Protección contra Hospital Dr. Franco Ravera Zunino

C.A. de Rancagua Rancagua, seis de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece la abogada Claudia Andrea Maldonado Allende en favor de doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, el Servicio de Salud O’Higgins y en contra del Fondo Nacional de Salud, a fin de que se les conmine a realizar en el más breve plazo las gestiones pertinentes para la adquisición, tratamiento y suministro a la recurrente del fármaco Ravulizumab 1100 MG, con dosis de 150 mg, diagnosticada con Miastenia Gravis Refractaria, con costas.

Explica que con el informe médico Servicio de Salud O’Higgins de fecha 15 de septiembre de 2025, extendido por el médico neurólogo en neuro inmunología don nombre reservado, se acredita que la recurrente es una paciente de 64 años, con antecedentes de Miastenia Gravis desde el año 2005, también da cuenta de su tratamiento farmacológico y que ha presentado múltiples exacerbaciones y crisis miasténica. Además, cuenta con el antecedente de diabetes Mellitus tipo 2 que se ve afectado en su control metabólico por el uso de altas dosis de corticoides en forma crónica. Actualmente persiste muy sintomática, con fatiga, disnea, diplopía y disfagia ocasional, con limitación de sus actividades básicas de la vida diaria, por lo que solicitó cambio de tratamiento al medicamento llamado Ravulizumab.

Afirma que el fármaco referido, requerido para salvar la vida de la recurrente, fue aprobado por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) mediante su registro bajo el número B-2966.

Expone que, dado que la recurrente no dispone de medios económicos para adquirir el medicamento Ravulizumab 1.100 mg, requirió de los servicios públicos recurridos el tratamiento prescrito para salvar su vida, pero mediante comunicación de fecha 17 de octubre de 2025, el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino negó el tratamiento requerido, señalando que no pueden desviar los recursos financieros destinados a prestaciones que están obligados a otorgar a otros pacientes, quienes también dependen de estos tratamientos críticos. Finalmente, indica que a la fecha de interposición de la presente acción, el Servicio de Salud recurrido no ha dado respuesta al requerimiento del fármaco necesario para salvaguardar la vida de la recurrente.

Sostiene que, en consecuencia, la ilegalidad y arbitrariedad de los servicios públicos recurridos debe evaluarse considerando la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y en actual vigencia; normas que reconocen a todas las personas el derecho a la vida e integridad física y síquica, imponiendo al Estado el deber de garantizarla a todos. Así, la no prestación del servicio de asistencia y cobertura del tratamiento requerido para salvaguardar la vida de la recurrente es al menos arbitraria, pudiendo incluso calificarse de ilegal poniendo en riesgo su vida.

Argumenta que la patología que padece la actora no responde adecuadamente a los tratamientos convencionales, como los fármacos anticolinesterásicos e inmunosupresores. Esto se traduce en que los pacientes siguen presentando síntomas, debilidad muscular y/o recaídas frecuentes, a menudo debido a la necesidad de tratamientos más agresivos, como el Ravulizumab 1100. Al ser una enfermedad progresiva, no cabe duda que frente a la ausencia de tratamiento, el estado de salud de la recurrente continuará agravándose progresivamente, y en la medida que avance, su calidad de vida se deteriorará aún más, para tras una dolorosa agonía, causar su muerte. Por ello, las actuaciones omisivas de los recurridos resultan ilegales o, a lo menos, arbitrarias y vulneran la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile, en lo que se refiere al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la actora, que hoy se encuentra perturbada y amenazada por la negativa a entregar el tratamiento requerido.

Agrega que los recurridos, además, vulneran el derecho a la protección de la salud de la recurrente, al negar el legítimo ejercicio del derecho a exigir el cumplimiento por parte del Estado de aquello a que se ha comprometido constitucionalmente cual es la protección de la salud materializado en las acciones de protección y recuperación de la misma.

Estamos así ante un derecho reconocido por la Carta Fundamental, pero al cual las recurridas niegan darle un contenido real para que sea efectivo, incurriendo en una actitud de discriminación arbitraria y contraria al principio de la igualdad ante la ley.

Finalizó solicitando a esta corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a los recurridos realizar, en el más breve plazo, las gestiones pertinentes para la adquisición, tratamiento y suministro a la recurrente, diagnosticada con Miastenia Gravis Refractaria, del fármaco Ravulizumab, ampolla de 300 mg dosis de carga de 2.700 Mg Ev y luego de 3.300 mg Ev por 1 vez dosis de mantenimiento 3.300 Mg Ev C/8 semanas Ev a permanencia, con costas.

A folio 8 informó el Servicio de Salud O’Higgins solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que, consultados los antecedentes a los centros de atención médica que forman parte de la red asistencial dependiente del Servicio de Salud, existen diversos registros de atenciones brindadas a la paciente, dando cuenta del otorgamiento de un tratamiento sostenido en el tiempo, para sus patologías.

Indica que se ha suministrado el fármaco Rituximab a doña nombre reservado en la unidad de quimioterapia, ello atendido que el Rituximab es principal y originalmente utilizado para el tratamiento de determinados tipos de cáncer hematológico, sin perjuicio de su utilización en cuanto inmunosupresor para el tratamiento de enfermedades neuroinmunológicas, como en el caso sub lite. Recientemente, con fecha 18 de noviembre de 2025, se registró el quinto ciclo de suministro de Rituximab a la recurrente. Si bien durante dicho suministro se registró una incidencia relativa a sensación de ahogo de doña nombre reservado, dicha situación pudo ser satisfactoriamente subsanada y, según consta en el certificado que acompaña, se retiró en buenas condiciones.

Afirma que la relación que une al Servicio con sus destinatarios respecto de las prestaciones de salud que se les otorgan, no dice relación con un número determinado de medicamentos, atenciones de especialistas, exámenes, y demás, en forma mensual, sino, todos aquellos, que sean necesarios para el restablecimiento de la salud, y que, en cada paciente beneficiario, tiene particulares características y tratamientos; en ese sentido, no existe manera de estandarizar en forma absoluta estas atenciones médicas, solo una obligación de asistencia en términos generales.

Indica que la acción u omisión ilegal imputada a los recurridos, consistente en la negativa a dar cobertura respecto del medicamento Ravulizumab, señala que tal fármaco no se encuentra dentro del arsenal farmacológico y el Hospital no cuenta con recursos financieros extraordinarios para dar cobertura a tratamientos médicos que no están definidos dentro de los programas de medicamentos que han sido incorporados de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud, añadiendo que, por mandato constitucional, todos los recursos de que dispone un organismo del Estado son establecidos por ley, así como el destino para el que son asignados, cristalizando de esa forma el principio de legalidad, cuya fuente directa se encuentra en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el medicamento solicitado en autos no encuentra -por ahora- cobertura en el Régimen General de Prestaciones de Salud, ni en GES, ni en la Ley Ricarte Soto, todas antes ya señaladas. Ello, por cierto, no puede ser considerado como un acto arbitrario o ilegal reprochable a las recurridas desde que el Fondo Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, conforme al DFL N°1 de 2005, carece de presupuesto y tampoco cuenta con los recursos financieros extraordinarios para solventar, dar cobertura y suministrar tratamientos farmacológicos que se encuentran fuera del marco presupuestario y que no están definidos dentro de los programas de medicamentos que han sido incorporados de acuerdo a las indicaciones del citado Ministerio y en la Ley 20.850.

Sostiene que ninguna norma del ordenamiento que rige al Servicio le habilita para dispensar recursos respecto del financiamiento de una patología que no se encuentra priorizada por la autoridad sanitaria, quedándole completamente prohibido acceder a la petición incoada, tanto en la sede administrativa, como en la presente sede judicial.

Manifiesta respecto del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, que éste dice relación con actos positivos que amenacen, amaguen o ataquen directamente la vida de una persona, que configuren un detrimento o imposibilidad de la continuación de la vida o integridad física del afectado. Así, no es posible atribuir al Servicio un comportamiento ilegal o arbitrario que atente en contra de la respectiva garantía, por cuanto en el caso de autos existen otras terapias, mediante remedios que se están suministrando a la paciente, como inclusive es señalado en el Informe del Neurólogo de Neuroinmunología Dr. nombre reservado. Así las cosas, resulta entonces que, en este caso, no se trata de una amenaza que se cierne sobre la vida de la paciente.

Menciona que la presente garantía, en lo que respecta a las prestaciones de salud, no obliga al Estado a curar ni a lograr el completo bienestar del paciente, sino a brindar, en la medida de los recursos disponibles, las condiciones, prestaciones y bienes necesarios para lograr el más alto nivel posible de salud, no viéndose en base a tales consideraciones vulnerada la presente garantía, sobre todo si se considera que, sin perjuicio de la gravedad de la enfermedad que aqueja a la recurrente, ésta no se encuentra en riesgo vital, puesto que la enfermedad que le aqueja es una enfermedad progresiva, que se va manifestando al correr del tiempo, que lamentablemente no posee cura, pudiendo sólo proveerle los tratamientos ayudar a controlar los síntomas y prevenir complicaciones.

En cuanto al derecho a la protección de la salud reclamado en el recurso, señala que sólo se encuentra amparado por el recurso de protección en cuanto a lo relativo a la libertad de elegir entre afiliarse al sistema público, o privado de salud. Por lo mismo dicha garantía no tiene una exigibilidad directa. Eventualmente puede tener una exigibilidad indirecta al vincularlo con la protección derechos reconocidos y amparados vía recurso de protección, pero ello exige que el planteamiento sea coherente y que se explique claramente dicha interconexión. En autos, la recurrente no satisface mínimamente dicha exigencia.

Concluye que queda de manifiesto que no ha existido por parte del Servicio un actuar arbitrario constitutivo de amenaza o afectación al derecho a la vida y la integridad psíquica y física, igualdad ante la ley o protección de la salud, como lo alega la recurrente. Asimismo, no ha incurrido en un acto ilegal, por cuanto esta ha sustentado su actuar justamente en el principio de legalidad y en ejercicio de sus facultades legales, careciendo en consecuencia el recurso interpuesto de uno de sus requisitos esenciales de procedencia.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

A folio 9 informó el Fondo Nacional de Salud solicitando el rechazo del recurso, descartando de plano que haya incurrido en un acto arbitrario o ilegal, al no acceder al financiamiento del tratamiento solicitado.

Hace referencia al principio de legalidad o juridicidad que lo rige, en los mismos términos referidos por el Servicio de Salud.

Respecto del tratamiento de enfermedades que requieren medicamentos o prestaciones de alto costo, indica que es necesario considerar la exhaustiva regulación que existe en nuestro ordenamiento jurídico, y así comprender que la negativa de otorgar un financiamiento excepcional a dichos tratamientos no sólo obedece a una razón puramente económica, sino que se trata de una decisión en la cual se ponderan elementos éticos y sanitarios que se sustentan en la evidencia científicamente afianzada.

Detalla la normativa aplicable a las coberturas en salud, tales como GES o Ley Ricarte Soto, puntualizando que el Fondo Nacional de Salud no cuenta con prerrogativas para incorporar tratamientos ni medicamentos a cada sistema. En virtud de lo anterior, destaca que la priorización de un medicamento de alto costo dentro del Sistema de Protección Financiera no obedece de ninguna manera a un capricho o a una decisión arbitraria, sino que su incorporación requiere necesariamente superar los criterios objetivos que han sido previamente establecidos en el procedimiento determinado por la ley. Por lo tanto, actuar conforme a lo solicitado por la recurrente, implicaría ir categóricamente contra de la ley vigente, la cual ha determinado los mecanismos de incorporación y financiamiento de tratamientos de alto costo.

Concluye que, en definitiva, si se pretende llevar a cabo un control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales por parte de un órgano de la Administración, es la decisión adoptada por el Ministerio de Salud respecto a no incorporar el medicamento requerido por la actora dentro de las políticas públicas sanitarias de alto costo -en otras palabras, no bridarle protección financiera- al medicamento “Ravulizumab”, y no así la negativa del Fonasa, ajustada a derecho, al no contar el Servicio con potestades para financiar tratamientos que no se encuentren expresamente contemplados en la ley.

Argumenta que la jurisprudencia mayoritaria señala que la decisión de no entregar cobertura o financiamiento a medicamentos y tratamientos no puede ser estimada como ilegal o arbitraria, dado que ha sido precisamente el legislador quien ha establecido los mecanismos de cobertura y financiamiento en las acciones del Estado vinculadas a las prestaciones de salud.

Luego, hace presente que, si de los antecedentes de la causa no se logra acreditar de manera fehaciente que el paciente se encuentra en un estado de riesgo vital actual o inminente, no es posible acceder de forma excepcional al financiamiento de dichos tratamientos. No basta entonces, la sola mejoría de la calidad de vida o que dicho medicamento produzca efectos beneficiosos en el paciente, sino por el contrario, para acceder al financiamiento excepcional de tratamientos de alto costo, se requiere como presupuesto fáctico que el paciente se encuentre en estado de riesgo vital actual o inminente.

Sobre lo anterior, expone que del informe médico acompañado por la recurrente no se puede concluir de forma categórica que se encuentra en un estado de riego vital actual o inminente. En dicho documento, el profesional se limita a informar los diagnósticos actuales de la paciente, menciona la historia clínica, para finalizar informando que debido a su historial clínico se solicita el medicamento Ravulizumab. En base a los documentos de la causa, al describir la condición actual de la paciente, no hay ningún elemento que dé entender que se encuentra en una condición de riesgo vital actual o inminente, sino por el contrario, su condición medica depende del progreso de su enfermedad.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso.

A folio 10 informó el recurrido Hospital Dr. Franco Ravera Zunino solicitando el rechazo del recurso.

Alegó, en primer lugar, que el hospital carece de legitimidad pasiva para financiar y en consecuencia adquirir el medicamento pedido por la actora, la que surge al distinguir la naturaleza, atribuciones y fines entre Hospital recurrido como parte de los hospitales que conforman la red pública de salud en este caso de la Región de O´Higgins y el Fondo Nacional de Salud, ya que, respecto a este último Organismo Público, es a quien le concierne el financiamiento de las prestaciones de salud correspondiente a los afiliados a Fonasa.

Asegura que, de obligársele a destinar sus recursos para fines de carácter particular que no le corresponden, sino que son de cargo de otro organismo público, conlleva necesariamente no contar con esos recursos para dar cobertura al resto de las necesidades de la población, acarreando con ello el aumento del riesgo potencial por falta de servicio en materia sanitaria.

En cuanto al fondo del recurso, señaló que la recurrente, de 64 años, cuenta con antecedentes de Miastenia Gravis desde el año 2005, y se mantiene en tratamiento actual con los medicamentos que detalla.

Agrega que cuenta con atenciones previas asociadas a tratamiento con ciclos de quimioterapia de suministro de Rituximab, en cuanto inmunosupresor para el tratamiento de enfermedades neuro inmunológicas, como en el caso sub lite.

Hace presente que, sin perjuicio de que el medicamento por el que se recurre en autos no se encuentra en el arsenal terapéutico del establecimiento, ni es parte de las prestaciones validadas por el Ministerio de Salud para ser ejecutadas en él, la recurrente no registra historial médico para la entrega de dicho medicamento, es decir, no se encuentra ingresado a su sistema al efecto.

Hace referencia a las formas de cobertura del sistema público de salud en los mismos términos referidos por el Servicio de Salud, agregando que cada vez que una Corte de Apelaciones y/o la Corte Suprema condenan al Estado a financiar un medicamento de este tipo, están no solo obligando al fisco a adquirirlo para garantizar una prestación, sino que están otorgando a los laboratorios la facultad de venderlo a un precio que solo queda a merced de ellos, pues para el fisco ya no existe margen de negociación alguna, ya que, se debe dar cumplimiento en el más breve plazo. Estas decisiones judiciales favorecen la estrategia de los laboratorios, puesto que a través de la judicialización les permite obtener un financiamiento mayor por la venta de sus productos. Dicho lo anterior, el medicamento solicitado por esta vía constitucional, esto es, Ravulizumab no se encuentra - lamentablemente por ahora- cobertura en el Régimen General de Prestaciones de Salud para el tratamiento de la patología que padece la paciente. Tampoco posee cobertura financiera en el Sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES), ni se encuentra financiado bajo el sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (Ley Ricarte Soto). Lo anterior sumado a que ninguna norma del ordenamiento que rige a este Hospital le habilita para dispensar recursos respecto del financiamiento de una patología que no se encuentra priorizada por la autoridad sanitaria, quedándole completamente prohibido acceder a la petición incoada, tanto en la sede administrativa como en la presente sede judicial.

En cuanto a las garantías constitucionales reclamadas en el recurso, informó en idénticos términos que el Fondo Nacional de Salud.

Concluye que no es sólo el factor económico que impera en la decisión de otorgar financiamiento a un determinado medicamento, el motivo de no otorgarlo pasa de igual modo por una decisión basada en políticas de salud pública, que apuntan a la equidad en la distribución de los recursos y que toman en cuenta la efectividad de un tratamiento, motivo por el cual esta Corte debe tenerlo en consideración, como un argumento que escapa a la arbitrariedad.

En síntesis, respecto de la acción de protección de autos afirma que, en ningún caso, se verifica en la especie una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria imputable al Hospital Zunino ni a las recurridas. que prive, perturbe o amenace los derechos de la paciente recurrente consagrados en el artículo 19 de la Constitución, por lo que no cabe sino indefectiblemente decidir su rechazo.

Finalmente, a folio 21, el Fondo Nacional de Salud informó que el Ministerio de Salud encargó un análisis al Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud basada en la Evidencia (ETESA), dependiente de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública (SSP), sobre el tratamiento con el medicamento Ravulizumab para la enfermedad de Miastenia Gravis Generalizada, que padece la recurrente.

Indica la sintomatología asociada a la patología de la actora, agregando que el informe encargado tiene por objetivo analizar la mejor evidencia disponible sobre la efectividad del tratamiento de Ravulizumab para personas con miastenia gravis generalizada. Para ello, se identificó un ensayo clínico aleatorizado doble ciego y controlado con placebo, que incluyó 175 pacientes, y evaluó los desenlaces durante 26 semanas, correspondientes al período controlado. Para establecer el efecto neto de la intervención evaluada, se utilizaron los desenlaces críticos para la patología, que en este caso fueron mortalidad, calidad de vida, función muscular, independencia y eventos adversos.

Afirma que el ensayo clínico concluyó que el uso de Ravulizumab en personas con miastenia gravis generalizada anti-AChR positiva podría asociarse a un beneficio neto pequeño en comparación con placebo. Esto se explica porque, si bien podría observarse una mejoría pequeña en calidad de vida, probablemente no se alcanzan cambios clínicamente relevantes en funcionalidad (MG-ADL) ni en función muscular (QMG), y además podría existir un aumento de eventos adversos serios. La certeza global de la evidencia es muy baja, determinada por la incertidumbre del desenlace crítico con menor certeza (mortalidad). En consecuencia, el balance beneficio/daño a 26 semanas sugiere beneficios clínicos acotados con incertidumbre relevante, especialmente para desenlaces de sobrevida, por lo que se requieren más estudios para establecer con mayor certeza su efecto global.

Concluye que se puede establecer que no existe suficiente evidencia científica respecto del fármaco solicitado, en el sentido que permita acreditar o asegurar la efectividad y lograr cambio clínicamente relevante en los pacientes, por lo cual, es que es necesario analizar con cautela y detalle los efectos de dicho fármaco y de su suministro.

Señala que es fundamental considerar que, por razones de evidencia científica, la autoridad competente en la materia no ha procedido a efectuar la inclusión de dicho fármaco en el listado de priorización de medicamentos de alto costo y que, de esa manera, pase a formar parte del Sistema de Protección Financiera.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección procede cuando por un acto u omisión ilegal o arbitrario, se atenta en contra de alguno de los derechos que del artículo 19 de la Carta Fundamental, indica el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Y ello puede ocurrir en grado de amenaza, perturbación o privación, y exige que el derecho sea de carácter indubitado. 2.- Que, en este caso, se recurre contra el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, al Servicio de Salud O’Higgins y el Fondo Nacional de Salud, por no haber accedido a la petición a favor de quien se recurre, en orden a proveerla del medicamento que individualiza, por la enfermedad auto inmune neurológica y terminal que padece, según las expresiones dadas en tal libelo. Se trata de un remedio de alto costo, no cubierto por esa institución. 3.- Que, informando los recurridos, solicitaron el rechazo del recurso, fundado en que no han incurrido en acción u omisión arbitraria o ilegal alguna que afecte derechos de la recurrente, sino que, por el contrario, han actuado conforme al principio de legalidad, por cuanto el medicamento requerido en autos no se encuentra cubierto por ninguno de los regímenes de cobertura médica existentes en el sistema de salud público. Además, sostienen que han dado todos los tratamientos disponibles a la actora, y que ésta no ha acreditado que se encuentre en riesgo su vida, atendido que su patología tiene el carácter de progresiva, no tiene cura, y sólo es posible otorgar tratamientos que mejoren su calidad de vida, lo que tampoco ha sido acreditado en relación con el medicamento que pide. 4.- Que, en cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por el Hospital recurrido, ésta será desestimada. Ello, porque la legitimación pasiva en el recurso de protección se determina según el órgano al que se atribuye el acto u omisión que el recurrente considera ilegal o arbitrario.

En la especie, fue el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino quien comunicó la negativa de proporcionar el medicamento Ravulizumab, decisión que constituye precisamente el acto impugnado.

En consecuencia, que existan otros organismos con competencias financieras -como FONASA- no altera lo anterior, pues la acción constitucional se dirige contra quien ejecuta la conducta cuestionada.

Por lo anterior, el hospital es sujeto pasivo idóneo y la excepción debe rechazarse. 5.- Que, no se encuentra controvertido que la actora se encuentra afiliada a FONASA, padece una miastenia gravis y que, conforme a lo informado por el propio Hospital recurrido, actualmente recibe el tratamiento que la normativa sanitaria ha definido como estándar para dicha patología. En efecto, consta que la recurrente inició el esquema farmacológico con Rituximab. Asimismo, se informó que la paciente ha completado ya el quinto ciclo de dicho esquema, lo que da cuenta de que el establecimiento recurrido ha proporcionado a la actora la totalidad de las prestaciones aseguradas por la normativa vigente. 6.- Que, asentado lo anterior, la exclusión del medicamento Rivulizumab de los sistemas de cobertura financiera pública no puede calificarse de ilegal, desde que responde al marco normativo que regula la materia. El medicamento solicitado no se encuentra incorporado en el Régimen General de Prestaciones, en el Sistema de Garantías Explícitas en Salud regulado por la Ley 19.966, ni en el Sistema de Protección Financiera creado por la Ley 20.850 (Ley Ricarte Soto).

De otro lado, los antecedentes del proceso permiten concluir que la recurrente ha recibido íntegramente el tratamiento estandarizado y priorizado por la autoridad sanitaria, consistente en cinco ciclos del esquema Rituximab, los que ya fueron completados. Así, el hospital no ha incurrido en omisión alguna respecto de las prestaciones garantizadas, habiéndose limitado a aplicar las políticas públicas y criterios técnicos definidos por la autoridad competente, sin que esta Corte pueda sustituir tales decisiones. 7.- Que, así, la pretensión de la actora se basa en la receta e informe médico expedido por el médico tratante, que acompaña a su recurso. Esos medios -apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica- no son suficientes para tener por acreditado que peligre la vida de la recurrente por la enfermedad referida, ni que el medicamento que solicita evite su muerte y permita su curación.

En efecto, la situación descrita en el arbitrio constitucional exige contar con mayores informes de tal naturaleza, que sirvan para establecer el diagnóstico real de aquélla, de modo que las circunstancias aludidas, no pueden tenerse por definitivamente ciertas. 8.- Que, sin perjuicio de comprender lo que padece la paciente a favor de la cual se recurre, lo anterior lleva a concluir que no hay un derecho indubitado que deba ser protegido de manera urgente y que lo obrado por los recurridos no es vulneratorio de ninguno de los derechos invocados por la actora, pues no pueden dar más de aquello a que la ley los autoriza, ni menos en lo atinente al Hospital recurrido y al Servicio de Salud de O’Higgins, entes ajenos a la posibilidad de decidirlo, por lo que este medio de protección no puede prosperar.

Con todo, la cuestión de fondo relativa a las coberturas que caben sobre las enfermedades de alto costo se enmarca en el ámbito de las políticas públicas, cuyos márgenes y alcances los determina la ley.

Por lo anteriormente expuesto, y con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, que regula la materia, se declara que:

I.- Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, el Servicio de Salud O’Higgins y en contra del Fondo Nacional de Salud.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol I. Corte 1837-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia sí reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.