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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1974-202431 dic 2024

INVERSIONES LAS TRANCAS LIMITADA con TESORERIA REGIONAL Y OTROS

Fecha
31 de diciembre de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Rancagua
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 1974-2024, sentencia de 31 de diciembre de 2024

Resumen

Se acoge la protección y se ordena dejar sin efecto la devolución parcial, el giro y el cobro, por actuar el SII de forma arbitraria e ilegal al exigir sumas que el contribuyente no había recibido.

Texto íntegro

Rancagua, treinta y uno de Diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, por la sociedad de responsabilidad limitada Inversiones Las Trancas Limitada RUT RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de: don nombre reservado en su calidad de Director Regional, Tesorero Regional del Libertador Bernardo O’Higgins –en lo sucesivo TGR o Tesorería-; don nombre reservado, en su calidad de Jefe de la Sección Operaciones de la Tesorería Regional del Libertador Bernardo O’Higgins, ambos con domicilio en domicilio reservado; y doña nombre reservado, en su calidad de Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos Región del Libertador Bernardo O’Higgins –en lo sucesivo SII o Servicio-, con domicilio en domicilio reservado, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que con fecha 27 de Abril de 2023, la Directora Regional recurrida, dictó la RES. Ex N° 110, mediante la cual denegó la devolución solicitada por la recurrente, por $5.918.553, para el año tributario 2022, ordenando el giro de los impuestos que corresponde reintegrar.

Agrega que el 28 de Abril de 2023, el Servicio de Impuestos Internos procedió a emitir el giro de impuestos folio 8910585, y que, como fundamento para su emisión, en su glosa se indicó lo siguiente:

“Giro por reintegro según resolución N° EX. 110 del 27.04.2023 correspondiente a la devolución recibida el 30.05.2022 del crédito por pago provisional por impuesto de primera categoría de utilidades absorbidas solicitada en la declaración de renta año tributario 2022 según cheque N° [cuenta reservada] por la cantidad ascendente a $3.995.548 y segundo cheque N° [cuenta reservada] de fecha 12.08.2022 por $719.434, incluido el reajuste legal correspondiente en ambas devoluciones, conforme a lo dispuesto en el art. 24 del código tributario”

Relata que con fecha 8 de Marzo de 2024, presentó ante el Servicio de Impuestos internos una solicitud de RAF, (revisión de la actuación fiscalizadora), folio automático 83501, la que buscaba que la Directora Regional del SII de Rancagua, en uso de las facultades que le entrega el artículo 6 letra b número 5 del Código Tributario, modificara la Res. 110 antes citada, y ordenara dejar sin efecto el giro folio 8910585, por adolecer de error manifiesto y carecer de causa, lo que devenía en un enriquecimiento injusto.

Plantea que los fundamentos de dicha solicitud son los siguientes:

“Mediante Res EX 110 indicada se declara improcedente devolución solicitada y ordena giro de los impuestos que corresponda reintegrar. Por ello nace el giro 8910585 por monto de $4.714.982. No obstante, mi representada nunca recibió monto alguno y por lo tanto nada debe reintegrar. En efecto el giro y Res. Ex que originan esta acción argumentan que se emitió los cheques [cuenta reservada] por $3.995.548 y 1083602 por $719.934 y ello implicaría haber obtenido una devolución que se debe reintegrar, no obstante, la realidad es muy distinta, en verdad nunca se recibió devolución alguna.

Ambos cheques están caducados y en poder de la Tesorería de la República como consta de los comprobantes adjuntos a esta presentación. Siendo así, corresponde modificar la RES EX 110 del 2023 en la parte que dice que se gire, y dejar sin efecto el giro 8910585, por no existir sumas a reintegrar. Lo contrario importaría un enriquecimiento ilícito fiscal”

Añade que el SII ingresó su solicitud como una RAV, pero al detectar el error generó un nuevo folio automático N° 83776, expediente electrónico ID 7728305, citando a una audiencia para el día 27 de Marzo de 2024, en la que el SII le informa que si bien Tesorería les confirmó que los cheques señalados estaban caducados, les indicó que estaban ingresados a la espera que el contribuyente solicitara su reemplazo, a lo cual el recurrente les dijo que como ya se había dictado la Res 110, que no daba lugar a la devolución, ello le impediría solicitar el reemplazo de los cheques caducados, por lo que reiteró la solicitud de modificar la Resolución N°110 y anular el Giro folio N°8910585, sin embargo, con fecha 14 de Junio de 2024 el Servicio no dio lugar a lo solicitado.

A raíz de lo anterior, fue a la Tesorería Regional, con el objeto de buscar alguna solución al asunto, donde el Sr. Jefe de Operaciones le confirmó que fue él quien dio la interpretación de que la deuda tributaria existe, toda vez que se emitieron dos cheques, fundamento suficiente para mantener lo obrado.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección y en definitiva acogerlo en todas sus partes, ordenando traer a la vista la RAF folio automático número 83501 y 83776, y en mérito de lo expuesto, declarar la inexistencia de obligación tributaria alguna, y además ordene la correcta aplicación de las normas invocadas y se deje sin efecto el giro 8910585, con costas.

Informando la Tesorería General de la República, en primer término, alegó la extemporaneidad del recurso, pues dado que el giro N° 8910585, por reintegro, no se pagó por el contribuyente, generaron un expediente administrativo de cobro Rol 10127-2023 de la comuna de Olivar, el que fue notificado por cédula el día 27 de Febrero de 2024, recibiéndola persona adulta que se identificó como nombre reservado, recepcionista de la recurrente, quien además firma el acta. Es decir, el recurrente supo de manera fehaciente que se estaba cobrando ese giro en Febrero de este año, habiendo transcurrido más de cuatro meses hasta la interposición del recurso.

En cuanto al fondo precisa que, de acuerdo a las funciones entregadas por ley, la Tesorería no tiene injerencia alguna en la determinación de los impuestos, multas y demás créditos, los que quedan sujetos en cuanto a su origen y determinación al respectivo Servicio Público girador. En razón de lo anterior la Tesorería está obligada al cobro coactivo de todos los giros emitidos por el Servicio de Impuestos Internos y que se encuentran en mora de su pago, en virtud del cual inició el proceso de cobro del giro folio 8910585 en el expediente 10127-2023 de Olivar, respecto del cual se procedió a su notificación.

En lo relativo a la pretensión de la recurrente, señala que el artículo 31 del Decreto Ley N° 1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, prescribe que la Tesorería mediante el sistema de cuenta única tributaria (CUT), registrará todos los movimientos que por cargos o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudores del Sector Público por concepto de pagos, bonos, devoluciones, cobranzas compulsivas, eliminación y prescripción de sus deudas y el artículo 34 del mismo Decreto dispone que, por ello, está facultada para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante, los ingresos efectuados por éste con manifiesto error de hecho, y en los demás casos requerirá el informe favorable del organismo que emitió la orden de ingreso, para devolver, compensar o imputar las sumas erróneamente ingresadas.

Sin embargo, en el proceso de renta, cuando se solicita devolución de ésta, el monto a girar se hace con cargo a la cuenta única fiscal (CUF), y si se emitió un cheque y éste no es cobrado vuelve a la cuenta única tributaria del contribuyente mediante el giro de un formulario 10, los que quedan a disposición del contribuyente, por lo que el Fisco, en este caso la Tesorería, no puede eliminarlos, modificarlos o retirarlos para pagar otra deuda, salvo causa legal, como una compensación.

Agrega que, si bien es cierto, que el Servicio de Impuestos Internos a través de la RES. N° Ex. 110 de 27 de Abril de 2023 ordenó el reintegro de la devolución pedida del año tributario 2022, emitiendo el giro folio 8910585, y que tal como indica el recurrente los cheques que contenían estos montos de devolución nunca fueron cobrados, ya que fueron devueltos a la Tesorería, ésta no puede disponer sin causa legal de lo que ya está a disposición del contribuyente, salvo que en este caso, pidiera la revalidación de los cheques caducos, momento en el cual se procedería a compensar tal como prescribe la ley.

Luego, informa el Servicio de Impuestos Internos y alega, en primer término, la extemporaneidad de la acción, pues mediante la presente acción se pretende obtener que se dejen sin efectos las actuaciones del Servicio que determinaron el rechazo de la pérdida declarada y del PPUA y, consecuentemente, el reintegro de las cantidades respecto de las cuales obtuvo devolución, esto es, los correspondientes a la emisión del Giro N°8910585 y de la Resolución Exenta N°110, ambas realizadas en Abril del año 2023, y en relación con los cuales, el contribuyente interpuso, con fecha 31 de Mayo de 2023, reposición administrativa, la que fue resuelta el 12 de Octubre de 2023, por medio de la Resolución EX. OPAT 06.01 N°352, determinando no dar lugar a la solicitud del contribuyente.

Plantea que de lo anterior se colige que el contribuyente no pudo menos que tener conocimiento de lo resuelto administrativamente, por el Servicio, en Octubre de 2023, considerando, especialmente, que las devoluciones parciales, fueron generadas en los meses de Mayo y Agosto de 2022, y en base a esa circunstancia, se emitieron los actos recurridos, cuya consecuencia fue ordenar el reintegro de los dineros devueltos de forma improcedente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 24, del Código Tributario. De esta forma, a partir de los hechos descritos, cabe concluir que la presentación del recurso de protección resulta absolutamente extemporánea, por haber transcurrido, en exceso, el plazo de 30 días corridos para su interposición, contado desde el 12 de Octubre de 2023, fecha en la que consta, de manera indesmentible, que Inversiones Las Trancas Ltda. tomó conocimiento de los actos supuestamente vulneratorios, en atención a que se resolvió la reposición administrativa presentada en contra del Giro N°8910585 y de la Resolución Exenta N°110, de Abril de 2023.

Argumenta que la interposición posterior de Revisión de la Actuación Fiscalizadora, con fecha 21 de Marzo de 2024, nuevamente en contra de la Resolución Ex. N°110 y Giro folio N°8910585, de fecha 27 de Abril de 2023, y 28 de Abril de 2023, respectivamente, para obtener posteriormente la Resolución Ex. OPAT 06.01 N°218, de 14 de Junio de 2024, resulta ser, únicamente, la forma mediante la cual el contribuyente se crea un plazo, para la interposición en tiempo de la presente acción de protección, y poder considerar desde esa fecha, el plazo de 30 días fatales para su interposición, tomando en cuenta que el contribuyente no pudo menos que conocer de los hechos descritos, en Octubre de 2023.

En cuanto al fondo, arguye que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer la materia de autos. En este caso, como se ha señalado anteriormente, la acción constitucional incoada tiene como hecho base la emisión del Giro N°8910585, es decir, la controversia planteada por la recurrente, es un asunto de carácter netamente tributario, la que, de acuerdo a la legislación vigente, debe ser conocida por el propio Servicio de Impuestos Internos, por medio de una solicitud de reposición administrativa voluntaria (RAV), o por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, en virtud de la interposición del respectivo reclamo tributario por parte del contribuyente, conforme lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario, pero no por la vía de un recurso de protección, que es de naturaleza cautelar.

En este orden de ideas, señala que el objeto del recurso de protección no es, ni puede ser, hacer renacer acciones y procedimientos que han fenecido, como ha ocurrido en el presente caso, en que el contribuyente no presentó reclamo tributario en tiempo y forma. Dicho de otra forma, existiendo la posibilidad, para el recurrente, de haber impugnado el giro emitido por el Servicio, no ejerció tal derecho, pretendiendo, por esta vía, tener una nueva oportunidad para impugnar el citado acto, lo que no es procedente.

Agrega que no existe, por parte del Servicio un acto ilegal o arbitrario, por cuanto, el actuar de esa repartición, en la emisión de los actos objeto del presente recurso, se enmarca en todo momento dentro de las facultades que le confiere la ley.

Además, al no haberse acreditado la veracidad de las operaciones afectas al Impuesto a la Renta con la documentación de respaldo que generaron la pérdida tributaria del ejercicio y el PPUA, emitió la Resolución Ex. N°110, de fecha 27 de Abril de 2023, en la cual determinó que era improcedente la pérdida tributaria del ejercicio, declarada en el Año Tributario 2022 y, en consecuencia, al día siguiente, se emitió el Giro N°8910585. Ahora bien, la existencia o no de los cheques caducos, no resulta ser resorte del Servicio, siendo la Tesorería General de la República el organismo competente sobre esa materia, debiendo el contribuyente solucionar efectivamente su situación en esa institución, en atención a que la resolución que rechazó la devolución solicitada en el formulario 22 del AT 2022, y el giro emitido con ocasión de la misma, cumplen con los presupuestos legales para su procedencia, considerando que la acreditación de la pérdida tributaria declarada por el contribuyente, es indispensable para la procedencia de la devolución de los PPUA solicitados en la declaración de renta.

De esta forma, la solicitud del contribuyente de dejar sin efecto la Resolución Ex SII. N°110, de 27 de Abril de 2023 y el Giro N°8910585, emitido el 28 de Abril de 2023, resulta ser absolutamente improcedente, en atención a que ambos actos administrativos, han sido dictados conforme a la legislación vigente y los antecedentes existentes a la fecha de su emisión, particularmente, a la falta de acreditación de la pérdida tributaria que intenta hacer valer y la necesaria correlación de ésta con la devolución de los PPUA solicitada, por lo que no se configura tampoco la afectación de derechos garantizados constitucionalmente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que en cuanto a la excepción de extemporaneidad opuesta por las recurridas, no está controvertido que el recurrente interpuso contra los actos que estima vulneratorios una RAF (revisión de la actuación fiscalizadora), la que resultaba procedente interponer y que fue resuelta con fecha 14 de Junio de 2024, rechazándose la modificación solicitada, por lo que habiéndose interpuesto éste recurso el 14 de Julio de este año, se interpuso dentro de los 30 días que señala el Auto Acordado respectivo, por lo que dicha alegación no puede acogerse.

TERCERO: Que, referente a que ésta no sería la vía idónea para conocer la materia de autos, aunque efectivamente la normativa tributaria tiene acciones específicas para que un contribuyente pueda reclamar por situaciones como la alegada en autos, la Corte ya declaró la admisibilidad de esta acción, a lo que debe agregarse que no es un requisito para su procedencia que no exista otra vía para conocer del mismo, pudiendo su conocimiento realizarse a través de este recurso.

CUARTO: Que el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha es que el SII ordenó al recurrente Inversiones Las Trancas Ltda. reintegrar los impuestos cuya devolución había solicitado –y que se le habían girado- en relación a la declaración de renta presentada por el recurrente en el año 2022, basado en que dicha devolución previa no se había cobrado, habiendo caducado los cheques respectivos, por lo que no resultaba procedente devolver algo que no había salido del erario fiscal.

QUINTO: Que la TGR pidió el rechazo del recurso, puesto que la devolución que el SII giró a favor del recurrente se hace con cargo a la Cuenta Única Fiscal (CUF) y si el contribuyente no pidió se le depositara en alguna cuenta dicho monto, se le emite un cheque, pero si el cheque respectivo no es cobrado dentro del plazo de caducidad, los dineros no vuelven a las arcas fiscales sino que entran a la Cuenta Única Tributaria del contribuyente, por lo que la Tesorería no puede eliminarlos, modificarlos o retirarlos para pagar deudas, salvo hubiere una causa legal, pudiendo el contribuyente revalidar los cheques caducos, momento en el cual se podría compensar con el giro ordenado por el SII, por lo que considera no ha cometido ilegalidad ni arbitrariedad alguna, al haber actuado dentro de la normativa y atribuciones que le permite la ley.

SEXTO: Que, por su parte, el SII también pidió el rechazo de la acción, pues aun cuando le consta que los cheques que se le giraron al recurrente en un principio, a raíz de la devolución solicitada, están caducados, indica que no es resorte de su Servicio la regularización de los mismos, siendo la Tesorería General de la República el organismo competente sobre esa materia, encontrándose ajustada a los presupuestos legales tanto la resolución que rechazó la devolución solicitada como el giro emitido con ocasión de la misma.

SÉPTIMO: Que, son hechos no controvertidos por las partes:

1. Que el contribuyente pidió devolución de impuesto a la renta en el año tributario 2022, por pérdida del ejercicio y de utilidades absorbidas, por la suma de $5.918.553;

2. Que el SII autorizó la devolución parcial de dicho monto, primero por la suma de $3.995.548, el 30 de Mayo de 2022, y luego por $719.434, el 12 de Agosto de 2022 (a pesar que informó que el 18 de Junio de 2022, la declaración del contribuyente resultó observada);

3. Que, a raíz de lo anterior, la TGR emitió los cheques N° [cuenta reservada] y 1083602, respectivamente;

4. Que, si bien la TGR remitió los cheques al contribuyente por correo, éstos fueron devueltos, caducando por no cobrarlos en tiempo;

5. Que, por otra parte, al no haber acreditado el contribuyente la veracidad de las operaciones que generaron la pérdida tributaria del ejercicio y el PPUA, el SII emitió la Resolución Ex. N° 110 y el Giro N° 8910585, por concepto de reintegro, que son los actos recurridos en este proceso.

OCTAVO: Que, de lo dicho no hay duda que el SII le está exigiendo al contribuyente que le devuelva una suma de dinero que en el hecho nunca salió del erario fiscal -de lo cual está en conocimiento-, basado en que aun cuando los cheques estén caducados el contribuyente podría solicitar su revalidación, mismo argumento que esgrime la TGR, oportunidad en que dichos montos podrían compensarse con el giro por reintegro, que el recurrente pide se deje sin efecto.

NOVENO: Que, a pesar que lo que dicen las recurridas no es contrario a derecho y resulta atendible, el punto es que las sumas que el SII ordenó girar por devolución de impuestos asciende a la suma de $4.714.982, en cambio el giro N° 8910585 -al 28 de Abril de 2023- fue por $6.425.389, que por concepto de reajuste, intereses y multas superaba los 3.5 millones de pesos (de los cuales le compensaron un poco más de 1.8 millones), cuando no había transcurrido ni siquiera un año desde que se autorizó la devolución, por lo que al día de hoy, más de un año y medio después, lo adeudado podría superar fácilmente los 10 millones de pesos, por lo que de hacerse lo señalado por las recurridas y compensar la devolución con el reintegro, el recurrente aún debería una suma quizás mayor a la que se había ordenado devolver en un principio.

DÉCIMO: Que, además, si bien la declaración de renta, es una auto declaración, por lo que el contribuyente es responsable de lo que en ella indica, el SII tiene el deber de revisar dichas declaraciones y visarlas, poniendo especial atención en aquellas que implican una devolución de impuestos, lo que en la especie el Servicio no cumplió, pues autorizó la primera devolución sin haber revisado la declaración y luego una segunda, a pesar que ya había observado dicha declaración, es decir, había detectado ciertas inconsistencias.

UNDÉCIMO: Que, por lo dicho, actuaciones que desde un punto de vista formal no serían ilegales, en la práctica resultan absolutamente abusivas, pues sabiendo el SII que los dineros que autorizó devolver no se cobraron y que de mantener el giro recurrido, se le reintegraría -en un breve periodo- casi el doble de lo supuestamente devuelto (que si se tratara de particulares podría asimilarse al delito de usura), beneficiándose de su propia falta de diligencia, no realizó ninguna acción tendiente a dejar sin efecto tanto la primitiva devolución otorgada como el giro para el reintegro, lo que no se condice, principalmente, con los principios de economía procedimental ni de los relativos a los medios electrónicos, consagrados en los artículos 9 y 16 bis de la Ley 19.880, que imponen a los órganos de Administración Pública evitar trámites dilatorios, así como tener medios electrónicos capaces de interactuar y operar entre sí al interior de la Administración del Estado, que no impongan a los usuarios tener que hacer peticiones en uno u otro lugar, con el gasto de tiempo y recursos que ello conlleva, actuar que tampoco se condice con los derechos que consagra el Código Tributario en su artículo 8 bis, especialmente, en su número 10, en cuanto a que las actuaciones del Servicio deben llevarse a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias y en la forma menos costosa para el contribuyente.

DUODÉCIMO: Que, por lo dicho, se ha configurado por parte del Servicio un actuar arbitrario e ilegal, al contravenir las normas ya citadas, afectando el derecho de propiedad del recurrente, al exigirle devolver una suma de dinero que sabía que el contribuyente no había recibido, todo lo cual justifica acoger el presente recurso en contra de ambas recurridas, por cuanto la Tesorería también deberá dejar sin efecto las actuaciones que se dirán en la parte resolutiva de este fallo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso deducido por Inversiones Las Trancas Limitada en contra de la Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos Internos, ambos de la Región del Libertad Bernardo O´Higgins y se ordena a este último dejar sin efecto tanto la devolución parcial de impuestos de la recurrente, correspondiente al año tributario 2022, así como el giro N° 8910585, informando de ello a la Tesorería para que ésta, a su vez, también elimine el abono realizado en la cuenta única tributaria de la recurrente relativa a la devolución de impuestos autorizada en el año 2022 y deje sin efecto el expediente administrativo de cobro Rol 10127-2023 de la comuna de Olivar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Marcela de Orúe Ríos.

Rol I. Corte 1974-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.