Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Provida S

C.A. de Rancagua Rancagua, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 22 de noviembre de 2025 comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada legalmente por su Director Señor nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consiste en el retraso en el pago de su pensión de invalidez lo que vulnera sus derechos constitucionales consagrados en los números 1 y 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que desde octubre de 2022 es beneficiaria de una Pensión de Invalidez que constituye su principal fuente de sustento para cubrir sus necesidades básicas. Señala que, mediante Dictamen N.º NUM000 de la Comisión Médica de Rancagua, de 13 de julio de 2023, se le otorgó en primera instancia un 56% de discapacidad transitoria.

Posteriormente, tras nueva evaluación, por Dictamen N.º NUM001 de 31 de octubre de 2025, se le reconoció un 96% de invalidez definitiva y total, situación que se mantiene vigente a la fecha.

Refiere que, en agosto de 2025, la recurrida incurrió en el incumplimiento del pago de la pensión de invalidez transitoria, atribuyendo dicha falta a un supuesto cambio en su plataforma interna, siendo el pago efectuado el 27 de agosto, demora que pudo haberse extendido aún más de no mediar la intervención de la Superintendencia de Pensiones, ante el reclamo presentado el 25 de agosto. Añade que, no obstante lo anterior, la recurrida ha reincidido por segunda vez en su conducta durante el presente mes, incumpliendo nuevamente el pago mensual correspondiente a la pensión de invalidez, sin entregar una explicación formal ni oportuna que dé cuenta respecto de los motivos de su decisión.

Explica que el 19 de noviembre, evidenciando un nuevo incumplimiento en el pago, la reclamante realizó una llamada telefónica al call center, donde se le señaló que “la AFP puede pagar durante todo el día”, pese a que la afiliada le indica que “habitualmente, a las 08:00 horas, el pago ya se encuentra efectuado cada vez que la recurrente revisa mensualmente su cuenta bancaria” . Da cuenta de un segundo llamado en que se le confirmó que el pago no había sido cargado en la Cuenta Vista habilitada para el efecto por la reclamante. Añade que, a dicha reclamación se le asignó el número NUM002, fijándose una eventual respuesta para el 28 de noviembre de 2025, esto es, ocho días después de la fecha de pago inicialmente comprometida.

Señala que, concurre presencialmente a la sucursal de AFP Provida en la ciudad de Rancagua, sin que se le otorgara respuesta, limitándose a generar un reclamo interno sin plazos ni respuestas concretas y donde la jefa de sucursal reiteró que desconocía las razones por las cuales no se había realizado el depósito. Da cuenta que no se le entregó comprobante alguno del reclamo y no se ofreció solución provisoria, detallando las condiciones en que se llevó a cabo dicha atención, sin considerar su situación de discapacidad.

Relata que el 21 de noviembre, se contactó nuevamente al Call Center para verificar si existía alguna gestión asociada al reclamo, donde se le informa que no se había ingresado reclamo alguno.

Puntualiza que la situación expuesta implica un incumplimiento reiterado, vulnerando su derecho a información clara, oportuna y formal, y su derecho a recibir un pago oportuno, precisando que, según el DL 3.500, artículo 23, los fondos pertenecen exclusivamente a los afiliados, por lo que la AFP no puede retrasar su entrega sin causa justificada ni disponer de ellos arbitrariamente.

Detalla los perjuicios que le produce la situación descrita, relativa a la dificultad para afrontar sus gastos y adquirir medicamentos, así como el aumento del estrés, ansiedad, angustia emocional y sentimiento de abandono institucional, especialmente por la indolencia del personal y la falta de empatía y compromiso demostrada, debiendo en esta ocasión conseguir dinero con personas familiares o amigos para dar cobertura a este y a los otros gastos de alimentos, medicamentos y créditos que debo cubrir y que producto del incumplimiento ha sido insostenibles, vulnerando su derecho a un trato digno, exigido para personas con discapacidad según la Ley 20.422.

Desarrolla las garantías que considera conculcadas y finaliza solicitando se ordene a la AFP el pago inmediato de la pensión de invalidez adeudada, con costas y reajustes e intereses legales si corresponden, decretando que la requerida informe por escrito y de forma motivada las razones del retraso y las gestiones efectuadas para subsanar el incumplimiento.

A folio 10, comparece la recurrida evacuando el informe que le fuera requerido. Solicita el rechazo del recurso, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, en la falta de oportunidad de la presente acción, y en subsidio, por no haber asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto del recurrente de autos.

Puntualiza que la presente acción ha perdido oportunidad del momento que ProVida pagó la pensión de invalidez de la recurrente conforme al detalle que indica. Agrega que, como es de público conocimiento, ProVida cambió al proveedor que administraba sus bases de datos lo que generó retraso en el pago de pensiones de una cantidad determinada de afiliados.

Finaliza señalando que el comportamiento adoptado por su parte no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta a la recurrente, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, razón por la que el presente recurso de protección debe ser rechazado sin más trámite.

A folio 15, consta oficio remitido por la Superintendencia de Pensiones. Indica que, atendido el tenor del reclamo, se requirió informa a AFP Provida S.A., entidad que mediante carta C/ NUM002/Gerencia Comercial de 28 de noviembre de 2025, informó que hizo presente a la recurrente que, al haber obtenido una pensión de invalidez transitoria, recibe pagos mensuales mientras su calidad transitoria se encuentra vigente. Posteriormente, al ser dictaminada la invalidez definitiva, corresponde que el afiliado inicie el proceso de selección de modalidad de pensión, lo que implica solicitar ofertas de pensión en el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP). En este contexto, la actora requirió ofertas el 26 de noviembre de 2025 y la data del informe de la AFP requerida, se encontraba a la espera de la emisión del Certificado de Ofertas que será enviado desde dicha plataforma a la recurrente. Luego de señalar la normativa aplicable, finaliza señalando que de las norma citadas y antecedentes tenidos a la vista y atendida la data entre la fecha del reclamo por la falta de pago, la recurrente debía optar por la modalidad de opción para pensionarse por vejez, situación que pudo provocar un desface en el pago de su pensión invalidez.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2° Que, el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha a la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida es el haber incurrido de manera reiterada, durante los meses de agosto y noviembre de 2025, en retrasos injustificados en el pago de la pensión de invalidez de la recurrente, con demoras de entre siete días la primera vez hasta quince días la segunda respecto de las fechas comprometidas para el pago.

Dichos incumplimientos afectaron directamente no sólo su estado psicológico sino también su subsistencia, quien debió recurrir a terceras personas para dar cumplimiento como el pago oportuno del arriendo del domicilio que habita, cubrir gastos de alimentación, medicamentos y un crédito bancario generando en la demandante en esa ocasión un evidente menoscabo psicológico, emocional y económico, afectando su estabilidad personal y su subsistencia, provocándole angustia, incertidumbre y desprotección. 3° Que, en su informe la recurrida solicita el rechazo del recurso, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, en la falta de oportunidad de la presente acción, y en subsidio, por no haber asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto de la recurrente.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones informa que, de las norma citadas y antecedentes tenidos a la vista y atendida la data entre la fecha del reclamo por la falta de pago, la recurrente debía optar por la modalidad de opción para pensionarse por vejez, situación que pudo provocar un desface en el pago de su pensión invalidez. 4° Que, sin perjuicio de las diversas alegaciones planteadas en el recurso, esta Corte debe resolver al tenor de la petición concreta efectuada por la recurrente, esto es, que se ordene a la recurrida el pago inmediato de la pensión de invalidez adeudada, con costas y reajustes e intereses legales si corresponden, decretando que la requerida informe por escrito y de forma motivada las razones del retraso y las gestiones efectuadas para subsanar el incumplimiento. 5° Que, precisado lo anterior, conforme a lo informado por la recurrida, consta que ProVida pagó la pensión de invalidez de la recurrente de autos conforme al detalle que entrega, lo que no fue cuestionado por la actora, por lo que resulta evidente que el recurso deducido perdió oportunidad, pues ninguna medida de protección podría adoptarse en el evento de acogerse la acción, ya que actualmente no existe deuda alguna asociada al pago de la pensión de invalidez de la actora, por lo que el presente recurso será rechazado por haber perdido oportunidad. 6° Que, a mayor abundamiento, conforme a lo informado por la Superintendencia de Pensiones, atendido que en la fecha del reclamo por la falta de pago la recurrente debía optar por la modalidad de opción para pensionarse por vejez, es una circunstancia que pudo provocar un desface en el pago de su pensión invalidez, lo que se ratifica en el hecho que ésta no dio cuenta de nuevos incumplimientos o retrasos diversos de lo señalados en su arbitrio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1916-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.