nombre reservado con HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA

C.A de Rancagua Rancagua, trece de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 15 de mayo del año 2023, comparece nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, representada legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, mediante la cual se dio término anticipado a sus servicios como funcionario a contrata del Hospital Regional de O’Higgins.

Relata que desde el año 2018 prestaba sus servicios en esa repartición y que, mediante la Resolución Exenta Nº 2145, de 27 de abril de 2023, se dio término a su relación laboral que vence en diciembre del presente año, por la pérdida de confianza de la actual administración en su gestión como Subdirector de Gestión y nombre reservado del Establecimiento. Agrega que ingresó a dicho servicio contratado para desempeñar la función de Subdirector de Gestión y nombre reservado, por la experiencia y trayectoria que había tenido sobre la misma labor en el Hospital Fusat, pero que a partir del día 9 de marzo de 2023 y por Resolución Exenta Nº 1030, se encuentra desempeñando funciones menores en forma definitiva en el Departamento Control de Gestión del mismo establecimiento, por así haberlo dispuesto el Director Subrogante del Hospital de esa época. Añade que esta nueva contratación está amparada en las disposiciones contenidas en el Dictamen Nº 85.700, del año 2016, de la Contraloría General de la República, la que establece las normas por las que han de regirse las desvinculaciones de funcionarios a contrata de la administración pública, a las cuales está afecta la administración del Hospital Regional, razón por la que estaba obligada a observar y respetar las normas jurídicas que dispone a este respecto la ley 19.880, lo que no ocurrió.

Alega que, por lo anterior, el acto administrativo contenido en la Resolución ya citada, adolece del error de asignarle un cargo de confianza que ya no tiene, como es el de Subdirector de Servicio. Menciona que tanto en el artículo 11 como el artículo 41 de la ley 19.880, establecen como obligación imperativa e inexcusable, que el acto administrativo de desvinculación debe ser fundado, vale decir, que contenga todos los motivos, razonamientos y antecedentes de hecho y de derecho por los cuales la administración actual del hospital ha perdido la confianza en su desempeño. Indica que, al no contener la resolución precitada dichos antecedentes, se le ha privado del derecho a la defensa que todo ciudadano tiene, y que el argumento vertido en la resolución impugnada, en cuanto a que habría sido contratado bajo una administración anterior, no es razón suficiente ni lógica para haberlo desvinculado, porque su cargo actual no es de mera confianza ni asesora de la administración.

Arguye que la conducta recurrida además es ilegal porque no se basa en alguna de las causales definidas en el Dictamen N°85.700 de 2016, a saber: una deficiente evaluación del servidor, la modificación de las funciones y/o su reestructuración, la supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad y nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal. Agrega que este desconocimiento por parte de la administración de la actual función que cumple, la ha llevado al extremo de negarle el beneficio del principio de “confianza legítima” que ampara a los funcionarios a contrata, que no se encuentran dentro de la norma de excepción del Dictamen Nº 6400 de 2018.

Menciona jurisprudencia y señala como vulneradas las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Finaliza solicitando que se acoja su recurso y se declare que la Resolución Exenta Nº 2145 es improcedente, porque alberga un acto administrativo nulo por ilegal y arbitrario, razón por la cual la Administradora de dicho establecimiento debe reincorporarlo a sus funciones a la brevedad, restituirle los sueldos y beneficios no pagados durante todo el periodo, más las costas del recurso.

Acompaña documentación que indica.

A folio 11, comparece don Juan Pablo Pacheco Morales, abogado, en representación del recurrido Hospital Regional de O’Higgins, evacuando el informe respectivo y señaló que con fecha 31 de diciembre de 2021, mediante Resolución Exenta N°4867, se aprobó el Organigrama General del Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins, en donde se definió, como parte de la nueva estructura estratégica del Hospital Regional, que las Subdirecciones, entre ellas la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, corresponden al Segundo Nivel Jerárquico dependiente del Director del Establecimiento; así, el cargo de Subdirector de Gestión y nombre reservado, constituye una función directiva de marcado ámbito estratégico para la consecución de los fines propios de la Institución. Añade que, la situación estatutaria del recurrente es diferente a la del resto del personal a contrata del establecimiento, debido a que ingresó a la administración en virtud de una modalidad de excepción a la aplicación de un procedimiento de reclutamiento y selección, por lo que sus tareas y labores, para efectos de la encomendación de dicha función, se encuadran exclusivamente bajo la justificación de ser un profesional de confianza directa del Director que lo nombró en su oportunidad.

Agrega que las renovaciones anuales y sucesivas con las que contaba el recurrente a la fecha del presente acto, no le asiste el beneficio de la confianza legítima conforme lo dispone el Dictamen N° 6.400 de 2018 de la Contraloría General de la República, en virtud de la naturaleza de confianza directa que existió entre el funcionario y la autoridad que lo nombró de forma directa bajo el mecanismo de excepción ya señalado, las tareas directivas que le fueron encomendadas se basaron solo en el marco de dicha relación. Indica que por analogía, la Contraloría General de la Republica en Dictamen N°28.660 de 2018, ha estimado no haber inconveniente para que el razonamiento contenido en el citado dictamen N° 6.400 de 2018, aplicable a los jefes de gabinete y asesores en gabinetes de ministros, subsecretarios y jefes de servicios, pueda ser empleado como fundamento para poner término anticipado a una designación a contrata, que tenga encomendadas funciones directivas. Señala que el recurrente no cuenta con nombramientos a contratas previas a la encomendación de funciones en cuestión en otra dependencia del Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins y que, la nueva autoridad del Establecimiento, en ejercicio de sus facultades de dirección, determinó poner término anticipado de la contrata del recurrente, mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 2145, de 27 de abril de 2023.

Alega que la acción de Protección no es la vía jurídicamente idónea para resolver el asunto que se discute y que el recurrente pudo acceder al procedimiento establecido en el artículo 59 de la Ley 19.880, esto es, recurso de reposición y jerárquico ante la propia administración y reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, conforme lo dispuesto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo. Menciona que el 9 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.280, que hace aplicable a los funcionarios públicos y municipales el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo para la protección de las garantías fundamentales. Añade que el recurrente no desempeñó ningún día funciones en el Departamento de Control de Gestión y que, en este punto, yerra en su apreciación de negársele el beneficio del principio de “confianza legítima” que ampara a los funcionarios que no se encuentran dentro de la norma de excepción del Dictamen N° 6.400 de 2018, de la Contraloría General de la República, puesto que no cumplía de igual forma el periodo mínimo de dos renovaciones anuales en dicho cargo que, reitera, jamás ejerció.

Indica que la decisión de disponer el término anticipado de una contrata es una facultad que poseen las autoridades superiores de los servicios, y que los dictámenes sobre confianza legítima han manifestado que no es aplicable ese criterio a las designaciones motivadas por una cuestión de confianza directa. Arguye que no existe una afectación, privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la Constitución. Cita jurisprudencia y pide el rechazo del recurso de protección puesto que estima que el acto administrativo por el cual se recurre no ha conculcado las garantías constitucionales invocadas y, por otra parte, por no ser una materia que sea del ámbito de competencia de Corte, todo con expresa condenación en costas.

Acompaña documentos que indica.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, el hecho que motiva el presente recurso es la dictación de la Resolución Exenta N° 2145, de 27 de Abril de 2023, mediante la cual se puso término anticipado a la designación a contrata de nombre reservado, Planta de profesionales Grado 5º EUS, en calidad jurídica contrata del Hospital Regional de O’Higgins.

TERCERO: Que, al momento de informar, la recurrida manifestó que el actor fue nombrado como Subdirector de Gestión y nombre reservado, a través de una excepción al procedimiento ordinario de reclutamiento y selección, establecido en el artículo 14 de la Resolución Exenta N°1 de 2017 de la Dirección Nacional de Servicio Civil, que aprobó normas de aplicación general en materias de gestión y nombre reservado, en virtud de ser un profesional de confianza del Director del Hospital Regional de la época, por lo cual no le asiste el beneficio de legítima confianza. Asimismo, señaló que el recurrente no cuenta con nombramientos a contratas previos a encomendarle funciones en el cargo de Subdirector de Gestión y nombre reservado y, que el término de sus servicios se enmarca dentro de las facultades que poseen las autoridades superiores de la institución hospitalaria.

CUARTO: Que el Estatuto Administrativo señala que los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”; los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes. La diferencia con quienes se ajustan al régimen de contrata, radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos.

A su vez, el artículo 10 de la ley 18.834 dispone que: “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

QUINTO: Que, el inciso primero del artículo 89 de la ley 18.834, establece que:

“Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto.

SEXTO: Que, a su vez, el inciso primero de la letra c) del artículo 36 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005, dispone que:

“En el Director estarán radicadas las funciones de dirección, organización y administración del correspondiente Establecimiento y en especial tendrá las siguientes atribuciones:

(…)

c) Organizar internamente el Establecimiento y asignar las tareas correspondientes, conforme al presente Libro, el Código Sanitario y las demás normativas vigentes (…)

SÉPTIMO: Que, en la especie, la autoridad administrativa, en uso de sus facultades, decidió, mediante Resolución Exenta N° 2145, de 27 de abril de 2023, disponer el término anticipado a la designación a contrata del actor, justificando la decisión en los considerandos diez, once, doce y trece de ella; lo que se corrobora, con los antecedentes acompañados en autos.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la decisión adoptada por la autoridad de poner término anticipado a la contrata del recurrente, se encuentra ajustada a la legalidad vigente; ya que la primera, tiene la facultad de adoptar tal decisión, toda vez que el cargo en que fue designado el actor es de exclusiva confianza de la autoridad hospitalaria y, tampoco es arbitraria, pues se encuentra fundada -con razones de hecho y de derecho- y con antecedentes que respaldan tal decisión.

NOVENO: Que, en consecuencia, si la recurrida no ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal no pudo entonces vulnerarse ninguna de las garantías denunciadas.

DÉCIMO: Que, las alegaciones formuladas por el recurrente en cuanto a que la Resolución Exenta Nº1030, de 7 de marzo de 2023 modificó su estatus jurídico, por cuanto se le asignó una nueva función, distinta a la jefatura a la que había sido designado en primer término, pues dicho acto no alteró la naturaleza de su contrata, sino que, únicamente, conforme con las atribuciones de la autoridad, le asignó nuevas labores, lo que resta todo sustento a dicha petición.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida en favor de nombre reservado y en contra del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1956-2023-Protección.

“Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.”