretos y objetivos.

Que, ante la disparidad de criterio de la autoridad administrativa encargada del control del orden interno y la autoridad policial competente, respecto a la utilización de estos elementos sobre la población y no existiendo certeza jurídica, incluso sobre la legalidad de la utilización de estos dispositivos, especialmente químicos, hacen que tanto los recurrentes como los beneficiados y la población en general se encuentre en una exposición al riesgo constante en su integridad fisca y mental, con el solo hecho de circular por cualquier calle o avenida, además afectando su derecho a reunirse pacíficamente.

En cuanto a los hechos ocurridos en la ciudad de Rancagua y que fundamentan el recurso, refieren que durante la tarde del día 8 de noviembre de 2019 y madrugada del día 9 del mismo mes y año, así como también en la tarde de aquel día y madrugada del 10 de noviembre, Carabineros ha procedido a reprimir manifestantes en el centro de Rancagua, mediando uso de escopetas con balines de gomas, bombas lacrimógenas lanzadas por carabinas, así como también dispositivos de mano en grandes zonas residenciales. En razón de ello, un número indeterminado de personas resultó con heridas por disparos de balines de goma. Se suma a lo anterior que debido a las características del gas lacrimógeno, éste se esparce rápidamente por el viento, a diversas zonas, y volviendo a su estado sólido en forma de polvo continúa por días surtiendo sus efectos tóxicos. Así, su utilización ha afectado no sólo a manifestantes, sino también a trabajadores, transeúntes, menores de edad, adultos mayores y conjuntos habitacionales, provocando preocupación y caos en la población.

Agrega que han podido constatar desde el inicio de las movilizaciones, los siguientes hechos: 1) que Carabineros, no ha actuado conforme a los protocolos internos, utilizando armamento de conocida peligrosidad para la vida de las personas, como medio de tormento y no para dispersar manifestaciones violentas como ultima ratio. 2) que Carabineros de manera indiscriminada, arbitraria y brutal ha utilizado escopetas para disparar balines de gomas y mediando Carabinas dispara gases lacrimógenos tóxicos, disparados incluso a quemarropa contra personas reunidas, o en marchas en distintas horas del día ejerciendo pacíficamente su derecho constitucional a manifestarse c) que se ha procedido a sitiar durante horas zonas completas de la ciudad por fuerzas especiales, donde se utilizan las armas antes dichas.

Consideran que aparece un problema de vulneración de la reserva legal en materia de gas lacrimógeno.

En relación a los efectos para la salud y el medio ambiente de los gases lacrimógenos, expresan que La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en su artículo 2º, letra d), establece que un agente contaminante es “todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”. A la luz de dichas definiciones, los gases lacrimógenos son un contaminante cuya utilización vulnera el procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado por la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, por lo que debería someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental.

Concluyen los recurrentes que: 1) Carabineros está autorizado por la ley de Control de Armas para usar gases lacrimógenos, previa promulgación de una ley que reglamente su uso. 2) Carabineros tiene un protocolo para el uso de dispositivos químicos, como los gases lacrimógenos, que restringe su uso. Este protocolo está contenido en los Protocolos de Intervención para el Mantenimiento del Orden Público, publicado en el Diario Oficial el 4 de marzo de 2019, el cual no se cumple al momento de utilizar tales dispositivos químicos. 3) Carabineros en más de una ocasión no ha observado estos protocolos causando temor y afectación en la salud de la población, especialmente en niños y jóvenes. 4) Carabineros en un actuar ilegal y arbitrario ha utilizado estos gases disuasivos sobre personas detenidas en sus dependencias, cuestión que ha sido sancionada y acogida de protección en todos las Cortes del país. 5) La normativa interna, “Protocolos”, no cumplen con la exigencia de ser ley de quórum calificados para tener plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario que denuncia, señala que está dado porque Carabineros: 1º. No vela por la protección de la seguridad y derechos de las personas que formaban parte de las manifestaciones. No resguarda siquiera a las niñas, niños, adolescentes, ancianos y discapacitados que se encontraban o residen en los lugares ya señalados. 2º. La desobediencia o inobservancia a la ley es un elemento que envuelve el actuar ilegitimo de Carabineros. 3º. Carabineros de Chile como una constante ha ejecutado medidas disuasivas mediante el uso desproporcionado de gases y bombas lacrimógenas e incluso ejecutó disparos de balines. En ningún momento la policía adoptó medidas menos dañinas antes de disolver cualquier tipo de manifestación. 4º. El uso de la fuerza fue utilizado como primera medida policial. No pudieron constatar ningún hecho que pudiera justificar que Carabineros de Chile, sin dar aviso ni señal, comenzará a ejercer, sin ninguna discriminación, fuerza sobre todas y todos quienes se encontraban en los lugares donde ejerció su control. No estando permitido este tipo de acciones policiales, por lo que resulta a todas luces ilegal el acto que Carabineros de Chile ejecutó el día 9 de noviembre de 2019.

Por todo lo anterior consideran que se ven afectadas las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, 13, 8, 9, 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicitan:

1. Decretar que el protocolo de la circular N°1.832, de 1 de marzo de 2019, publicada en el Diario Oficial el 04 de marzo del presente año, titulada “Uso De La Fuerza: Actualiza Instrucciones Al Respecto, Del Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública”, de la Subsecretaría del Interior / División Carabineros, Carabineros de Chile, Dirección General, y de la Orden General No 2635, de 1 marzo 2019, emitida por Carabineros de Chile, Dirección General, contiene los Protocolos para el Mantenimiento Del Orden Público: Aprueba Nuevo Texto Y Deroga Normativa Que Indica, no suple la ausencia de ley de quorum calificado sobre la materia, por lo que no puede ser considerada como un mecanismo de control de la acción de carabineros.

2.- Disponer que se suspenda el uso de balines de goma y la utilización de gases lacrimógenos en la forma que han sido utilizado por el personal de Carabineros, puesto que atenta contra las garantías constitucionales ya señaladas, tanto de los requirentes y los beneficiarios, por cuanto constituyen un acto ilegal y arbitrario, que, además:

• Contraviene los protocolos internos de la propia Institución, sobre Intervención para el Mantenimiento del Orden Público.

• Por cuanto adolece de autorización Sanitaria del Instituto de Salud Pública para su utilización sobre las personas.

3. - Que se ordene resarcir el daño al medioambiente ordenando que se realice por los recurridos un plan de descontaminación de áreas afectadas, 4, Cualquier otra medida que SS. Iltma, crea eficaz para cumplir con los objetivos del recurso de amparo.

5. Que, se condene en costas.

En subsidio, declarar que Carabineros deberá abstenerse de usar elementos disuasivos de manifestaciones, inhibiéndose de utilizar lanzar gases lacrimógenos o químicos en general en contra de personas individuales, agrupadas o que puedan afectar el medio ambiente, así como también de la utilización de escopetas con balines de goma, mientras los recurridos no instruyan a sus tropas sobre el acatamiento irrestricto y repaso diario del Protocolo de la Circular Núm. 1.832, de 1 de marzo de 2019, publicada en el Diario Oficial el 04 de marzo del presente año, titulada “Uso De La Fuerza: Actualiza Instrucciones Al Respecto, Del Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública”, de la Subsecretaría del Interior / División Carabineros, Carabineros de Chile, Dirección General, y de la Orden General No 2635, de 1 marzo 2019, emitida por Carabineros de Chile, Dirección General, contiene los Protocolos Para El Mantenimiento Del Orden Público: Aprueba Nuevo Texto Y Deroga Normativa Que Indica, y disponer que los recurridos ordenen el cese del uso de armas para lanzar el gas o balines de goma en comento, en manifestaciones públicas que se verifiquen en la Región de O´Higgins, en cualquier oportunidad.

Se declaró admisible el recurso y se solicitó informe a los recurridos.

Con fecha 03 de diciembre de 2019, se dictó una resolución, que ordenó que se acumularan a estos autos los recursos de protección Rol 19.992, 20.022, 20.068, todos del año recién pasado, por tratarse de los mismos hechos y entre las mismas partes.

Respecto al recurso Rol Ingreso Corte: 19.992-2019, con fecha 12 de noviembre de 2019 comparecieron nombre reservado,; nombre reservado; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado,; nombre reservado, nombre reservado,; nombre reservado,; nombre reservado, todos estudiantes de la Universidad de O´Higgins, todos domiciliados para estos efectos en domiciliados en la sede de la universidad, ubicada en: Libertador Bernardo O'Higgins 611, Rancagua, y el Rector de esa casa de estudios, don nombre reservado (no se señala segundo apellido), mismo domicilio indicado por los anteriores recurrentes, quien comparece en el desempeño de sus funciones de tutela del conjunto de su comunidad universitaria incluyendo estudiantes y funcionarios(as) académicos (as) y no académicos(as), deduciendo recurso de protección en contra en contra de Carabineros de Chile representada por su General Director, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Los recurrentes señalan que participarán en marchas y tienen el , el razonable y legítimo temor de que, en el marco de esas manifestaciones pacíficas y sin armas, se viole gravemente su integridad física y psíquica e incluso se perturbe el mismo derecho de reunión del que constitucionalmente gozan, pudiendo ocasionárseles mutilaciones oculares, así como otro tipo de lesiones corporales de considerable gravedad por parte de Carabineros Estiman que existen amenazas ciertas en el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la integridad física y psíquica y de perturbaciones al derecho a la reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, garantizados por el artículo 19, números 1 y 13 de la Constitución.

Deponen que ha habido una práctica reiterada de uso de armas de fuego contra manifestantes, con graves daños a su integridad, existiendo el riesgo cierto de que ello se reitere en futuras manifestaciones. Agregan, que El 13 de noviembre de 2018, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictó el Decreto N°1.364 que “Establece Disposiciones Relativas al Uso de la Fuerza en las Intervenciones Policiales para el Mantenimiento del Orden Público” (publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2018, “Decreto 1364” o “Decreto”). En dicho Decreto, se establecieron los lineamientos generales para el uso de la fuerza en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, de cuyas reglas colige acerca de la necesidad del uso proporcional y razonable de los elementos disuasivos.

Señalan que la institución recurrida ha reconocido la ilegalidad de su actuar y la afectación a los derechos fundamentales, así como su intención de continuar utilizando las medidas que se denuncian en la presente acción, avalando entonces la procedencia de esta acción cautelar y de emergencia.

Solicitan que se asegure de inmediato el imperio del derecho, por la vía de acogerse esta acción de protección y que S.S. Iltma. tenga a bien ordenar a Carabineros de Chile, en atención a la ilegalidad, arbitrariedad y falta de razonabilidad que ha manifestado hasta la fecha en el uso de las armas que hemos referido, considerando especialmente su poder lesivo, para que no se materialice en las subsiguientes manifestaciones la perturbación y amenaza de garantías que justificadamente tememos, que se abstenga por completo de usar en el marco de esas manifestaciones escopetas “antidisturbios” que lanzan balines y; en subsidio, que se suspenda por parte de Carabineros el uso de esas escopetas mientras no (i) se dicte por dicha institución una nueva normativa que regule su uso en estricta sujeción a nuestra Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos; (ii) se informe exhaustivamente a esta judicatura acerca de esa normativa así como de las medidas de capacitación sustantiva que haya desarrollado para que la misma sea efectivamente respetada por los funcionarios de Carabineros; y en todo caso, (iii) se informe en detalle a S.S. Iltma, acerca de qué tipo de elementos de disuasión usará específicamente Carabineros en las manifestaciones sucesivas que se desarrollen, con costas.

En relación al recurso Rol 20.022-2019, con fecha 12 de noviembre de 2019, comparecen nombre reservado y Ricardo Galaz Moreira, abogados, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Carabineros de Chile , con domicilio en domicilio reservado, y en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Señalan que es un hecho público y notorio que el uso indiscriminado de balines y de gas lacrimógeno no sólo afecta a quienes detentamos el derecho constitucional de protestar, sino que además afecta a todos los peatones y ciudadanía que transitan por el lugar. No es posible que ejercer este derecho condicione el desplazamiento libre por la ciudad, además de ser imposible y nocivo respirar sumado al riesgo de quedar con trauma ocular por este uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios.

Manifiestan que se ha vulnerado, privado y amenazado su derecho de protestar, su derecho de manifestarse pacíficamente, además de su derecho al libre tránsito, a su seguridad individual y al derecho de su persona y de toda la población de vivir en un ambiente libre de contaminación.

Finalizan pidiendo que se ordene a la recurrida la detención inmediata de uso de balines y otros medios represivos como cargas de electricidad entre otros, además se ordene la prohibición de utilizar indiscriminadamente el uso de lacrimógenas y la limpieza inmediata de la ciudad de estos gases, y demás medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tendientes a asegurar la debida protección de sus derechos constitucionales, todo con costas del recurso.

Respecto al recurso Rol 20.068-2019, con fecha 13 de noviembre de 2019, comparece nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Carabineros de Chile domiciliado en domicilio reservado, Santiago y del Ministerio del Interior y Seguridad Publica con domicilio en domicilio reservado.

Manifiesta que es de público conocimiento que en el último mes, el descontento social en nuestro país se ha traducido en importantes manifestaciones a lo largo del país y en la región.

Sin embargo, a pesar de tener una labor de seguridad, en algunas ocasiones el actuar de Carabineros ha sido desmedido, cosa que ha podido presenciar, cosa que resulta evidente ante las cientos de denuncias que se han difuminado por redes sociales y las querellas que ha ingresado el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En forma especial, se refiere al uso indiscriminado que la fuerza policial le ha dado específicamente a los perdigones de goma y las bombas lacrimógenas, ya que dichas herramientas policiales afectan también a quienes se encuentran protestando de manera pacífica, sufriendo privación y amenaza de su derecho de protestar, a su derecho de manifestarse pacíficamente, además de su derecho al libre tránsito, a su seguridad individual y al derecho de su persona y de toda la población de vivir en un ambiente libre de contaminación.

Finaliza pidiendo que se ordene a los recurridos detener inmediatamente el uso de balines y otros medios represivos como cargas de electricidad entre otros, además se ordene la prohibición de utilizar indiscriminadamente el uso de lacrimógenas y la limpieza inmediata de la ciudad de estos gases, y demás medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tendientes a asegurar la debida protección de mis derechos constitucionales, todo con costas del recurso.

Que, con fecha 06 de diciembre de 2019, comparece don Octavio Pérez Donoso, abogado en representación de Carabineros de Chile, quien acompaña oficio N°134, de fecha 04 de diciembre de 2019, el que contiene el informe requerido en recurso de protección ROL 20.068-2019, solicitando el rechazo del mismo. Señala que existen defectos en el recurso, toda vez que el mismo debe interponerse ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el acta u omisión arbitrario o ilegal, y el recurrente no especifica en qué lugar ocurrieron las eventuales vulneraciones, las que al parecer se habrían verificado en distintos lugares del país, esto es relevante, toda vez que no se puede establecer si esta Corte es competente o no.

En cuanto a los hechos que motivan la intervención de Carabineros, refiere que el 18 de octubre de 2019, se produjo un estallido social en gran parte del país. Esa misma noche se produjeron saqueos y se atacaron y destruyeron instalaciones públicas en distintas ciudades del país. Esos actos de vandalismo que hasta el día de hoy continúan sumados a violencia desmedida y graves alteraciones al orden público.

En cuanto a la normativa que fundamenta y justifica el actuar de Carabineros, refiere que el recurrente indica que aquel ha sido desmedido, principalmente por el uso indiscriminado de los perdigones de goma y bombas lacrimógenas. No obstante la acción de protección no hace alusión si quiera a una situación, que pudiese permitir a Carabineros evacuar el informe solicitado, por cuanto no existen hechos concretos y particulares en este territorio jurisdiccional.

En cuanto al supuesto actuar arbitrario e ilegal, para garantizar y mantener el orden público, la Institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad cuando aquel ha sido quebrantado. En este último caso, dependiendo del caso se utiliza la fuerza necesaria según lo dispuesto en el DA 1364 del año 2018, la circular N°1832 del año 2019 y la Orden General N°2.635 del año 2019. Además se ajusta al estándar internacional que fijan “el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” que en su artículo 3° dispone que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” y los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, específicamente en su numeral cuarto.

Refiere que la Orden General N°2635, contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, y se estructura en 4 escenarios: a) resguardo del derecho a manifestación; b) restablecimiento del orden público; c) desalojos, y d) procedimientos con infractores de ley, además regula el trabajo con distintos organismos y su anexo uno contempla los elementos que pueden utilizarse para este fin, según la siguiente clasificación: primaria (dispositivos, armas y/o munición no letal o menos letal), secundaria (armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño), terciaria (armas largas) y, cuarta (armas de apoyo de alto poder de fuego).

Hace presente que el empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención depende del tipo de manifestación, tal como consta en anexo N°2. Luego, agrega que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Estos mecanismos se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N°2635 ha definido, ello supone un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias.

En cuanto a la escopeta antidisturbios su uso procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes y personal de Carabineros, circunscribiéndose a muchedumbres violentas y agresivas. Por su parte, el gas lacrimógeno está concebido para controlar muchedumbres violentas y agresivas como las que han operado hasta ahora, es decir, individuos que provocan incendios, saquean propiedad pública y privada, y causan graves alteraciones a la tranquilidad de la comunidad, cumpliendo la Institución con el mandato de resguardar el orden y seguridad pública. Este elemento químico, refieren, ha sido efectivo, no constatándose casos con consecuencias letales para quienes se haya visto expuesto, toda vez que los fabricantes deben seguir normas específicas y en concentraciones mínimas que eliminan el riesgo letal. Entonces, las bombas lacrimógenas no son letales (con un uso adecuado y personal capacitado), de efecto rápido y los síntomas se disipan en breve tiempo al cesar la exposición.

Los últimos acontecimientos provocaron un aumento significativo de acciones violentas y su frecuencia se multiplicó, viéndose el personal policial expuesto a agresividad sólo con elementos disuasivos que se utilizan en forma progresiva.

Por su parte la escopeta está categorizada como un arma no letal y su uso constituye una reacción que sólo busca restablecer el orden y la seguridad, pero en ningún caso su objetivo es poner en riesgo la vida de las personas.

Manifiesta que el uso del gas lacrimógeno o de la escopeta antidisturbios en ningún caso puede considerarse un actuar arbitrario, porque obedece a criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que se ha determinado por medio de instrumentos jurídicos que regulan la materia.

Hace presente que la Institución está actualizando el protocolo de mantenimiento de orden público y desde ya se ordenó que la escopeta antidisturbios sólo pueda ser usada ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal ante agresiones y previo al uso de las armas letales. Además el funcionario portará una cámara que grabará la forma como fue empleada. Otro tanto ocurre con los gases lacrimógenos.

En cuanto a los derechos fundamentales cuya vulneración se reclama el libelo del recurrente aborda el tema de manera muy superficial, pero en ningún modo se han visto vulnerados tales derechos y la actuación de Carabineros ha sido apegada a la norma.

Concluye que la escopeta sólo se ha utilizado para contrarrestar el actuar de personas que provocan graves desórdenes o atacan a otras personas o a Carabineros. Atendido que se ha cuestionado la composición de los balines, como medida de prudencia se ha determinado por la máxima autoridad de la Institución suspender su uso a partir del 19 de noviembre de 2019, al igual que las armas de fuego, quedando sólo como una medida extrema cuando haya un peligro inminente de muerte. Actualmente sólo se puede utilizar el diálogo, el cañón de agua y los gases lacrimógenos y en ningún caso su finalidad es atacar a quienes participan en marchas pacíficas, a quienes la Institución está obligada a proteger.

Finaliza haciendo presente lo resuelto por la Iltma. Corte de apelaciones de Temuco, que concediendo orden de no innovar prohibiendo el uso de escopetas antidisturbios, ha permitido que dicho elemento sea utilizado cuando exista peligro para el personal de la institución (ROL 17.815-2019)

Con fecha 06 de diciembre de 2019 comparece don Carlos Flores Larraín, abogado en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evacuando el informe pertinente. En primer lugar, manifiesta que el mismo libelo cuyo rol es 20022-2019, ha sido presentado por los recurrentes en distintas Cortes del país, sólo cambiando el domicilio.

Agrega que no hay una referencia expresa a una conducta de esa Secretaría de Estado que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por parte de los recurrentes y que puedan ser remediadas a través de esta vía cautelar.

En efecto, de acuerdo a los términos del artículo 1 de la Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el servicio, es el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en los asuntos relativos al orden público y a la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias. Además, el artículo 3 letra b) del cuerpo normativo en comento dispone que, entre sus atribuciones, se encuentra la de velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.

Así las cosas, esa Secretaría de Estado, cuenta con facultades y competencia en lo relativo a la mantención del orden público en el territorio nacional, y las ha ejercido cumpliendo sus compromisos en la materia. En efecto, mediante el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de ese mismo año), se establecieron los lineamientos generales y perentorios sobre el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, todos ellos, en armonía con los principios vigentes del derecho internacional que disciplinan la materia.

Por su parte, con el objeto de verificar que la normativa interna de Carabineros de Chile, diera cumplimiento a los lineamientos generales establecidos en el citado Decreto Supremo N° 1.364; se estableció en su artículo segundo que, dicha institución policial debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes, dentro del plazo de noventa días corridos, disponiendo la publicación del instrumento final en el Diario Oficial. Así, con fecha con fecha 4 de marzo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial dos instrumentos dictados por Carabineros de Chile, en cumplimiento de lo instruido por esta Cartera, a saber: (i) la Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, que actualiza las Instrucciones sobre el uso de la fuerza, y (ii) la Orden General N° 2.635, también de 1 de marzo de 2019, que aprueba los nuevos Protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público.

Propone que en otro orden de ideas, en el libelo de autos, no se hace tampoco referencia expresa y determinada a una actuación concreta de personal operativo de Carabineros de Chile, sino que, a actuaciones genéricas de dicha policía en la zona y resto del país.

Al respecto, no cabe sino concluir que las situaciones expuestas en la acción de protección de autos, podrían enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe personalmente a cada uno de los funcionarios que hayan incurrido en los hechos que se mencionan; pero de ninguna manera, es el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus labores operativas relativas a garantizar y mantener el orden público y la seguridad interior en todo el territorio de la República.

Agrega que no concurre circunstancia alguna que remediar mediante la presente acción judicial, sin perjuicio de los demás mecanismos que el ordenamiento jurídico nacional ofrece a los recurrentes para satisfacer sus pretensiones, mediante un juicio de lato conocimiento.

Que, en ese marco, el recurso de protección no puede ser sede para debatir respecto de la responsabilidad del Estado por el exceso que eventualmente hayan cometido sus agentes, ni la responsabilidad administrativa o penal de. Reitera que si se denuncia una trasgresión a tales protocolos o, derechamente, la comisión de un ilícito, se debe accionar por las vías correspondientes, y no por el arbitrio constitucional del artículo 21 de la carta Constitucional.

En otro orden de ideas, plantea la falta de oportunidad de la acción constitucional de autos, toda vez que, en esencia su pretensión principal ya ha sido satisfecha, toda vez que el día martes 19 de noviembre, comunicó a la ciudadanía en un punto de prensa que, respecto del uso de escopeta antidisturbios con munición no letal, “como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”.

Por su parte, en lo que dice relación con la solicitud consistente en prohibir o limitar la utilización indiscriminada de “bombas lacrimógenas”; cabe evidenciar que, el uso de disuasivos químicos se encuentra limitado en el ordenamiento jurídico nacional, bajo ciertos y razonables supuestos, los que Carabineros de Chile debe cumplir y observar atentamente, en el ejercicio diario de su función de control de orden público.

En este mismo sentido, cabe añadir que la petición contenida en el libelo de los recurrentes, en caso de acogerse en los términos planteados, condicionaría gravemente el actuar de Carabineros, incidiendo directamente en el ejercicio de las facultades que detenta dicho servicio y que dicen relación con su deber de garantizar y mantener el orden público, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico nacional.

A mayor abundamiento, se establecería una imposibilidad absoluta a Carabineros de cumplir en cuanto a sus atribuciones constitucionales y legales, incidiendo ello directamente en las facultades que dicho servicio tiene en cuanto a garantizar el orden público en los términos previstos por el derecho, afectando ello no solo la seguridad de su personal, sino que también a todos los habitantes de la región respectiva.

Finalmente refiere que debe rechazarse la acción por no haberse acreditado, ni siquiera mínimamente, cómo se estarían afectando por dicha Secretaría de Estado los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, no haciéndose tampoco una referencia a la relación de causalidad entre los hechos relatados y el actuar del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Que, con fecha 03 de enero de 2020 consta oficio respuesta remitido por el Sr. Director del Hospital Regional de esta ciudad, que informa los ingresos desde el día 18 de octubre de 2019 al 2 de enero de lesiones de balines e impactos de lacrimógenas en rostro y cuerpo.

Con fecha 03 de enero de 2020, consta oficio remitido por la VI Zona de Carabineros Libertador Bernardo O´Higgins, en respuesta a la solicitud de remisión de la ficha técnica donde consta la composición de los balines utilizados. Se señala que los perdigones son de goma y se recomienda disparar desde la cintura hacia abajo y sobre los 30 metros hacia el objetivo.

Con fecha 07 de enero de 2020 se acompaña por parte del abogado de Carabineros de Chile, Resolución Exenta N° 6023, de fecha 31 de diciembre de 2019, de la Seremi de Salud Región de Bio Bio, que decretó a Carabineros, entre otros “abstenerse de ejecutar acciones disuasivas con elementos químicos en zonas cerradas o con poca ventilación, evitando así generar ambientes saturados por estas sustancias ante la eventualidad de que puedan existir expuestos por largos periodos de tiempo” y “la utilización de sustancias químicas disuasivas sólo deberá utilizarse por tiempos acotados en forma esporádica”.

Que, con fecha 28 de enero del año en curso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, remitió la estadística a nivel regional, respecto a lesionados en manifestaciones populares. Añade información respecto a las querellas presentadas por dicho organismo.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Que según lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el acto o la omisión arbitraria o ilegal con capacidad de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de un derecho garantizado y protegido constitucionalmente es uno de los supuestos ineludibles de procedencia del recurso- cuya finalidad es obtener que se adopten las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

2.- Que, como se desprende de lo recién expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho o bien, arbitrario, es decir, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, siendo símil a una carencia de razonabilidad, vulnerando de esta manera una o más de las garantías protegidas a través de la presente vía.

3.- Que, en los casos que nos convocan, la imprecisa exposición de los hechos que se contienen en los recursos impetrados, impiden efectuar el debido análisis de los actos sometidos a conocimiento de esta Corte, que permitan elucidar la efectividad de cumplirse los requisitos de procedencia de la acción e indefectiblemente llevan a su rechazo. En tal sentido, no se detallaron las circunstancias concretas y precisas del contexto en que se habrían sucedido los hechos denunciados, como por ejemplo, día, lugar y hora, todos elementos necesarios para realizar el examen de legalidad o razonabilidad que esta acción constitucional obliga.

4.- Que, la omisión en referencia, queda de manifiesto en el primero de los recursos, al que se le asignó el Rol N° 19.877-2019, por cuanto el texto del libelo expuso que los hechos ocurridos en la ciudad de Rancagua y que fundamentan aquel recurso, se refieren a que durante la tarde del día 8 de noviembre de 2019 y madrugada del día 9 del mismo mes y año, así como también en la tarde de aquel día y madrugada del 10 de noviembre, oportunidad, en que según los dichos de los recurrentes, Carabineros habría procedido a reprimir a manifestantes en el centro de esta ciudad, mediando uso de escopetas con balines de gomas, bombas lacrimógenas, por lo que un número indeterminado de personas habría resultado con heridas por disparos de balines de goma, agregando que el gas, al esparcirse producto del viento, afectó, no sólo a manifestantes, sino también a trabajadores, transeúntes, menores de edad, adultos mayores y conjuntos habitacionales. Así, los recurrentes, siendo de su cargo, no otorgaron los datos precisos acerca de los individuos cuyas garantías fueron supuestamente mancilladas.

5.- Que, luego, el resto de las acciones, se refieren, en lo medular, al peligro a la integridad de los recurrentes, los que al momento de participar en una manifestación pacífica, o bien transitar por la vía pública, debido a la utilización de los elementos antidisturbios por parte de Carabineros de Chile, podrían ser agredidos o afectados por aquellos elementos disuasivos.

6.- Que, si bien, una de las hipótesis de procedencia que contempla el recurso de protección, es la de amenaza de las garantías constitucionales de quienes recurren, dicha hipótesis debe cumplir con ciertos requisitos que la hagan plausible. En tal sentido, los recursos deducidos no logran satisfacer el cumplimiento de los requisitos en comento, por cuanto la forma en que los distintos actores detallan el modo en que el obrar de los recurridos podría afectarlos, se basa en meras potencialidades, de cuya efectividad no se acompañó ningún dato concreto o preciso, lo que impide de cualquier manera adoptar una medida de resguardo efectiva de los intereses de las personas que recurrieron.

7.- Que, sin perjuicio de los razonamientos recién expuestos, los que en todo caso bastan para el rechazo de las acciones, y considerando que los recursos de protección, tienen como denominador común, el cuestionar el obrar de Carabineros, resulta necesario referirse al actuar de dicha institución.

El uso de la fuerza legítima, se entregó constitucionalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para el resguardo, mantención y restablecimiento del orden público. En particular, la normativa que rige a Carabineros de Chile, contiene disposiciones precisas que permiten, regulan y acotan las condiciones necesarias de utilización de los elementos antidisturbios.

8.- Que, la policía debe actuar de conformidad al Decreto N° 1364 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 4 de diciembre de 2018, sobre disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público y, a la Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, suscrita por el General Director de Carabineros de Chile, que trata sobre diversas materias y protocolos, y que en lo pertinente, regula el resguardo del derecho de manifestación, restablecimiento del orden público (en intervención en manifestaciones lícitas con autorización, manifestaciones lícitas sin autorización, manifestaciones ilícitas violentas, manifestaciones ilícitas agresivas), a su vez, trata sobre el restablecimiento del orden público y trabajo del vehículo lanza aguas, trabajo de vehículo táctico de reacción, empleo de disuasivos químicos, empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal) y empleos de armas de fuego y, los requisitos para hacer uso de cada uno de aquéllos.

9.- Que, los hechos denunciados en los distintos recursos, se sustentan en el uso indebido e incorrecto de los métodos disuasivos mencionados en el motivo anterior. Sin embargo, la responsabilidad por las eventuales infracciones a la normativa recién reseñadas, necesariamente deben ser asumidas por los autores de dicha transgresión, siendo necesario que tales hechos se determinen en la sede que corresponda según el procedimiento que en cada caso resulte pertinente.

10.- Que, por otro lado, se aprecia de lo informado, que parte de la pretensión de los recurrentes ha sido cumplida, desde el momento en que se indica en el informe evacuado por Carabineros de Chile, que se actualizó el protocolo de mantenimiento del orden público, ordenando a su personal que la escopeta antidisturbios y los gases lacrimógenos, sólo pueden ser usados ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal, ante agresiones que ponen en peligro su integridad. Además, en ese caso, el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo, portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia.

11.-Que, en consecuencia, atendida la actual regulación, debe entenderse que las garantías de los recurrentes se encuentran suficientemente protegidas, las que en todo caso, de verse amagadas, requieren el ejercicio de las acciones ordinarias que correspondan, lo que lleva al rechazo de los recursos, tal como se dirá.

12.- Que, finalmente, se debe hacer presente que, respecto al recurrido, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no hay una referencia expresa a una conducta de su parte que, prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por parte de los recurrentes y que puedan ser remediadas a través de esta vía cautelar, de lo que se colige que la presente acción tampoco puede prosperar a su respecto.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechazan los recursos de protección deducidos en estos antecedentes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Pairicán.

Rol Ingreso Corte 19.877-2019 acumulado a los Roles 19.992-2019, 20.022-2019 y 20.068-2019 Protección.

No firma la abogada integrante Sra. Latife, por no encontrarse integrando el día de hoy. No obstante de haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.