nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Rancagua, veintidós de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de don nombre reservado de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, representado por nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 10 de noviembre de 2025, que declara no ingresada la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero.

Indica que el recurrente, mediante el portal web correspondiente, solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, siendo notificado mediante correo electrónico de 10 de noviembre de 2025, que su solicitud fue declara no ingresada, la que transcribe. Cita la normativa e indica que el actor cumple todos los requisitos legales, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida resuelve sin mayor fundamento, siendo el fundamento “otro”, sin siquiera especificarlo, lo que implica desde ya la arbitrariedad e ilegalidad del acto.

En cuanto al cumplimiento de los requisitos, indica que en lo que dice relación a la afiliación a la seguridad social del país de origen, se acompaña certificado de afiliación, que puede ser verificado y validado en el link que inserta. Explica que lo anterior, dice relación a que las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web señalada en la forma que indica, verificando una conducta omisiva de verificar la mentada afiliación, argumentándose simplemente que la constancia electrónica no cumple con el requisito de estar legalizado, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de dicha institución, por lo que es forzoso concluir que se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen. Adiciona que, en el evento improbable que no fuere suficiente, se realizó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada para su constatación.

Alega que la recurrida insiste en señalar que las constancias electrónicas no es un documento válido, sin siquiera especificar el motivo de esa afirmación. Añade que la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, el que detalla y conforme a la foto captura que inserta. Así, argumenta que el recurrente cumple con el requisito de estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, pues, la constancia electrónica es verificable a través de la web oficial dispuesta por la autoridad de los seguros sociales venezolanos.

Desarrolla las garantías que considera conculcadas, precisando que la recurrida realiza una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, actuando de forma caprichosa a no ingresar la solicitud de retiro de fondos de pensión.

Previas citas legales y citar variada jurisprudencia a su favor, finaliza solicitando se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, a finde efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

A folio 15, compareció la Superintendencia de Pensiones evacuando el informe que le fuera requerido. Luego de argumentar sobre la improcedencia del presente recurso, por referirse a una materia que excede la naturaleza y fin del recurso de protección.

Seguidamente precisa que el señor nombre reservado no registra ante dicho Organismo reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección que se informa. Explica que la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y tiene como objetivo evitar la doble cotización para los técnicos extranjeros que prestan servicios especializados en nuestro país, permitiendo, además, la continuidad de su sistema previsional internacional, detallando facultades de la Superintendencia en la materia.

Señala que, en el presente caso, para cumplir con el requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, el recurrente debía haber presentado documentación que acreditara su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, el cual le otorgue, al menos, prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, debía manifestar de manera clara e inequívoca su voluntad de mantener dicha afiliación, lo que le permitiría quedar exenta de la obligación de cotizar en el sistema previsional chileno. Sin embargo, indica que, en este caso, la documentación presentada no cumple con los requisitos ya que el Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) carece de firma autorizada y no ha sido legalizado ni apostillado. Refiere que el hecho de incorporar un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para que produzcan efectos en el territorio nacional y la declaración jurada acompañada por la parte recurrente no reemplaza la certificación requerida para acreditar la cobertura previsional en el extranjero.

Agrega que el recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo cual no garantiza el retorno a su país de origen y pone en riesgo, que, pese al retiro de sus fondos previsionales, se deba cubrir su pensión con fondos fiscales.

Con fecha 9 de enero de 2026, atendido el tiempo transcurrido y constando del mérito de los antecedentes, se hace efectivo el apercibimiento anunciado y, en consecuencia, se prescinde del informe de la recurrida.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, el acto que se considera ilegal y arbitrario consiste en la comunicación mediante correo electrónico de 10 de diciembre de 2025 que, frente a la solicitud de retiro de Fondos para Extranjero, informa que su solicitud fue declarada no ingresada, no obstante cumplir el actor todos los requisitos legales, siendo el fundamento “otro”, sin siquiera especificarlo, lo que implica desde ya la arbitrariedad e ilegalidad del acto, lo que vulneraría lo establecido en la Constitución Política de la República, artículos 19 N°s 2 y 24.

3° Que, con fecha 9 de enero de 2026, atendido el tiempo transcurrido y constando del mérito de los antecedentes, se hace efectivo el apercibimiento anunciado y, en consecuencia, se prescinde del informe de la recurrida A.F.P Modelo S.A.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones informa que el señor nombre reservado no registra ante dicho Organismo reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar. Señala que, en el presente caso, la documentación presentada no cumple con los requisitos ya que el Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) carece de firma autorizada y no ha sido legalizado ni apostillado. Refiere que el hecho de incorporar un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales vigentes y la declaración jurada acompañada no reemplaza la certificación requerida para acreditar la cobertura previsional en el extranjero. Agrega que el actor cuenta con residencia permanente, lo cual no garantiza el retorno a su país de origen y pone en riesgo, que, pese al retiro de sus fondos previsionales, se deba cubrir su pensión con fondos fiscales.

4° Que, sin perjuicio que la Superintendencia de Pensiones informa en relación con el retiro de fondos, esta Corte debe resolver al tenor de la petición concreta efectuada por el recurrente, consistente en que se declare por este Tribunal de alzada que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

5° Que, para decidir la cuestión planteada, cabe tener presente el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su vez, el artículo 7 del mismo cuerpo legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

6° Que, al respecto y a fin de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 1° de la ley antes citada, el recurrente acompañó a su recurso cédula de identidad para extranjeros, declaración jurada ante notario público, constancia de afiliación electrónica, título profesional apostillado, entre otros, documentos que como sostiene la respectiva Superintendencia no resultan idóneos para dar cumplimiento a las exigencias legales, por cuanto la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

7° Que, el documento denominado “constancia de afiliación electrónica” no ha sido firmado, apostillado ni legalizado, no siendo posible -en definitiva- establecer la legitimidad del documento en cuestión. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional, por lo que no es posible acceder a la pretensión del recurrente en cuanto declarar u ordenar que sus documentos cumplen con los requisitos exigidos por la ley para proceder al retiro de fondos previsionales que solicita y, consecuencialmente, a la autorización para el retiro de los mismos.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1899-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.