nombre reservado con CORPORACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL INACAP

C.A. de Rancagua Rancagua, veintidós de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, estudiante, quien interpuso acción de protección en contra el Instituto Profesional Inacap, sede Rancagua, por hechos que, a su juicio, vulneran sus derechos establecidos en el artículo 19 N° 2, 3 y 10 de la Constitución Política de la República.

Expone que es estudiante regular de la carrera de diseño digital y web en el Instituto recurrid, cursando actualmente segundo semestre del primer año de la citada carrera, postulando en el mes de marzo de 2025 al beneficio de gratuidad.

Agrega que cuenta con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, grado 1 (alto funcionamiento), lo que implica la necesidad de medidas razonables y un entorno educativo que promueva la inclusión y garantice la continuidad de sus estudios.

Refiere que con fecha 16 de octubre de 2025, el recurrido y el Ministerio de Educación (Subsecretaría de Educación Superior), mediante su proceso FUAS, notificó la decisión de denegación del beneficio de gratuidad que permitía la continuación de sus estudios, afectando de manera directa e inmediata su derecho a la educación y la igualdad ante la ley, ya que su hermano gemelo ingresó a la Universidad de O’Higgins en marzo del año 2022, siendo beneficiario tanto de la gratuidad como de la beca de alimentación Junaeb, asignadas el 21 de abril de ese mismo año, en circunstancias de que ambos pertenecen al mismo grupo familiar y comparten exactamente el mismo nivel socioeconómico, que se encuentra dentro del 40% de menores ingresos del país, según el Registro Social de Hogares.

Afirma que la decisión administrativa impugnada no consideró adecuadamente la condición de discapacidad por neurodiversidad del recurrente, ni las medidas de apoyo requeridas para asegurar la continuidad de su proceso educativo, tampoco se le entregó motivación suficiente ni oportunidad de subsanación, no consideró que sus condiciones económicas y de su familia no han variado. Tampoco considera que la situación económica, según el Registro Social de Hogares, acredita que cumple con el porcentaje objetivo para recibir la gratuidad, esto es, el 60% o menos de hogares con menores ingresos del país.

Sostiene que la medida recurrida produce un perjuicio irreparable en la formación académica del recurrente, vulnerando su derecho a la educación, su igualdad ante la ley y su protección frente a discriminaciones por motivos de discapacidad.

Añade que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a adoptar medidas razonables para asegurar la igualdad de oportunidades en la educación.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se deje sin efecto la resolución o acto administrativo impugnado, y se ordene el beneficio de gratuidad en favor del recurrente. Asimismo, se ordene adoptar medidas de apoyo razonables considerando el diagnóstico de TEA grado 1 del actor. Todo lo anterior, con costas, si correspondiere.

A folio 8 informó el Centro de Formación Técnica Inacap solicitando el rechazo del recurso, con costas, toda vez que no ha actuado de forma ilegal ni arbitraria y tampoco ha infringido ninguna garantía contemplada en la Constitución Política de la República.

Señala, en primer lugar, que el derecho a la educación no se encuentra entre los derechos amparados por la acción constitucional de protección, razón por la cual no puede servir de sustento para la interposición del presente recurso.

Expone que el estudiante recurrente fue beneficiado con el incentivo institucional de Matrícula Temprana Nuevos, el cual consiste en la exención total del pago de matrícula, proceso realizado de manera 100% online y sin exigir la rendición de la PAES. Luego, conforme a la información oficial del Ministerio de Educación, el estudiante no resultó beneficiario de gratuidad para el período académico 2025. La plataforma del Mineduc consigna expresamente que, de acuerdo con los antecedentes declarados en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (“FUAS”) y aquellos contenidos en otras bases de datos, el Estudiante “no cumple el requisito socioeconómico establecido para el beneficio”.

En razón de lo anterior, el 19 de agosto de 2025, el estudiante y su madre fueron debidamente orientados por el equipo institucional de Inacap respecto del proceso de apelación establecido por Mineduc, el cual -según las reglas oficiales- debe realizarse exclusivamente en formato online, sin que sea posible recibir antecedentes por vía presencial o correo electrónico. Así, revisada nuevamente la plataforma ministerial con fecha 16 de octubre de 2025, se mantuvo la resolución originalmente comunicada, ratificando la negativa a la gratuidad, y confirmando únicamente la asignación de la Beca Excelencia Técnica.

Informa que, en la atención presencial del 19 de agosto de 2025, la madre del alumno manifestó que, ante la eventual mantención de la no asignación de gratuidad, estaba en condiciones de asumir el pago de los estudios, solicitando únicamente la posibilidad de contar con un mayor plazo para regularizarla. Tal solicitud fue posteriormente formalizada mediante correo electrónico dirigido a la Vicerrectoría de Sede, que acompaña. En ese sentido, y atendido a que el fiador del recurrente consultó la posibilidad de matricularlo en el semestre Primavera 2025, pese a existir una deuda vigente, el 22 de agosto de 2025, y de manera excepcional, se alcanzó un acuerdo de pago que permitió autorizar el desbloqueo financiero para efectos de la matrícula. Posteriormente, el 6 de noviembre del año 2025, el fiador nuevamente se presentó ante el área de finanzas del recurrido, indicando que conocía la deuda, que el estudiante se encontraba apelando la decisión del Mineduc, y que incluso había interpuesto un recurso de protección por la no asignación del beneficio.

Afirma que la gratuidad en la educación superior constituye un beneficio estatal, cuya asignación y administración compete de manera exclusiva al Mineduc. Ello se desprende del marco normativo vigente y de la estructura institucional que rige el sistema de beneficios estudiantiles, por lo que la determinación de los estudiantes que resultan beneficiarios de gratuidad no corresponde a las instituciones de educación superior, como Inacap. La vía habilitada para postular a este y otros beneficios, es administrada por dicho Ministerio y constituye el único mecanismo oficial de evaluación socioeconómica para estos efectos, puntualizando que la ley fija las condiciones para que la institución pueda ser receptora de los fondos, no para que la institución determine quién califica para el beneficio. La facultad decisoria permanece siempre en manos de la autoridad estatal y su rol se circunscribe a informar a los estudiantes sobre los procesos, brindar orientación y ejecutar las acciones administrativas dictadas por el Mineduc. Ninguno de sus funcionarios tiene acceso a modificar, corregir, interpretar o sustituir los resultados emitidos por la autoridad.

Por lo anterior, sostiene que carece de legitimación pasiva en estos autos.

Señaló que, sin perjuicio de lo anterior, el recurrente ha deducido la presente acción en circunstancias que la misma no es la vía idónea para las pretensiones que solicita. En efecto, la acción de protección exige, como presupuesto, la existencia de un derecho indubitado, preexistente y de naturaleza indiscutida, cuya vulneración sea resultado directo de un acto u omisión arbitrario o ilegal. Ninguno de dichos requisitos concurre en la especie, ya que el proceso de asignación de gratuidad en la educación superior es un procedimiento administrativo reglado, fijado por el Mineduc y la Subsecretaría, que contempla etapas formales, mecanismos de revisión y recursos administrativos específicos. Este procedimiento se encuentra detallado en el Reglamento del Financiamiento Institucional para la Gratuidad, que establece todas las etapas que deben seguir los estudiantes.

Afirma que, de este modo, el recurrente no solo carece de un derecho indubitado, sino que además pretende utilizar esta vía excepcional para obtener un pronunciamiento que excede la naturaleza y el ámbito del recurso de protección. La controversia planteada exige revisión técnica, análisis de antecedentes socioeconómicos y ponderaciones que no pueden ser sustituidas por esta vía cautelar. En consecuencia, el recurso de protección deviene en improcedente, por lo que debe ser rechazado íntegramente.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

A folio 14 informó la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indica que el recurrente interpone la acción de protección en contra de la no asignación del beneficio estudiantil asociado a gratuidad, lo que no constituye un acto susceptible de ser impugnado por la vía de protección. En este sentido, la acción de protección debe ser rechazada por no existir actos u omisiones arbitrarias o ilegales por parte del Ministerio de Educación, en los términos exigidos por la Constitución Política de la República.

Comenta que el financiamiento institucional para la gratuidad se encuentra regulado en el título V de la Ley 21.091, sobre educación superior, cuyas normas deben aplicarse considerando lo establecido en el párrafo 7° de las disposiciones transitorias que establece dicha ley, y en el Decreto N°333, de 2019, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento de financiamiento institucional para la gratuidad.

Respecto de la obligación de otorgar estudios gratuitos, el artículo 103 de la mencionada Ley 21.091 establece que las instituciones de educación superior que accedan al beneficio institucional de la gratuidad deberán otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que, de acuerdo con la condición socioeconómica que la ley disponga, cumplan los siguientes requisitos: a) Ser chileno, extranjero con permanencia definitiva o extranjero con residencia, y respecto a este último caso, que haya cursado la enseñanza media completa en Chile. b) No poseer un título técnico de nivel superior, ni un título profesional o una licenciatura; ni un título o grado académico reconocido o revalidado en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 109 de dicha ley y, c) Estar matriculado en alguna de las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 104.

Luego, en materia de educación superior, el FUAS es el instrumento establecido por el legislador para la postulación a beneficios y la determinación de la pertenencia a los deciles de menores ingresos de la población del país, sin perjuicio que el Ministerio de Educación puede verificar y complementar la información proporcionada por los estudiantes para acceder a este beneficio, pudiendo solicitar antecedentes a diversas entidades públicas y privadas.

Luego de detallar el procedimiento para postular al beneficio de la gratuidad, señala que la publicación en la página web solamente constituye una comunicación, cuyo único objeto es informar a los estudiantes sobre la eventual obtención de un beneficio o bien la razón por la cual no resultaron eventualmente beneficiados, pero en caso alguno constituye un acto administrativo propiamente tal de carácter terminal o decisorio, y menos uno tendiente a asignar o distribuir recursos definitivos por concepto de beneficios estudiantiles, dado que para la asignación de una beca determinada o de gratuidad es necesario el cumplimiento de una serie de requisitos legales y administrativos y, dentro de estos últimos, se encuentran actos administrativos terminales sujetos al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, recalca que no es posible acoger la acción de protección interpuesta por el recurrente, por cuanto se impugna la publicación de resultados y no un acto administrativo terminal que, en definitiva, establece la asignación y distribución de recursos asociados a la gratuidad, lo cual se efectúa durante los últimos meses de cada año.

Expresa que, además, cuando la determinación del decil se efectúa conforme al procedimiento establecido en la normativa aplicable, no resulta posible atribuir a la Administración del Estado un actuar ilegal o arbitrario. Por el contrario, la implementación de un procedimiento sui generis atentaría en contra del principio de la igualdad ante la ley respecto de los miles de postulantes a los beneficios estudiantiles administrados por la Cartera de Estado recurrida, quienes sí han cumplido con las disposiciones dictadas para tales efectos.

Respecto del recurrente, manifiesta que no resultó favorecido con la asignación de un beneficio de arancel, por no cumplir con el requisito socioeconómico establecido en la normativa vigente. Luego, con fecha 12 junio de 2025, el actor participó del segundo proceso de apelación, invocando la causal “Diferencias en los ingresos del hogar”, la que fue rechazada por la Secretaría de Estado, debido a que no fueron adjuntados todos los documentos que acreditan ingresos para personas mayores de 18 años, en particular, sobre el recurrente y de los RUN RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, como es exigido por el manual de apelación. Sumado a ello, tampoco se pudo determinar los ingresos del grupo familiar, dado que los certificados de cotizaciones de los padres sólo acreditan que no cuentan con cotizaciones vigentes. Además, respecto de las “carpetas tributarias para solicitar créditos” emitidas por el SII, se puede apreciar que cuentan con sociedades vigentes; sin embargo, no se pudo determinar si cuentan o no con retiros.

Comenta que, posteriormente, el 18 de agosto de 2025, el recurrente participó del tercer y último proceso de apelación, invocando las causales “Diferencias en la composición del grupo familiar” y “Diferencias en los ingresos del hogar”. En esta oportunidad, si bien presentó toda la documentación para la primera causal, con la documentación de todos los integrantes del grupo familiar, nuevamente no fue posible determinar los ingresos para acreditar la segunda causal, la que resulta imprescindible para definir la situación del postulante. Tampoco se adjuntaron en esa instancia las carpetas tributarias de las sociedades vigentes de los RUN RUT reservado y RUT reservado.

Señala que el Ministerio de Educación, a través de su Subsecretaría de Educación Superior, mantiene a disposición del público el Manual de apelación online de Gratuidad y Beneficios Estudiantiles, en el cual se detalla, paso a paso, el proceso de apelación, incluyendo los documentos que deben presentarse según la o las causales invocadas por los interesados. Los documentos mencionados se encuentran expresamente indicados en el referido manual, el acompaña, y que también se encuentra disponible para consulta pública.

Expone que, en virtud de lo anterior, en la publicación de resultados del 16 de octubre de 2025, en su sitio web oficial www.beneficiosestudiantiles.cl, se informó a nombre reservado que no cumple el requisito socioeconómico para acceder al beneficio gratuidad.

Respecto de las diferencias en las asignaciones de los hermanos, señala que es relevante destacar que existen diferencias temporales considerables en entre ambas postulaciones. En efecto, ambos casos fueron evaluados de manera independiente y con información diferente atingente a cada período. En el caso de nombre reservado realizó una postulación los años 2021 y 2022, declarando al grupo familiar sin la presencia del padre y con ingresos familiares de $120.000.-. Posteriormente, en el proceso de Evaluación Socioeconómica del año 2022, fue acreditado con ingresos de $470.000.-, mensuales para el grupo familiar con presencia del padre. Por su parte, el postulante nombre reservado declaró $1.140.000.- de ingresos mensuales, demostrado un cambio significativo en los ingresos del grupo familiar que siguen manteniendo la misma composición que la acreditación socioeconómica presentada por su hermano. A este respecto, resultan determinantes los cambios dinámicos que puede tener el nivel socioeconómico de las personas considerando las diferencias de tiempo entre ambas postulaciones.

Destaca que la calificación socioeconómica y la consecuente determinación de los ingresos, se evalúa para quienes postulan por primera vez a un beneficio, lo que no se reevalúa para renovantes del beneficio. En razón de ello, el hermano del recurrente, don nombre reservado, continúa siendo beneficiario de gratuidad.

Sostiene que, así las cosas, en lo que respecta al actuar de esta Cartera de Estado, la publicación del resultado de postulación no configura infracción alguna a normas constitucionales ni vulnera derechos fundamentales. Tampoco genera efectos contrarios al contenido normativo de la Constitución Política de la República, toda vez que no afecta la igualdad ante la ley, pues no establece una diferencia carente de razón o fundamento, ni el derecho de propiedad, considerando que la gratuidad no constituye un beneficio directo, sino un mecanismo de financiamiento institucional, en virtud del cual son las instituciones de educación superior las encargadas de otorgar el beneficio a los estudiantes que cumplen los requisitos legales y reglamentarios. Por el contrario, la Subsecretaría ha realizado un análisis pormenorizado de los antecedentes del recurrente en el marco del proceso de asignación de beneficios estudiantiles, evaluándolos a la luz de los requisitos establecidos en la Ley 21.091 y en el reglamento de gratuidad. Como resultado de dicho análisis, y considerando la información proporcionada por el recurrente y verificada con otros organismos, tanto públicos como privados, se determinó que se encuentra en un decil que no le permite acceder al beneficio de gratuidad. En consecuencia, la Subsecretaría de Educación Superior ha actuado con estricto apego a la ley y a la normativa aplicable, sin que sea posible atribuible un actuar arbitrario o ilegal.

Argumenta que queda de manifiesto que el actuar de la Cartera de Estado recurrida no ha sido arbitrario en los términos señalados, toda vez que el beneficio estudiantil asociado a la gratuidad se asigna conforme a un procedimiento reglado, establecido en la ley y en el reglamento correspondiente. Adicionalmente, no se cumple el presupuesto establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por cuanto no existe un derecho indubitado en favor de la recurrente, sino que se verifica una clara controversia respecto del cumplimiento de los requisitos legales para ser asignatario del beneficio institucional para la gratuidad. En definitiva, la recurrente pretende que, por medio de la acción de protección, se declare un derecho que no posee, lo cual excede la naturaleza del recurso de protección.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

A folio 12, el recurrente evacuó el traslado conferido sobre la alegación de fata de legitimación pasiva del recurrido, Centro de Formación Técnica Inacap, solicitando su rechazo, fundado en que lo que pretende hacer la recurrida con dichas alegaciones es ni más ni menos que desligarse jurídica y materialmente de la responsabilidad que le cabe como prestador del servicio educacional que lo beneficia, lo que en los hechos conlleva un grave acto de discriminación por razones financieras, cuestión absolutamente inaceptable, ya que INACAP tiene un deber de garantizar la inclusión y no discriminación al prestar el servicio educativo al cual accedió por mérito propio, y cumpliendo con todos los requisitos que impone la propia institución. Al aplicar de forma inmediata el rechazo administrativo sin realizar las gestiones necesarias para apoyar de forma correcta al estudiante se vuelve un cómplice de la arbitrariedad, lo que justifica por extensión la necesidad de dirigir la acción constitucional también al instituto. Por otro lado, Inacap es quien amenaza la continuidad de seguir estudiando, quien exige el pagaré, y condiciona la matrícula, incluso sabiendo la condición TEA del estudiante. Quien materializa la imposibilidad de seguir estudiando sigue siendo la institución de educación superior en cuestión.

Por último, menciona que la impugnación del acto recurrido por medio del Mineduc tiene plazos que no conversan con la necesidad educativa inmediata del alumno, haciendo indispensable la intervención de la Corte.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran acompañados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

2.- Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por el recurrente, corresponde al no otorgamiento del beneficio de la gratuidad para la educación superior al actor, de lo que tomó conocimiento con fecha 16 de octubre de 2025 a través de la publicación en la página web de la Subsecretaría recurrida.

3.- Que, la falta de legitimación pasiva alegada por el recurrido Centro de Formación Técnica Inacap será rechazada, toda vez que también se encuentra involucrado en la asignación del beneficio reclamado en autos, atendido que, de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Educación, la naturaleza jurídica de la gratuidad corresponde a un financiamiento institucional, lo que se desprende de los artículos 87 y 104 de la Ley 21.091, que establecen la obligación de las instituciones de educación superior adscritas al sistema de financiamiento de otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que cumplan los requisitos legales.

En el mismo sentido, resulta útil destacar que la jurisprudencia administrativa ha estimado que el carácter institucional del financiamiento para la gratuidad significa que “las instituciones receptoras de estos recursos pudieron destinarlos a financiar el cumplimiento de sus fines legales y estatutarios propios, sin que proceda exigir la restitución para el caso de que gasten los recursos recibidos en conceptos distintos de la matrícula y el arancel anual” (dictamen N°26.418, de 2018, de la Contraloría General de la República). Por tanto, con estos recursos no se financia al estudiante en particular, sin perjuicio de que se considera a quienes cumplan con los requisitos para establecer el monto a transferir por este concepto y fijar las nóminas que permiten aplicar la fórmula de cálculo pertinente.

Ahora bien, en lo pertinente al caso de marras, respecto de la obligación de otorgar estudios gratuitos, el artículo 103 de la mencionada Ley 21.091 establece que las instituciones de educación superior que accedan al beneficio institucional de la gratuidad deberán otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que, de acuerdo con la condición socioeconómica que la ley disponga, cumplan ciertos requisitos.

4.- Que, en cuanto al fondo del recurso, el artículo trigésimo cuarto transitorio de la misma ley dispone: “Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad cumplirán la obligación señalada en la letra c) del artículo 87 de conformidad a lo señalado en el siguiente cronograma y a lo dispuesto en dicho título.

a) Desde el año 2018 hasta el año en que se verifique lo dispuesto en la letra siguiente, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5° del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población del país…”.

5.- Que, del análisis de las disposiciones legales transcritas precedentemente, a la luz de los antecedentes del presente recurso, resulta claro que el recurrente no tiene el derecho a la gratuidad que reclama, toda vez que, no pertenece a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población del país, no cumpliendo así con el requisito contenido en la norma recién transcrita.

En efecto, de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría recurrida, al postular al beneficio de gratuidad en la educación superior e ingresar sus datos, el actor informó un ingreso familiar de $1.400.000 pesos, además, de acuerdo a los datos obtenidos del Servicio de Impuestos Internos, ambos progenitores registran participación en sociedades vigentes, sin que se haya acreditado por el recurrente si registran retiros en ellas, o no. Lo anterior, ha implicado que el recurrente no se encuentre dentro de la población que, atendida su vulnerabilidad económica, sea merecedora del beneficio impetrado.

Asimismo, y en lo relativo al hermano del actor que sí mantiene el beneficio, la Subsecretaría recurrida señaló que el beneficio le fue otorgado en los años 2021 y 2022, oportunidad en que aquél informó una realidad económica diversa, esto es, la ausencia del padre en el grupo familiar y un ingreso cercano a los $400.000, lo que pudo deberse a la variabilidad en el tiempo de dichos factores, explicando que, una vez concedido el beneficio, éste no es reevaluado posteriormente.

6.- Que, así las cosas, sin perjuicio de que la simple información contenida en la página web no constituye en sí misma un acto susceptible de ser impugnado por la vía del recurso protección, lo cierto es que la no concesión de la gratuidad al recurrente se ajusta a la normativa vigente, sin que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, lo que conduce al rechazo del presente arbitrio, según se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I.- Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva, opuesta por el recurrido Centro de Formación Técnica Inacap, sede Rancagua.

II.- Se rechaza el recurso deducido por don nombre reservado en contra el Centro de Formación Técnica Inacap, sede Rancagua y la Subsecretaría de Educación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1844-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.