RECURRENTE: SOCIEDAD INGENIERIA Y CONCTRUCCIONES SANTA FE S.A. RECURRIDO: FISCALIZADOR DE LA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE CARDENAL CARO

Rancagua, ocho de septiembre de dos mil catorce.

Vistos:

Comparece a fojas 7 Gonzalo Ferrada Molina, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de la sociedad Ingeniería y Construcciones Santa Fe S.A., domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Gustavo González Ahumada, fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de la Provincia de Cardenal Caro, domiciliado en domicilio reservado.

Funda el recurso en que el recurrido concurrió el 15 de julio pasado a la oficina administrativa de la empresa ubicada en Litueche, oportunidad en que se la citó y requirió documentación, específicamente el Programa de Mantención de Maquinarias, el que en concepto del fiscalizador formaría parte de la documentación de higiene y seguridad de la empresa.

Aún cuando su parte estimó que no existía norma de carácter legal que justificara la exigencia formulada, ya que la mantención de los vehículos escapa al ámbito laboral, con el objeto de evitar conflictos y multas, su parte elaboró el referido Plan de Mantención que presentaron en la citación, sin perjuicio de ello, el recurrido de manera arbitraria e ilegal les informa que le cursará una infracción consistente en no implementar un formulario que contemplaba el plan creado, específicamente el formulario de mantención de vehículo. Se le hizo presente al fiscalizador que era imposible acompañar ese formulario ya que el plan se había recién elaborado y que por lo tanto aún no se efectuaba la mantención de ningún vehículo de la empresa, notificando a su parte que se cursó la multa N°1453/14/38 de fecha 23 de julio del año 2014 por “no proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores al no implementar el formulario PMP-003 (historial de mantención de vehículo) con las reparaciones correctivas efectuadas al equipo según consta en la página 4 del Plan de Mantención preventivo de vehículo y maquinaria.”

Esta actuación afecta su derecho de propiedad y es ilegal ya que se menciona como norma infringida el artículo 184 del Código del Trabajo, pero no cita norma de orden legal o administrativa que establezca la obligación de tener una empresa constructora un plan de mantención de vehículos ni menos un historial de mantención.

Agrega que la Dirección del Trabajo tiene un tipificador de infracciones que se encuentra en la página web el que constituye un catastro individualizando cada infracción con un número y letra, debiendo el fiscalizador que impone la multa indicar el código de la infracción pero en este caso eso no ocurre, por lo que dicha infracción es inexistente, siendo creada artificialmente por el recurrido, por lo que se está frente a una clara nulidad de orden constitucional al violentar el principio de legalidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Este acto además de afectar su derecho a la propiedad al sancionarla con una multa de $2.530.680, violenta el debido proceso ya que el fiscalizador al inventar una obligación de carácter laboral se ha arrogado facultades que no le corresponden, solicitando en definitiva que se acoja el recurso de protección disponiéndose que se anula la resolución de multa, con costas.

Acompaña formulario de comienzo de fiscalización y requerimiento de antecedentes, acta de constatación de hechos y resolución de multa.

A fojas 56 informa la recurrida que se recibió una denuncia en contra de la empresa ya que el camión cuenta con cabina en malas condiciones, no se encuentra con frenos adecuados, el espejo retrovisor está quebrado, la puerta trasera se abre y está dividida, cuando llueve se gotea la cabina del conductor, el alza vidrios no funciona, por ello se concurrió a la empresa que ejecuta labores en la conservación de caminos públicos, utilizando diversas maquinarias. En la fiscalización se revisaron dos camiones constatando que se encontraban en malas condiciones, solicitando a la empresa un plan de mantención, el que constituye una forma de verificación del estado general en que se encuentran los vehículos, indicando el prevensionista de riesgos que sí lo tenía pero en la casa matriz por lo que se solicita su exhibición para el día 17 de julio de 2014, presentándose ese día con un documento denominado “Plan de Mantención preventivo de vehículo y maquinaria”, el que indica que el Jefe de Mantención mantendrá actualizado el historial de mantención del vehículo con las reparaciones correctivas.

Se sancionó ya que la empresa no cumplió con su plan de mantención al no presentar el formulario con las reparaciones correctivas, y si bien cumple con el artículo 36 del DS 594 del año 1999 del Ministerio de Salud que “aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”, se constata que no lo estaba implementando, lo que aumenta la probabilidad de accidentes y riesgo para los trabajadores, no tomando las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida y salud, sancionando de acuerdo al artículo 506 del Código del Trabajo a una multa de 60 UTM.

Se constató que la sociedad es una gran empresa en función del número de sus trabajadores por ello se aplica dicha multa, encontrándose la dirección del trabajo dentro de la normativa legal.

Agrega que el tipificador de hechos infraccionales que indica el recurrente es una guía y apoyo para el procedimiento de fiscalización, pero no es taxativo, máxime cuando se sanciona por la norma genérica del artículo 184, además este recurso no puede ser la vía para recurrir sobre aspectos sustantivos de fondo cuyo conocimiento requiere de un lato procedimiento con etapas de discusión, prueba y recursos judiciales, y no consta un derecho indubitado y no disputado de la recurrente, más si se reclamó de la sanción impuesta mediante una reconsideración administrativa.

Refiere que el recurso de protección no cautela el derecho al debido proceso adoleciendo de una manifiesta falta de fundamento, además no se vislumbra la forma en que el fiscalizador pudo haber vulnerado ese derecho, tampoco ejerció actividades jurisdiccionales o legislativas ya que su actividad se limitó a ejercer sus funciones administrativas ante una denuncia realizada constatando el incumplimiento a la normativa legal. Indica que tampoco se ha vulnerado el derecho de propiedad ni al cursar la multa ni al declarar su reconsideración extemporánea, pudiendo la sociedad interponer los recursos administrativos que contempla la ley 19.880 o el artículo 512 del Código del Trabajo, por lo que en definitiva solicita se declare inadmisible el recurso de protección o se le rechace en todas sus partes, con costas.

Acompaña informe de fiscalización, acta de constatación de hechos, diversas actas, copia del plan de mantención presentado por la empresa, copia de tipificador de hechos infraccionales, entre otros.

A fojas 71, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es constitutivo de un instrumento cautelar destinado a resguardar de un modo urgente aquellas que estén amagadas para restablecer así el imperio del Derecho.

SEGUNDO: Que se ha argumentado en el recurso deducido que el acto ilegal y arbitrario que ha conculcado sus derechos, consiste en la multa aplicada a su parte por infracción a la normativa laboral, pero se debe considerar que el recurso deducido es una acción cautelar de carácter excepcional que pretende dar una respuesta rápida y en un procedimiento breve a situaciones que afectan algunos derechos fundamentales establecidos a favor de las personas, y en este caso, del informe evacuado por el recurrido y los antecedentes planteados por la recurrente, se advierte que la demandante no cuenta con un derecho indubitado que sea posible de resguardar a través de este recurso, situación que indefectiblemente debe ser resuelta en un procedimeinto en el que las partes puedan acompañar todos los antecedentes necesarios para su resolución determinando en dicha sede si incurrió o no en una infracción a las normas de carácter laboral o de higiene y seguridad, no siendo ésta la vía idónea para ello.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 7, sin costas.

Regístrese y archívese.

Rol Ingreso Corte 1982-2014- Civil- Protección Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro Titular Sr. Emilio Elgueta Torres, Fiscal Judicial Sra. Marcela de Orúe Ríos y el Abogado Integrante señor José Irazábal Herrera.

Hernán González Muñoz Secretario En Rancagua, a ocho de septiembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.