Protección contra Municipalidad de Machalí

C.A. de Rancagua Rancagua, catorce de julio de dos mil veintiséis.

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Comparece nombre reservado, chilena, cédula de identidad NUM000, de profesión Tens de Atención Primaria, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Machalí, representada legalmente por su alcalde don Juan Abud Parra, por los actos administrativos emanados de dicho órgano del Estado, que vulneran sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que, en mayo de 2025, se le notificó el decreto alcaldicio NUM001, relativo a una investigación especial realizada por información aportada por la Contraloría General de la República por el supuesto mal uso de licencias médicas fraudulentas presentadas por funcionarios públicos. Refiere que, en la substanciación del proceso disciplinario, se alegó que las salidas del país se dieron dentro de una licencia médica cuyo origen se debió a una bronquitis aguda, con posible cuadro de coqueluche, cuya detección a la fecha de otorgamiento de la licencia estaba en evaluación, acompañando los antecedentes médicos que indicaban la patología, la medicación recetada y el tiempo en el que estuvo en tratamiento, desvirtuando con esto que la licencia médica haya sido para justificar un viaje o haberla adquirido a sabiendas de ser falsa, lo que permite considerar su legalidad y veracidad.

Alega que, al mediar una licencia médica, se suspende la relación estatutaria que posee con la recurrida, no existiendo una causa legal para adoptar la medida de destitución, sino que, una visión particular de la administración prefiriendo los parámetros referenciales entregados por la Contraloría, deviniendo en arbitraria la postura de la municipalidad, en orden a no considerar parámetros jurisprudenciales. Agrega que, sin considerar los documentos acompañados, enmarca el comportamiento como una falta grave, citando normas y jurisprudencia, pero no contextualizando y motivando los actos propiamente tal, haciendo suyos argumentos esgrimidos por la Contraloría General de la República en instructivo NUM005 sobre instrucciones sumarios CIC N°9, para un universo de procesos que debían investigarse, no existiendo pruebas al respecto, más que el oficio de Policía de Investigaciones.

Refiere que se le notifica el Decreto Alcaldicio NUM002 de 13 de octubre de 2025 que ordena su destitución y, sin que se encontrara firme, se le informa que a partir del día siguiente quedo impedida de concurrir a su lugar de trabajo, inhabilitándose desde esa fecha su casilla y perfil funcionario, lo que considera ilegal, desproporcionado y arbitrario, añadiendo que se le privó de su remuneración, pese a que se encontraba pendiente el plazo para presentar recurso de reposición a la sanción.

Indica que, si se hubiera aplicado un criterio objetivo, racional y justo, se habría aplicado una medida menos gravosa, no siendo un incumplimiento sanitario una transgresión de aquellas contempladas para aplicar una destitución y la consecuente prohibición de ejercer el cargo, en circunstancias que su desempeño siempre fue intachable y sobresaliente.

Por otro lado, argumenta que el Municipio, actuó fuera de la atmosfera de su competencia, ya que al no constar un rechazó del organismo competente, la validez de la licencia o en su lugar, el padecimiento fundado en la misma, no se encuentra en discusión.

Seguidamente, citando el artículo 123 de la Ley N°18.883, expresa que el incumplimiento se produjo en circunstancias que sus funciones se encontraban suspendidas, ya que se le había diagnosticado una determinada enfermedad y se le había recetado reposo, esto es, no podía concurrir a su lugar de trabajo, por lo que malamente una conducta realizada fuera de su lugar de trabajo, cuando no se encontraba en funciones, es decir, interrumpida la prestación de sus servicios, pueda constituir o considerarse una dinámica que aquellas que sanciona el artículo 123 del Estatuto Administrativo Municipal.

Luego, argumenta respecto a que se entiende por infracción grave a la probidad administrativa, citando nutrida jurisprudencia de la Contraloría General de la República, indicando que consta que en el sumario se rechazó la apertura de un término probatorio para acreditar por parte de sus jefaturas su buen desempeño y compromiso en la comuna.

Por otro lado, y en base a la noción de prueba ilícita, explica que la CGR no tiene facultades para autorizar en caso alguno a una municipalidad o un servicio para solicitar todo tipo de información a otras entidades públicas o privadas, relativo al oficio reservado No. NUM003 de 23 de septiembre del año 2025 recibido desde el Departamento de Migraciones de la PDI, dando respuesta a requerimiento realizado por el Fiscal del sumario, en el cual se solicitó información de entradas y salidas del país, de los funcionarios que integran la nómina del Oficio Confidencial NUM004 de la Contraloría General de la República.

En cuanto a la causal invocada para la destitución del artículo 120 letra d) de la Ley 18.883 y la vista fiscal, señala que la imposición de la destitución sin norma expresa que la autorice para la falta grave de probidad y, mediante la cual el alcalde debe considerar para su decisión, constituye una actuación que infringe el principio de legalidad, de tipicidad y el debido proceso, lo que hace procedente la interposición de un recurso de protección.

A continuación, luego de dar cuenta de las publicaciones en redes sociales realizadas por la recurrida, argumenta respecto de la proporcionalidad de la sanción, citando jurisprudencia al efecto, precisando que la desproporcionalidad no es sólo producto de la aplicación de una sanción expulsiva por haber cometido una falta sanitaria encontrándose suspendida la relación estatutaria, sino que además por la imposibilidad de ejercer la profesión en la comuna.

Desarrolla las garantías que considera conculcadas, puntualizando que se vulneró su derecho a ser juzgada por una autoridad imparcial (dado que el Alcalde, ya tenía una apreciación de los antecedentes de forma previa a la investigación por sus propias declaraciones en la red social FACEBOOK) y a ejercer plenamente su defensa, ya que no se le permitió presentar todas las pruebas y testigos pertinentes al negarse un término probatorio señalando que era impertinente con los hechos investigados, lo que impidió el ejercicio oportuno de derechos procesales. Agrega que se aplicó automáticamente la sanción de destitución sin analizar atenuantes ni circunstancias personales, omisiones que constituyen infracciones al debido proceso y a los principios de legalidad administrativa establecidos en la Ley N°19.880 y la Ley N°18.883.

Finaliza solicitando se acoja el recurso, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional al incumplimiento señalado. En conjunto a lo anterior, se ordene su reincorporación a y efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas o las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 10, comparece la Contraloría General de la República que informa que lo que concierne al caso de autos, mediante el oficio NUM004, de 2025 NUM004, de 2025 se remitió a la Municipalidad de Machalí la nómina de funcionarios de esa entidad que estarían involucrados en el Consolidado de Información N°9, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica, la cual permite identificar las licencias médicas que habrían sido vulneradas, así como la fecha de viaje y el paso fronterizo utilizado para el ingreso/salida del país, detallando la situación de la actora.

A folio 12, comparece la Municipalidad recurrida evacuando el informe que le fuera requerido. Indica que la falta administrativa imputada no es el mal uso de las licencias médicas, ni tampoco la falta de veracidad de éstas, toda vez que el Municipio no tiene facultades para ello, fundándose en lo instruido en oficio NUM005 de la Contraloría General de la República, que resulta obligatorio para todo organismo público.

Respecto de la alegación de encontrarse suspendida la relación contractual, precisa que la licencia médica si bien lo justifica para faltar al trabajo y para no cumplir con sus funciones, no lo exime de ser sujeto de procedimientos sancionatorios, toda vez que no pierde la calidad de funcionario público.

En cuanto a la falta grave al principio de probidad, reitera que lo que se ha sancionado no es el incumplimiento del reposo, para que la autoridad este facultada para sancionar a un funcionario, y en este caso destituirlo por falta grave a la probidad, no se requiere que la conducta esté recogida por la jurisprudencia administrativa como pretende la recurrente, indicando que se admiten diversas modalidades de ejecución, las que obviamente han de poseer la calidad de graves para poder castigarse con la referida medida disciplinaria, lo que es confirmado por el artículo 62 de la mencionada ley N°18.575.

A mayor abundamiento, refiere que tal como consta en los cargos formulados, en la vista fiscal y en las resoluciones adoptadas en razón del sumario en comento, la inculpada, por el hecho de ser funcionaria pública, tenía la obligación de delimitar las decisiones que toma en su vida privada, por la función pública que ejercía, citando el dictamen N°49.580, del año 2008, puntualizando que a pesar de que los hechos ocurrieron en su esfera privada, y no en el ejercicio de sus funciones públicas, el hecho de haber salido del país, con licencia médica vigente, implica un actuar poco honesto, un comportamiento que contraviene el actuar que se espera de un funcionario público, constituyendo una conducta contraria a la dignidad y ética funcionaria, que vulnera por lo tanto el principio de probidad administrativa y como consecuencia implica la aplicación de la sanción impuesta.

En cuanto a la afirmación de la recurrente de que se ordena su destitución aun cuando el acto administrativo no se encontraba firme ya que el plazo para presentar el recurso de reposición se encontraba pendiente, cita el artículo 51 y 57 de la Ley N°19.880 y jurisprudencia de la Contraloría General de la República, argumentando que las sanciones que impone el sumario a los inculpados rigen desde que se notifican o in actum.

Argumenta respecto a la alegación acerca de la obtención de forma ilegal de la información contenida en Oficio Reservado No NUM003 de fecha 23 de septiembre del año 2025, sosteniendo en definitiva que no ha existido un actuar ilegal, ni arbitrario por parte del municipio, encontrándose suficientemente motivado los actos administrativos cuestionados, dictados en un procedimiento regular, con etapas perfectamente detalladas, con plazos definidos y las debidas garantías para el recurrente, respetando el debido proceso durante toda su tramitación, lo que se puede advertir de la sola lectura del expediente sumarial.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2° Que, en la especie, la recurrente reprocha a la Ilustre Municipalidad de Machalí la dictación del Decreto Alcaldicio NUM002 notificado el 13 de octubre de 2025 que decreta la medida disciplinaria de destitución y el Decreto Alcaldicio NUM006 de 27 de octubre de 2025 (notificado el 5 de noviembre de 2025), que rechazó el recurso de reposición interpuesto, los que vulneran sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República. Afirma, en síntesis, que el principio de probidad administrativa rige exclusivamente durante el ejercicio efectivo de las funciones públicas, no cuando la relación laboral se encuentra suspendida, como ocurre al estar con licencia médica. Añade que, en la substanciación del proceso disciplinario, se alegó que las salidas del país se dieron dentro de una licencia médica cuyo origen se debió a una bronquitis aguda, con posible cuadro de coqueluche, cuya detección a la fecha de otorgamiento de la licencia estaba en evaluación, acompañando los antecedentes médicos que indicaban la patología, la medicación recetada y el tiempo en el que estuvo en tratamiento, desvirtuando con esto que la licencia médica haya sido para justificar un viaje o haberla adquirido a sabiendas de ser falsa, lo que permite considerar su legalidad y veracidad.

Indica que, si se hubiera aplicado un criterio objetivo, racional y justo, se habría aplicado una medida menos gravosa, no siendo un incumplimiento sanitario una transgresión de aquellas contempladas para aplicar una destitución y la consecuente prohibición de ejercer el cargo, en circunstancias que su desempeño siempre fue intachable y sobresaliente.

Sostiene la ilegalidad del oficio reservado No. NUM003 de 23 de septiembre del año 2025 y puntualiza que se vulneró su derecho a ser juzgada por una autoridad imparcial (dado que el Alcalde, ya tenía una apreciación de los antecedentes de forma previa a la investigación por sus propias declaraciones en la red social FACEBOOK) y a ejercer plenamente su defensa, ya que no se le permitió presentar todas las pruebas y testigos pertinentes al negarse un término probatorio. 3° Que, la recurrida solicitó el rechazo de la acción, señalando que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en una instrucción de la Contraloría General de la República, vinculada a la detección de funcionarios que registraban salidas del país durante períodos de licencia médica, motivo por el cual se instruyó sumario administrativo. Indica que el principio de probidad no se suspende por encontrarse con una licencia médica, suspendiéndose solamente las funciones propias del cargo y que es a la autoridad administrativa a quien le corresponde calificar las conductas constitutivas de falta a la probidad. Alega que no se cuestionó la veracidad de la licencia médica ni las razones de su reposo y que la sanción se basa en una falta a la probidad. 4° Que, de los antecedentes allegados al proceso, aparece que el procedimiento disciplinario seguido en contra de la recurrente se inició en el contexto de una investigación general impulsada a partir de antecedentes proporcionados por la Contraloría General de la República, relativos a funcionarios públicos que registraban salidas del país mientras hacían uso de licencia médica. Por consiguiente, la instrucción del sumario administrativo no obedeció a una actuación singular o exclusivamente dirigida en contra de la actora, sino al ejercicio de las potestades de control y disciplina funcionaria que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración.

En tal contexto, no se advierte que la autoridad recurrida haya actuado fuera del ámbito de sus competencias legales al instruir el procedimiento disciplinario y adoptar una decisión sancionatoria respecto de hechos que estimó constitutivos de responsabilidad administrativa. 5° Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, cabe señalar que el artículo 8° de la Constitución Política de la República exige a autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. En el plano estatutario, el artículo 55 letra g) de la Ley N°18.834 establece como obligación de todo funcionario: "observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley N°18.575 y demás disposiciones especiales", cuyo artículo 54 precisa que dicho principio consiste en la observancia de "una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular".

Concordantemente, el artículo 123 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley N°18.883, prescribe que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. 6° Que, habiéndose acreditado en el sumario administrativo que el recurrente realizó un viaje fuera del territorio nacional mientras hacía uso de licencia médica, sin indicación médica que justificara dicho desplazamiento ni finalidad terapéutica alguna, la conducta así establecida importa un uso indebido de la licencia para fines particulares ajenos al reposo prescrito.

En este sentido, la Corte Suprema ha resuelto en forma reiterada que: "la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, vale decir, hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje fuera del territorio nacional, ajeno a la finalidad que el reposo contemplaba, a fin de obtener descansos y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los funcionarios municipales, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, de manera regular y continua, junto con el consiguiente menoscabo del patrimonio municipal, constituyen elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la autoridad municipal al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general." (Corte Suprema, Rol N°52.153-2025, considerando 6°; en idénticos términos, Rol N°46.579-2025, considerando 6°) 7° Que, en consecuencia, habiendo actuado la autoridad administrativa dentro del marco de sus atribuciones legales, con sujeción al procedimiento disciplinario establecido en la ley y en resguardo del interés general, la actuación impugnada no adolece de ilegalidad ni de arbitrariedad, presupuestos cuya concurrencia copulativa es indispensable para la procedencia de la acción constitucional de protección. 8° Que, en particular, se alega por el recurrente que su conducta no podría constituir infracción al principio de probidad por cuanto al momento de los hechos investigados se encontraba haciendo uso de licencia médica, de lo que derivaría una suspensión de la relación laboral o, cuando menos, de los deberes inherentes al cargo.

En este sentido, se debe indicar que la licencia médica es un beneficio de seguridad social cuya finalidad exclusiva es autorizar al funcionario a ausentarse de la prestación efectiva de servicios mientras dure su incapacidad de salud debidamente certificada por la autoridad competente. Su efecto es, pues, la suspensión temporal de la obligación de concurrir al lugar de trabajo y ejecutar las labores propias del cargo.

En ningún caso la licencia médica importa la extinción, la modificación ni la suspensión del vínculo jurídico-estatutario que une al funcionario con la Administración del Estado: la relación estatutaria subsiste íntegra durante todo el período de ausentismo. 9° Que, precisamente, por subsistir la relación estatutaria en plenitud durante el período de licencia, el funcionario conserva todos los derechos del cargo -incluido el pago de remuneraciones- pero también la totalidad de sus obligaciones funcionarias, entre las cuales se cuenta, de manera destacada, el deber de observar estrictamente el principio de probidad administrativa. Dicho deber, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política y en el artículo 55 letra g) de la Ley N°18.834, no admite pausa, interrupción ni suspensión.

Corrobora esta conclusión la letra i) del mismo artículo 55 de la Ley N°18.834, que extiende los deberes funcionarios más allá de la jornada de trabajo, al imponer a todo funcionario la obligación de "observar una vida social acorde con la dignidad del cargo", reconociendo expresamente que los estándares de conducta pública se proyectan sobre la conducta personal y social del servidor en todo tiempo y circunstancia. Una interpretación contraria llevaría al absurdo de concluir que el funcionario podría, durante la licencia, actuar al margen de los estándares éticos que el ordenamiento exige de todo servidor público, lo que es incompatible con el texto y el espíritu de los preceptos citados.

Así lo confirma la Corte Suprema al resolver que el uso de la licencia médica para realizar un viaje al extranjero constituye una conducta que "afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas" y vulnera gravemente la probidad, sin distinguir ni condicionar tal conclusión al hecho de que el funcionario estuviera o no en ejercicio efectivo de sus labores al momento de producirse el hecho reprochado (Rol N°52.153-2025, considerando 6°; Rol N° 46.579-2025, considerando 6°).

De este modo, la Corte reconoce implícitamente que la infracción al principio de probidad no requiere que el agente se encuentre prestando servicios: basta con que la conducta sea objetivamente incompatible con los deberes inherentes al cargo, lo que ocurre cuando se utiliza un beneficio remunerado con fondos públicos -como lo es la licencia médica- para un fin distinto al que le es propio. 10° Que, en consecuencia, la circunstancia de encontrarse el recurrente haciendo uso de licencia médica al momento de los hechos investigados no constituye causal de exención de responsabilidad disciplinaria, ni atenuante idónea para descartar la configuración de una infracción al principio de probidad administrativa. 11° Que, por otro lado, el recurrente impugna la validez de la prueba consistente en el informe de salidas del territorio nacional obtenido de la Policía de Investigaciones de Chile, argumentando que su requerimiento infringe el artículo 144 de la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, el cual establece que el Servicio Nacional de Migraciones deberá celebrar convenios de intercambio de información con los órganos de la Administración del Estado, sujetando dicho intercambio al principio de confidencialidad contemplado en la Ley N°19.628. El argumento debe ser desestimado por las razones que siguen. 12° Que, en efecto, el artículo 144 de la Ley N°21.325 regula una modalidad específica y orgánica de intercambio de información migratoria entre el Servicio Nacional de Migraciones y otros organismos del Estado mediante la suscripción de convenios formales.

Su finalidad es disciplinar la transferencia masiva y continua de datos migratorios entre instituciones, resguardando la confidencialidad de los datos personales conforme a la Ley N°19.628. Sin embargo, dicho precepto no agota ni excluye los demás mecanismos jurídicos por los cuales un órgano de la Administración del Estado puede, en el ejercicio de sus competencias propias, requerir información específica a otro organismo público en el contexto de un procedimiento disciplinario legalmente tramitado.

Así, el artículo 3° de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, consagra expresamente la coordinación como uno de los principios fundamentales que debe observar la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades. A su turno, el artículo 5° del mismo cuerpo legal operacionaliza dicho principio al disponer que: "los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones". En virtud de este principio, el organismo instructor del sumario administrativo no solo estaba facultado para requerir a la Policía de Investigaciones de Chile el registro de movimientos fronterizos del funcionario investigado, sino que se hallaba en el deber de procurarse todos los antecedentes necesarios para el adecuado esclarecimiento de los hechos investigados, siendo el informe de salidas del país el medio idóneo para acreditar fehacientemente el desplazamiento al extranjero.

A lo anterior se suma el marco normativo de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, cuyos artículos 4° y 5° resultan determinantes. El artículo 4° dispone que "las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública", precisando que dicho principio "consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley".

A su turno, el artículo 5° consagra que: "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado", añadiendo que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento", salvo las excepciones legales. De la lectura conjunta de estas disposiciones fluye con nitidez que la información que obra en poder de un órgano de la Administración del Estado -como lo son los registros de movimientos fronterizos que custodia la Policía de Investigaciones de Chile- es pública por regla general y debe ser facilitada a otros órganos del Estado que la requieran en el ejercicio legítimo de sus funciones. Sostener que el artículo 144 de la Ley N°21.325 deroga implícitamente este régimen general de publicidad y acceso, erigiendo el convenio formal como condición sine qua non de todo requerimiento de información entre organismos públicos, importaría una interpretación contraria al espíritu del legislador de transparencia y al principio de coordinación ya examinado, sin que exista norma expresa de quórum calificado que así lo disponga en los términos exigidos por el propio artículo 5° de la Ley N°20.285. 13° Que, en consecuencia, el requerimiento del informe de salidas del territorio nacional efectuado en el contexto del presente sumario administrativo se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico vigente, resultando improcedente el reproche de ilegalidad formulado por el recurrente a este respecto. 14° Que, finalmente, se alega la desproporción de la sanción, sosteniendo que la autoridad no ponderó adecuadamente circunstancias tales como su trayectoria funcionaria. No obstante, del mérito de los antecedentes aparece que tales circunstancias fueron conocidas por la autoridad administrativa durante la tramitación del procedimiento disciplinario y formaron parte de los antecedentes incorporados por la propia funcionaria en sus descargos.

Así, aun cuando la recurrente discrepe de la valoración efectuada por la Municipalidad respecto de dichos antecedentes y estime que ellos debieron conducir a una sanción diversa, aquello no basta para configurar arbitrariedad en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, desde que la sola discrepancia con el criterio disciplinario adoptado por la Administración no habilita a esta Corte para sustituirlo por uno distinto en sede cautelar. 15° Que, tampoco se advierte vulneración al derecho de igualdad ante la ley por la circunstancia de haberse aplicado una sanción diversa a otro funcionario investigado dentro del mismo procedimiento administrativo, por cuanto la potestad disciplinaria exige necesariamente una ponderación particular de los antecedentes concurrentes respecto de cada funcionario investigado, de modo que la sola existencia de sanciones distintas no permite concluir, por sí misma, la concurrencia de una discriminación arbitraria, especialmente cuando no aparece acreditada una identidad absoluta entre las circunstancias personales, funcionales y fácticas consideradas por la autoridad al momento de resolver. 16° Que, en cuanto a las garantías contempladas en los numerales 1°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la afectación psíquica, reputacional y patrimonial que la recurrente atribuye a la sanción impuesta corresponde a consecuencias inherentes a toda medida disciplinaria válidamente adoptada dentro del marco estatutario aplicable.

Asimismo, la circunstancia de haberse calificado la conducta investigada como infracción grave al principio de probidad administrativa deriva de una decisión adoptada dentro de un procedimiento disciplinario formalmente instruido y respecto de hechos específicos sometidos a investigación, no advirtiéndose expresiones injuriosas, actuaciones extralegales ni afectaciones autónomas a la honra o vida privada de la recurrente distintas de aquellas propias de la sanción administrativa impuesta. 17° Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado que los actos recurridos sean ilegales o arbitrarios en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ni que éstos hayan privado, perturbado o amenazado ilegítimamente las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra de la Municipalidad de Machalí.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1871-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.