nombre reservado con MUTUAL DE SEGURIDA

C.A. Rancagua.

Rancagua, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Con fecha 12 de noviembre del año 2025, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra de la Mutual de Seguridad de Rancagua, por haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales que han vulnerado gravemente sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2 y 9 de la Constitución Política de la República.

Indica que el 23 de septiembre de 2024, sufrió un accidente laboral al ingresar a su lugar de trabajo, siendo derivada a la Mutual recurrida, donde se le diagnosticó esguince grado 3, prescribiéndose reposo laboral y bota de inmovilización, además fue derivada a la kinesióloga nombre reservado, quien demostró negligencia reiterada en la supervisión de ejercicios, agravando su dolor. Luego, durante el mismo año 2024 y parte del 2025, fue atendida por diversos profesionales que incurrieron en negligencias médicas, trato despectivo y omisiones graves.

Agrega que, el 31 de agosto de 2025, fue citada abruptamente por el Director Clínico Dr. Daza, quien le comunicó su alta laboral y declaración de discapacidad de 17,5%, sin respetar su licencia médica vigente ni condiciones de movilidad, obligándola a reincorporarse al trabajo sin preparación ni coordinación, eliminando sus horas médicas sin aviso, negando atención medica pendiente y exigiéndole que justifique sus inasistencias. Asimismo, alega que fue víctima de maltrato verbal por parte de personal de enfermería, se le negó la entrega de medicamentos, sufriendo una crisis de angustia en dependencias de la recurrida sin recibir apoyo, por lo cual debió iniciar un tratamiento psicológico particular con la profesional nombre reservado.

Refiere que, el 20 de octubre de 2025, recibió una carta certificada por la cual se le notificó la prohibición de ingreso a Mutual recurrida, sin resolución judicial ni acto administrativo formal que la avale, acusándola de violencia laboral por parte de funcionarios que previamente fueron denunciados por ella.

Alega que, se le niega atención médica pendiente, vulnerando su derecho al acceso a la salud, sin respuesta a sus consultas enviadas por correo electrónico, agregando que los fundamentos legales dados para sostener la prohibición de acceso al centro de salud se basen en el artículo 211-B bis del Código del Trabajo, el cual no se aplican a pacientes del centro de salud.

Expone que lo anterior afecta sus garantías constitucionales establecidas el artículo 19 N° 1, 2 y 9 de la Constitución política de la República.

Finaliza solicitando que se ordene a la recurrida otorgar el acceso a atención médica integral, así como la entrega completa de su ficha clínica, disponer medidas para evitar represalias y garantizar atención digna, con costas.

A folio 16, comparece la recurrida quien solicita el rechazo del recurso, alegando primeramente la improcedencia de la acción fundado en que es evidente que lo que pretende la recurrente es revisar, por la vía del recurso de protección, actuaciones efectuadas por ella enmarcadas en su calidad de Organismo nombre reservado de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744, respecto de las cuales el legislador ha trazado un camino administrativo de reclamación, que la trabajadora recurrente no ha ejercido.

Agrega que, el recurso de protección tiene un carácter excepcional y sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, taxativamente establecidas, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de un derecho indubitado, lo que no ocurre en la especie.

Luego, en cuanto al fondo, relata la historia de la lesión sufrida por la recurrente desde su ocurrencia, así como de su lenta y difícil recuperación, además de los tratamientos e intervenciones realizados, hasta determinar, el 1 de septiembre de 2025, parte de CEIAT que la paciente tendría un grado de incapacidad del 17,5% como consecuencia del infortunio laboral sufrido y la evolución propia de la lesión.

Expone que, la recurrente durante el otorgamiento de prestaciones se mantuvo disconforme con tratamiento y con los profesionales que la atendieron, cuestión que es usual en el manejo de lesiones complejas y que además pueden tener repercusiones en salud mental como en el caso de marras. Sin embargo, el 13 de octubre de 2025, la actora se presentó en dependencias de Mutual, sin cita previa, con el propósito de hablar con el Director Médico respecto a la cancelación de su cita traumatológica producto de inasistencia no justificada, lanzando sobre la mesa una planilla de agenda de pacientes e infiriendo comentarios xenófobos en contra de personal médico y administrativo, razón por la cual el Director Médico de la Agencia de Rancagua emitió carta de reclamo a Gerente de Agencia dando a conocer dicha situación, lo que además generó que el 16 del mismo mes y año se recepcionara denuncias efectuadas por cuatro trabajadores (paramédico, enfermera, kinesióloga y médico director) conforme a la Ley N° 21.643, Ley Karin, por violencia en el trabajo ejercida por aquélla.

Alega que, como parte de las medidas adoptadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 211-B bis del Código del Trabajo, se dispuso que los trabajadores denunciantes, no asuman la atención médica y administrativa de la actora durante el transcurso de la investigación, razón por lo cual se derivó a la paciente a prestador externo -financiado por Mutual- para continuar su tratamiento a fin de garantizar dicha medida de resguardo, lo cual se le comunicó por carta certificada despachada a su domicilio con fecha 20 de octubre de 2025, indicándole además que deberá abstenerse de ingresar a dependencias de Mutual, con el único propósito de resguardar a los trabajadores afectados, por lo que no existe un acto vulneratorio de sus derechos.

Refiere que, su actuar no ha afectado ninguna de las garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la actora, toda vez que se limitó a aplicar la ley en el ejercicio de una competencia técnica sujeta a fiscalización superior, por lo mismo no existe acto ilegal ni arbitrario de su parte, sino una decisión fundada en criterios técnico-médicos y jurídicos y que, a pesar del actuar ilegitimo y agresivo de la recurrente en contra de personal de igual manera se ha obrado con el fin de resguardar la correcta continuación de su tratamiento.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que la actora reprocha es la prohibición de ingreso a Mutual recurrida, sin resolución judicial ni acto administrativo formal que la avale, acusándola de violencia laboral por parte de funcionarios que previamente fueron denunciados por ella, limitando su acceso a salud integral y afectando sus garantías constitucionales establecidas el artículo 19 N° 1, 2 y 9 de la Constitución política de la República.

TERCERO: Que, la recurrida solicita el rechazo del recurso, alegando primeramente la improcedencia de la acción por existir un procedimiento administrativo al efecto y carecer la actora de derechos indubitados.

En cuanto al fondo, señala que la recurrente fue denunciada por cuatro funcionarios por malos tratos, por lo que se decidió que aquéllos no asuman la atención médica y administrativa de ésta durante el transcurso de la investigación, razón por lo cual se derivó a la paciente a prestador externo -financiado por Mutual, razón por la que estima que su actuar no ha afectado ninguna de las garantías del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que se limitó a aplicar la ley en el ejercicio de una competencia técnica sujeta a fiscalización superior, por lo mismo no existe acto ilegal ni arbitrario de su parte, sino una decisión fundada en criterios técnico-médicos y jurídicos y que, a pesar del actuar ilegitimo y agresivo de la recurrente en contra de personal de igual manera se ha obrado con el fin de resguardar la correcta continuación de su tratamiento.

CUARTO: Que, la fuente de conflicto es la prohibición de ingreso de la actora a las dependencias de la recurrida por supuestos malos tratos de aquélla a funcionarios de la institución y, determinar si la recurrida está facultada para aquello.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa, aparece acreditado que la decisión adoptada por la recurrida consistente en impedir temporalmente el ingreso de la recurrente a las dependencias de la Mutual de Seguridad no obedeció a un acto caprichoso o carente de fundamento, sino que fue consecuencia de la recepción de diversas denuncias formuladas por trabajadores de dicha institución, quienes informaron haber sido objeto de conductas constitutivas de violencia en el trabajo por parte de la actora.

En efecto, consta que con fecha 16 de octubre de 2025 fueron presentadas denuncias por funcionarios de la Mutual, iniciándose el procedimiento de investigación respectivo y disponiéndose, como medida inmediata de resguardo, que los denunciantes no continuaran manteniendo contacto con la recurrente durante su tramitación, circunstancia que fue comunicada a ésta última mediante carta de 20 de octubre de 2025.

SEXTO: Que, dicha actuación encuentra sustento expreso en las disposiciones incorporadas por la Ley N° 21.643, denominada "Ley Karin", particularmente en los artículos 211-B bis y siguientes del Código del Trabajo, que imponen al empleador el deber de adoptar, desde el inicio de la investigación, medidas inmediatas de resguardo destinadas a proteger la integridad física y psíquica de quienes denuncian hechos de violencia, acoso laboral o acoso sexual, pudiendo separar espacios físicos, redistribuir funciones u otras medidas necesarias para evitar el contacto entre las personas involucradas, todo ello en cumplimiento del deber general de protección establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo.

En consecuencia, la prohibición de ingreso constituye una medida preventiva expresamente autorizada por el ordenamiento jurídico, adoptada dentro del procedimiento legal correspondiente y orientada exclusivamente a cautelar la seguridad de los trabajadores denunciantes mientras se desarrollaba la investigación, razón por la cual no puede calificarse de ilegal ni de arbitraria.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, conforme al resultado de la medida para mejor resolver decretada por esta Corte, tampoco resulta efectivo que la decisión cuestionada haya importado privar a la recurrente de las prestaciones de salud derivadas de la Ley N° 16.744. Por el contrario, los antecedentes demuestran que la Mutual dispuso expresamente que la atención médica, psicológica y administrativa continuara siendo otorgada por un prestador externo financiado íntegramente por ella, precisamente para compatibilizar las medidas de protección de sus trabajadores con el derecho de la paciente a proseguir su tratamiento.

Así se desprende tanto de la comunicación dirigida a la recurrente, en la que se señala que la atención continuaría mediante un centro asistencial externo mientras durara la investigación, como del informe evacuado por Clínica RedSalud Rancagua, del que consta que la actora fue derivada por la Mutual y recibió atención de especialistas en traumatología y psicología en los meses de noviembre de 2025, todas ellas en el marco de las prestaciones otorgadas conforme a la Ley N° 16.744.

De este modo, lejos de haberse interrumpido o denegado la atención médica, la recurrida adoptó medidas destinadas a asegurar la continuidad del tratamiento, circunstancia que excluye la existencia de una vulneración de la garantía prevista en el artículo 19 N° 9 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el acto impugnado aparece debidamente fundado, responde al cumplimiento de un deber legal impuesto por la Ley N° 21.643 y resulta proporcional a la finalidad perseguida, consistente en proteger a los trabajadores involucrados en una investigación por violencia laboral, sin que ello significara privar a la recurrente de las prestaciones médicas que le correspondían, las que continuaron siendo otorgadas mediante derivación a un prestador externo. No se advierte, por ende, como se ha dicho, la existencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, razón por la cual la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de Mutual de Seguridad de Rancagua.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro don Michel González Carvajal.

Rol Corte 1845-2025 Protección.