Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Rancagua Rancagua, diecinueve de febrero de dos mil veintiséis. Vistos: Con fecha 10 de noviembre del año 2025, comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, de nacionalidad venezolana, y domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, y de la Subsecretaria del Interior, representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando su solicitud de Reconocimiento de la condición de Refugiado. Funda su recurso en que la recurrente, quien se vio en la imperiosa necesidad de abandonar su país de origen, ingresando a territorio chileno eludiendo el control migratorio, el 29 de junio de 2023, solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado, pero que, hasta la fecha de presentación de la acción de marras, no ha recibido por parte de la recurrida una respuesta en relación con su solicitud, situación que mantiene a la reclamante con preocupación e incertidumbre producto de un trámite por demás demorado. Cita jurisprudencia y destaca que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Además, menciona lo señalado en el informe N°178/2022 de la Contraloría General de la República, indica que no procede el silencio administrativo y caso fortuito o fuerza mayor, y finaliza solicitando que se acoja su acción y, en virtud de ello, se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, en un plazo no mayor a 60 días, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas. Acompaña antecedentes en que se funda la presente acción. A folio 5, comparece Diego Valenzuela Esparza, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, quien luego de exponer respecto de la normativa aplicable en la especie, indicó que, de acuerdo con lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, la parte recurrente solicitó el reconocimiento de su condición de refugiado con fecha 23 de abril de 2024, por lo que el análisis de su requerimiento ya se encuentra asignado para su debida tramitación ante el Servicio y serán revisados en venideras sesiones de la comisión correspondiente. Además, señala que, una vez concluida la tramitación de los actos administrativos que resuelvan sus solicitudes, estos serán debidamente notificados a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley. A folio 7, comparece el Servicio Nacional de Migraciones y solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Menciona que, la actora no registra ingreso al país por un paso habilitado, de lo que se presume su ingreso por paso no habilitado, y que el 23 de abril de 2024, manifestó su voluntad de solicitar acogerse al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Agrega que, consta en sus registros la dictación de Resolución Exenta N°NUM000, de 9 de julio de 2025, que prorroga visación de Residencia Temporal, válida por ocho meses, desde el 2 de septiembre de 2025 hasta el 2 de mayo de 2026. Aclara que, a la fecha de este informe, esa autoridad se encuentra analizando la información otorgada por las personas recurrentes y los documentos aportados, para efectos de determinar si los antecedentes recabados cumplen con los requisitos legales y reglamentarios mínimos para continuar con el procedimiento. Explica que el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado se encuentra regulado, principalmente, por la Ley N°20.430 que establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, la Ley N° 21.665 que modificó la Ley de Refugio, por el Decreto N°837, que fija su Reglamento, y en algunas normas establecidas en la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Indica que la extranjera solicitante debe mantenerse a disposición del Servicio Nacional de Migraciones hasta que se dicte la resolución que acoja o no su solicitud. Finalmente, arguye que no existe en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de esa autoridad que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección, no siendo procedente que esta parte sea condenada en costas. Se trajeron los autos en relación. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2° Que, el hecho que motiva la interposición de la presente acción constitucional de protección es el retardo en la resolución, por parte de la autoridad recurrida, respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, que ingresó el día 23 de abril de 2024, acto que, según la recurrente, vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República. 3° Que, al comparecer, el Servicio recurrido señaló que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la actora se encuentra en análisis y que, la recurrente cuenta con visa temporal. A su turno, la Subsecretaría del Interior informó que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la actora se encuentra en tramitación en el Servicio Nacional de Migraciones. 4° Que, de acuerdo con lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior, consta que la solicitud de la recurrente aún se encuentra en tramitación en el Servicio, por lo que se rechazará el recurso en contra de la Subsecretaría del Interior, como se dirá en lo resolutivo. 5° Que, es necesario hacer presente que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo establecido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir la solicitud migratoria y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que establece la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14° define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. 6° Que, de acuerdo a lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que esta Institución ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880 (SCS Rol N°24.827-2020, Rol N°250.598- 2023). Debe considerarse además que, sin perjuicio de que existe pronunciamiento respecto de que el plazo establecido en el citado artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, el Servicio recurrido informó que la actora tiene una visación de residencia temporaria vigente, lo que unido al tiempo transcurrido desde la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, realizada en el mes de abril de 2024, no pueden sino considerarse como una infracción al principio de celeridad, todo lo cual permite acoger el presente recurso en la forma que se expresará en lo resolutivo. 7° Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la antes indicada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se decide: I.- Que, se rechaza, el recurso respecto de la Subsecretaría del Interior. II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto, se dispone que este último deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, dentro del plazo de noventa días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1836-2025 Protección.