Protección contra Ilustre Municipalidad de Codegua

C.A. Rancagua.

Rancagua, quince de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 14 de noviembre de 2025 comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Codegua, representada por su alcalde don José Alexander Flores Osorio, impugnando el Decreto Alcaldicio NUM000 (Educación), de 6 de octubre de 2025, que dispuso su destitución por falta de probidad administrativa; el Decreto Alcaldicio NUM001, de 15 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra; y el Decreto Alcaldicio NUM002, de 30 de octubre de 2025, que aprobó un finiquito por la suma de cero pesos. Solicita que dichos actos sean dejados sin efecto, ordenándose su reincorporación a sus funciones, el pago de las remuneraciones y prestaciones dejadas de percibir y la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que se desempeñó como fonoaudióloga del Departamento de Administración de Educación Municipal de Codegua desde el año 2017, desarrollando funciones en establecimientos educacionales de la comuna, manteniendo una trayectoria funcionaria intachable, sin anotaciones de demérito ni sanciones disciplinarias, con incremento progresivo de responsabilidades y carga horaria.

Refiere que durante los años 2024 y 2025 presentó un cuadro de trastorno mixto ansioso depresivo de origen principalmente laboral, siendo sometida a tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, en cuyo contexto se le otorgó licencia médica psiquiátrica NUM003 por 21 días, vigente entre el 15 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, licencia que fue autorizada y financiada por los organismos previsionales competentes. Indica que, durante dicho período, efectuó un viaje de carácter recreativo a Brasil entre el 20 y el 25 de octubre de 2024, el que habría sido obsequiado por su pareja con fines terapéuticos y de recuperación emocional, descartando haber actuado con ánimo defraudatorio, de aprovechamiento indebido o de simulación de enfermedad.

Señala que, a raíz del Oficio NUM004 de la Contraloría General de la República, mediante el cual se informó a la Municipalidad de Codegua acerca de funcionarios que habrían salido del país mientras hacían uso de licencias médicas, se instruyó sumario administrativo en su contra por Decreto Alcaldicio NUM005 (Educación), de 27 de mayo de 2025, imputándosele exclusivamente haber salido del territorio nacional durante la vigencia de una licencia médica psiquiátrica.

Sostiene que durante la investigación sumarial se acreditó únicamente la existencia del viaje, mediante antecedentes proporcionados por la Policía de Investigaciones y su propia declaración, sin que se haya acreditado la existencia de dolo, mala fe, perjuicio fiscal, desempeño de actividades remuneradas incompatibles con el reposo médico, ni la utilización fraudulenta del sistema de licencias médicas.

Añade que tampoco se incorporó prueba destinada a demostrar un ánimo defraudatorio, ni se ponderaron antecedentes relativos a su historial funcionarial, permisos administrativos disponibles o el contexto clínico asociado a su estado de salud mental.

Expone que, con fecha 26 de septiembre de 2025, la COMPIN rechazó la licencia médica por incumplimiento del reposo, decisión que estima circunscrita al ámbito previsional y médico-administrativo, sosteniendo que la determinación acerca del eventual incumplimiento del reposo médico corresponde exclusivamente a la COMPIN, la SUSESO o las instituciones previsionales competentes, careciendo la Municipalidad de atribuciones para calificar autónomamente un supuesto mal uso de la licencia médica y subsumir dicha conducta en una infracción al principio de probidad administrativa.

Refiere que mediante Vista Fiscal de 1 de octubre de 2025 se calificó su conducta como una infracción grave al principio de probidad administrativa, asimilándola a casos de utilización abusiva de licencias médicas con fines recreativos o vacacionales, conclusión que considera construida sobre presunciones y supuestos no acreditados en el expediente disciplinario, atribuyéndosele una planificación dolosa del viaje sin existir prueba que permitiera sostener dicha afirmación. Agrega que el fiscal instructor habría utilizado criterios extraídos de dictámenes de la Contraloría General de la República correspondientes a situaciones diversas, abandonando la necesaria imparcialidad exigible en un procedimiento sancionatorio.

Indica que mediante Decreto Alcaldicio NUM000 (Educación), de 6 de octubre de 2025, se acogió íntegramente la Vista Fiscal y se le aplicó la sanción de destitución por falta de probidad administrativa, sin ponderar adecuadamente su irreprochable conducta anterior, la ausencia de perjuicio fiscal, el contexto terapéutico del viaje ni los antecedentes médicos acompañados. Añade que el recurso de reposición deducido en contra de dicho acto fue rechazado mediante Decreto Alcaldicio NUM001, de 15 de octubre de 2025, fundándose principalmente en la circunstancia de no haber existido autorización expresa de la psiquiatra tratante para efectuar el viaje y en criterios jurisprudenciales de la SUSESO relativos a actividades recreativas desarrolladas fuera del territorio nacional.

Afirma que el procedimiento disciplinario vulneró las garantías del debido proceso, desde que no se le permitió rendir adecuadamente prueba destinada a acreditar el contexto clínico de los hechos, no se recibió declaración de su médico tratante, no se valoraron los informes médicos acompañados y se le atribuyó una conducta constitutiva de falta de probidad sobre la base de presunciones, omitiendo además efectuar un análisis individualizado de sus circunstancias personales y funcionarias.

Alega que la salida del país durante una licencia médica psiquiátrica no se encontraba tipificada legalmente como una conducta constitutiva de falta de probidad administrativa, sosteniendo que la autoridad efectuó una interpretación extensiva y desfavorable del artículo 62 de la Ley N°18.575, vulnerando los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y juridicidad consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Añade que la sanción de destitución resulta manifiestamente desproporcionada, atendida la inexistencia de dolo, de perjuicio patrimonial para el Fisco, de antecedentes disciplinarios previos y de cualquier otra conducta que permita atribuirle deshonestidad funcionaria.

Finalmente, sostiene que los actos recurridos vulneran las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°3, N°4 y N°16 de la Constitución Política de la República, relativas a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso, honra y libertad de trabajo, solicitando que se deje sin efecto su destitución, se ordene su reincorporación al servicio y se disponga el pago de todas las remuneraciones, asignaciones y demás prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de cese de funciones hasta su efectiva reincorporación.

Con fecha 9 y 10 de diciembre de 2025 informa la Contraloría Regional, solicitando tener presente que el recurso de protección ha sido dirigido en contra de la Ilustre Municipalidad de Codegua y no en contra de ese órgano de control, precisando que la acción constitucional se funda en la dictación del Decreto Alcaldicio NUM001, de 2025, mediante el cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por doña nombre reservado y se mantuvo la decisión que puso término a su relación laboral por la causal prevista en el artículo 160 N°1 del Código del Trabajo.

En cuanto a la situación particular de la actora, indica que la elaboración del Consolidado de Información Circularizada N°9 se efectuó sobre la base de antecedentes oficiales proporcionados por la Superintendencia de Seguridad Social y por la Policía de Investigaciones de Chile, correspondientes al período comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2025, sin utilizar otras fuentes de información adicionales.

Precisa que, mediante el Oficio NUM004, de 2025, se remitió a la Municipalidad de Codegua la nómina de funcionarios de dicha entidad involucrados en el referido consolidado, incorporándose antecedentes relativos a las licencias médicas comprometidas, las fechas de viaje y los pasos fronterizos utilizados. En particular, respecto de doña nombre reservado, informa que se registró una salida del país el día 20 de octubre de 2024 y un ingreso el 25 de octubre del mismo año, ambos a través del Aeropuerto nombre reservado, por vía aérea, encontrándose vigente una licencia médica emitida el 15 de octubre de 2024, con inicio en esa misma fecha y una duración de 21 días.

Finalmente, hace presente que los antecedentes remitidos contienen datos personales y sensibles protegidos por la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, solicitando se adopten las medidas necesarias para resguardar su adecuada utilización y confidencialidad, acompañando copia del Consolidado de Información Circularizada N°9 y del Oficio NUM004, ambos de 2025.

Con fecha 12 de diciembre de 2025 informa la Ilustre Municipalidad de Codegua, solicitando el rechazo del recurso por estimar que los actos impugnados fueron dictados conforme a derecho, en el marco de un procedimiento disciplinario regularmente tramitado y con pleno respeto de las garantías del debido proceso administrativo.

Expone que la recurrente se desempeñó como fonoaudióloga del Departamento de Administración de Educación Municipal de Codegua desde el año 2017, registrando durante los años 2024 y 2025 diversas licencias médicas de carácter psiquiátrico, siendo un hecho no controvertido que durante la vigencia de una de ellas realizó un viaje a Brasil por cinco días, pese a encontrarse afecta a reposo laboral total. Añade que, aun cuando la actora sostiene que dicho viaje fue un obsequio de su pareja y que tuvo fines recreativos o terapéuticos, ello no la exime de responsabilidad, puesto que era ella quien debía decidir si efectuar o no el desplazamiento, pudiendo haberlo realizado durante el período de feriado legal o utilizando los días administrativos de que disponía.

Refiere que el procedimiento disciplinario se inició a raíz del Oficio NUM004 de la Contraloría General de la República, que instruyó a diversos organismos públicos investigar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios que hubiesen salido del país mientras hacían uso de licencias médicas, desarrollándose un sumario administrativo en el que se acreditó suficientemente la salida al extranjero durante la vigencia de la licencia médica, circunstancia que, a juicio de la recurrida, constituye una grave infracción al deber de probidad funcionaria.

Sostiene que la Municipalidad actuó dentro de la esfera de sus competencias, dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por el órgano contralor, y que la posterior decisión de la COMPIN de rechazar la licencia médica por incumplimiento del reposo vino a corroborar los antecedentes considerados en el procedimiento disciplinario. Agrega que la circunstancia de que la autoridad municipal no tenga competencia para pronunciarse sobre la validez de la licencia médica no obsta a que pueda determinar las consecuencias administrativas derivadas de la conducta desplegada por la funcionaria, en cuanto ésta resulta incompatible con el deber de observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función pública.

Afirma que la recurrente incurrió en una falta grave al principio de probidad administrativa, pues realizó un viaje al extranjero encontrándose obligada a mantener reposo total en el domicilio informado, impidiendo con ello el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de los organismos competentes. Señala que la infracción al principio de probidad no se encuentra restringida a las hipótesis expresamente previstas en el artículo 62 de la Ley N°18.575, atendido que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha reconocido el carácter meramente ejemplar de dicha enumeración, siendo posible subsumir otras conductas que importen una vulneración al deber de probidad funcionaria.

Añade que el procedimiento disciplinario se ajustó íntegramente a las disposiciones de la Ley N°18.883, desarrollándose con observancia de las garantías del debido proceso, sin que la recurrente formulara oportunamente alegaciones de recusación, implicancia o vicios en la actuación del fiscal instructor, quien actuó dentro de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico. Asimismo, sostiene que las diligencias cuya omisión se reprocha fueron correctamente desestimadas por resultar innecesarias para alterar la convicción alcanzada respecto del hecho acreditado, consistente en la salida del país durante la vigencia de la licencia médica.

Expone que el recurso de reposición deducido por la recurrente fue rechazado por no aportar antecedentes que permitieran modificar la decisión adoptada, resultando especialmente relevante un informe complementario emitido por la psiquiatra tratante, quien señaló que el viaje no le fue comunicado ni autorizado y que no existían antecedentes que permitieran atribuirle una finalidad terapéutica.

Agrega que, si bien la jurisprudencia administrativa reconoce que tratándose de patologías psiquiátricas pueden resultar aconsejables actividades recreativas, éstas deben desarrollarse dentro del territorio nacional, citando al efecto el Dictamen N°17.132/2018 de la Superintendencia de Seguridad Social, conforme al cual los viajes al extranjero sólo se justifican cuando obedecen a procedimientos médicos debidamente prescritos.

Finalmente, sostiene que la acción constitucional resulta improcedente para revisar el mérito, oportunidad o proporcionalidad de las decisiones adoptadas en el marco de un procedimiento disciplinario regularmente sustanciado, existiendo vías específicas de impugnación administrativa y jurisdiccional para controvertir tales determinaciones. Hace presente, además, que la recurrente dedujo con anterioridad un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, individualizado bajo el NUM006, circunstancia que, a su juicio, torna incompatible la presente acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°19.880, solicitando en definitiva el rechazo íntegro del recurso, con costas.

A folio 16 la recurrente, evacua el traslado conferido respecto de la alegación de incompatibilidad formulada por la Ilustre Municipalidad de Codegua, solicitando su íntegro rechazo y que se continúe con la tramitación del recurso de protección.

Sostiene que el artículo 54 de la Ley N°19.880 regula exclusivamente la relación entre reclamaciones administrativas y acciones jurisdiccionales ordinarias, estableciendo una regla destinada a evitar la duplicidad de procedimientos dentro del ámbito de la Administración del Estado, de modo que dicha disposición no resulta aplicable al recurso de protección, atendida su naturaleza constitucional, cautelar, urgente y excepcional, destinada a otorgar tutela inmediata frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten derechos fundamentales.

Añade que la presentación efectuada ante la Contraloría General de la República no constituye una reclamación administrativa en sentido estricto, puesto que no ha sido deducida ante el órgano que dictó el acto impugnado ni ante su superior jerárquico, sino que corresponde a un mecanismo de control externo de juridicidad ejercido por un órgano constitucionalmente autónomo, cuya finalidad es verificar la legalidad de la actuación administrativa, sin conferir una tutela directa, urgente o restitutoria de derechos fundamentales, razón por la cual no se configura la hipótesis prevista en el artículo 54 de la Ley N°19.880.

Asimismo, argumenta que, aun cuando el reclamo formulado ante la Contraloría y el presente recurso recaigan sobre el mismo acto administrativo, no existe identidad de pretensión entre ambos procedimientos, pues mientras el primero persigue un control de legalidad administrativa propio de las potestades fiscalizadoras del ente contralor, la presente acción constitucional tiene por objeto obtener la protección inmediata de garantías fundamentales que estima actualmente vulneradas a consecuencia de la medida de destitución impugnada.

Expone, además, que el propio tenor del artículo 54 de la Ley N°19.880 establece que, deducida una acción jurisdiccional, corresponde a la Administración inhibirse de continuar conociendo reclamaciones sobre la misma pretensión, sin que dicha consecuencia pueda extenderse al tribunal constitucionalmente llamado a conocer de la acción de protección, de manera que, aun en la hipótesis de concurrencia de ambas vías, ello no determina la improcedencia del recurso constitucional, sino únicamente la eventual inhibición del órgano administrativo.

Finalmente, sostiene que aceptar la tesis planteada por la recurrida implicaría privar de eficacia a la acción de protección, obligando a la recurrente a esperar un pronunciamiento administrativo de duración incierta mientras permanece separada de sus funciones y privada de sus remuneraciones, circunstancias que resultarían incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva y con la finalidad cautelar propia del recurso de protección, solicitando, en consecuencia, el rechazo de la alegación de incompatibilidad y que esta Corte se pronuncie sobre el fondo de la acción deducida.

Acompaña documentos que indica.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2° Que, lo que se reclama en estos autos es la dictación Decreto Alcaldicio NUM000 (Educación) de 6 de octubre de 2025, que dispuso la destitución de la actora por falta de probidad administrativa; el Decreto Alcaldicio NUM001, de 15 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra; y el Decreto Alcaldicio NUM002, de 30 de octubre de 2025, que aprobó un finiquito por la suma de cero pesos, por el uso indebido de una licencia médica, lo que estima ilegal y arbitrario por cuanto se origina en un procedimiento que vulnero sus garantías constitucionales del articulo 19 N° 1, 2, 3, 4 y 16 de la Constitución Política de la República. 3° Que, en su informe, la recurrida sostiene que el sumario se llevó a cabo con estricto apego al debido proceso, sin que exista vulneración a garantías constitucionales, aplicando a la recurrente la medida disciplinaria de destitución del cargo por incurrir en una falta grave al principio de probidad administrativa.

Hace presente, además, que la recurrente dedujo con anterioridad un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, individualizado bajo el NUM006, circunstancia que, a su juicio, torna incompatible la presente acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°19.880. 4° Que, de los antecedentes allegados al proceso, en especial del informe evacuado por la recurrida y de las resoluciones acompañadas, aparece que el procedimiento disciplinario seguido en contra de la recurrente se origina para investigar un eventual mal uso de licencia médica. 5° Que, se tiene especialmente presente que la actora no niega el acto que se le imputa en cuanto a haber salido del país encontrándose con licencia médica, limitándose a alegar que solo fue un viaje terapéutico, a pesar de que ella misma señaló primeramente que era recreativo. 6° Que, en cuanto a todas las otras alegaciones de la actora, respecto de los posibles vicios del procedimiento, se advierte de su recurso que aquélla no señala algún hecho concreto de la afectación, o que no pudo defenderse de algún cargo en específico, sino que se limita a reclamar, en general, sin asociarla a algún perjuicio determinado, lo que desde ya permite descartarlos. 7° Que, además es indispensable destacar que el psiquiatra tratante de la recurrente, señaló expresamente que no fue informado de este viaje y que tampoco fue autorizado por su parte, por lo que no puede considerarse como terapéutico, además la propia actora reconoce que fue recreativo. 8° Que, así las cosas, de los antecedentes es posible presumir que la actora no comparte lo que se ha decidido y, por ende, alega su desacuerdo con la autoridad por no haber evaluado a su satisfacción e interés los antecedentes que hizo valer en dicho proceso, cuestionamiento que en nada dice relación con una ilegalidad del acto administrativo, el cual además está debidamente fundado. 9° Que, por su parte, la alegación de la recurrente relativa a una supuesta falta de competencia de la Municipalidad no puede prosperar. En efecto, una cosa es la potestad que corresponde a la COMPIN o a la respectiva ISAPRE para pronunciarse sobre la autorización, rechazo, invalidación o efectos previsionales derivados de una licencia médica y otra diversa la potestad disciplinaria que compete al empleador público para investigar si la conducta desplegada por un funcionario durante la vigencia de dicho beneficio importa, además, un incumplimiento de los deberes estatutarios que rigen el ejercicio de la función pública.

De esta forma, la licencia médica constituye un beneficio destinado a justificar la ausencia temporal del funcionario por razones de salud, suspendiendo únicamente la obligación de concurrir al lugar de trabajo y desempeñar materialmente las funciones propias del cargo durante el período autorizado. Sin embargo, ello no extingue ni suspende el vínculo estatutario que lo une con la Administración ni los deberes inherentes a dicho vínculo, entre ellos el de observar estrictamente el principio de probidad administrativa.

En consecuencia, la Municipalidad no invalidó la licencia médica ni sustituyó las atribuciones propias de los organismos competentes, sino que ejerció la potestad disciplinaria que el ordenamiento jurídico le reconoce para determinar si la conducta desplegada por la recurrente durante la vigencia de la licencia resultaba compatible con las obligaciones funcionarias que continuaban vinculándola con la Administración. 10° Que, despejado lo anterior, el artículo 52 de la Ley N° 18.575 dispone que el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

En dicho contexto normativo, la resolución sancionatoria y la vista fiscal contienen una fundamentación suficiente acerca de las razones por las cuales se estimó que la conducta de la recurrente configuraba una infracción grave a dicho principio, al establecer que, sin conocimiento ni autorización del médico psiquiatra tratante, decidió igualmente viajar al extranjero durante la vigencia del reposo.

En consecuencia, la calificación efectuada por la autoridad no se fundó únicamente en el incumplimiento material del reposo médico, sino en el uso de un beneficio estatutario para una finalidad incompatible con aquella que justificaba su otorgamiento y en el incumplimiento consciente de las obligaciones funcionarias que subsistían durante su vigencia.

De esta forma, la decisión administrativa aparece sustentada en antecedentes objetivos incorporados al procedimiento y en una interpretación razonada de las normas estatutarias aplicables, sin que se advierta que la calificación jurídica efectuada carezca manifiestamente de fundamento o resulte arbitraria. 11° Que, el razonamiento anterior resulta, además, concordante con lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, que ha estimado que el uso de una licencia médica para efectuar un viaje al extranjero, ajeno a la finalidad del reposo prescrito, puede constituir una afectación grave al principio de probidad administrativa (Roles N° 52.153-2025 y N°46.579-2025). 12° Que, en consecuencia, no se configura en la especie un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a la recurrida que justifique acoger esta acción constitucional, razón por la cual el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Codegua.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol Corte 1868-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.