nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR

C.A. Rancagua.

Rancagua, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 28 de noviembre de 2025 comparece don nombre reservado, matrón, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Olivar, representada por su alcaldesa María Estrella Montero Carrasco, impugnando el Decreto Alcaldicio N°1254, de 15 de octubre de 2025, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, y el Decreto N°2019 SIAPER, de 29 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición y confirmó íntegramente dicha sanción. Solicita que ambos actos sean dejados sin efecto y se disponga su absolución o, subsidiariamente, la aplicación de una sanción administrativa proporcional, ordenándose además su reincorporación como funcionario y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, con costas.

Expone que ingresó a prestar servicios en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Olivar en 1997 y que, mediante Decreto Alcaldicio N°025, de 2 de enero de 2008, fue nombrado funcionario de planta, acumulando más de 27 años de servicio. Refiere que por Decreto Alcaldicio N°626, de 26 de mayo de 2025, se instruyó un sumario administrativo en su contra por haber efectuado prestaciones remuneradas como matrón particular mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y septiembre de 2023, formulándosele cargo por falta grave a la probidad administrativa.

Señala que durante el procedimiento reconoció que, además de sus funciones municipales, ejerce desde hace años su profesión de matrón en forma independiente fuera de su jornada laboral. Explica que en enero de 2023 fue diagnosticado con una rotura de menisco interno, siendo intervenido quirúrgicamente el 24 de febrero de ese año y permaneciendo durante varios meses con reposo médico. Sostiene que las licencias obedecieron a una patología real y tuvieron por finalidad su recuperación, sin que fueran obtenidas para efectuar actividades remuneradas ni con ánimo de defraudar. Añade que acompañó antecedentes destinados a demostrar que durante 2023 sus ingresos y el número de boletas de honorarios por prestaciones particulares no aumentaron respecto de años anteriores.

Agrega que en sus descargos invocó su colaboración y transparencia durante el sumario, la inexistencia de ocultamiento o engaño, la ausencia de dolo o intención fraudulenta, su trayectoria funcionaria intachable y la inexistencia de daño a la imagen del Departamento de Salud, solicitando su absolución o, subsidiariamente, que los hechos fueran calificados como una infracción de menor entidad y se le impusiera una sanción proporcional. No obstante, mediante el Decreto Alcaldicio N°1254 se aprobó la vista fiscal y se dispuso su destitución, estimándose acreditado que efectuó reiteradamente atenciones remuneradas durante períodos de reposo, conducta que la autoridad calificó como una vulneración grave del principio de probidad, por contravenir la finalidad de las licencias médicas y significar un uso indebido de un beneficio estatal.

Refiere que dedujo recurso de reposición, alegando principalmente falta de fundamentación y de ponderación de sus descargos y circunstancias atenuantes, así como la improcedencia de atribuir automáticamente el carácter de grave a la infracción por el solo hecho de haber efectuado prestaciones remuneradas durante el reposo. Sostuvo, además, que el Consolidado de Información Circularizada N°10 de la Contraloría General de la República ordenó investigar las situaciones detectadas, pero no dispuso la destitución automática de todos los funcionarios involucrados. Asimismo, argumentó que las conductas reprochadas se produjeron mientras sus funciones públicas se encontraban suspendidas por las licencias médicas y no en el ejercicio efectivo de su cargo.

Expone que la reposición fue rechazada mediante Decreto N°2019 SIAPER, de 29 de octubre de 2025, decisión que estimó irrelevante la ausencia de dolo, por cuanto la infracción se configuraría objetivamente mediante la realización reiterada de actividades remuneradas durante el reposo. Añade que la autoridad consideró precisamente dicha reiteración -en diversos períodos de 2023- como un elemento que agravaba la conducta y descartaba que se tratara de un hecho aislado, estimando que afectaba la confianza pública y la ética funcionaria y configuraba una grave transgresión al principio de probidad administrativa, sancionable con destitución conforme al artículo 48 letra b) de la Ley N°19.378.

Sostiene que los actos recurridos son ilegales y arbitrarios, pues la Municipalidad habría equiparado la mera infracción objetiva del reposo médico con una falta grave a la probidad, sin explicar suficientemente por qué la conducta alcanzaría la gravedad necesaria para justificar la máxima sanción disciplinaria. Reprocha que no se ponderaran adecuadamente sus más de 27 años de servicio, su conducta funcionaria previa, la colaboración prestada durante el sumario, la ausencia de dolo y de perjuicio institucional y la circunstancia de que sus licencias correspondían a una patología real. Afirma que, aun cuando reconoce que ejercer su profesión durante el reposo puede constituir una infracción al principio de probidad, ésta no tendría entidad suficiente para ser calificada como grave y justificar su destitución.

Finalmente, denuncia vulneración de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, vinculándola con la falta de tipicidad, motivación y proporcionalidad de la sanción, y del derecho de propiedad, previsto en el artículo 19 N°24, respecto de los derechos derivados de su carrera funcionaria, estabilidad en el empleo y remuneraciones. En mérito de ello, solicita dejar sin efecto la destitución y disponer su absolución o una sanción administrativa de menor entidad, además de su reincorporación y el pago de las remuneraciones no percibidas.

Con fecha 15 de diciembre de 2025 la Ilustre Municipalidad de Olivar, representada por su alcaldesa María Estrella Montero Carrasco, al evacuar el informe solicitado, pide el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas, sosteniendo que los Decretos Alcaldicios N°1254, de 15 de octubre de 2025, y N°2019, de 29 de octubre del mismo año, fueron dictados en ejercicio regular de la potestad disciplinaria municipal, previo sumario administrativo legalmente tramitado y sin incurrir en ilegalidad o arbitrariedad.

Expone que mediante Decreto Alcaldicio N°676, de 26 de mayo de 2025, se ordenó instruir sumario administrativo para investigar el eventual uso indebido de licencias médicas por parte del recurrente, matrón del Departamento de Salud municipal, a raíz de los antecedentes comunicados por la Contraloría General de la República mediante Oficio N°E84047 de 2025. Señala que durante la investigación se acreditó, mediante información proporcionada por la Clínica Isamédica y el Servicio de Impuestos Internos, que el funcionario realizó reiteradamente atenciones profesionales remuneradas durante diversos períodos en que se encontraba haciendo uso de licencias médicas de carácter traumatológico y percibiendo el correspondiente subsidio por incapacidad laboral, específicamente durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y septiembre de 2023. Añade que el propio recurrente reconoció haber efectuado tales prestaciones particulares durante sus períodos de reposo.

Refiere que, formulados los cargos por falta grave a la probidad administrativa, el recurrente ejerció su derecho a defensa y presentó descargos, solicitando su absolución y alegando, entre otras materias, la ilegalidad del procedimiento por haberse excedido los plazos de investigación. Dicha alegación fue desestimada por el fiscal instructor sobre la base de la jurisprudencia administrativa conforme a la cual el incumplimiento de los plazos de un sumario no determina por sí solo su nulidad cuando no ha provocado indefensión. Agrega que, concluida la investigación, la vista fiscal propuso la destitución y, mediante Decreto Alcaldicio N°1254, se aplicó dicha medida por estimarse que la realización reiterada de labores remuneradas durante períodos de reposo médico vulneraba gravemente el principio de probidad administrativa, contravenía la finalidad de la licencia médica y significaba un uso indebido de un beneficio estatal. Posteriormente, mediante Decreto Alcaldicio N°2019 se rechazó la reposición del funcionario y se mantuvo la sanción.

En cuanto a los fundamentos de la acción, sostiene, en primer término, que el recurso de protección no constituye una instancia destinada a revisar el mérito del procedimiento disciplinario, reevaluar la prueba, recalificar la infracción ni sustituir a la Administración en la determinación de la proporcionalidad de la sanción, pues su finalidad cautelar se circunscribe a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que afecten garantías constitucionales. Afirma que lo pretendido por el actor supone precisamente una nueva valoración del mérito del sumario y de la gravedad de la conducta, cuestión que excedería el ámbito propio de esta acción constitucional.

Descarta, asimismo, la arbitrariedad denunciada, sosteniendo que la destitución no obedeció a una decisión caprichosa, sino a un procedimiento disciplinario en que se formularon cargos, se incorporó prueba, se recibieron y analizaron los descargos y se dictó una decisión fundada. En cuanto a la alegada infracción a los principios de tipicidad y reserva legal, señala que las conductas contrarias a la probidad administrativa no constituyen un catálogo taxativo, de manera que resulta jurídicamente procedente calificar como infracción a dicho principio hechos acreditados que sean objetivamente contrarios a los deberes funcionarios, aun cuando no se encuentren descritos casuísticamente en una disposición específica.

Respecto de la gravedad y proporcionalidad de la sanción, sostiene que corresponde a la Administración activa, sobre la base del mérito del expediente disciplinario, ponderar los antecedentes y calificar la entidad de la infracción. Afirma que, en este caso, la gravedad se sustentó especialmente en la reiteración de las prestaciones profesionales remuneradas durante distintos períodos de licencia médica, conducta que estima incompatible con la finalidad recuperativa del reposo prescrito y con los deberes de probidad del funcionario. Agrega que, si el recurrente se encontraba incapacitado para cumplir sus funciones municipales, resultaba contradictorio que simultáneamente se encontrara en condiciones de realizar prestaciones clínicas remuneradas a terceros, algunas de ellas de especial entidad, circunstancia que, a juicio de la recurrida, compromete además la confianza pública y la credibilidad del sistema de licencias médicas.

Finalmente, controvierte la vulneración del derecho de propiedad, señalando que la pérdida del cargo, de las remuneraciones futuras y de los demás derechos derivados de la carrera funcionaria no constituye una privación ilegítima, sino la consecuencia jurídica de una sanción disciplinaria prevista por el ordenamiento y aplicada por autoridad competente mediante un procedimiento regular. Añade que los derechos funcionariales no confieren un derecho intangible a permanecer indefinidamente en el cargo frente al ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria. En consecuencia, sostiene que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas y solicita el rechazo del recurso, con costas.

Acompañaron las partes los documentos que constan agregados en la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de carácter extraordinario destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha disposición asegura, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio.

2.- Que, mediante la presente acción, el recurrente solicita que se dejen sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1254, de 15 de octubre de 2025, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, y el Decreto N°2019 SIAPER, de 29 de octubre del mismo año, que rechazó el recurso de reposición y confirmó dicha sanción, disponiéndose su absolución o, subsidiariamente, la aplicación de una medida disciplinaria de menor entidad, además de su reincorporación al cargo y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.

Sustenta su pretensión, en lo esencial, en que la recurrida habría calificado como grave la infracción al principio de probidad administrativa por la sola circunstancia de haber efectuado prestaciones profesionales remuneradas durante períodos en que se encontraba haciendo uso de licencias médicas, sin ponderar suficientemente la legitimidad de éstas, la ausencia de dolo o ánimo defraudatorio, su trayectoria funcionaria, la colaboración prestada durante el procedimiento, la inexistencia de perjuicio institucional y las restantes circunstancias que invocó en sus descargos, estimando por ello que la sanción de destitución resulta ilegal, arbitraria y desproporcionada.

3.- Que, al evacuar el informe solicitado, la Ilustre Municipalidad de Olivar pidió el rechazo del recurso, sosteniendo que los actos impugnados fueron dictados por autoridad competente, previa sustanciación de un procedimiento disciplinario regularmente tramitado, en el cual el recurrente tuvo conocimiento de los cargos, ejerció su derecho a defensa y formuló los descargos que estimó pertinentes.

Expone que durante el sumario se acreditó, mediante antecedentes proporcionados por la Clínica Isamédica y el Servicio de Impuestos Internos, además del propio reconocimiento del recurrente, que éste efectuó reiteradamente prestaciones profesionales remuneradas durante diversos períodos en que se encontraba haciendo uso de licencias médicas y percibiendo el correspondiente subsidio por incapacidad laboral, conducta que fue calificada como una transgresión grave al principio de probidad administrativa. Añade que tanto la vista fiscal como los decretos impugnados se hicieron cargo de las alegaciones formuladas por el funcionario y que la reiteración de las conductas, su incompatibilidad con la finalidad del reposo médico y la afectación de la confianza pública justificaron la calificación de gravedad y la sanción aplicada.

4.- Que, de los antecedentes incorporados al proceso aparece que mediante Decreto Alcaldicio N°676, de 26 de mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo respecto del recurrente, procedimiento en el cual se investigó la realización de actividades profesionales remuneradas durante períodos en que se encontraba haciendo uso de licencias médicas de carácter traumatológico.

En dicha investigación, se estableció que el actor efectuó 18 atenciones profesionales particulares mientras se encontraba sujeto a reposo médico, distribuidas en 4 períodos de licencia médica correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y septiembre de 2023, circunstancia acreditada mediante la información proporcionada por la Clínica Isamédica y los antecedentes tributarios incorporados al sumario, y cuya verificación fue reconocida por el propio recurrente.

5.- Que, de este modo, los hechos que sirvieron de fundamento a la medida disciplinaria no aparecen controvertidos, pues el propio recurrente reconoce haber ejercido su profesión de matrón durante los períodos de reposo médico, centrando sus reproches en la calificación jurídica de tales conductas como una infracción grave al principio de probidad administrativa y en la proporcionalidad de la sanción aplicada.

Por consiguiente, la cuestión sometida al conocimiento de esta Corte consiste en determinar si la decisión administrativa que atribuyó tal gravedad a los hechos acreditados y, sobre esa base, dispuso la destitución del recurrente, constituye un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar.

6.- Que, el artículo 52 de la Ley N°18.575 dispone que el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, deber que integra el estatuto jurídico de quienes desempeñan funciones en órganos de la Administración del Estado.

A su turno, el artículo 48 letra b) de la Ley N°19.378 contempla como causal de término de la relación laboral la falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidas fehacientemente por medio de un sumario.

7.- Que, en el presente caso, la decisión de la autoridad no se sustentó únicamente en la circunstancia genérica de que el recurrente hubiese desarrollado alguna actividad durante un período de licencia médica, sino en hechos concretos y reiterados establecidos en el procedimiento disciplinario. En efecto, se acreditó que mientras se encontraba haciendo uso de la licencia médica N°3-081165150-8, vigente entre el 5 y el 19 de enero de 2023, realizó 6 atenciones profesionales; durante la licencia médica N°3-082914459-k, vigente entre el 25 de febrero y el 21 de marzo de 2023, efectuó 6 atenciones; durante la licencia médica N°3-083982939-6, correspondiente al período comprendido entre el 22 de marzo y el 10 de abril de 2023, realizó 5 atenciones; y, finalmente, mientras hacía uso de la licencia médica N°3-092011278-1, vigente entre el 28 y el 29 de septiembre de 2023, efectuó una atención profesional, totalizando así 18 prestaciones profesionales remuneradas durante 4 períodos de reposo médico.

De esta manera, no se trató de una prestación ocasional durante una única licencia médica, sino de una conducta reiterada en distintos períodos de reposo a lo largo del año 2023, circunstancia que fue expresamente ponderada por la autoridad al resolver la reposición, al estimar que la multiplicidad de atenciones y su repetición durante 4 licencias distintas evidenciaban persistencia en el comportamiento y excluían que pudiera ser considerado como un hecho aislado, constituyendo precisamente uno de los elementos empleados para determinar la gravedad de la infracción al principio de probidad administrativa.

8.- Que, en esas condiciones, no resulta arbitrario que la autoridad haya considerado que la conducta descrita excedía de una mera infracción formal al régimen de reposo puesto que, mientras el recurrente se encontraba temporalmente impedido de cumplir sus labores habituales para la Administración por una condición de salud que justificaba el reposo prescrito, desarrolló paralelamente y en forma remunerada actividades correspondientes a su profesión de matrón.

La circunstancia de que las licencias médicas obedecieran a una patología efectiva -rotura de menisco interno- y que el actor hubiese sido intervenido quirúrgicamente el 24 de febrero de 2023 no altera lo anterior, pues los actos recurridos no se fundaron en la falsedad de tales licencias ni en la inexistencia de la patología que las motivó, sino en la realización reiterada de actividades profesionales remuneradas durante su vigencia. Del mismo modo, que los ingresos obtenidos durante 2023 no hayan sido superiores a los percibidos en años anteriores tampoco desvirtúa los hechos imputados, toda vez que lo relevante para efectos disciplinarios no fue el monto de las rentas obtenidas ni su eventual incremento, sino el ejercicio de actividades remuneradas durante los períodos en que se encontraba sujeto a reposo médico, lo cual suponía que no podía trabajar.

9.- Que, tampoco resulta atendible sostener que la conducta se encontraría sustraída de los deberes de probidad por haberse ejecutado fuera de la jornada laboral o mientras las funciones municipales se encontraban suspendidas a consecuencia de las licencias médicas, toda vez que aquella justifica precisamente la ausencia temporal del funcionario de sus labores por encontrarse afectado por una incapacidad que requiere reposo, pero no extingue su calidad funcionaria ni lo libera de los deberes que emanan de ella, especialmente cuando la conducta reprochada guarda directa relación con las condiciones bajo las cuales se encuentra autorizado para abstenerse temporalmente del desempeño de sus funciones públicas.

10.- Que, por otra parte, tampoco se advierte la falta de motivación que denuncia el recurrente, desde que el Decreto Alcaldicio N°1254 aprobó la vista fiscal y calificó los hechos establecidos en el sumario como constitutivos de una falta grave a la probidad administrativa, considerando la realización de actividades remuneradas durante el reposo, su incompatibilidad con la finalidad de las licencias médicas y el uso indebido del beneficio asociado a ellas.

A su vez, al resolver la reposición mediante Decreto N°2019 SIAPER, la recurrida abordó específicamente las alegaciones relativas a la legitimidad de las licencias, ausencia de dolo, trayectoria funcionaria, proporcionalidad de la medida, falta de análisis de los descargos, inexistencia de daño institucional y gravedad de la infracción, concluyendo que la reiteración de las atenciones durante distintos períodos de reposo impedía considerarlas como un hecho aislado y justificaba la calificación efectuada.

11.- Que, por consiguiente, las circunstancias favorables invocadas por el recurrente -entre ellas, su trayectoria funcionaria, la colaboración prestada durante la investigación, la inexistencia de sanciones anteriores y la ausencia de un perjuicio patrimonial directo para la Municipalidad- no fueron desconocidas por la recurrida, sino que se estimaron insuficientes para alterar la gravedad atribuida a los hechos, atendida especialmente su reiteración.

En tal sentido, no corresponde a esta Corte, conociendo de una acción cautelar de protección, sustituir la apreciación efectuada por la autoridad administrativa por otra que estime preferible, cuando la calificación adoptada encuentra sustento en hechos debidamente establecidos en un procedimiento disciplinario y la decisión contiene las razones que permiten comprender por qué aquéllos fueron considerados de entidad suficiente para imponer la medida aplicada.

12.- Que, asimismo, la ausencia de dolo o intención de defraudar invocada por el recurrente no torna ilegal la decisión impugnada, ya que la responsabilidad disciplinaria examinada en estos antecedentes no fue establecida sobre la base de la comisión de un delito ni de la utilización de licencias médicas falsas, sino por la infracción de los deberes propios de la función pública derivada de una conducta objetivamente acreditada.

13.- Que, de lo razonado precedentemente, aparece que la medida disciplinaria fue adoptada por la autoridad competente, previa instrucción de un sumario administrativo en el cual el recurrente pudo ejercer su derecho a defensa; que los hechos esenciales que sustentaron la sanción fueron acreditados y, en lo sustancial, reconocidos por el propio funcionario; y que tanto la decisión que dispuso su destitución como aquella que rechazó su reposición expresaron los fundamentos por los cuales la conducta fue considerada constitutiva de una infracción grave al principio de probidad administrativa.

En consecuencia, no se advierte en los actos impugnados una actuación carente de fundamento, irracional o producto del mero capricho de la autoridad, ni una contravención al ordenamiento jurídico que permita calificarlos de ilegales o arbitrarios, motivo por el cual esta acción no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Olivar.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte 1961-2025 Protección.