Protección contra Inspección Comunal del Trabajo San Vicente de Tagua Tagua

Rancagua, dos de agosto de dos mil diecisiete.

Vistos:

Mediante presentación folio 22357 de fecha 4 de julio de 2017 comparece Gonzalo Eduardo Baeza Ruz, abogado, en representación de SALCOBRAND S.A., ambos domiciliados en ​​​​​​​​domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo San Vicente de Tagua Tagua, representado por la Inspectora Gabriela Miranda Quinteros y en contra del fiscalizador don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por haber cursado a su representada la multa N°8344/17/36-1, lo cual constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera sus derechos consagrados constitucionalmente.

Explica que con fecha 6 de junio de 2017, se cursó a su representada la multa antes referida, por supuestamente haber mantenido excluidos de la limitación de jornada ordinaria semanal de trabajo a dos trabajadores de su dependencia, que se desempeñan como químicos farmacéuticos, por estimar la recurrida que sus contratos de trabajo no reunían los requisitos establecidos en el artículo 22 del Código del Trabajo, por lo que no serían susceptibles de dicha exclusión. Multa que le habría sido notificada en fecha 16 de junio de 2017.

Refiere que mediante dicho acto arbitrario e ilegal las recurridas han vulnerado el derecho de su representada consagrado en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política, el cual dispone que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. Esto se ha producido ya que el ente fiscalizador ha interpretado y calificado jurídicamente, conforme a su propio parecer, una situación de presunta vulneración del artículo 22 inciso 1° y artículo 506 del Código del Trabajo, ejerciendo facultades de Juzgamiento y sanción que la Ley y la Carta Fundamental únicamente le reconocen a los tribunales ordinarios de justicia, constituyéndose como una comisión especial.

Refiere que efectivamente los quimicofarmacéuticos que laboran para la recurrente se encuentran excluidos de la limitación de la jornada de trabajo, lo cual se acordó libremente en los respectivos contratos de trabajo, debido a que estos ejercerían funciones de jefe de local, sin fiscalización inmediata, respondiendo incuso de manera personal por normativa sanitaria.

Afirma el recurrente que la Inspección del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, al cursar la multa en cuestión, ha cometido un acto arbitrario e ilegal al interpretar un contrato de trabajo, constituyéndose al efecto en una comisión especial, arrogándose prerrogativas que competen sólo y exclusivamente a los tribunales ordinarios de justicia, al resolver que una cláusula contractual expresa, sería en los hechos nula, estimando que los trabajadores individualizados en la multa no se encontrarían dentro de la exclusión de limitación de jornada establecida en el artículo 22 inciso 1° del Código del Trabajo.

Señala que las funciones de la Dirección del Trabajo se encuentran establecidas en la ley, sin que su normativa, al igual que lo de los demás Servicios Públicos, le permita desarrollar otras labores que aquellas que le han sido expresamente conferidas por el legislador, y que la facultad de juzgar lo pactado en un contrato de trabajo, para posteriormente de manera tácita dejarlo sin efecto, no es una de ellas. Ya que de la simple lectura del DFL N°2 de 30 de mayo de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, aparecen de manifiesto las facultades del Ente Fiscalizador, sin que ninguna de ellas corresponda a la calificación de cláusulas contractuales, debiendo limitarse a dirimir situaciones entre empleadores y trabajadores cuando estas sean manifiestas, dejando la ley expresamente facultados a los tribunales de justicia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo para precisamente conocer de situaciones como la de autos al señalar: “serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a)Las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación delos contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”. Citando Jurisprudencia en dicho sentido y acompañando antecedentes.

Por lo anterior en definitiva solicita a esta Ilustrísima Corte 1. Se deje sin efecto la Resolución de Multa N° 8344/17/36 de fecha 6 de junio de 2017, cursada a mi representado. 2. Se decreten todas las medidas que se estimen necesarias y que tengan por objeto restablecer el imperio del derecho y la debida protección de su representada como afectada. 3. Se condene en costas del recurso a la recurrida, si hubiere oposición.

Por presentaciones folio 24932 y 25777 de 21 y 27 de julio de 2017 respectivamente, se evacúan los informes por parte de las recurridas, los cuales en lo pertinente son de idéntico tenor, y en definitiva señalan que efectivamente la institución fiscalizadora cursó la multa respecto de la cual la recurrente interpone la presente acción constitucional de protección. Solicitando los recurridos el rechazo total del recurso interpuesto, con expresa condena en costas.

En primer lugar afirman que la acción internada no sería la vía idónea para atacar la supuesta ilegalidad de la multa cursada por la Inspección del Trabajo, refieren que el legislador estableció de manera explícita la vía para reclamar de dichas multas. Así, en virtud de lo establecido en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, la recurrente podría haber interpuesto el recurso de reconsideración administrativa ante el mismo organismo y en el evento de rechazo, reclamar ante el competente juzgado de letras del trabajo, o en virtud de lo establecido en el artículo 503 del mismo cuerpo legal, reclamar directamente ante dichos tribunales de justicia. Concluyen entonces, que el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar de las multas cursadas por la inspección del trabajo, por existir un procedimiento especial de lato conocimiento, citando jurisprudencia en este sentido.

Refieren a modo ilustrativo, y sin perjuicio de lo ya señalado, que en dicha ocasión se cursaron 2 multas a la recurrente, quien sólo dedujo el presente recurso por la primera, pagando directamente la segunda, aunque ambas se encontraban relacionadas, ya que esta última se cursó por haber incumplido la recurrente el contrato de trabajo al no otorgar el descanso semanal convenido a una de las trabajadoras quimicofarmacéuticas.

Señalan las recurridas que la actuación de la inspección del trabajo no vulnera derecho alguna de la recurrente, ni tampoco constituye un acto arbitrario o ilegal. Afirman que la multa impuesta constituye el ejercicio de facultades consagradas en la ley y mandatadas para ser ejercidas en su rol fiscalizador, respetando por tanto el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución. De igual manera, afirman las recurridas, que resulta inimaginable e impracticable el ejercicio de una facultad fiscalizadora de un ente administrativo a quien se encarga verificar el cumplimiento de la normativa, si a su vez, a éste se le impidiera verificar los hechos y contrastarlos con las normas cuyo cumplimiento está llamado a comprobar, ya que es un acto inherente a la función que por ley está llamado a cumplir, sin por esto constituirse en un acto de juzgamiento, así la diferencia entre un acto administrativo y uno jurisdiccional, no se radicaría en la ausencia de interpretación de la ley, sino en el efecto de cosa juzgada y la coercibilidad que son elementos propios de la jurisdicción.

En definitiva, afirman que al aplicar la multa cuestionada en autos, la Inspección del Trabajo ejerció un acto administrativo de fiscalización, que por ley está llamado a ejercer, sin arrogarse facultades jurisdiccionales, y por tanto sin vulnerar el derecho reclamado por el recurrente. Acompaña antecedentes del caso.

Por resolución de fecha 28 de julio de 2017 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1.-Que, la recurrente fundó su acción en que la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua le aplicó una multa por infracciones que se basan en la supuesta nulidad de las cláusulas contractuales que excluyen de la jornada máxima laboral semanal a sus empleados quimicofarmacéuticos, por estimar el ente fiscalizador, que no se dan los presupuestos necesarios para la validez de la exclusión pactada, por lo que el actuar de los recurridos se constituyó en una labor jurisdiccional y no de fiscalización, acto que lesionaría el derecho constitucional consagrado en el inciso 5° del n°3 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

2.- Que la recurrida basó sus descargos en que acto administrativo se fundó en criterios jurídicos y técnicos, y en el ejercicio de las facultades legales, sin exceder el principio de legalidad, ejercitando actos de fiscalización y no de jurisdicción, por lo que la resolución de multa dictada no puede revestir arbitrariedad e ilegalidad.

3.- Que, como lo ha resuelto en reiterados fallos la Excma. Corte Suprema, entre otros por sentencia de fecha trece de agosto de 2014, en los autor Rol N° 13.332, ” el artículo 2º del Código del Trabajo, junto con reconocer la función social que cumple el trabajo otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, asimismo, de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar en representación del Estado a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral. Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas.”

3.- Que, en el caso de autos la recurrida ha establecido la nulidad de las cláusulas de los contratos de trabajo del personal quimicofarmaceutico de la demandada, que excluyen a dichos trabajadores de la limitación de jornada de trabajo máxima semanal, por estimar que en el caso de autos no se dan los presupuestos legales necesarios para pactar dicha exclusión, así se refleja en el documento denominado resolución de multa, en el cual se concluye que dicha exclusión se realizó sin cumplir con los requisitos legales y además se explicitan los hechos y circunstancias en virtud de los cuales el fiscalizador concluye que la norma del artículo 22 no sería aplicable a este caso a pesar de haberse pactado expresamente en los contratos de trabajo.

4.- Que, la calificación jurídica que la recurrida realiza de los hechos que constata, excede sus atribuciones y potestades, pues dicha calificación corresponde en forma exclusiva y excluyente a los Tribunales de Justicia conforme lo dispone el artículo 420 del Código del Trabajo y tal como de manera reiterada lo ha establecido la jurisprudencia de nuestros Tribunales.

Dicho artículo establece expresamente que “serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

5.- Que, por lo dicho aparece de manifiesto que la recurrida incurrió en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha sido el caso, puesto que la Inspección recurrida asumió, en la práctica, la función de juzgar al decidir en los términos ya indicados, lo que sin lugar a dudas corresponde constitucional y legalmente a los tribunales de justicia en el curso de un proceso jurisdiccional.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal por SALCOBRAND S.A. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua y del fiscalizador de dicha institución don nombre reservado, y en consecuencia, queda sin efecto la resolución de multa N° 8344/17/36 de fecha 6 de junio de 2017, sólo en su número 1, quedando vigente en lo demás, sin costas, por haber litigado las recurridas con motivo plausible.

Redacción del Ministro Sr. Pairicán.

Regístrese y comuníquese.

Rol I. Corte 1837-2017. Protección No firma el abogado integrante Sr. Briceño, por no encontrarse integrando el día de hoy; no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.