Protección contra Municipalidad de Requínoa

C.A. de Rancagua Rancagua, catorce de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece el abogado Fernando Moreno Cabezas en representación convencional de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Requínoa, representada por su alcalde don Waldo Valdivia Montecinos, por los actos administrativos emanados de dicho órgano del Estado, que vulneran sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 16° y 24° de la Constitución Política de la República.

Indica que su representado es funcionario público con una destacada e intachable trayectoria de más de 27 años al servicio de la educación municipal. Añade que el año 2012, es diagnosticado con un cuadro de ansiedad y depresión generalizada, iniciando un tratamiento en base a medicamentos y terapias para mejorar dicho diagnóstico, asistiendo de manera periódica con un profesional del área hasta la fecha y que el 2023, producto de la enfermedad y posterior fallecimiento de su madre, sufre una importante recaída, por lo que su médico tratante le prescribió licencia médica para su reposo y recuperación.

Explica que, días antes de dicho control médico, recibe una invitación a Perú, en el contexto de sus actividades laborales como músico y docente en el área, superponiéndose con algunos de los días de licencia médica, indicándole su médico tratante que es una excelente instancia para ayudar a una pronta recuperación y volver a su trabajo. Así, tomó la decisión, en ningún caso negligente o de mala fe, de realizar ese viaje, que constituyó una acción terapéutica vital y esencial para su pronta recuperación. Añade que, a la vuelta de su viaje y con los conocimientos adquiridos, se reincorporó a sus funciones, reflejándose en la destaca participación de los estudiantes en los eventos y actividades musicales que se han realizado dentro y fuera de la comuna de Requínoa.

Refiere que, a pesar de la legítima justificación de la ausencia y de su historial profesional, la administración, en un acto ilegal y arbitrario, interpretó esta salida como una falta grave al principio de probidad administrativa, instruyendo un sumario, sin ponderar la proporcionalidad de la sanción, ni la naturaleza terapéutica del viaje y que culminó con la imposición de la máxima sanción disciplinaria: la destitución.

Luego de señalar la normativa aplicable, sostiene que se le está sancionado por el supuesto mal uso de las licencias médicas, aspecto, que no le compete determinar a la recurrida, precisando que la autoridad se encuentra obligada a aplicar la medida de destitución, cuando una ley expresa tipifica una determinada conducta con dicha sanción y vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como es el caso de aquellas conductas descritas en el artículo 62 de la Ley N°18.575.

Seguidamente, cita el artículo 125 de la Ley N°18.834 y explica que la resolución recurrida es ilegal, toda vez que se sustenta en una atribución que la Municipalidad se atribuye sin amparo legal y no se determina la existencia de una infracción indicada en el artículo 125 en sus distintas letras, y no se indica porqué existe una vulneración grave al principio de probidad.

Refiere que lo reprochado es una actividad realizada por un funcionario fuera de su horario laboral que se encontraba con licencia médica y que no existe prueba de su mal uso, por tanto, que no es posible estimar que con motivo del servicio se haya configurado una falta grave a la probidad del funcionario por sus actuaciones ocurridas en un contexto privado, vulnerándose así su derecho de igualdad ante la ley.

En cuanto a la desproporción de la sanción aplicada, sostiene que debe considerarse su irreprochable conducta anterior, ya que nunca fue objeto de algún proceso disciplinario, citado nutrida jurisprudencia al efecto. Sostiene que no toda falta a la probidad da lugar a la destitución, sino que ésta debe ser grave y, en este caso, no se acreditó ni se razonó en el caso concreto porque se determina que existe una infracción grave al principio de probidad, siendo la sanción impuesta de destitución, desproporcionada e ilegal, contraria al literal del artículo 125 de la ley 18.834.

Desarrolla las garantías que considera conculcadas, puntualizando que existe una clara infracción al derecho al debido proceso administrativo, por cuanto no respetó el principio rector del concepto de infracción administrativa que se encuentra en estrecha relación con los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad.

Finaliza solicitando se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Decreto Alcaldicio N°NUM000 de 16 de octubre de 2025, ordenando su absolución o una sanción administrativa proporcional, ordenando su reincorporación, con costas.

A folio 7, comparece la Municipalidad recurrida evacuando el informe que le fuera requerido. Indica que, en el marco del sumario incoado, la recurrente fue notificada de los cargos formulados en su contra, pudiendo presentar sus descargos e incorporar la prueba legal de la misma forma.

Explica que, respecto a sus descargos, el recurrente señala que el viaje al extranjero fue hecho con la finalidad de conocer la cultura musical y metodologías pedagógicas de Perú, específicamente en Lima y que este viaje fue una invitación de unos amigos. Además, indica padecer de un diagnóstico de salud mental padeciendo un trastorno de ansiedad generalizada, que respalda con documentos en su declaración y descargos.

Refiere que, revisados los antecedentes, su licencia inicia el 25 de octubre, dos días antes de la salida del país, regresando al país el día 20 de noviembre de 2023, tres días antes de finalizar su licencia, encontrándose fuera del país por 25 días, mientras estaba con Licencia médica, la que indicaba reposo en “otro domicilio”, pero no en el extranjero, por lo que se aprueba la vista fiscal, decretando la Destitución del recurrente, no presentando reposición respecto a esta resolución.

Explica que, en el procedimiento administrativo, en ningún caso dicha administración se involucra en el control de la licencia médica, sino en la conducta del funcionario que, estando con licencia médica sale del país, reprochando su falta a la probidad administrativa y no la falta al reposo indicado por el médico tratante, por lo tanto difícilmente podría contravenir el principio de juridicidad, pues la administración en general y jefe de servicio en particular, tiene la potestad legal para regular y sancionar las infracciones a los deberes funcionarios, lo que ocurre en la especie con la conducta del recurrente, utilizando todos los medios que la ley otorga para poder hacer efectivo dicho control.

En cuanto a la supuesta vulneración al principio de legalidad, indica que el procedimiento ha sido tramitado desde una orden impartida desde la Contraloría General de la República, habiendo respetado en todo el procedimiento el principio del debido proceso, acatando el procedimiento contemplado en el marco normativo del Derecho Administrativo Sancionador. En cuanto al principio de tipicidad, señala que, si bien la conducta reprochada no está contemplada específicamente en la norma legal, pues esta solo indica algunas conductas a vía ejemplar, si está contemplada la infracción al principio de probidad administrativa, desde donde se enmarca el procedimiento administrativo en cuestión y, en este sentido, el Alcalde, quien ejerce la potestad disciplinaria se encuentra en el imperativo de disponer de una sanción para dicha infracción, sin que pueda aplicar otra medida correctiva, ni analizar las circunstancias que, eventualmente, podrían aminorar la responsabilidad funcionaria de aquellos, tal como indica oficio de la Contraloría General de la República N°E 89569 de 2 de junio de 2025.

En lo relativo al principio de proporcionalidad, señala que la medida que ha sido aplicada está vinculada directamente a la falta incurrida, puesto que corresponde a una infracción de gravedad tal, que aun cuando haya sido desplegada supuestamente en una única ocasión, esta mantiene su gravedad.

Se refiere en detalle a las garantías presuntamente vulneradas, puntualizando que jamás se le ha privado de su derecho a la defensa y el acto administrativo impugnado fue dictada en un procedimiento racional y justo y finalizado solicitando el rechazo del recurso.

A folio 11, comparece la Contraloría General de la República que informa que lo que concierne al caso de autos, mediante el oficio N°NUM001, de 2025 se remitió a la Municipalidad de Requinoa la nómina de funcionarios de esa entidad que estarían involucrados en el Consolidado de Información N°NUM002, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica, la cual permite identificar las licencias médicas que habrían sido vulneradas, así como la fecha de viaje y el paso fronterizo utilizado para el ingreso/salida del país, detallando la situación de la actora.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2° Que, en la especie, la recurrente reprocha a la Ilustre Municipalidad de Requínoa la dictación del Decreto Alcaldicio N°NUM000 de 16 de octubre de 2025, que decreta la medida disciplinaria de destitución, que vulnera sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Afirma, en síntesis, que días antes de un control con su médico tratante recibe una invitación a Perú, en el contexto de sus actividades laborales como músico y docente en el área, superponiéndose con algunos de los días de licencia médica, indicándole su médico tratante que es una excelente instancia para ayudar a una pronta recuperación y volver a su trabajo.

Sostiene que se le está sancionado por el supuesto mal uso de las licencias médicas, aspecto, que no le compete determinar a la recurrida, precisando que la autoridad se encuentra obligada a aplicar la medida de destitución, cuando una ley expresa tipifica una determinada conducta con dicha sanción y vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como es el caso de aquellas conductas descritas en el artículo 62 de la Ley N°18.575, lo que no ocurre en la especie. Argumenta sobre la desproporción de la sanción aplicada y que no toda falta a la probidad da lugar a la destitución, sino que ésta debe ser grave y, en este caso, no se acreditó ni se razonó en el caso concreto porque se determina que existe una infracción grave al principio de probidad. 3° Que, la recurrida solicitó el rechazo de la acción, señalando que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en una instrucción de la Contraloría General de la República, vinculada a la detección de funcionarios que registraban salidas del país durante períodos de licencia médica, motivo por el cual se instruyó sumario administrativo. Indica que el acto administrativo impugnado fue dictado en un procedimiento racional y justo, puntualizando que jamás se le ha privado de su derecho a la defensa. Señala que la administración no se involucra en el control de la licencia médica, sino en la conducta del funcionario que, estando con licencia médica sale del país, reprochando su falta a la probidad administrativa y no la falta al reposo indicado por el médico tratante. En cuanto al principio de tipicidad, señala que, si bien la conducta reprochada no está contemplada específicamente en la norma legal, si está contemplada la infracción al principio de probidad administrativa. En lo relativo al principio de proporcionalidad, señala que la medida que ha sido aplicada está vinculada directamente a la falta incurrida, puesto que corresponde a una infracción de gravedad tal, que aun cuando haya sido desplegada supuestamente en una única ocasión, esta mantiene su gravedad. 4° Que, de los antecedentes allegados al proceso, aparece que el procedimiento disciplinario seguido en contra de la recurrente se inició en el contexto de una investigación general impulsada a partir de antecedentes proporcionados por la Contraloría General de la República, relativos a funcionarios públicos que registraban salidas del país mientras hacían uso de licencia médica. Por consiguiente, la instrucción del sumario administrativo no obedeció a una actuación singular o exclusivamente dirigida en contra del actor, sino al ejercicio de las potestades de control y disciplina funcionaria que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración.

En tal contexto, no se advierte que la autoridad recurrida haya actuado fuera del ámbito de sus competencias legales al instruir el procedimiento disciplinario y adoptar una decisión sancionatoria respecto de hechos que estimó constitutivos de responsabilidad administrativa. 5° Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, cabe señalar que el artículo 8° de la Constitución Política de la República exige a autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. En el plano estatutario, el artículo 55 letra g) de la Ley N°18.834 establece como obligación de todo funcionario: "observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley N°18.575 y demás disposiciones especiales", cuyo artículo 54 precisa que dicho principio consiste en la observancia de "una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular".

Concordantemente, el artículo 123 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley N°18.883, prescribe que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. 6° Que, habiéndose acreditado en el sumario administrativo que el recurrente realizó un viaje fuera del territorio nacional mientras hacía uso de licencia médica, sin indicación médica que justificara dicho desplazamiento ni finalidad terapéutica alguna, la conducta así establecida importa un uso indebido de la licencia para fines particulares ajenos al reposo prescrito.

En este sentido, la Corte Suprema ha resuelto en forma reiterada que: "la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, vale decir, hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje fuera del territorio nacional, ajeno a la finalidad que el reposo contemplaba, a fin de obtener descansos y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los funcionarios municipales, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, de manera regular y continua, junto con el consiguiente menoscabo del patrimonio municipal, constituyen elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la autoridad municipal al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general." (Corte Suprema, Rol N°52.153-2025, considerando 6°; en idénticos términos, Rol N°46.579-2025, considerando 6°) 7° Que, en cuanto a la alegación relativa a que el viaje tuvo una finalidad terapéutica, lo cierto es que al proceso únicamente se acompañó un certificado médico de fecha 3 de junio de 2025 que da cuenta que el médico tratante atiende de manera presencial al actor y da cuenta del diagnóstico y farmacología recetada, pero en caso alguno acredita las alegaciones planteadas en el presente recurso. 8° Que, en consecuencia, habiendo actuado la autoridad administrativa dentro del marco de sus atribuciones legales, con sujeción al procedimiento disciplinario establecido en la ley y en resguardo del interés general, la actuación impugnada no adolece de ilegalidad ni de arbitrariedad, presupuestos cuya concurrencia copulativa es indispensable para la procedencia de la acción constitucional de protección. 9° Que, en particular, se alega la desproporción de la sanción, sosteniendo que la autoridad no ponderó adecuadamente circunstancias tales como su trayectoria funcionaria. No obstante, del mérito de los antecedentes aparece que tales circunstancias fueron conocidas por la autoridad administrativa durante la tramitación del procedimiento disciplinario y formaron parte de los antecedentes incorporados por la propia funcionaria en sus descargos.

Así, aun cuando la recurrente discrepe de la valoración efectuada por la Municipalidad respecto de dichos antecedentes y estime que ellos debieron conducir a una sanción diversa, aquello no basta para configurar arbitrariedad en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, desde que la sola discrepancia con el criterio disciplinario adoptado por la Administración no habilita a esta Corte para sustituirlo por uno distinto en sede cautelar. 10° Que, tampoco se advierte vulneración al derecho de igualdad ante la ley por la circunstancia de haberse aplicado una sanción diversa a otro funcionario investigado dentro del mismo procedimiento administrativo, por cuanto la potestad disciplinaria exige necesariamente una ponderación particular de los antecedentes concurrentes respecto de cada funcionario investigado, de modo que la sola existencia de sanciones distintas no permite concluir, por sí misma, la concurrencia de una discriminación arbitraria, especialmente cuando no aparece acreditada una identidad absoluta entre las circunstancias personales, funcionales y fácticas consideradas por la autoridad al momento de resolver. 11° Que, en cuanto a las garantías contempladas en los numerales 1°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la afectación psíquica, reputacional y patrimonial que la recurrente atribuye a la sanción impuesta corresponde a consecuencias inherentes a toda medida disciplinaria válidamente adoptada dentro del marco estatutario aplicable.

Asimismo, la circunstancia de haberse calificado la conducta investigada como infracción grave al principio de probidad administrativa deriva de una decisión adoptada dentro de un procedimiento disciplinario formalmente instruido y respecto de hechos específicos sometidos a investigación, no advirtiéndose expresiones injuriosas, actuaciones extralegales ni afectaciones autónomas a la honra o vida privada de la recurrente distintas de aquellas propias de la sanción administrativa impuesta. 12° Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado que los actos recurridos sean ilegales o arbitrarios en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ni que éstos hayan privado, perturbado o amenazado ilegítimamente las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Municipalidad de Requínoa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1873-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.