RECURRENTE: ELGUETA Y ELGUETA LIMITADA. RECURRIDO: CARABINEROS DE CHILE

Rancagua, siete de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS:

A foja 123, con fecha 8 de agosto de 2014, comparece nombre reservado, empresario, en representación de Elgueta y Elgueta Limitada, empresa de seguridad, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representado por su General de Zona, nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda el recurso en que el día 30 de julio del año 2014, la Institución recurrida no dio lugar al recurso de revisión administrativa intentado por su parte para obtener la autorización necesaria para que su empresa pudiera ejercer labores de vigilancia privada. Lo anterior, debido a que no contaría con la idoneidad exigida para el desarrollo de esas actividades, dado que los trabajadores que se desarrollan como guardias de seguridad no poseen la capacitación exigida y, además, existirían deudas previsionales, hechos que no son efectivos.

Señala que de acuerdo al certificado emanado de la Dirección del Trabajo, su parte no tiene deuda previsional alguna y conforme a los documentos que emite la propia recurrida, todos sus trabajadores que se desempeñan como guardias se encuentran acreditados y con el curso de formación o de rentrenamiento al día.

Indica que si bien en el certificado de obligaciones laborales aparecen multas cursadas por la Inspección del Trabajo, las mismas se encuentran actualmente en juicios pendientes, en donde ha alegado la prescripción extintiva, por lo que solo puede concluirse que la recurrida ha actuado de manera arbitraria al negarle la posibilidad de ejercer una actividad económica lícita, vulnerando el derecho consagrado en el artículo 19 N° 21, 2, 3 inciso 2 y 3 de la Constitución Política de la República a desarrollar cualquier actividad económica, igualdad ante la ley, debido proceso y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

En definitiva solicita se acoja el recurso y se ordene a Carabineros de Chile a autorizar a su parte a seguir realizando su giro de empresa de seguridad, con costas.

A foja 130 se declara admisible el recurso y a foja 135 se concede orden de no innovar por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones.

A foja 149 la recurrida informa que el artículo 19 N° 21 de la Constitución consagra el derecho a desarrollar actividades económicas, pero tiene como requisito elemental el respeto de las normas legales que regulen la materia, entre las que se encuentra el Código del Trabajo y las normas de seguridad social. Indica que el artículo 5 bis del D.L. 3067 obliga a las empresas de recursos humanos del giro de seguridad que acrediten la idoneidad moral, cívica y profesional de la empresa y sus guardias, correspondiendo a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Refiere que la recurrente ha sido multada en 38 ocasiones por la Dirección del Trabajo, registrando una deuda total por multas impagas de $ 29.993.432 y que si bien se ha alegado la prescripción de la acción de cobro, ese hecho no hace desaparecer la infracción ni la misma ha sido declarada, resultando improcedente que pretenda asilarse en una sentencia inexistente para impugnar el acto pronunciado por el Prefecto de Cachapoal, pues ha sido el evidente incumplimiento de la normativa que regula su actividad económica y su desprecio por la autoridad fiscalizadora, evidenciada en el no pago de las multas cursadas, lo que ha llevado a Carabineros a concluir que la empresa no posee la idoneidad moral suficiente para otorgarle la autorización que solicita.

Señala que se le otorgó plazo hasta el 30 de agosto del año en curso para acreditar el pago de las multas cursadas y la capacitación de sus empleados y de cumplirse con ello se renovará de inmediato y sin más trámite la autorización de funcionamiento.

A foja 153 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1.- Que, como explica la empresa recurrente, la Prefectura de Carabineros Cachapoal, mediante Oficio de 30 de julio de 2014, en su calidad de Autoridad Fiscalizadora en materia de vigilancia y seguridad privada, le ha informado que no es procedente acceder a su solicitud de renovación de la autorización para el ejercicio de esas actividades, si dentro del plazo que vence el 30 de agosto de 2014, no subsana las observaciones que allí se indican, por cuanto “no ostentaría la idoneidad exigida” por el artículo 5 bis del Decreto Ley 3.607;

2.- Que las observaciones a que alude el Oficio se refieren a que la empresa no ha dado cumplimiento a la obligación de capacitar a su personal de seguridad y al hecho de registrar deudas previsionales;

3.- Que, como se advierte, la autoridad fiscalizadora, al decidir la petición de la empresa, acusa obligaciones incumplidas y deudas previsionales, establece un plazo para que sean subsanadas y, en caso que ello no ocurra, anuncia que no otorgará la autorización por carecer de la idoneidad exigida por la ley;

4.- Que, desde luego, en lo que toca a la capacitación del personal, la recurrente acreditó debidamente el cumplimiento de dicha obligación, baste inspeccionar la documentación adjunta al recurso, la que contiene las nóminas actuales de capacitación vigente de su personal, de manera que el reproche en cuestión no resulta ser efectivo, al menos a la época en que se dedujo el recurso;

5.- Que, asimismo, la empresa recurrente demostró, en lo que toca a dicho personal, que no registra deudas previsionales, aserto que se comprueba con el certificado que así lo señala, no objetado, con lo cual tampoco asiste razón a la recurrida para atribuir, como lo hace en dicho oficio, el incumplimiento de dicha obligación;

6.- Que, además, tal como aparece del respectivo informe, la recurrida no insiste, como lo hace en el oficio, en el incumplimiento de esas obligaciones, más bien, como se aprecia, circunscribe su negativa de autorización de funcionamiento a la falta de idoneidad moral que atribuye a la empresa, todo ello debido a que registra numerosas multas impagas;

7.- Que, si bien es efectiva la existencia de las multas, lo cierto es que todas ellas han sido reclamadas ante el órgano jurisdiccional competente y, hasta ahora, como consta de las copias de los procesos, agregadas al recurso, no han sido resueltas, de manera que su eventual vigencia o extinción constituye la materia litigiosa de esas causas, cuya decisión se encuentra pendiente;

8.- Que, ahora bien, el solo hecho de existir multas impagas, independiente de su número y monto, no hace incurrir a la empresa recurrente en la causal de falta de idoneidad moral que se le atribuye, desde que la extinción o vigencia de tales multas se encuentra sometida a la decisión de los tribunales, conforme a los procedimientos establecidos en la ley, de modo que al no existir sentencia firme o ejecutoriada que así lo determine, no cabe a la autoridad fiscalizadora, como consta de los numerales 3 y 5.2 de su informe, sustentar su negativa a renovar la autorización de funcionamiento a la circunstancia de no existir constancia del pago de las multas ni sentencia judicial que declare la prescripción, menos establecer un plazo para subsanar tales aspectos, desde que dichas materias han sido judicializadas y, por tanto, resultan ajenas a su esfera de atribuciones;

9.- Que, entonces, el escenario descrito obsta al calificativo de carencia de idoneidad moral suficiente, puesto que la autoridad recurrida, renegando de la existencia de juicios pendientes ante los tribunales competentes, ha sustentado su negativa a renovar los permisos en las multas impagas, que como se adelantó, constituyen la materia litigiosa que se disputa en esos juicios, desconociendo de este modo el derecho del recurrente de acudir a los tribunales y, eventualmente, obtener la declaración de prescripción de esas multas;

10.- Que, al decidir de la forma en que lo hace, la recurrida da por sentado el carácter firme de las multas impagas, puesto que en ello funda su negativa, constituyéndose de este modo en una verdadera comisión especial que ha juzgado la vigencia de multas y establecido plazos, cuya decisión corresponde de manera exclusiva y excluyente a los órganos jurisdiccionales; y, 11.- Que, en tales circunstancias, la decisión de la autoridad deviene en arbitraria e ilegal, desde que ha emitido o anunciado un dictamen que no le corresponde y que expresamente ha sido extraído de su orbita de atribuciones y radicado en la justicia ordinaria, de manera tal que el juzgamiento de los aspectos que la recurrida aborda, en caso alguno permiten sostener el calificativo de falta de idoneidad moral, precisamente porque la vigencia o extinción de las multas en que sustenta ese calificativo y con ello la negativa de autorización de funcionamiento, ha sido sometida al conocimiento y resolución de los órganos jurisdiccionales, cuyo pronunciamiento se encuentra pendiente, de modo que al anunciar una decisión sin esperar lo que se resuelva a ese respecto, constituye una singular forma de juzgamiento por un órgano distinto del establecido por la ley, lo que vulnera las garantías que cita la recurrente, especialmente el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y a desarrollar el giro de su actividad.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se acoge el recurso de protección interpuesto en lo principal de foja 123 y, en consecuencia, se ordena a la autoridad recurrida arbitrar las medidas tendientes a renovar la autorización de funcionamiento de la empresa recurrente, en el giro de la actividad de seguridad y vigilancia privada, sin costas.

Regístrese y archívese Redacción del Ministro señor Pairicán.

Rol 1866-2014.- Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros Titulares Sr. Fernando Carreño Ortega, Sr. nombre reservado y la abogada integrante Sra. María Latife Anich.

No firma la abogada integrante Sra. Latife, por no encontrarse integrando el día de hoy; no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa Hernán González Muñoz Secretario En Rancagua, a siete de noviembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.