Protección contra Ilustre Municipalidad de Requínoa

C.A. Rancagua.

Rancagua, quince de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 15 de noviembre de 2025 comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Requínoa, representada por su alcalde don Waldo Valdivia Montecinos, impugnando el Decreto Alcaldicio Siaper N° NUM000, de fecha 16 de octubre de 2025, mediante el cual se aplicó la medida de destitución y el Decreto Alcaldicio Siaper N° NUM001, de fecha 29 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra del primero. Expone que se desempeñó durante diez años como funcionaria pública en la comuna de Requínoa, y ésta es la primera vez que se ve involucrada en un sumario administrativo donde se le aplique una sanción administrativa. Durante este tiempo se ha desempeñado en distintas funciones y cargos, inclusive como jefatura subrogante, y como Coordinadora del Centro Comunitario de Rehabilitación, destacando por una conducta profesional y ética intachable, lo cual se refleja en sus calificaciones funcionales y en su hoja de vida funcionaria.

Refiere que fecha 9 de junio de 2025, la Contraloría ordenó al Alcalde de la Municipalidad recurrida instruir un sumario administrativo en su contra, a fin de establecer la eventual existencia de responsabilidad administrativa que pudiese tener, en su calidad de funcionaria pública, por haber salido del país en enero de 2025, estando con licencia médica psiquiátrica.

Agrega que Con fecha 3 de diciembre de 2024 compró pasajes al extranjero, en un contexto en el que no existía ningún indicio ni manifestación de la crisis de salud mental que presentó con posterioridad y contaba con 30 días de feriado legal para hacer uso de él, por lo que no existía necesidad de hacer un mal uso de una licencia médica ni de planificar su obtención para efectuar dicho viaje.

Expone que, las licencias médicas no fueron extendidas con la finalidad de justificar su inasistencia al trabajo, sino con el objetivo de recuperar mi salud.

Además, la propia licencia médica, señala LUGAR DE REPOSO 3 = OTRO DOMICILIO, estableciéndose expresamente en dicho documento, que podía salir de su domicilio, sin distinguir si esa salida podía efectuarse fuera o dentro del país, motivo por el cual, habiendo conversado con el especialista sobre el viaje, actué bajo la convicción de que actuaba en conformidad a la ley.

Sostiene que, el cargo formulado en su contra, es erróneo y la sanciona de forma arbitraria, porque indica que incumplió el reposo en el domicilio indicado en la licencia médica, sin embargo, dicha licencia no señala un domicilio en específico, por lo que, a su juicio, no cometió ninguna falta.

Alega que, a la época de su viaje, existía un ERROR COMUN, puesto que, los profesionales de la salud que la trataron, como así, muchos otros funcionarios, tenían la convicción de que podía viajar si la licencia médica era por salud mental, señalando como normas infringidas los artículos 6, 7 y 19 N° 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que la resolución recurrida fue dictada con infracción de ley, carece de fundamentación, vulnera los principios de tipicidad, proporcionalidad y culpabilidad y no respeto el debido proceso.

Finalmente, solicita que se deje sin efecto su destitución, se ordene su reincorporación al servicio y se disponga el pago de todas las remuneraciones, asignaciones y demás prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de cese de funciones hasta su efectiva reincorporación.

A folio 5, informa la Municipalidad recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que la recurrente se desempeñó como Terapeuta Ocupacional del Centro Comunitario de Rehabilitación, del Departamento de Salud, dependiente de la Ilustre Municipalidad de Requínoa. Refiere que el procedimiento disciplinario se inició a raíz del Oficio N° NUM002 de fecha 09 de junio del 2025 de la Contraloría General de la República, que instruyó a diversos organismos públicos investigar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios que hubiesen salido del país mientras hacían uso de licencias médicas, respecto de la salida hacia Brasil con fecha 30 de enero al 6 de febrero de 2025, mientras la recurrente se encontraba haciendo uso de su reposo médico, es así que por medio del Decreto Alcaldicio N° NUM003 de fecha 16 de junio de 2025, se ordena la instrucción de dicho sumario administrativo, designando como fiscal a doña nombre reservado.

Agrega que, con fecha 11 de agosto 2025, se notifica de la formulación de cargos, el que corresponde a “Falta grave a la probidad administrativa regulada por la Ley 18.575 y demás disposiciones especiales, Título III de la probidad administrativa, artículo 52. Ley 19.378, Párrafo 3º término de la relación laboral, artículo 48, letra b) falta de probidad de las obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por un sumario, Ley 18.883 Estatuto administrativo para funcionarios municipales, Título III, de las obligaciones funcionarias párrafo I, artículo 58 letra g).”

Indica que la actora presentó sus descargos y por Decreto Alcaldicio SIAPER N° NUM000, se aprueba la vista fiscal emitida por la Fiscal, decretando la destitución de aquélla, quien presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado, manteniendo la sanción de destitución en el Decreto Alcaldicio SIAPER N°NUM001 de fecha 29de octubre de 2025.

Alega que, no asumió funciones relativas al control de la licencia médica, sino solo de la conducta del funcionario que, estando con licencia médica sale del país, reprochando su falta a la probidad administrativa y no la falta al reposo indicado por el médico tratante, por lo que no ha vulnerado el principio de juridicidad, así como tampoco se dictó la resolución recurrida con infracción de ley, ya que se acató el procedimiento contemplado en el marco normativo del Derecho Administrativo Sancionador y siendo además debidamente fundada.

En cuanto a los principios supuestamente vulnerados refiere que, si bien la conducta sancionada no está contemplada específicamente en la norma legal, si está contemplada la infracción al principio de probidad administrativa en donde se enmarca el procedimiento en cuestión, por lo que no hay afectación al principio de tipicidad, así como tampoco al de proporcionalidad y de culpa, por cuanto existe una relación entre la intensidad de la medida, la conducta desplegada y el interés público comprometido y además se acreditó el hecho denunciado. Asimimo, se respetó el debido proceso toda vez que la recurrente fue debidamente notificada de que existía un proceso administrativo en su contra, pudo rendir prueba, prestar declaración, presentar descargos y presentar recurso de reposición.

Finalmente, niega una vulneración a garantías constitucionales y sostiene que la acción constitucional resulta improcedente para revisar el mérito, oportunidad o proporcionalidad de las decisiones adoptadas en el marco de un procedimiento disciplinario regularmente sustanciado, existiendo vías específicas de impugnación administrativa y jurisdiccional para controvertir tales determinaciones, solicitando en definitiva el rechazo íntegro del recurso, con costas.

A folio 9, evacua informe la Contraloría Regional, solicitando tener presente que el recurso de protección ha sido dirigido en contra de la Ilustre Municipalidad de Requínoa y no en contra de ese órgano de control, precisando que la acción constitucional se funda en la dictación del decreto alcaldicio N° NUM001, de 2025, mediante el cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la actora, en contra del decreto alcaldicio N° NUM000, de este año, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución.

En cuanto a la situación particular de la actora, indica que la elaboración del Consolidado de Información Circularizada N°NUM004 se efectuó sobre la base de antecedentes oficiales proporcionados por la recurrida y por la Policía de Investigaciones de Chile.

Precisa que, mediante el Oficio N° NUM002, de 2025, se remitió a la Municipalidad recurrida la nómina de funcionarios de dicha entidad involucrados en el referido consolidado, incorporándose antecedentes relativos a las licencias médicas comprometidas, las fechas de viaje y los pasos fronterizos utilizados. En particular, respecto de la actora, informa que registra una salida hacia Brasil el 30 de enero de 2025 y una entrada el 6 de febrero de la misma anualidad, mientras se encontraba con reposo médico a través de la licencia médica folio N°NUM005, con fecha de inicio del 28 de enero de 2025, y fecha de término el 24 de febrero de 2025, por un total de 28 días.

Acompañan los documentos que indican.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2° Que, lo que se reclama en estos autos es la dictación del Decreto Alcaldicio Siaper N° NUM000, de fecha 16 de octubre de 2025, mediante el cual se aplicó la medida de destitución y el Decreto Alcaldicio Siaper N° NUM001, de fecha 29 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra, lo que estima ilegal y arbitrario por cuanto se origina en un procedimiento que vulneró sus garantías constitucionales del articulo 19 N° 1, 2, 3, 4 y 24 de la Constitución Política de la República. 3° Que, en su informe, la recurrida sostiene que el sumario se llevó a cabo con estricto apego al debido proceso, aplicando a la recurrente la medida disciplinaria de destitución del cargo por incurrir en una falta grave al principio de probidad administrativa.

Además, niega una vulneración a garantías constitucionales y sostiene que la acción constitucional resulta improcedente para revisar el mérito, oportunidad o proporcionalidad de las decisiones adoptadas en el marco de un procedimiento disciplinario regularmente sustanciado, existiendo vías específicas de impugnación administrativa y jurisdiccional para controvertir tales determinaciones, solicitando en definitiva el rechazo íntegro del recurso, con costas. 4° Que, de los antecedentes allegados al proceso, en especial del informe evacuado por la recurrida y de las resoluciones acompañadas, aparece que el procedimiento disciplinario seguido en contra de la recurrente se origina para investigar un eventual mal uso de licencia médica. 5° Que, se tiene especialmente presente que la actora no niega el acto que se le imputa en cuanto a haber salido del país encontrándose con licencia médica, limitándose a alegar que solo fue un viaje terapéutico, que su médico tratante lo autorizó y que no se consideró las atenuantes que la favorecen. 6° Que en cuanto a todas las otras alegaciones de la actora, respecto de los posibles vicios del procedimiento, se advierte de su recurso que aquélla no señala algún hecho concreto de la afectación, o que no pudo defenderse de algún cargo en específico, sino que se limita a reclamar, en general, sin asociarla a algún perjuicio determinado, lo que desde ya permite descartarlos. 7° Que, así las cosas, de los antecedentes es posible presumir que la actora no comparte lo que se ha decidido y, por ende, alega su desacuerdo con la autoridad por no haber evaluado a su satisfacción e interés los antecedentes que hizo valer en dicho proceso, cuestionamiento que en nada dice relación con una ilegalidad del acto administrativo, el cual además está debidamente fundado. 8° Que, además es indispensable destacar que respecto a la supuesta autorización otorgada por su médico tratante, no acompañó antecedente alguno que acredite dicha circunstancia por lo que no puede ser considerado como argumento.

En efecto, el hecho alegado por la recurrente en el sentido que la licencia médica daba la posibilidad de ser cumplida en “otro” domicilio, ello no implica que la misma pudiere ser llevada a efecto en el extranjero, pues por su propia definición el domicilio es la residencia unida al ánimo de permanecer en dicho lugar; mientras que, el viaje realizado al extranjero -con pasaje de ida y vuelta- dan cuenta precisamente de su carácter transitorio, más aún considerando las fotografías del expediente administrativo, referidas a las publicaciones de la propia amparada en la red social Instagram, en las que se puede apreciar que se encuentra en un lugar eminentemente turístico. 9° Que, por su parte, la alegación de la recurrente relativa a una supuesta falta de competencia de la Municipalidad no puede prosperar. En efecto, una cosa es la potestad que corresponde a la COMPIN o a la respectiva ISAPRE para pronunciarse sobre la autorización, rechazo, invalidación o efectos previsionales derivados de una licencia médica y otra diversa la potestad disciplinaria que compete al empleador público para investigar si la conducta desplegada por un funcionario durante la vigencia de dicho beneficio importa, además, un incumplimiento de los deberes estatutarios que rigen el ejercicio de la función pública.

De esta forma, la licencia médica constituye un beneficio destinado a justificar la ausencia temporal del funcionario por razones de salud, suspendiendo únicamente la obligación de concurrir al lugar de trabajo y desempeñar materialmente las funciones propias del cargo durante el período autorizado. Sin embargo, ello no extingue ni suspende el vínculo estatutario que lo une con la Administración ni los deberes inherentes a dicho vínculo, entre ellos el de observar estrictamente el principio de probidad administrativa.

En consecuencia, la Municipalidad no invalidó la licencia médica ni sustituyó las atribuciones propias de los organismos competentes, sino que ejerció la potestad disciplinaria que el ordenamiento jurídico le reconoce para determinar si la conducta desplegada por la recurrente durante la vigencia de la licencia resultaba compatible con las obligaciones funcionarias que continuaban vinculándola con la Administración. 10° Que, despejado lo anterior, el artículo 52 de la Ley N° 18.575 dispone que el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

En consecuencia, la calificación efectuada por la autoridad no se fundó únicamente en el incumplimiento material del reposo médico, sino en el uso de un beneficio estatutario para una finalidad incompatible con aquella que justificaba su otorgamiento y en el incumplimiento consciente de las obligaciones funcionarias que subsistían durante su vigencia.

De esta forma, la decisión administrativa aparece sustentada en antecedentes objetivos incorporados al procedimiento y en una interpretación razonada de las normas estatutarias aplicables, sin que se advierta que la calificación jurídica efectuada carezca manifiestamente de fundamento o resulte arbitraria. 11° Que, el razonamiento anterior resulta, además, concordante con lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, que ha estimado que el uso de una licencia médica para efectuar un viaje al extranjero, ajeno a la finalidad del reposo prescrito, puede constituir una afectación grave al principio de probidad administrativa (Roles N° 52.153-2025 y N°46.579-2025). 12° Que, en consecuencia, no se configura en la especie un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a la recurrida que justifique acoger esta acción constitucional, razón por la cual el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Requínoa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol Corte 1875-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.