nombre reservado con HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA

Rancagua, treinta de agosto de dos mil diecisiete.

Vistos:

Que, con fecha 9 de julio del año en curso, comparece don César Augusto Destéfano Zuluaga, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en nombre de nombre reservado, profesional técnico en prevención de riesgos, deduciendo recurso de protección en contra del Hospital Regional de Rancagua, representado por su Director nombre reservado, ambos domiciliado en domicilio reservado.

Funda su recurso, en que el Sr. nombre reservado detenta la calidad de funcionario público a lo menos desde hace 6 años, bajo la modalidad de “compra de servicios”, desempeñando funciones ligadas a la prevención de riesgos, describiendo sus funciones y cómo estás resultaban necesarias en el nuevo edificio del Hospital Regional de Rancagua.

Agrega, que no obstante, lo que califica, como indiscutible calidad funcionaria de nombre reservado, nunca se reconoció relación laboral, omitiéndose el pago de cotizaciones previsionales y de salud, o sus derechos estatutarios.

Denuncia la existencia de una diferencia arbitraria con los funcionarios que figuran en calidad de contratas, a los que si se les pagan cotizaciones.

Agrega, que el día 30 de junio del año en curso, recibió una comunicación, en la que se le conmina a reducir ostensiblemente su sueldo, so pena de no continuar con sus servicios. Paralelamente, se le ofreció verbalmente que si firmaba su renuncia por anticipado, se le mantendría el nombramiento vigente hasta el día 31 de agosto de 2017. Luego, el 06 de julio, se le exigió que hiciera entrega de las llaves de su oficina, de la clave de su computador y de su credencial de funcionario, todos actos que califica de arbitrarios y/o ilegales.

Ésta orden fue representada, y se le reiteró por escrito, lo que se tradujo en una desvinculación de hecho, debiendo abandonar su trabajo intempestivamente.

Señala, que el protegido realiza funciones que no constituyen servicios independientes, sin que esté en discusión la relación laboral que posee con el órgano recurrido, sin que concurran las condiciones para poner término a sus funciones conforme al estatuto administrativo o al código del trabajo.

Denuncia como vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, derecho de propiedad, integridad física y psíquica y la libertad de trabajo.

Finaliza pidiendo se declare que las actuaciones y omisiones en que ha incurrido el Servicio denunciado, en especial, la carta de fecha 30 de junio de 2017, y las instrucciones para que entregue su credencial funcionaria, su computador y las llaves de su oficina, son ilegales y arbitrarias, declarándose que no se puede poner término unilateral y arbitrario al nombramiento que lo ampara, debiendo reincorporarlo inmediatamente a sus funciones, que sus inasistencia no son imputables al afectado, que se debe respetar la propiedad de sus remuneraciones, debiendo entregarse nuevamente sus llaves, la credencial y su computador, que el servicio debe proveer su nombramiento, en calidad de contrata, en subsidio las que se estimen pertinente para el restablecimiento del derecho, con costas.

Se declaró admisible el recurso y se pidió informe al recurrido.

Al momento de evacuar su informe, se pide el rechazo del recurso.

Depone que don nombre reservado desempeñó funciones como asesor en prevención de riesgos, a partir del 01 de enero de 2016, mediante contrato de compra de servicios, con la función específica de servir de apoyo de gestión de unidad de prevención de riesgos del hospital, cargo asimilado al grado 16°, cuyo sueldo es pagado mediante boleta de honorarios electrónica Aclara que el protegido no es funcionario público, citando en tal sentido el artículo 11 inciso 2° de la ley 18.834.-, por lo que le corresponde realizar a aquél, el pago de sus cotizaciones previsionales.

Detalla los contratos, siendo el último de ellos el 30 de junio de 2017. Depone que se constató un error en la designación del grado con que se había asimilado al recurrente para efectos de su remuneración, ya que se le extendió una calificación de profesional. Sin embargo, el título del Sr. nombre reservado es técnico, y es en ese contexto que se remite la carta de fecha 30 de junio del año en curso.

Expone que el actor no aceptó la baja en su remuneración, por lo que no se le prorrogó el contrato, mencionando que el Director del Hospital puede invalidar un acto administrativo y que lo pedido no se condice con la naturaleza excepcional de la presente acción.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que, como primera cuestión debe dejarse asentado que no aparece claro cuál es en definitiva el acto u omisión del que se reclama; la acción constitucional de que se trata exige que se denuncien hechos concretos, claros y específicos, que puedan constituir atentados o amenazas a derechos constitucionalmente protegidos, exposición fáctica que aquí falta en cuanto no es clara ni precisa. Por el contrario, en el caso que nos convoca –entre otras- se denuncian supuestas irregularidades en la situación funcionaria del protegido, cuestionando el cese de sus funciones, instando finalmente por su nombramiento en calidad de contrata.

2°.- Que, sin perjuicio de lo anterior, el texto del recurso hace especial mención como antecedentes fundante del libelo, al contenido de la comunicación de fecha 30 de junio de 2017. En dicha esquela, se hace presente al actor, que su remuneración, a contar del 1 de julio del año en curso será ajustada a la correspondiente al grado 16° de la EUS.

3°.- Que, desde luego, dicha notificación, en principio puede ser susceptible de amparo por la presente vía. Sin embargo, para que la conclusión anterior se materialice, como requisito indispensable debemos encontrarnos ante una relación laboral o estatutaria, que genere derechos y obligaciones, tanto para el Sr. nombre reservado, como para el Hospital Regional de Rancagua.

4°.- Que, en el sentido propuesto, únicamente se acompañó a estos antecedentes copia de la Resolución Exenta Nº 1571, de 2 de mayo, que aprueba una nueva prórroga del nombramiento del recurrente hasta el 30 de junio de 2017. No se demostró con el resto de la instrumental acompañada, que actualmente al Sr. nombre reservado lo ampare un nombramiento vigente, en cualquier calidad, que justifique su permanencia en el cargo que detentaba o en cualquier otro, de distinta naturaleza.

5°.- Que, así las cosas, estableciéndose una fecha cierta para el término de las funciones del actor, la que no se probó que haya sido renovada, cualquier disquisición en torno al documento en referencia ha perdido relevancia, pues la rebaja a sus estipendios sólo se haría efectiva a contar del día 1° de julio del año en curso, fecha en la que ya no presta servicios para la entidad recurrida, por lo que malamente se pudo materializar la rebaja recién aludida, estando justificado entonces que el reclamado haya solicitado la entrega de la oficina, las llaves y su credencial.

6°.- Que, no está demás decir, que la misiva a la que se ha hecho mención, está refrendada en el error de cálculo en el pago que le correspondía al recurrente. Así, con el objeto de efectuar las enmiendas de rigor, se propuso, como condición del contrato, una rebaja de aquellas, sin que conste que el Sr. nombre reservado haya aceptado esa disminución, lo que desecha cualquier atisbo de arbitrariedad en el acto impugnado.

7°.- Que, la petición del actor, en cuanto se declare que en la especie existió una finalización unilateral a su nombramiento, resulta infructuosa, pues tal como se dijo, el termino de ellas se debió a un hecho objetivo, como es el vencimiento del plazo. Esa situación concreta, malamente puede ser arbitraria y/o ilegal, pues fue una condición establecida por los contratantes, estando revestida entonces de la fuerza obligatoria que nuestra legislación reconoce a esta clase de convención.

8°.- Que, idéntico derrotero se puede hacer extensivo a la solicitud de modificar la calidad funcionaria del Sr. nombre reservado, pasando de la modalidad de compra de servicios a una contrata. Ello excede con creces los fines de la presente acción, y en caso alguno se condice con los hechos fundantes del recurso. El reconocimiento pedido, al no tratarse de un derecho preexistente y libre de controversia, desnaturaliza la acción de protección, la que está establecida para poner pronto remedio a situaciones urgentes. Algo similar sucede con la protección o reconocimiento de los derechos de carácter laboral que se esbozan en el libelo, peticiones que necesariamente deben ser interpuestas en la sede correspondiente.

9°.- Que, así las cosas, no se demostró por el actor, siendo de su cargo, vulneración alguna a las garantías o derechos supuestamente mancillados, estando suficientemente justificado el actuar del recurrido, lo que lleva al rechazo del recurso, tal como se dirá.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, la acción constitucional deducida por don César Augusto Destéfano Zuluaga, en nombre de nombre reservado, en contra del Hospital Regional de Rancagua, representado por su Director nombre reservado.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Caro, quien estuvo por acoger el recurso de protección por las siguientes consideraciones:

1.- Que el acto arbitrario e ilegal contra el cual se recurre consiste en la carta de 30 de junio de 2017, por la cual la Directora de Recursos Humanos del Hospital Regional de Rancagua le comunica al recurrente que a contar del 1° de julio de 2017 su remuneración será ajustada al estamento correspondiente, asimilándose al grado 16 de la EUS ($ 559.158), el cual necesariamente debe vincularse con la solicitud verbal efectuada el 6 de julio de 2017 por el jefe del Departamento de Salud Ocupacional, indicándose que el contrato expiró el 30 de junio de 2017 y que conforme a ello se le pide que entregue la credencial, la llave de la oficina y la clave del computador.

2.- Que, de los antecedentes acompañados al recurso y de la propia carta en cuestión consta que la recurrida intentó reducir la remuneración del recurrente desde $888.989 que corresponde al monto mensual con el que fue contratado para desempeñar de asesor en prevención de riesgos, a la suma de $559.158 y debido a que este no aceptó tal reducción, se produjo su desvinculación.

3.- Que, ahora bien, a pesar de que el recurrido sostiene en su informe que el actor no tiene la calidad de funcionario público, pues sólo se encuentra ligado por un contrato de compra de servicios, ha sido la propia administración la que ha justificado la pretendida reducción de ingresos en la circunstancia que la remuneración del recurrente debe ajustarse a la de los empleados públicos, la que se fija de acuerdo a los cargos que estos ocupan, según un orden jerárquico y considerando si poseen un título profesional o técnico.

4.- Que, en este contexto, cabe precisar, en primer término, que la recurrida manifestó su decisión sobre la continuidad de la prestación de servicios del actor, dado que si bien el contrato expiraba el 30 de junio de 2017, en la carta en cuestión indicó expresamente que éste seguiría a contar del 1° de julio, pero con una remuneración reducida. Tal expresión de voluntad es clara en torno a la mantención del servicio contratado y por ello, resulta ilegal que mediante petición de 6 de julio de 2017, se le pida al recurrente que deje sus funciones.

5.- Que, en segundo término, dado que el propio servicio sostiene en su informe que el actor no es funcionario público, no resulta lícito que se pretenda reducir los honorarios con los fue contratado y que se encuentran precisados en el adendum a contrato de compra de servicios de 1° de enero de 2016, en el que se expresa que el Hospital paga bajo la modalidad de compra de servicios la cantidad de $888.989 por mes trabajado, contrato en el que no se hace referencia alguna que tal ingreso se encuentra asimilado a algún grado de la escala única de sueldos, cuestión que en todo caso, aún de ser efectiva, sería sólo meramente referencial y no puede facultar una modificación unilateral del contrato por parte de la administración.

6.- Que, conforme a lo anterior, la reducción de ingresos antes precisada constituye un acto ilegal de parte de la administración, por cuanto se ha adoptado de manera unilateral y en base a una justificación que no resulta permitida a la luz del contrato que vinculaba al actor. A su vez, la ilegalidad de la desvinculación deriva tanto de haberse adoptado luego de que la administración manifestara su voluntad de prorrogar el contrato por otro periodo, como del hecho que se llevara a cabo por el jefe del departamento ocupacional a través de un simple correo electrónico y no por medio de una resolución fundada por parte del Director del Hospital Regional, en los términos que exige el inciso 2° del artículo 11 de la Ley 19.880.

7.- Que, por la razones antes consignadas, el disidente estima que debe acogerse el recurso, ordenando a la recurrida cumplir la prórroga del contrato que comenzó a regir el 1° de julio de 2017, por el periodo acordado en el mismo y pagar la contraprestación monetaria originalmente estipulada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Pairicán.

Rol Corte N° 1910-2017 Protección.

No firma el abogado integrante Sr. Briceño, por no encontrarse integrando el día de hoy; no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.