nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE MACHALI

C.A. Rancagua.

Rancagua, veintidós de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 13 de noviembre de 2025 comparece el abogado Carlos Torres Piñeda, en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Machalí, representada por su alcalde don Juan Carlos Abud Parra, impugnando el Decreto SIAPER N°2807, de 13 de octubre de 2025, que dispuso su destitución, y el Decreto SIAPER N°2998(sic), de 27 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra, solicitando se dejen sin efecto tales actos administrativos, se ordene su reincorporación al cargo con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y, en subsidio, se sustituya la sanción aplicada por una proporcional a los hechos.

Expone que la sanción disciplinaria se fundó en haber salido del país mientras hacía uso de licencia médica, conducta que la autoridad calificó como una infracción grave al principio de probidad administrativa. Sostiene que dicho acto es ilegal y arbitrario, pues la licencia médica le fue otorgada con motivo del tratamiento de un cáncer de mama y de un cuadro de salud mental, sin restricción alguna de desplazamiento, encontrándose debidamente autorizada por los organismos competentes. Afirma que durante la vigencia de la licencia médica la relación estatutaria se encontraba suspendida, de modo que las actuaciones desarrolladas en ese período no podían ser consideradas como ejercicio de la función pública ni subsumirse en una infracción al principio de probidad administrativa.

Agrega que la Municipalidad carecía de competencia para fiscalizar el cumplimiento de la licencia médica o cuestionar su procedencia, facultad que corresponde exclusivamente a la COMPIN y a la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que el procedimiento disciplinario se inició y desarrolló sobre la base de atribuciones que el ordenamiento jurídico no le confiere. Asimismo, sostiene que la autoridad no acreditó la existencia de un uso irregular de la licencia, ni la concurrencia de una vulneración grave al principio de probidad administrativa, limitándose a presumir un desprestigio institucional que no fue demostrado.

Alega, además, que durante la tramitación del sumario administrativo se vulneraron las garantías del debido proceso, por cuanto los cargos formulados fueron imprecisos, se incorporaron hechos no contenidos en ellos, no se ponderó su irreprochable conducta funcionaria ni la ausencia de dolo, y se cuestionó indebidamente la validez de la licencia médica. Añade que la información relativa a sus movimientos migratorios habría sido obtenida y utilizada ilegalmente por los órganos intervinientes, infringiendo la normativa sobre protección de datos personales y excediendo las competencias legales de la Contraloría General de la República, la Policía de Investigaciones y la Municipalidad. Asimismo, denuncia la divulgación anticipada de la medida disciplinaria y la afectación de su honra mediante la publicación de su destitución antes de encontrarse firme.

Finalmente, sostiene que la sanción de destitución resulta manifiestamente desproporcionada, atendida su trayectoria funcionaria, la inexistencia de perjuicio para la administración y la falta de acreditación de una infracción grave a la probidad administrativa, estimando vulneradas las garantías consagradas en los numerales 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual solicita acoger el recurso en los términos indicados.

Con fecha 10 de diciembre de 2025 informa la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Señala que el Consolidado de Información (CIC) N°9 fue elaborado sobre la base de información oficial proporcionada por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), relativa a licencias médicas otorgadas a funcionarios públicos, y por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), referente a los registros de entradas y salidas del país, correspondientes al período comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2025, sin utilizar antecedentes adicionales. Agrega que, mediante el Oficio N°E82804, de 2025, se remitió a la Municipalidad de Machalí la nómina de funcionarios comprendidos en dicho consolidado, incluyendo a la recurrente, informándose que registraba una salida del país el 19 de abril de 2024 y un ingreso el 26 de abril de 2024, durante la vigencia de una licencia médica emitida el 18 de abril de 2024, con inicio de reposo el 19 de abril de 2024 y una duración de 15 días.

Con fecha 19 de diciembre de 2025 informa la abogada Carla Lavín Jiménez, en representación de la Ilustre Municipalidad de Machalí, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Sostiene que la medida de término de la relación laboral fue adoptada al término de un sumario administrativo tramitado con estricto apego a la normativa aplicable y con pleno respeto del derecho de defensa de la recurrente, descartando la existencia de ilegalidad, arbitrariedad o desproporción en la actuación municipal.

Expone que el principio de probidad administrativa constituye un deber inherente a la calidad de funcionario público, cuya observancia no se suspende durante el período en que el trabajador hace uso de licencia médica, pues lo único que cesa temporalmente son las obligaciones funcionales propias del cargo. Añade que tampoco se suspende el deber de mantener una conducta acorde con la dignidad de la función pública, estimando que utilizar el período de reposo médico para viajar al extranjero configura una conducta incompatible con dicho principio, al desnaturalizar la finalidad de la licencia médica y afectar la confianza pública depositada en los servidores del Estado. En este sentido, invoca jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y sostiene que la autoridad administrativa es competente para calificar la existencia de una falta a la probidad y aplicar la sanción legalmente prevista, sin que resulte exigible acreditar una especial gravedad distinta de la contemplada en el artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo.

Asimismo, rechaza la alegación relativa a la incompetencia del municipio para fiscalizar licencias médicas, precisando que el procedimiento disciplinario no tuvo por objeto cuestionar la validez, procedencia o fundamento clínico de la licencia, materias que reconoce corresponden a la COMPIN y a la Superintendencia de Seguridad Social, sino únicamente establecer la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento del deber de probidad al haberse acreditado la salida del país durante el período de reposo. Afirma que el municipio nunca puso en duda la enfermedad de la recurrente ni la autenticidad de la licencia médica, limitándose a valorar un hecho objetivo, consistente en el viaje al extranjero durante un reposo médico total prescrito para ser cumplido en el domicilio consignado por la funcionaria. Agrega que, conforme a la doctrina vigente de la Superintendencia de Seguridad Social, los viajes fuera del territorio nacional durante una licencia médica sólo resultan procedentes cuando obedecen a la realización de un tratamiento médico debidamente acreditado, circunstancia que no concurrió en la especie.

Asimismo, descarta las alegaciones relativas a la vulneración del debido proceso, señalando que la recurrente fue sometida a un procedimiento sumarial regulado por la ley, en el cual formuló sus descargos, rindió prueba e interpuso los recursos administrativos pertinentes. Niega igualmente que se haya impuesto una sanción distinta al término de la relación laboral, precisando que nunca se ordenó la restitución de remuneraciones percibidas durante la licencia médica, reprochando a la recurrente haber atribuido a la Municipalidad una decisión que no fue adoptada. Del mismo modo, sostiene que la información relativa a los desplazamientos internacionales de la funcionaria fue obtenida legítimamente mediante antecedentes proporcionados por la Contraloría General de la República y complementados por la Policía de Investigaciones en el marco de un procedimiento disciplinario legalmente instruido, sin infracción a la normativa sobre protección de datos personales.

Finalmente, afirma que la actuación municipal se ajustó plenamente a las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico y que la acción de protección no constituye la vía idónea para revisar el mérito de las conclusiones alcanzadas en un procedimiento disciplinario ni la proporcionalidad de la sanción impuesta, invocando al efecto la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, especialmente la sentencia dictada en la causa Rol 52.153-2025, que reconoció la legitimidad de la destitución de un funcionario que hizo uso de licencia médica para realizar un viaje al extranjero, estimando que dicha conducta constituye una grave afectación al principio de probidad administrativa y que corresponde a la autoridad disciplinaria calificarla y sancionarla. En consecuencia, solicita el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de carácter extraordinario destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha disposición asegura, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio.

2.- Que, en la especie, la recurrente solicita que se dejen sin efecto el Decreto SIAPER N°2807, de 13 de octubre de 2025, que dispuso el término de la relación laboral, y el Decreto SIAPER N°2998(sic) -2997, según consta de los antecedentes- de 27 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra, ordenándose su reincorporación al cargo con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir o, en subsidio, la sustitución de la medida disciplinaria por otra proporcional a la entidad de los hechos.

Sostiene que tales actos resultan ilegales y arbitrarios por cuanto la autoridad municipal habría sancionado disciplinariamente una conducta ocurrida durante el período en que se encontraba haciendo uso de licencia médica otorgada con motivo de un tratamiento oncológico y psiquiátrico, arrogándose competencias que corresponderían exclusivamente a los organismos encargados del control técnico de las licencias médicas. Añade que el procedimiento disciplinario vulneró las garantías del debido proceso, al formular cargos imprecisos, incorporar hechos no contenidos en éstos, desconocer la inexistencia de dolo, omitir toda consideración a su irreprochable trayectoria funcionaria y prescindir de circunstancias personales relevantes al momento de determinar la sanción.

Asimismo, denuncia la utilización indebida de información relativa a sus movimientos migratorios, la divulgación anticipada de la medida disciplinaria y, especialmente, la desproporción de la sanción expulsiva aplicada, estimando vulneradas las garantías contempladas en los numerales 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

3.- Que, al evacuar el informe requerido, la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins solicitó el rechazo de las alegaciones dirigidas en su contra, señalando que el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 fue elaborado exclusivamente sobre la base de antecedentes oficiales proporcionados por la Superintendencia de Seguridad Social y la Policía de Investigaciones de Chile, relativos, respectivamente, a las licencias médicas otorgadas y a los registros de entradas y salidas del país correspondientes al período comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2025. Agrega que, mediante el Oficio N°E82804, de 2025, únicamente remitió a la Municipalidad de Machalí la nómina de funcionarios comprendidos en dicho consolidado, entre ellos la recurrente, informando que ésta registraba una salida del país el día 19 de abril de 2024 y un ingreso el 26 de abril del mismo año, durante la vigencia de una licencia médica emitida el 18 de abril de 2024, con inicio de reposo el día 19 de abril siguiente y duración de 15 días, sin efectuar actuaciones investigativas adicionales ni utilizar antecedentes distintos de los contenidos en tales registros oficiales.

Por su parte, la Municipalidad de Machalí solicitó el rechazo íntegro del recurso, sosteniendo que el término de la relación laboral fue dispuesto al concluir un sumario administrativo instruido con pleno respeto de las garantías procedimentales de la recurrente. Señala que la investigación nunca tuvo por objeto cuestionar la validez o fundamento clínico de la licencia médica, materias que reconoce corresponden a la COMPIN y a la Superintendencia de Seguridad Social, sino exclusivamente determinar la eventual responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento del deber de probidad al haberse acreditado objetivamente que la trabajadora salió del país durante el período de reposo médico. Agrega que el deber de probidad subsiste durante la licencia médica, que la información sobre los desplazamientos internacionales fue obtenida legítimamente a partir de antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República y complementados por la Policía de Investigaciones, y que la acción de protección no constituye la vía idónea para revisar el mérito de las conclusiones alcanzadas en un procedimiento disciplinario legalmente tramitado.

4.- Que, conforme ha sido planteada la controversia, corresponde determinar si las resoluciones impugnadas fueron dictadas con infracción de las atribuciones que el ordenamiento jurídico reconoce a la Municipalidad, con vulneración de las garantías esenciales del procedimiento disciplinario o mediante un ejercicio manifiestamente arbitrario de la potestad sancionadora.

En este contexto, la alegación relativa a que la Municipalidad habría invadido atribuciones propias de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social no puede prosperar, desde que del mérito de los antecedentes aparece que el procedimiento disciplinario no tuvo por finalidad revisar la procedencia, validez o fundamento clínico de la licencia médica otorgada a la recurrente, materias cuya decisión corresponde a dichos organismos técnicos, sino establecer si la conducta desplegada por ésta durante la vigencia del reposo constituía una infracción a los deberes derivados de su relación funcionaria. En consecuencia, la autoridad recurrida no ejerció potestades de control sanitario, sino la facultad disciplinaria que el ordenamiento jurídico le reconoce respecto de quienes prestan servicios en la Administración.

Del mismo modo, tampoco resulta atendible la alegación relativa a la supuesta ilegalidad de la intervención de la Contraloría General de la República. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Política de la República y en los artículos 1, 6, 9 y 21 A de la Ley N°10.336, corresponde a dicho órgano ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración y fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los deberes funcionarios. En ejercicio de tales atribuciones elaboró el Consolidado de Información Circularizada N°9 utilizando información oficial proporcionada por la Superintendencia de Seguridad Social y la Policía de Investigaciones de Chile, limitándose posteriormente a poner dichos antecedentes en conocimiento del municipio para que éste determinara, en el ámbito de sus competencias disciplinarias y mediante el correspondiente procedimiento administrativo, la eventual responsabilidad funcionaria que pudiera derivarse de tales hechos. Por consiguiente, no aparece que la Contraloría haya sustituido a los organismos encargados del control técnico de las licencias médicas ni que hubiese excedido las potestades fiscalizadoras que el ordenamiento jurídico expresamente le confiere.

Tampoco resulta atendible la alegación en cuanto a que para solicitar la información a la Policía de Investigaciones se requería de un convenio entre ésta y la Contraloría, basado en que así lo dispone la Ley 21.325, que al ser la normativa específica sobre la materia, prima por sobre las regulaciones y atribuciones generales de la Contraloría, pues la Ley mencionada regula al Servicio Nacional de Migraciones respecto a la entrada y salida de extranjeros, lo que no guarda relación con las facultades de la Contraloría, la que puede solicitar información a cualquier organismo público, entre otras cosas, para fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

5.- Que, en cuanto al fondo, de los antecedentes allegados al proceso aparece que la recurrente registró una salida del territorio nacional el día 19 de abril de 2024 y un ingreso el 26 del mismo mes, encontrándose durante dicho período haciendo uso de una licencia médica emitida el 18 de abril de 2024, con reposo total por quince días a contar del día siguiente, circunstancia que no ha sido controvertida por ésta, quien reconoce expresamente haber efectuado dicho viaje durante la vigencia del reposo prescrito.

Asimismo, consta que la Municipalidad instruyó el correspondiente sumario administrativo a raíz de los antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República mediante el Oficio N°E82804, de 2025, procedimiento que concluyó estableciendo que la conducta descrita configuraba una infracción grave al deber de probidad administrativa, disponiéndose, como consecuencia de ello, el término de la relación laboral de la recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo, decisión posteriormente confirmada al rechazarse el recurso de reposición deducido en sede administrativa.

6.- Que, tampoco se advierte la vulneración al debido proceso denunciada por la recurrente ya que, del examen del expediente administrativo, aparece que ésta fue oportunamente notificada del cargo formulado en su contra, presentó descargos, acompañó los antecedentes que estimó pertinentes, rindió prueba e interpuso el recurso administrativo contemplado por la ley, obteniendo un pronunciamiento fundado respecto de las alegaciones formuladas.

En cuanto a la utilización de la información relativa a sus movimientos migratorios, tampoco se advierte ilegalidad, por cuanto los antecedentes demuestran que ésta fue obtenida a partir de registros oficiales incorporados al Consolidado de Información Circularizada N°9 de la Contraloría General de la República y remitidos posteriormente a la Municipalidad para la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de tales hechos. En consecuencia, no aparece que la autoridad recurrida hubiera accedido a dicha información al margen de las facultades que el ordenamiento jurídico le reconoce ni que la hubiese utilizado para una finalidad diversa de aquella que motivó la instrucción del procedimiento disciplinario.

7.- Que, en lo concerniente a la alegación de arbitrariedad, ésta tampoco puede prosperar ya que, de la lectura de las resoluciones impugnadas consta que la autoridad administrativa explicitó las razones de hecho y de derecho que condujeron a estimar configurada una infracción grave al principio de probidad administrativa, fundando su decisión en antecedentes objetivos obtenidos durante el procedimiento disciplinario, los que fueron debidamente puestos en conocimiento de la recurrente y respecto de los cuales ésta pudo formular las alegaciones y defensas que estimó pertinentes. En tales condiciones, la circunstancia de que la actora discrepe de la valoración efectuada por la Administración o sostenga una interpretación diversa acerca del alcance de sus deberes funcionarios no transforma, por sí sola, la decisión impugnada en arbitraria, desde que ésta aparece sustentada en un razonamiento susceptible de ser comprendido y controlado.

En este contexto, resulta especialmente relevante considerar que la licencia médica fue extendida el día inmediatamente anterior al inicio del viaje al extranjero, comenzando el reposo precisamente el mismo día en que la recurrente abandonó el territorio nacional. Si bien dicha circunstancia, por sí sola, no permite cuestionar la procedencia médica de la licencia -materia ajena al ámbito del presente proceso-, sí puede ser considerada puesto que, conforme a las máximas de la experiencia, los viajes internacionales de carácter recreacional o vacacional suponen normalmente una planificación previa, que comprende la adquisición de pasajes, reservas de alojamiento y demás aspectos logísticos.

Desde esta perspectiva, la proximidad temporal entre la emisión de la licencia médica y el inicio del desplazamiento constituye un elemento que permite inferir racionalmente que el período de reposo fue utilizado para concretar un viaje previamente organizado, circunstancia susceptible de ser considerada al evaluar la compatibilidad de dicha conducta con los deberes de probidad que informan el ejercicio de la función pública.

8.- Que, asentado lo anterior, corresponde analizar si la calificación jurídica efectuada por la autoridad administrativa aparece desprovista de fundamento. Al respecto, el artículo 52 de la Ley N°18.575 dispone que el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

En dicho contexto normativo, la resolución sancionatoria contiene una fundamentación suficiente acerca de las razones por las cuales se estimó que la conducta de la recurrente configuraba una infracción grave a dicho principio. En efecto, la calificación efectuada por la autoridad no se fundó únicamente en el incumplimiento material del reposo médico, sino en la utilización de un beneficio estatutario para una finalidad incompatible con aquella que justificaba su otorgamiento y, en definitiva, en una conducta estimada incompatible con el estándar de probidad que debe observar todo funcionario público.

De esta forma, la decisión administrativa aparece sustentada en antecedentes objetivos incorporados al procedimiento y en una interpretación razonada de las normas estatutarias aplicables, sin que se advierta que la calificación jurídica efectuada carezca manifiestamente de fundamento o resulte arbitraria.

9.- Que, la conclusión precedente resulta concordante con el criterio sostenido por la Excma. Corte Suprema, que ha reconocido que la utilización de una licencia médica para efectuar un viaje al extranjero ajeno a la finalidad del reposo prescrito constituye una conducta susceptible de configurar una afectación grave al principio de probidad administrativa, justificando la adopción de medidas disciplinarias acordes con la entidad de la infracción (Roles 52.153-2025 y 46.579-2025).

10.- Que, finalmente, tampoco resulta atendible la alegación relativa a la desproporción de la sanción aplicada por cuanto, en la especie, la conducta atribuida a la recurrente fue calificada, fundadamente, como constitutiva de una infracción grave al principio de probidad administrativa, al importar la utilización del período de reposo médico para una finalidad incompatible con aquella que justificaba el otorgamiento de la licencia. Tal comportamiento no sólo compromete la confianza que debe inspirar el correcto ejercicio de la función pública, sino también el debido resguardo del patrimonio público, desde que durante la vigencia de la licencia la funcionaria continúa percibiendo recursos públicos -sea mediante el pago de remuneraciones o del subsidio por incapacidad laboral que las reemplaza- cuya finalidad es posibilitar su recuperación y no el desarrollo de actividades incompatibles con el reposo prescrito. Tales circunstancias justifican la especial gravedad que el ordenamiento jurídico atribuye a este tipo de conductas y explican que la sanción aplicada no aparezca manifiestamente desproporcionada.

En tales condiciones, la circunstancia de que la recurrente registrara una extensa trayectoria funcionaria sin sanciones disciplinarias previas, así como las patologías que motivaron el otorgamiento de la licencia médica, no resultan suficientes para desvirtuar la gravedad de la infracción ni para concluir que la sanción impuesta sea arbitraria o manifiestamente desproporcionada, desde que dichos antecedentes no neutralizan la especial entidad del reproche derivado de la vulneración grave del principio de probidad administrativa, más si - como ya se dijo- la licencia médica fue extendida el día inmediatamente anterior al inicio del viaje al extranjero, cuestión que permite inferir racionalmente que el período de reposo fue utilizado sólo para concretar un viaje previamente organizado, circunstancia susceptible de ser considerada al evaluar la compatibilidad y proporcionalidad de dicha conducta con los deberes de probidad que informan el ejercicio de la función pública.

11.- Que, en consecuencia, no verificándose la existencia de un acto ilegal o arbitrario que importe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, la presente acción cautelar deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Machalí.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol I. Corte 1861-2025 Protección.