Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región del Libertador General

C.A. Rancagua.

Rancagua, trece de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 14 de agosto del año en curso, comparece Gabriel Elías González Pérez, abogado, cédula nacional de identidad N° NUM000 en representación de su hijo nombre reservado, estudiante, menor de edad, cédula nacional de identidad N° NUM001, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Expone que, con fecha 12 de mayo del presente año, a las dependencias de la recurrida para inscribir a sus dos hijos -de 6 y 13 años- en exámenes libres de validación de estudios. En esa ocasión le informó a la funcionaria que su hijo menor presenta diagnóstico de Trastorno Expresivo del Lenguaje (TEL) y Tartamudez, y consultó si existía alguna forma diferencial para rendir la prueba, ella le indico que debía traer un certificado de requerimientos educativos especiales firmado por un profesional fonoaudiólogo, por esa razón sugirió que inscribiera al menor de mi hijos cuando contará con la documentación, ya que para los niños con necesidades educativas especiales había más plazo. Luego con fecha 20 de mayo del año en curso, la fonoaudióloga doña nombre reservado, le informo que sospechaba que el niño podría tener Trastorno de déficit atencional e Hiperactividad (TDAH) y que tenía rasgos de Trastorno del Espectro Autista (TEA), por lo que recomendó concurrir al Psiquiatra Infantil.

Agrega que, con fecha 8 de junio, nuevamente a concurre a las dependencias de la recurrida para señalar lo sucedido y entregar el certificado de fonoaudióloga con el que ya contábamos.

En dicha oportunidad le señalaron expresamente que inscribiera al niño y que los certificados requeridos -incluido el de la fonoaudióloga-, se entregaran cuando los dos. Ese día el niño nombre reservado quedó inscrito, para rendir exámenes libres, quedando pendiente la entrega de los certificados que acreditaban sus diagnósticos.

Luego, el día 29 de julio del 2026, concurrió a SECREDUC a dejar los dos certificados de diagnóstico, pero el funcionario se negó a recibirlos señalando como fundamento que el plazo estaba vencido y que el proceso de inscripción había terminado.

Alega que, en ese momento, argumentó que se estaba perjudicando al menor, ya que sería evaluado sin tomar en cuenta su condición, que fue un diagnóstico que surgió de la sospecha de la fonoaudióloga y que el proceso era lento en cuanto a la escasez de horas y que también habían gastos asociados, se le dijo además que era más importante el bienestar del niño y sus derechos como el interés superior de éste frente a una norma administrativa, frente a este argumento el funcionario llamó al abogado de la institución el cual reiteró que primaban los plazos señalados en la Resolución Exenta de MINEDUC N° 815 y lo indicado en el Decreto 2272 del Ministerio de Educación, señalando que “que si quiere puede recurrir a tribunales, si existe una sentencia que nos obligue recién podríamos recibir los certificados”, lo que da cuenta del actuar arbitrario y despota, ya que el abogado siempre estuvo en conocimiento de los derechos del niños y sabía o al menos podía representarse lo que significaría para el menor.

Luego, realiza una extensa explicación de las normas aplicables y solicita que, se ordene a la recurrida la recepción inmediata de los certificados de diagnóstico de trastorno y certificado de requerimientos educativos especiales, que permitan al establecimiento educacional que efectuará el examen de validación de estudios, planear, ajustar y ejecutar la evaluación de una manera diferenciada tomando en cuenta los requerimientos específicos del menor.

A folio 9, evacúa informe la secretaria recurrida, señalando que con fecha 12 de mayo de 2026, la madre del menor nombre reservado concurrió a la oficina de Ayuda Mineduc para realizar el proceso de inscripción de validación de estudios de éste y de su hermana, momento en que se informó expresamente que el proceso de inscripción para examinación con Necesidades Educativas Especiales se encontraba abierto hasta el 17 de julio de 2026, por lo que aún disponía de plazo para presentar la documentación requerida.

Luego, con fecha 8 de junio de 2026, el padre del menor concurrió a las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Educación para presentar un certificado emitido por una fonoaudióloga y solicitar la inscripción del estudiante bajo la modalidad de examinación con NEE, oportunidad, en que se le informó que no era posible efectuar la inscripción bajo esta modalidad, debido a que no contaba con toda la documentación obligatoria exigida para el trámite. No obstante, se le indicó que podía realizar la inscripción a exámenes de validación de estudios bajo la modalidad regular y que, en caso de reunir la documentación requerida dentro del plazo establecido, podría solicitar la modificación de la autorización para rendir los exámenes bajo la modalidad NEE. Ese mismo día, el menor quedó inscrito y autorizado para rendir exámenes de validación de estudios mediante la Providencia N.° 2342918. El trámite fue realizado por el funcionario nombre reservado y quedó registrado en la atención NUM002.

Agrega que, con fecha 29 de julio de 2026, padre del menor, concurrió nuevamente a la oficina de Ayuda Mineduc, siendo atendido por el funcionario nombre reservado, quien le informó que ya no era posible efectuar una inscripción de validación de estudios con NEE, debido a que el plazo de inscripción para dicha modalidad había finalizado el 17 de julio de 2026.

Indica que, sobre la materia, útil es tener presente que existen antecedentes normativos para el procedimiento de validación de estudios, encontrándose regulado por el Decreto N.° 2272 de 2007, el cual establece los requisitos para la inscripción en los procesos de validación de estudios, especialmente su artículo 9, que dispone: “Podrán rendir examen de validación de estudios de Educación General Básica y de Educación Media Humanístico-Científica las personas que se encuentren en las situaciones indicadas en el artículo 7° precedente y presenten una solicitud acompañada de la siguiente documentación: a) Certificado de nacimiento en el caso de los menores de edad; b) Cédula de identidad, en el caso de los mayores de edad; c) Certificados de estudio correspondientes a los cursos previos del nivel que se solicita validar, extendidos por el establecimiento educacional que los otorgó o la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva; y d) Declaración jurada del interesado, apoderado o representante legal del menor, según corresponda, en que se exprese que los datos contenidos y los antecedentes acompañados a la solicitud son verídicos. La entrega de documentación falsa invalidará el proceso.

En todo caso, no podrán inscribirse para rendir exámenes de validación los menores de 18 años que hayan estado matriculados en un establecimiento educacional reconocido oficialmente durante el mismo año en que solicita la validación, salvo casos justificados por motivos de salud." Refiere que, si bien el Decreto N.° 2272 no establece como requisito de inscripción los certificados de diagnóstico y requerimientos educativos, ello se debe a que dicha norma regula el proceso general de validación de estudios y no el procedimiento específico aplicable a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, cuya regulación particular se encuentra contenida en el Manual de Uso de la Plataforma de Inscripción y Autorización SNEC, específicamente en el punto 7.4.3, el cual establece los requisitos y procedimientos para la inscripción de estudiantes menores de edad con Necesidades Educativas Especiales, la que exige entregar de manera obligatoria el certificado de diagnóstico de la discapacidad o trastorno, certificado de requerimientos educativos del estudiante y certificado de estado general de salud.

Finaliza señalando que, los requisitos aplicables a la inscripción de estudiantes menores de edad con Necesidades Educativas Especiales son de conocimiento público y se encuentran permanentemente disponibles para los usuarios externos. Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2° Que, lo que se reclama en estos autos es la negativa de la recurrida para recibir la documentación que acredita que el hijo del recurrente presenta necesidades especiales y, en consecuencia, debe ser evaluado, al rendir sus exámenes libres, conforme a dicha condición. 3° Que, la secretaria recurrida sostiene informó expresamente a la parte recurrente que el proceso de inscripción para examinación con Necesidades Educativas Especiales se encontraba abierto hasta el 17 de julio de 2026, sin embargo, acompañó los antecedentes fuera de plazo, razón por la que no pudo acceder a la petición de cambio de modalidad por aplicación de las normas aplicables. 4° Que, del análisis de los antecedentes y documentos acompañados en el recurso, se advierte que efectivamente el niño nombre reservado, tiene diagnóstico de Trastorno del Especto Autista, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y Trastorno del Procesamiento Sensorial, circunstancia que permite concluir que presenta necesidades educativas especiales y, en razón de ello, debe ser evaluado conforme a dicha condición. 5° Que, por su parte, el Manual de Uso de la Plataforma de Inscripción y Autorización SNEC, específicamente en el punto 7.4.3, establece los requisitos y procedimientos para la inscripción de estudiantes menores de edad con Necesidades Educativas Especiales, exigiendo la entrega del certificado de diagnóstico de la discapacidad o trastorno, certificado de requerimientos educativos del estudiante y certificado de estado general de salud. 6° Que, así las cosas, habiéndose acompañados los certificados exigidos, existiendo la necesidad de que el niño de la causa sea evaluado conforme a sus reales capacidades, se estima que el actuar de la recurrida deviene en arbitrario por lo que procede acoger el presente recurso.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, el recurso de protección deducido, a favor de nombre reservado, contra de la Secretaría Regional Ministerial de educación, por lo que se ordena a esta última que el niño individualizado sea evaluado en consideración a sus necesidades educativas especiales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol Corte 1839-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44- 2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.