nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 28 de junio del año 2024, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, quien interpone recurso de protección en contra del nombre reservado Francisco de Mostazal.

Indica que se han vulnerado sus derechos al no tener un juicio justo y arbitrario, tras la mala constitución del Consejo Superior de disciplina. Indica que ellos toman todas las decisiones, sanciones y castigos.

Refiere que fue juzgado, tras una acusación sin pruebas, realizando una persecución en su contra como persona y bombero afectando su honra. Agrega que el Consejo Superior de disciplina tiene un claro conflicto de interés y que el testigo presentado estaba manipulado y ponía en riesgo su trabajo.

Explica que la persona que realiza esta acusación había presentado su renuncia al cargo de capitán en el oficio 031/2024 y esta acusación tiene el oficio Nº 032/2024 el cual está firmado y presentado por capitán, lo cual no es posible ya que había renunciado días antes.

Por esta razón, indica que siente una persecución en su contra por estar trabajando de buena forma. Añade que el artículo 1553 del Código Civil establece que los estatutos de una corporación tiene fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecer bajo sanción que los mismos estatutos impongan. Expresa que la potestad disciplinaria corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejerza a través de una comisión de ética, tribunal de honor que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto a los derechos de la Constitución, leyes y estatutos. Adiciona que, en todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo disciplinario.

Puntualiza que el reglamento del nombre reservado de Mostazal contempla un procedimiento disciplinario aplicable a un sinfín de números, pero no describe cuales conductas asociadas a cada sanción, dejando al libre albedria de las autoridades disciplinarias la imposición de castigos, lo cual vulnera su garantía constitucional de la integridad física y psíquica, debido proceso e igualdad ante la ley y sus derechos sobre su condición de bombero y director de compañía.

Finaliza solicitando dejar sin efecto el castigo impuesto de separación y ser restituido a las filas de la segunda compañía tanto como bombero y director de esta, para seguir en la ayuda de la gente de su pueblo y país.

A folio 4, con fecha 9 de julio de 2024, comparece evacuando informe la abogada Dominique García Espinoza, en representación del nombre reservado Francisco de Mostazal, representado legalmente por su superintendente don Ricardo Omar Ríos Lecaros, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que el presente recurso dice relación con la supuesta vulneración de derechos del actor, tras la constitución del consejo superior de disciplina, en la acusación que se realizó a éste por parte de entonces capitán de la segunda compañía la punta, don nombre reservado, mediante oficio Nº 032-2024, acusación sobre sustracción de bencina, que se ocupa para los equipos de combustión dentro del cuartel de la punta, bencina que no es devuelta por el recurrente, director de la compañía. Agrega que esta acusación es corroborada por el testimonio de don nombre reservado, cuartelero rentado de la segunda compañía la punta, así como por el ex capitán de compañía don nombre reservado.

Señala que se indica en el arbitrio que se constituyó mal el consejo superior de disciplina, explicando que este se conforma en base al reglamento del nombre reservado Francisco de Mostazal en su artículo 31 el que transcribe y que no es arbitrario, ya que los fallos del consejo superior de disciplina se fundamentan en el artículo 32.-1.

Explica que al afectar el actor los intereses institucionales, por la sustracción de bencina, el consejo superior de disciplina tomo la decisión de separarlo de la compañía por un periodo de siete años, teniendo que dejar su cargo de director de compañía, decisión que fue tomada por el Consejo superior de disciplina conformado por el superintendente don Ricardo Ríos Lecaros, vicesuperintendente don nombre reservado, secretario general don nombre reservado, la directora de la primera compañía doña nombre reservado y el comandante don nombre reservado.

Se refiere a las supuestas garantías constitucionales violentadas y finaliza pidiendo el rechazo del recurso.

A folio 9, el recurrente presente escrito el que se ordena dar cuenta en la vista de la causa, en el que señala, en síntesis, que la acusación de sustracción se basa sólo en escritos y palabras. Agrega que prestó testimonio, el cual fue grabado por el Consejo Superior de Disciplina, y que los dos testigos uno fue el que envió el oficio y el Maquinista Rentado de la Compañía el cual hizo el cometarios según escrito, testimonios que, no obstante, deberían estar disponibles, no tuvo conocimiento y no tuvo la oportunidad de poder rebatirlo o defenderse.

Refiere que el informe del excapitán, jamás llego a sus manos como director, tampoco llego a la dirección o se dio a conocer a los oficiales de su compañía como expone el oficio número 32.

Reitera que el oficio del excapitán nombre reservado fue mal intencionado, con fechas que no concuerdan, oficios después de su renuncia al cargo, un consejo imparcial, con un reglamento con falencias que no tiene especificado una sanción según la falta que se comete, y espera una disculpa pública y por escrita para que sus pares tengan la certeza de lo sucedido y se acaben las injurias hacia su persona, y así poder ser reincorporado.

Acompañaron las partes documentos que se encuentran agregadas al proceso.

Se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que se reprocha en el presente recurso es la decisión del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado Francisco de Mostazal, de fecha 31 de mayo de 2024, de separar al recurrente de la Compañía por 7 años y de dejar su cargo de director de aquélla. Se argumenta por el recurrente que dicha decisión no habría respetado el debido proceso, porque no se hace cargo de su defensa, cuestionando, a la vez, la constitución de dicho Consejo y que el Reglamento General contiene falencias porque no especifica una sanción según la falta cometida.

TERCERO: Que, informando la recurrida, señala que la acusación que motivó la desvinculación del recurrente se realizó por parte del entonces Capitán de la Segunda Compañía La Punta, don nombre reservado, mediante oficio Nº032-2024, sobre sustracción de bencina, la que habría sido corroborada por el testimonio de don nombre reservado. Además, se informa que el Consejo Superior de Disciplina se ajustó al Reglamento del nombre reservado Francisco de Mostazal, cuyo artículo 31 transcribe, indicando que la decisión adoptada no es arbitraria, ya que se basa en el artículo 32.-1 que atiende a los intereses generales de la institución.

CUARTO: Que, conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 20.564, Bomberos presta un servicio de utilidad pública, por lo que, sin perjuicio de la naturaleza privada de su conformación y organización, toda medida disciplinaria debe ajustarse a las reglas del debido proceso, consagrado a nivel constitucional, a través de un procedimiento previo, racional y justo, el cual debe estar contemplado dentro del reglamento interno de la recurrida, lo que se constituye en una manifestación concreta del derecho a la igualdad ante la ley, reconocida como derecho fundamental y amparado por el recurso de protección en nuestra Carta Fundamental, los que además, se encuentran consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8 sobre las garantías judiciales -debido proceso-; y el artículo 24 sobre igualdad ante la ley.

QUINTO: Que, la exigencia de los estándares mínimos del debido proceso no son sólo un requisito del proceso penal, sino que una prerrogativa de todo procedimiento sancionatorio o punitivo, cualquiera sea su naturaleza, ya que justamente se parte de la base de que existe una entidad que tiene una potestad que no puede ser contrarrestada por la mera voluntad de las partes, y que si bien el Estado se la reconoce, le impone el deber de respetar un mínimum común que en el derecho sancionatorio se corresponde con el debido proceso, en el cual se despliegan todas las garantías necesarias para el logro de un proceso justo, lo que constituye, a fin de cuentas, la mayor garantía de la expresión material de la igualdad ante la ley, que es justamente una de las normas invocadas, que el recurrente estima vulneradas.

Lo anterior resulta además acorde con lo dispuesto el artículo 553 del Código Civil, en cuanto establece que “La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario”.

SEXTO: Que, concretamente, en el caso de autos, del análisis de la decisión impugnada es posible apreciar que en ella nada se dice sobre los descargos del recurrente, como tampoco sobre la gravedad de los hechos supuestamente cometidos por éste, lo que impide determinar su razonabilidad, en particular, por la entidad de la sanción impuesta, y las consecuencias que la misma acarrea para el actor.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, por lo antes expuesto, es posible concluir que la sanción disciplinaria impuesta, no cumple con los requisitos mínimos del debido proceso, en particular, con la obligación de fundamentación y de hacerse cargo de la defensa del sancionado, todo lo cual importa una afectación sustancial de los derechos del recurrente, en particular, el de la igualdad ante la ley en su dimensión de proscribir un trato discriminatorio, a lo que se suma la circunstancia de que según el artículo 34 del Reglamento de la institución recurrida, las decisiones del Consejo Superior de Disciplina son inapelables, cuestión tampoco se ajusta a las reglas del debido proceso.

Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE la acción constitucional deducida por nombre reservado, en contra del nombre reservado Francisco de Mostazal, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución 1/2024, de 31 de mayo de 2024, dictada por el Consejo Superior de Disciplina, del nombre reservado que dispuso la sanción de separación del recurrente por el periodo de siete años, debiendo procederse a su reincorporación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1886-2024 -Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.