nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA

C.A. de Rancagua Rancagua, tres de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado quien interpuso acción de protección en contra de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, representada por el Secretario General don nombre reservado, por el acto consistente en la destitución de su cargo de matrona, que desempeñaba en la Corporación recurrida, que se materializó con el Oficio N° 607 de 17 de octubre de 2025, mediante el cual se le notificó tal medida, y que afecta sus derechos establecidos en el artículo 19 N° 1, 2, 3, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

Relata que es matrona e ingresó a prestar servicios en tal calidad para la recurrida el 11 de junio de 2009 como reemplazo, asumiendo desde el año 2010 funciones bajo modalidad de contrata y, a partir del año 2015, como funcionaria de planta, ejerciendo el cargo de matrona en el Centro de Salud Familiar N°4 “Dra. María Latife”. De este modo, la recurrente cuenta con más de 16 años de servicio ininterrumpido y una trayectoria profesional intachable, sin sanciones disciplinarias previas ni observaciones en su hoja de vida funcionaria.

Comenta que, mediante Resolución Exenta N° 734, de fecha 9 de junio de 2025, el Secretario General de la Corporación Municipal de Rancagua ordenó instruir un sumario administrativo en contra de la recurrente, con el objeto de investigar eventuales responsabilidades funcionarias derivadas de la denuncia efectuada por la Contraloría General de la República, a través del Oficio Reservado N° E84047 de 2025. El procedimiento disciplinario tuvo por finalidad indagar la eventual participación de la recurrente en hechos vinculados a la atención de pacientes mientras se encontraba con licencia médica.

Puntualiza que, sin perjuicio de la cooperación con total transparencia, respeto institucional y buena fe al procedimiento, jamás se le informó de manera clara, expresa ni formal acerca de su derecho a presentar descargos por escrito, ni de la necesidad u oportunidad procesal para hacerlo, ni tampoco se le explicó adecuadamente la gravedad jurídica de los hechos que se le imputaban. Por el contrario, el propio fiscal instructor, al momento de recibir su declaración, minimizó la relevancia de los antecedentes, señalando que la destitución se reservaba únicamente para casos más graves, como por ejemplo “funcionarios que viajaban al extranjero durante licencias médicas”, lo que le generó una legítima confianza en la buena fe del proceso, llevándole a asumir que se trataba de una investigación menor y sin consecuencias disciplinarias graves. Esa convicción, inducida por la conducta del fiscal instructor, le llevó a no ejercer el derecho a formular descargos formales, ni a recurrir oportunamente a asesoría jurídica especializada.

Explica que el procedimiento se centró exclusivamente en un hecho puntual: haber asistido a un parto en la Clínica Isamédica el día 28 de abril de 2023, mientras se encontraba con licencia médica por diagnóstico de afección respiratoria, sin que se incluyeran otras conductas ni períodos distintos. Sin embargo, al momento de dictarse la resolución final, se introdujeron referencias a otras licencias médicas y situaciones que no formaban parte del cargo inicial, alterando sustancialmente el marco de imputación original y restringiendo su posibilidad de defensa.

Asevera que el cargo no cumple plenamente con el estándar de concreción exigido por Contraloría, pues no indica el lugar exacto ni la identidad de la paciente, no señala si la atención tuvo carácter remunerado o de urgencia obstétrica, siendo que se trató efectivamente de una atención de urgencia, y que la remuneración (de carácter posterior) no fue el motivo ni el objeto de la acción, sino una consecuencia administrativa posterior. Tampoco precisa cómo se obtuvo la información de la Clínica Isamédica, ni si esta fue certificada mediante fichas clínicas o registros médicos oficiales, lo que deja la imputación sustentada en un antecedente meramente referencial y no verificable. Por tanto, el cargo carece de la precisión necesaria para ejercer una defensa efectiva, infringiendo el artículo 137 del Estatuto Administrativo y el artículo 19 N°3 de la Constitución.

Con fecha 12 de agosto de 2025, el fiscal instructor evacuó la Vista Fiscal en el marco del sumario instruido por Resolución Exenta N°734, proponiendo expresamente la sanción de destitución de la funcionaria, en aplicación del artículo 118 de la Ley 18.883, en relación con la Ley 19.378.

En dicha vista, el fiscal instructor amplió indebidamente el marco fáctico de la investigación, incorporando nuevas fechas y hechos que no fueron objeto del cargo formalmente formulado ni notificados para su defensa, el fiscal añadió otras supuestas atenciones profesionales realizadas en la Clínica Isamédica durante distintos períodos del año 2023 (febrero, marzo, abril y septiembre), sosteniendo que dichos antecedentes evidenciarían una “reiteración de conductas” y configurarían una agravante de intencionalidad. Sin embargo, no todas esas fechas corresponden a períodos de licencia médica, sino que el propio fiscal hizo referencia a permisos administrativos debidamente autorizados por la Corporación, interpretando erróneamente que estos habrían sido utilizados para realizar atenciones privadas y, tal inferencia, carece de respaldo documental en el expediente, infringiendo el principio de congruencia y el derecho constitucional al debido proceso, viciando de nulidad el procedimiento en su conjunto.

Comenta que luego, mediante Resolución Exenta N°1555, de fecha 25 de septiembre de 2025, el Secretario General de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua resolvió aprobar la Vista Fiscal y aplicar la sanción de destitución, estimando configurada una falta al principio de probidad administrativa, conforme al artículo 52 de la Ley 18.575 y al artículo 48 letra b) de la Ley 19.378. No obstante, la resolución sancionatoria reproduce de manera literal las conclusiones de la Vista Fiscal, sin verificar la legalidad ni la congruencia de la imputación ni el cumplimiento del derecho a defensa. El acto administrativo agrega, además, que su conducta habría “afectado el prestigio institucional”, sin acreditar perjuicio concreto ni motivar de qué manera un hecho aislado, y de carácter estrictamente asistencial, habría dañado la imagen del servicio. Tampoco se ponderó el contexto real en que ocurrió la atención cuestionada, pues la persona asistida mantenía una relación cercana, privada y de confianza personal con la recurrente, lo que explica su intervención en una situación de urgencia obstétrica que requería asistencia inmediata. En efecto, los profesionales de la salud están sujetos a una obligación legal de acción, derivada del deber de asistencia y del principio de protección de la vida y la salud de las personas, consagrado en la legislación sanitaria y penal chilena.

Destaca que la resolución también omite ponderar las atenuantes reconocidas en el procedimiento, particularmente la irreprochable conducta anterior y la colaboración prestada durante la investigación, incurriendo en una violación al principio de proporcionalidad.

Señala que, dentro del plazo legal, el día 2 de octubre de 2025 se interpuso recurso de reposición administrativa, solicitando la revocación de la sanción de destitución por considerarla desproporcionada, carente de motivación suficiente y dictada con infracción al principio de congruencia procesal, pero con fecha 9 de octubre de 2025, mediante Resolución Exenta N°1670, el Secretario General de la Corporación Municipal rechazó el recurso de reposición, confirmando la sanción de destitución. Sin embargo, el acto administrativo se funda en argumentos distintos a los contenidos en la resolución sancionatoria original, al sostener (por primera vez en el procedimiento) la existencia de una “reiteración de la conducta” y una “intencionalidad” que evidenciaría dolo, pese a que ni la Vista Fiscal ni el cargo inicial formularon tales imputaciones, sin incorporar prueba nueva ni antecedentes adicionales que sustenten estas nuevas afirmaciones, introduciendo referencias ajenas al expediente e incluso sugiriendo que los hechos “podrían constituir un ilícito penal”, sin que existan remisiones al Ministerio Público ni instrucciones formales al respecto. Además, omite pronunciamiento expreso sobre la falta de dolo, la desproporción de la sanción y la incongruencia de los hechos fundantes alegados en su reposición y que tal omisión vulnera el deber de motivación reforzada que rige en sede disciplinaria.

Indica que la Resolución N°1670 fue presentada mediante Oficio N°607, de fecha 14 de octubre de 2025, notificada el 17 de octubre de 2025, y con ello se agotó la vía administrativa interna.

Argumenta que el fundamento central de la resolución sancionatoria se basó en la presunta infracción al reposo médico, imputando un uso indebido de licencias. Sin embargo, la determinación de si una licencia ha sido cumplida o no corresponde exclusivamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y en el expediente no consta resolución alguna del Compin que haya invalidado la licencia médica en cuestión, ni informe técnico que acredite incumplimiento del reposo. Por tanto, la autoridad municipal carecía de competencia legal para calificar unilateralmente la supuesta infracción.

Continúa indicando que no puede soslayarse que la decisión sancionatoria se dictó en un contexto institucional que podría haber incidido en su motivación, toda vez que, luego de sufrir el ribo de su vehículo mientras desempeñaba sus funciones, expuso públicamente la situación a medios de comunicación regionales y redes sociales, manifestando la preocupación de los funcionarios por la inseguridad del recinto, y dicho episodio provocó malestar en instancias superiores de la Corporación Municipal de Rancagua y de la propia Alcaldía, debido a la exposición mediática de las deficiencias de seguridad.

Releva que la sanción impuesta también vulnera el principio de igualdad ante la ley, al haber sido aplicada de forma desigual respecto de otros funcionarios que se encontraban en situaciones fácticas análogas, sin haber sido sancionados, ni siquiera investigados disciplinariamente.

Informa que con fecha 13 de noviembre de 2025, la recurrente presentó ante la Contraloría General de la República un desistimiento expreso del reclamo administrativo de legalidad originalmente ingresado el 3 de noviembre de 2025 (Folio E143852), así como de la presentación posterior identificada con el Folio E150271, correspondiente al mismo año 2025. El desistimiento se fundó en razones estrictamente procesales y de competencia, toda vez que, pese a que la sanción de destitución se dictó en un procedimiento administrativo sujeto íntegramente al derecho público, el vínculo contractual de la funcionaria fue formalizado por una persona jurídica de derecho privado, como lo es la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua. Tal circunstancia ha llevado reiteradamente a la Contraloría General de la República a declarar su incompetencia para conocer reclamos dirigidos en contra de corporaciones municipales, por no tratarse de órganos de la Administración del Estado en sentido estricto.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se adopten todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, en particular, disponiendo que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 1555 con fecha 25 de septiembre de 2025, que impuso la sanción de destitución de nombre reservado, así como también Resolución N° 1670, de fecha 9 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido oportunamente, e invalidando el Oficio N°607, notificado el 17 de octubre de 2025, mediante el cual se materializo el término de su relación laboral, ordenando su inmediata reincorporación a sus funciones, con el pago íntegro de las remuneraciones y demás prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de la separación hasta su efectiva reincorporación, con expresa condena en costas o las demás medidas que esta Corte estime necesarias, incluyendo su absolución o, en su defecto, la aplicación de una sanción proporcional conforme a derecho.

A folio 12 informó la Corporación recurrida solicitando el rechazo del recurso.

Relata que la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° E84047 / 2025, adjuntó nómina de personas con la calidad de trabajadores de la Corporación que habrían asistido partos estando con licencia médica, de acuerdo con los datos proporcionados por el Registro Civil y de la Superintendencia de Seguridad Social, advertido por la Contraloría en el consolidado de información circularizada, CIC, N° 10 de 2025, debiendo esta Corporación Municipal investigar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas. Estos antecedentes fueron remitidos por la Contraloría General de la República al Ministerio Público, dando origen a la causa penal RUC 2501027950-2, atendida que la gravedad de los hechos podrían ser constitutivos de delitos previstos y sancionados en el artículo 202 y artículos 470 N°8, ambos del Código Penal.

De esta forma, mediante Resolución N°735, de fecha 09 de junio de 2025, se instruyó sumario administrativo en contra de doña nombre reservado, matrona del establecimiento CESFAM N°4 “Dra. María Latife”, con la finalidad de acreditar la eventual existencia de responsabilidad administrativa por los hechos mencionados en el Oficio aludido precedentemente. Luego, el Sumario Administrativo fue tramitado en conformidad con las instrucciones de Contraloría y la normativa pertinente, encontrándose la reclamante regida por la Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que hace directa remisión a las normas sobre Sumario Administrativo establecidas en la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Luego de entregada la vista fiscal y expediente, se emitió la Resolución N°1555, del 25 de septiembre de 2025, la cual acepta la Vista Fiscal y determina la sanción de término de contrato de trabajo de doña nombre reservado, dejando de pertenecer a la dotación de salud municipal, de acuerdo al artículo 48 letra b) de la Ley 19.378, por falta a la probidad establecida fehacientemente por medio de sumario.

La recurrente interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución N°1555, del 25 de septiembre de 2025, indicando el recurso interpuesto que a su respecto no existiría dolo. Ante ello afirma que no es posible alegar el desconocimiento de la normativa, que prestó servicios a una entidad privada encontrándose con licencia médica, lo que es independiente de cualquier supuesta consideración emocional, y que si bien la medida disciplinaria aplicada se hace en relación con el cargo formulado que establece haber realizado la conducta en una oportunidad, consta de los antecedentes la reiteración de la conducta, lo que puede ser considerado como un indicio de intencionalidad y que las conductas implicaban su participación activa en cuanto al incumplimiento.

Refiere que la constitución de la falta a la probidad es señalada en el séptimo considerando de la resolución recurrida, que cita el criterio del Dictamen N° 42.372, de 2010, de Contraloría General de la República. Luego, en cuanto a la proporcionalidad de la sanción, el considerando décimo primero de la resolución recurrida contiene el razonamiento en cuanto a lo que se indica como la gravedad de la falta, concluido en base al razonamiento del resto de sus considerandos y especialmente lo señalado en el considerando séptimo en cuanto a que los hechos podrían constituir un ilícito. La sanción aplicada dice relación exclusiva a ellos en base a la vulneración de la probidad administrativa, lo cual el artículo 48 letra b) de la Ley 19.378, faculta al empleador para aplicar la medida de término de contrato dejando de pertenecer a la dotación cuando se configure: “falta a la probidad establecida fehacientemente por medio de sumario”.

Comenta luego que las atenuantes que le asistían sí fueron analizadas en el décimo considerando de la resolución recurrida, esto es, la irreprochable conducta anterior, siendo el resto de las señaladas en el recurso circunstancias que no atenúan su responsabilidad. Respecto a la colaboración con la investigación, señala que dicha atenuante requiere que se preste una colaboración adicional al deber de colaboración que le asiste en su calidad de funcionaria, siendo importante destacar que cuando el jefe de servicio estima que existe gravedad en la falta a la probidad, la sanción es específica, del mismo modo la causal de término del artículo 48 b) se basta con determinar una falta a la probidad. En virtud de las consideraciones expuestas, se dicta la Resolución N°1670, del 9 de octubre de 2025, rechazando de manera fundada la reposición y aplicando la sanción.

Alega que la presente acción no es aplicable para el caso en comento toda vez que no existen derechos indubitados. Como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En el presente caso, de lo expuesto por la recurrente, no se aprecia que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia del Secretario General de la Corporación, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política. En virtud de lo señalado, la acción es inadmisible, puesto que no existe un derecho indubitado.

Destaca que en el sumario seguido contra la actora y en la sanción aplicada no se ha vulnerado norma alguna del debido proceso, ya que la recurrente tuvo todas las instancias para ejercer sus derechos, teniendo la instancia para presentar sus descargos, sin hacerlo, y luego presentando un recurso de reposición. La resolución que determinó su sanción es un acto administrativo que se encuentra completamente fundado, haciendo una exposición pormenorizada del proceso administrativo, la falta imputada, los cargos, descargos, normativa infringida y ponderación de atenuantes.

Sobre la supuesta incorporación de nuevos hechos en la vista fiscal, aduce que ésta meramente se refiere a antecedentes que constan en el expediente, ya que si se revisa la resolución que determina la sanción a aplicar, se puede apreciar que se refiere exclusivamente al hecho materia del cargo formulado y que fue fehacientemente constatado por la Contraloría General de la República contrastando los antecedentes entregados por el Registro Civil y la Superintendencia de Seguridad Social, los que corroboró el Fiscal en su investigación.

Afirma que no se ha inmiscuido en las atribuciones y competencia de la Compin, sino que sólo en aquellas que le establece el estatuto respectivo, lo cual es determinar la responsabilidad administrativa que se pueda constatar fehacientemente mediante sumario administrativo, no siendo necesario que se invalide una licencia para determinar una falta a la probidad.

Continúa señalando que la recurrente confunde el deber de ponderar las atenuantes con una supuesta obligatoriedad de disponer la rebaja de la sanción. La ponderación de las atenuantes que le asistían sí fue realizada, en el décimo y décimo primer considerando de la resolución que determina la sanción, pero en atención de la gravedad de la falta (considerando décimo primero) se dispuso la medida de término de contrato, considerando que una atenuante no obliga a rebajar la sanción si se considera que la falta es grave y configura el presupuesto de la causal de término específica. Lo mismo afirma respecto a la proporcionalidad de la medida, por cuanto habiéndose acreditado la falta a la probidad y ponderado la gravedad de la medida que debe aplicarse, según fuese concluido en el Dictamen N° 16.567 de 2017, de la Contraloría General de la República, la autoridad se encuentra en el imperativo de disponer la destitución, sin que pueda aplicar otra sanción para quienes incurren en infracciones graves al principio de probidad administrativa.

En cuanto a la eventual represalia que representaría el sumario seguido contra la actora, ello carece de cualquier asidero, puesto que no fue la Corporación Municipal de Rancagua la que decidió unilateralmente instruir el Sumario Administrativo, sino que fue por una orden de la Contraloría General de la República mediante su Oficio N°E84047, del 26 de mayo de 2025. De tal manera, los actos administrativos que afinan el proceso sumarial se encuentran completamente fundados para la determinación de la sanción correspondiente.

Finalizó afirmando que no han existido actos ilegales ni arbitraros y por ende, no ha existido vulneración a ninguna de las garantías constitucionales alegadas por la recurrente con motivo de la dictación del acto administrativo que le aplica medida disciplinaria de término de contrato, motivo por el cual el presente recurso debe ser rechazado en todas sus partes.

A folio 14 informó la Contraloría General de la República, precisando que para la elaboración del Consolidado de Información (CIC) N°10, sobre funcionarios y trabajadores del área de la salud que habrían asistido partos estando con licencia médica, este Organismo de Control trabajó con las bases de datos oficiales proporcionadas por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y de la Superintendencia de Seguridad Social, para el periodo comprendido entre los años 2023 y 2024, sin que haya sido necesario utilizar antecedentes adicionales a estos. Luego, en lo que concierne al caso de autos, mediante el oficio N° E84047, de 2025, de ese origen, se remitió a la CORMUN la nómina de funcionarios de esa entidad que estarían involucrados en el referido CIC, con la información disponible en dicho Organismo de Control sobre la materia, la cual permite identificar las licencias médicas que habrían sido vulneradas, así como la fecha de partos y el lugar en el que ocurrieron.

En ese contexto, el registro informado para el caso de doña nombre reservado consiste en el parto atendido en Clínica Isamédica el 28 de abril de 2023, en circunstancias que se encontraba haciendo uso de licencia médica desde el 22 de abril del mismo año, por 10 días.

Hace presente que, conforme al criterio contenido en los dictámenes N° 53.474, de 2011, 14.063 y 47.642, ambos de 2013, el Organismo Contralor carece de competencia para pronunciarse sobre situaciones laborales que afecten al personal que se desempeña en corporaciones de derecho privado creadas por las municipalidades al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del antiguo Ministerio del Interior, por no revestir aquellos la calidad de funcionarios públicos, situación en la que se encuentra la demandante de autos, correspondiendo a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de las normas de carácter laboral que rigen al personal.

Agrega que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General relativa a la sustanciación de sumarios administrativos sólo es aplicable al personal de la Administración del Estado sujeto a su fiscalización, y no a trabajadores de entidades privadas, como sucede en la especie.

A folio 17 la parte recurrente realizó observaciones a lo informado por la Corporación recurrida, reiterando los argumentos vertidos en su recurso y destacando que la acción deducida no persigue reabrir el mérito del procedimiento disciplinario ni sustituir las vías ordinarias, sino controlar la legalidad, racionalidad y proporcionalidad del acto terminal, por vulneración de garantías constitucionales, cuestión plenamente procedente en sede de protección, atendida la naturaleza del vicio denunciado y la inexistencia de otra vía idónea y eficaz.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, el acto recurrido consiste en la sanción disciplinaria de destitución aplicada a la recurrente, luego de realizarse un sumario administrativo en su contra con infracción al principio de congruencia y al derecho a defensa, con una desproporción manifiesta y motivación aparente, y sin la competencia técnica del empleador para calificar el supuesto incumplimiento del reposo médico que, a juicio de la actora, afecta sus derechos establecidos en el artículo 19 N° 1, 2, 3, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

3.- Que, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, puesto que en el sumario seguido contra la actora y en la sanción aplicada no se ha vulnerado norma alguna del debido proceso, ya que la recurrente tuvo todas las instancias para ejercer sus derechos, presentar sus descargos y deducir reposición. Agrega que la resolución que determinó su sanción es un acto administrativo que se encuentra completamente fundado, haciendo una exposición pormenorizada del proceso administrativo, la falta imputada, los cargos, descargos, normativa infringida y ponderación de atenuantes.

4.- Que, contrario a lo señalado por la recurrente, revisado el expediente sumarial acompañado por ambas partes, no se observan vicios que pudieran ser constitutivos de infracción al debido procedimiento administrativo, puesto que a la recurrente se le formuló un cargo que fue debidamente notificado de acuerdo con la normativa vigente, tuvo lo oportunidad de plantear sus defensas o descargos -sin perjuicio que no lo hizo-, rendir probanzas y controvertir los hechos, así como los fundamentos jurídicos de la acusación y decisión final, lo que no permite a esta Corte constatar infracciones para otorgar tutela jurídica en relación a estos aspectos.

En efecto, el principal reproche realizado, consistente en la falta de congruencia, no es tal, toda vez que fue sancionada por el cargo único que le fuera previamente formulado y notificado, por cuanto se lee expresamente en la vista fiscal que, las demás atenciones prestadas por la actora en una clínica mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica pueden ser consideradas como agravante, pero aquello no ocurrió en la resolución que impuso la sanción. Por consiguiente, la congruencia alegada dice relación en la correlación que debe existir en la formulación de cargos y la resolución que impone sanción, lo que en la especie se cumple a cabalidad.

5.- Que, a mayor abundamiento, la jurisprudencia del Máximo Tribunal ha establecido que “el control que se ejerce por la presente vía de urgencia cautelar, no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, cuestión que por su propia naturaleza y en función de la atribución de competencias fijado por la Carta Fundamental, corresponde a la Administración activa. Siendo ello así, el examen de juridicidad en el contexto de la efectiva tutela de garantías tuteladas por la Constitución Política de la República, comprende analizar la razonabilidad de la medida adoptada y si se ha cumplido el principio de proporcionalidad; principio respecto del cual el control judicial adquiere relevancia, si se tiene en cuenta que el ilícito disciplinario, además de principios de tanta relevancia como la reserva legal o la tipicidad, ceden ante la regulación legislativa de ilícitos configurados en la forma de tipos abiertos, indeterminados y, en ocasiones, en blanco. De esta manera, el establecimiento de los hechos, la participación y la valoración de la prueba rendida en el procedimiento, como asimismo la calificación de gravedad de la infracción que se le atribuye al funcionario, son cuestiones privativas del superior que adoptó la decisión, y no pueden ser objeto de escrutinio en esta sede, salvo en el caso que concurran los elementos para estimar que dicha valoración y calificación ha sido adoptada contra ley y/o producto del capricho de la autoridad”. (Excma. Corte Suprema, Rol 40371-2022, 13 de enero de 2023, considerando 4°).

En este sentido, en la especie, aparece que las alegaciones realizadas por el recurrente referidas a la falta de proporcionalidad, valoración de atenuantes, buena fe y congruencia, entre otras, dicen relación con el mérito de lo decidido y no con si el acto es ilegal o arbitrario.

6.- Que, en este contexto, tampoco aparece visible que la autoridad administrativa haya infringido el principio proporcionalidad ni la razonabilidad de la medida adoptada, debido a que dicha medida da cuenta de una infracción grave al principio de probidad de la recurrente, por la realización de una actividad remunerada -atención de un parto- en una clínica del sistema privado, en momentos en que se encontraba haciendo uso de licencia médica en su empleo en el sistema público.

7.- Que, en consecuencia, no constando infracciones al principio de proporcionalidad ni razonabilidad en la medida adoptada, ni tampoco ilegalidad o arbitrariedad de la recurrida en la valoración y calificación de los hechos por los que se destituyó a la recurrente, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1860-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.