Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S

C.A. Rancagua.

Rancagua, dos de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 23 de enero de 2026 comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra, por sí y en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., fundado en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por su representado al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que el recurrente solicitó, a través del portal electrónico de la recurrida, la devolución de sus fondos previsionales conforme a los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, solicitud identificada con el NUM000. Señala que el 2 de junio de 2025 recibió una comunicación mediante la cual se anuló su requerimiento, indicándose que la constancia electrónica de cotizaciones debía encontrarse apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y que, una vez reunida la documentación, podía formular una nueva solicitud.

Sostiene que el recurrente reúne los requisitos previstos en la Ley N°18.156 para obtener la devolución, por cuanto posee la calidad de profesional extranjero, se encuentra afiliado a un régimen de seguridad social en Venezuela que otorga cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestó su voluntad de mantener dicha afiliación. Afirma que acompañó su contrato de trabajo, sus anexos y la correspondiente constancia de cotizaciones del sistema de seguridad social de su país de origen.

Cuestiona específicamente la exigencia de apostilla o legalización formulada por la AFP, señalando que la Ley N°18.156 no contempla dicha formalidad como requisito para la devolución de los fondos. Añade que la constancia electrónica fue expedida por el organismo venezolano competente y que su autenticidad puede verificarse electrónicamente mediante el código incorporado en el documento o utilizando el número de cédula de identidad venezolana del recurrente. Refiere, además, que otras administradoras de fondos de pensiones habrían aceptado documentos de igual naturaleza mediante su verificación electrónica.

Agrega que el recurrente también acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, expedida por el Consulado de Venezuela en Chile y legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, además del certificado electrónico de afiliación.

Sostiene que la recurrida disponía, por tanto, de diversos medios para verificar la afiliación previsional y que exigir una formalidad adicional no prevista legalmente importa una interpretación excesivamente restrictiva de la normativa especial.

Hace presente, asimismo, las dificultades que afectarían a los nacionales venezolanos para obtener determinados documentos apostillados o legalizados, atendida la situación de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, argumentando que se estaría imponiendo al recurrente una exigencia que no depende de su voluntad. Afirma que lo jurídicamente relevante para la aplicación de la Ley N°18.156 es acreditar la afiliación efectiva a un sistema extranjero que otorgue las prestaciones contempladas en su artículo 1, circunstancia que estima demostrada con los antecedentes acompañados.

Invoca jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que, según sostiene, ha descartado interpretaciones excesivamente formales de la Ley N°18.156 y ha reconocido que las administradoras no pueden incorporar exigencias no previstas por el legislador cuando los antecedentes permiten acreditar el cumplimiento de sus requisitos. Cita, asimismo, pronunciamientos relativos a las dificultades para obtener documentación oficial venezolana, sosteniendo que tales circunstancias deben ser consideradas al examinar las formalidades exigidas.

En cuanto a la igualdad ante la ley, afirma que la recurrida habría dispensado al recurrente un trato diferente respecto de otros solicitantes que, encontrándose en situaciones semejantes, obtuvieron la devolución de sus fondos, imponiéndole una exigencia adicional que no estaría prevista en la Ley N°18.156 ni en la normativa aplicable. Respecto del derecho de propiedad, sostiene que la negativa impide al recurrente disponer de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, pese a cumplir, según afirma, las condiciones legales para retirarlos.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto el rechazo y archivo de la solicitud de devolución, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y efectuar, dentro del plazo de cinco días o aquel que la Corte determine, la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptándose las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Con fecha 17 de febrero de 2026 la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el 9 de enero de 2026 el recurrente efectuó una gestión destinada a obtener la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando documentación para acreditar los requisitos legales. Señala que, revisados esos antecedentes, se constató que no cumplían con las exigencias mínimas establecidas por la normativa, razón por la cual la solicitud no fue admitida a trámite. Precisa que dicha determinación no constituye un rechazo definitivo, pues el interesado puede subsanar las deficiencias documentales y formular nuevamente su requerimiento.

En particular, refiere que para acreditar su afiliación a un régimen previsional extranjero el recurrente acompañó una declaración jurada emitida en Chile y una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sostiene que la primera constituye una declaración unilateral que no emana de la autoridad previsional competente y que, aun cuando estuviese autorizada ante notario y apostillada, no sería idónea para acreditar la cobertura exigida por la Ley N°18.156.

Respecto de la constancia electrónica de cotizaciones, afirma que ésta carece de firma autorizada y no se encuentra legalizada ni apostillada. Añade que el documento se limita a registrar semanas cotizadas y a efectuar una referencia genérica a la legislación venezolana, sin acreditar específicamente que el recurrente haya contado, durante todo el período trabajado en Chile, con cobertura efectiva y vigente frente a los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte exigidos por el artículo 1° de la Ley N°18.156. Por ello, sostiene que los antecedentes aportados no permiten tener por cumplidos los requisitos para acceder a la devolución.

Explica que la Administradora se encuentra obligada a observar las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, particularmente el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, conforme al cual la afiliación a un régimen de seguridad social extranjero debe acreditarse mediante certificación emanada de la institución competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar las prestaciones exigidas por la ley. Agrega que la jurisprudencia administrativa ha precisado que no basta acreditar formalmente una afiliación o la existencia de cotizaciones, sino que debe demostrarse una cobertura real, efectiva y vigente durante el período correspondiente.

Señala que la exención prevista en la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional respecto de la obligación general de cotizar en el sistema previsional chileno y que, por ello, el artículo 7° supedita la devolución de los fondos al cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en su artículo 1°.

En este sentido, invoca diversos pronunciamientos administrativos y judiciales que, según expone, han considerado insuficientes las declaraciones juradas y las constancias electrónicas genéricas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentren debidamente legalizadas o apostilladas ni acrediten específicamente las coberturas exigidas.

Controvierte asimismo la alegación relativa a la posibilidad de verificar electrónicamente la constancia mediante un código o consulta en línea, sosteniendo que esa verificación no reemplaza las formalidades de legalización o apostilla ni permite establecer por sí sola la existencia y vigencia de todas las coberturas previsionales requeridas. Del mismo modo, señala que las dificultades que pudieran existir para obtener documentación venezolana no facultan a la Administradora para prescindir de las exigencias establecidas por la normativa y las instrucciones obligatorias del organismo fiscalizador.

En cuanto a la igualdad ante la ley, afirma que PlanVital aplica idénticos criterios a todos los afiliados que solicitan acogerse a la Ley N°18.156, de manera que aceptar antecedentes que no satisfacen las exigencias reglamentarias significaría, por el contrario, otorgar al recurrente un tratamiento distinto respecto de quienes sí han debido cumplirlas.

Respecto del derecho de propiedad, reconoce que las cotizaciones existentes en la cuenta individual pertenecen al recurrente, pero sostiene que la decisión cuestionada no lo priva de ellas, sino que únicamente impide su devolución anticipada mientras no se acrediten los presupuestos del régimen excepcional de la Ley N°18.156. Precisa que los fondos permanecen en su cuenta individual para financiar las prestaciones previstas en el sistema previsional y que el afiliado conserva la posibilidad de disponer de ellos conforme a las reglas generales o de formular nuevamente la solicitud de devolución una vez subsanadas las deficiencias advertidas.

Finalmente, sostiene que el recurrente no ostenta actualmente un derecho indubitado a obtener la devolución, pues ésta se encuentra condicionada al cumplimiento de requisitos cuya acreditación se encuentra controvertida. Añade que la no admisión de la solicitud constituye una actuación subsanable y que el interesado puede presentar nuevamente los documentos exigidos o acudir ante la Superintendencia de Pensiones, por lo que no existiría una afectación irreversible de sus derechos. En consecuencia, solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con costas.

Con fecha 27 de febrero de 2026 evacúa el informe solicitado la Superintendencia de Pensiones.

En primer término, señala que el recurrente no registra ante ese organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la acción, por lo que la Superintendencia no cuenta con antecedentes derivados de un procedimiento administrativo previo referido específicamente a su solicitud.

Sin perjuicio de ello, explica que la regla general del sistema previsional chileno es la obligación de todo trabajador que presta servicios en el país de efectuar cotizaciones, cualquiera sea su nacionalidad, y que la Ley N°18.156 contempla un régimen excepcional que permite a determinados trabajadores técnicos o profesionales extranjeros eximirse de cotizar y obtener la devolución de los fondos enterados en una AFP, siempre que cumplan copulativamente los requisitos de su artículo 1°. En particular, deben encontrarse afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el respectivo contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Indica que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, la cobertura previsional extranjera debe acreditarse mediante una certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada, en la que conste el otorgamiento de las prestaciones exigidas por la ley. Añade que también puede presentarse un certificado emitido por la embajada o consulado del país de origen, siempre que indique expresamente que se extiende en representación de la autoridad competente en materia de seguridad social.

Precisa que el documento debe acreditar específicamente que el trabajador contó, durante todo el período de prestación de servicios en Chile respecto del cual solicita la devolución, con cobertura efectiva por vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, debiendo señalarse, en este último caso, si comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Agrega que no basta una referencia genérica a las prestaciones otorgadas por el sistema previsional extranjero, sino que debe certificarse la cobertura concreta del trabajador durante la respectiva relación laboral.

En cuanto a los antecedentes acompañados por el recurrente, señala que éste presentó una declaración jurada de 16 de diciembre de 2025, suscrita ante notario, en la que manifiesta encontrarse afiliado y cubierto por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. La Superintendencia estima que dicho instrumento no resulta idóneo, por cuanto la acreditación de la cobertura previsional debe emanar de la autoridad previsional competente del país respectivo y no de una declaración efectuada por el propio interesado, aun cuando ésta haya sido otorgada ante notario.

Asimismo, informa que el recurrente acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitida el 3 de diciembre de 2025, la que tampoco estima suficiente para acreditar el requisito previsto en el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, por no encontrarse firmada, apostillada ni legalizada y porque no especifica si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Añade que, atendido el carácter excepcional de la normativa, sus requisitos deben ser interpretados restrictivamente y que tanto Chile como Venezuela son Estados parte de la Convención de la Apostilla.

Respecto del contrato de trabajo, explica que éste y sus eventuales anexos deben ser presentados para que la AFP pueda verificar la relación laboral y el cumplimiento de la exigencia contenida en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Precisa que la voluntad del trabajador de mantenerse afecto al sistema de seguridad social extranjero debe constar durante la vigencia de la relación laboral, de manera que un anexo suscrito con posterioridad a su término no resulta apto para acreditar dicho requisito.

Agrega que los Tribunales Superiores de Justicia han conocido recursos relativos a trabajadores venezolanos que pretendían acreditar su cobertura previsional mediante constancias electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carentes de firma, legalización o apostilla, señalando que diversos fallos han considerado que tales exigencias se ajustan a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las reglas generales aplicables a los documentos otorgados en el extranjero. Refiere asimismo pronunciamientos de la Corte Suprema que han sostenido que el código de verificación electrónica no sustituye las formalidades requeridas para que dichos instrumentos produzcan efectos en Chile y que la dificultad derivada de la situación consular entre Chile y Venezuela no elimina tales exigencias.

Finalmente, informa que mediante Oficio NUM001, de 17 de julio de 2025, dictado a propósito de consultas formuladas por administradoras de fondos de pensiones respecto de afiliados venezolanos, la Superintendencia reiteró que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que carezcan de firma y no se encuentren apostilladas o legalizadas no constituyen medios suficientes para acreditar la cobertura previsional exigida.

Concluye reiterando que no dispone de antecedentes propios relativos a la situación previsional específica del recurrente que permitan establecer que éste cumple los requisitos legales para acceder a la devolución solicitada, solicitando tener por evacuado el informe.

Acompañaron las partes los documentos que constan agregados en la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1° Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de carácter extraordinario, destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, por actos u omisiones ilegales o arbitrarios, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías que la misma norma ampara, exigiéndose la concurrencia copulativa de un acto actual, una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y una afectación directa a un derecho fundamental determinado. 2° Que, la presente acción ha sido deducida por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., impugnando la decisión comunicada el 12 de enero de 2026, mediante la cual no se dio curso a su requerimiento de devolución de fondos previsionales formulado al amparo de la Ley N°18.156, indicándose que la Constancia Electrónica de Cotizaciones debía encontrarse apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Sostiene que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el 3 de diciembre de 2025, junto con los demás antecedentes acompañados, resulta suficiente para acreditar dicho requisito y que la exigencia de legalización o apostilla carece de sustento legal, vulnerando con ello las garantías previstas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República. 3° Que, al informar, la recurrida solicitó el rechazo de la acción, señalando que la devolución prevista en la Ley N°18.156 exige acreditar copulativamente sus requisitos y que la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, junto con la declaración jurada acompañada, no resultan idóneas para acreditar la afiliación y cobertura previsional exigidas, al carecer la primera de legalización o apostilla y no certificar una cobertura efectiva durante el período trabajado en Chile.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones informó que la citada ley establece un régimen excepcional y que, conforme a las instrucciones impartidas a las administradoras, la afiliación a un régimen previsional extranjero debe acreditarse mediante documentación emanada de la institución competente y debidamente legalizada o apostillada, exigencia que los antecedentes presentados por el recurrente no satisfacen. 4° Que, para decidir la cuestión planteada, cabe tener presente el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su vez, el artículo 7 del mismo cuerpo legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.” 5° Que, de los antecedentes acompañados aparece que el recurrente fundó su pretensión principalmente en una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el 3 de diciembre de 2025, documento que da cuenta de 269 semanas cotizadas, señala como primera fecha de afiliación el 26 de junio de 2003 y consigna que el recurrente se encuentra actualmente en estatus de asegurado cesante, registrando como fecha de egreso de su empleador venezolano INTERVIT C.A. el 5 de diciembre de 2013 y una vigencia del certificado hasta el 31 de diciembre de 2025. Acompañó, asimismo, una declaración jurada otorgada el 16 de diciembre de 2025 ante Notario Público de Rancagua, mediante la cual el propio recurrente manifiesta encontrarse afiliado y cubierto por el sistema de seguridad social venezolano.

Sin embargo, tales antecedentes no permiten acreditar en los términos exigidos por la normativa aplicable que el actor haya contado con cobertura previsional efectiva durante el período en que prestó servicios en Chile, iniciado conforme al contrato acompañado el 6 de diciembre de 2017, desde que la referida constancia no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, consigna al recurrente como asegurado cesante desde una fecha anterior al inicio de aquella relación laboral y no contiene una certificación específica respecto de la cobertura efectiva durante dicho período. 6° Que, a mayor abundamiento, las dificultades invocadas por el recurrente para obtener la legalización o apostilla de documentos provenientes de Venezuela no eximen a la administradora de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la devolución de fondos previsionales. En consecuencia, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., desde que la no admisión a trámite de la solicitud obedeció a la insuficiencia de los antecedentes acompañados para acreditar los presupuestos exigidos por la Ley N°18.156, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus atribuciones legales. 7° Que, tampoco se configura una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, pues la afirmación del recurrente en orden a que otras administradoras habrían aceptado documentación semejante no permite establecer la existencia de solicitantes que, encontrándose en una situación jurídica y fáctica equivalente, hayan recibido un tratamiento diverso. Por el contrario, consta que las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio NUM001, de 17 de julio de 2025, fueron dirigidas a las administradoras de fondos de pensiones con carácter general, estableciendo un criterio uniforme respecto de la insuficiencia de las constancias electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que carezcan de firma y legalización o apostilla.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, por sí y en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 196-2026 Protección.