Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, siete de enero de dos mil veintiséis.

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Con fecha 9 de noviembre de 2025 comparece nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección a favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, perteneciente a la Sociedad Educacional nombre reservado, denunciando acciones que estima ilegales y arbitrarias y que en su concepto vulneran de manera continua derechos y libertades fundamentales.

Expone que su hijo ingresó en marzo de 2023 como alumno regular del establecimiento, inicialmente en 8° básico, registrándose desde su incorporación anotaciones vinculadas principalmente a presentación personal y uso de uniforme, sin que en ese período consten episodios de violencia escolar, agresiones físicas o conductas gravemente atentatorias contra la convivencia, sino que dificultades propias de adaptación a un reglamento interno más estricto. Señala que, durante 2023, el colegio citó al estudiante a la Unidad de Apoyo Pedagógico y Emocional (UAPE) y luego a la suscrita como apoderada, recomendándose una evaluación con especialista, la que fue gestionada por la familia, diagnosticándose a nombre reservado Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH) con componente relevante de impulsividad, indicándose tratamiento farmacológico y apoyo psicológico. Añade que dicho diagnóstico y tratamiento fueron oportunamente informados al establecimiento.

Indica que, en 2024, ya cursando 1° medio, el estudiante se mantuvo bajo tratamiento, observándose una evolución favorable, y que, pese a ello, el colegio no habría implementado un Plan de Apoyo Individual ni un plan formal de intervención desde UAPE, limitándose principalmente a anotaciones disciplinarias, sin coordinación estructurada con la familia ni con la neuróloga tratante. Agrega que, al inicio de 2025, al ingresar a 2° medio, enfrentó un período transitorio sin medicación por ajustes terapéuticos, situación que fue informada al colegio por correo electrónico de 16 de abril de 2025, sin que, según afirma, se adoptaran medidas específicas de apoyo asociadas a dicho contexto.

Relata que el 18 de marzo de 2025 se registró una anotación calificada como “falta grave” en la asignatura de Lengua y Literatura por conductas descritas como desafiantes y disruptivas, sin consignarse un análisis contextual vinculado al diagnóstico ni activación de apoyos socioemocionales. Señala que, con fecha 26 de marzo de 2025, se dispuso un cuaderno de seguimiento conductual, cuyo uso estima que no habría sido sistemático; y que el 7 de abril de 2025 se le solicitó firmar una carta de compromiso de conducta, lo que efectuó manifestando su disposición a colaborar. Añade que el establecimiento tuvo conocimiento de la continuidad del tratamiento neurológico, lo que se vería reflejado, entre otros antecedentes, en un correo de 30 de julio de 2025 mediante el cual solicitó autorización para retiro anticipado por control médico, la que fue concedida.

Sostiene que durante el período descrito no se documentaría la implementación de un plan integral de intervención ni coordinación sostenida entre los actores internos y la especialista tratante, pese a las obligaciones que, según indica, derivan del propio reglamento y protocolos del establecimiento. Refiere que el 2 de junio de 2025 se suscribió una carta de condicionalidad a propósito de un episodio vinculado a estudiantes de otro establecimiento, y que el 10 de junio de 2025 se registró una inasistencia injustificada (“cimarra”) calificada como falta gravísima, antecedentes que el colegio habría utilizado posteriormente para sustentar la medida impugnada.

Añade que, durante el primer semestre y parte del segundo, las anotaciones corresponderían principalmente a situaciones propias del contexto escolar adolescente, tales como discusiones verbales menores, juegos bruscos, conductas inquietas, episodios aislados y uso indebido de celular, afirmando que, pese a entrevistas y acuerdos de mejora, no se habría implementado un apoyo individualizado efectivo. Indica que el 1 de octubre de 2025, en actividades de aniversario, se registró un hecho relacionado con el lanzamiento de bombitas de agua por un tercero, consignándose que nombre reservado habría “apoyado” a un compañero, sin que se describa una acción concreta atribuible al estudiante. Señala que el 2 de octubre de 2025 fue citada al colegio, comunicándosele verbalmente la cancelación de matrícula para el año 2026, sin entrega de resolución escrita ni antecedentes que permitieran conocer los fundamentos, informándosele solo un plazo de siete días hábiles para apelar.

Expone que el 6 de octubre de 2025 presentó apelación formal solicitando reconsideración, reconociendo errores, manifestando arrepentimiento, proponiendo un plan de mejora y sosteniendo que la sanción era desproporcionada y afectaba el derecho a la educación, atendido además el diagnóstico de TDAH. Indica que el 9 de octubre de 2025 el colegio rechazó la apelación y mantuvo la cancelación de matrícula, fundándose en una trayectoria de faltas y en apreciaciones sobre el trato del estudiante hacia diversos estamentos, sin detallar medidas específicas de apoyo ni un análisis de proporcionalidad. Añade que solicitó documentación el 10 de octubre de 2025 al profesor jefe, quien el 13 de octubre de 2025 indicó que los antecedentes estaban en poder de la Dirección, sin acceso directo a ellos.

Señala que, por tales motivos, el 14 de octubre de 2025 formuló denuncia ante la Superintendencia de Educación, bajo el código NUM000, por medidas disciplinarias de cancelación o no renovación de matrícula, y que el 22 de octubre de 2025 se le comunicó que la denuncia ingresó a etapa de análisis una vez recibidos antecedentes del establecimiento. Relata, además, un incidente de 21 de octubre de 2025 durante un partido de fútbol, que derivó en activación de protocolo de violencia escolar y suspensión, y una citación posterior de 23 de octubre de 2025 por un supuesto caso de acoso escolar, contexto en el cual refiere que el estudiante manifestó disposición a reflexionar y modificar conductas.

Indica que la neuróloga tratante emitió un informe de 30 de octubre de 2025, ratificando el diagnóstico de TDAH, describiendo dificultades asociadas a impulsividad y autorregulación, y recomendando su permanencia en el establecimiento con apoyos y estrategias adaptadas.

Añade que el colegio elaboró recién el 3 de noviembre de 2025 un plan de intervención individual a cargo de UAPE, con vigencia acotada a noviembre, el que se habría informado en entrevista de 6 de noviembre de 2025, destacando que dicha intervención sería posterior a la decisión de cancelar matrícula.

Sobre la base de esta cronología, la recurrente sostiene que la decisión de cancelación de matrícula para 2026 obedecería a un enfoque predominantemente punitivo, sin apoyos inclusivos efectivos previos, sin un procedimiento transparente y fundado, y sin una infracción gravísima actual individualizada que justifique la medida, con afectación a la continuidad educativa y al bienestar del estudiante.

En derecho, invoca la vulneración del derecho a la educación, de la igualdad y no discriminación, de la integridad psíquica, y del debido proceso, citando, entre otras normas, el artículo 20 de la Constitución y el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección; la normativa educacional aplicable y principios de inclusión y proporcionalidad; y solicita, en definitiva, que se acoja la acción, se deje sin efecto la cancelación de matrícula, se ordene la continuidad del estudiante en el establecimiento durante el año 2026 y se dispongan medidas de acompañamiento y resguardo, con remisión de antecedentes a la autoridad administrativa competente y condena en costas.

Con fecha 5 de diciembre pasado compareció el abogado Ignacio Barra Wiren, en representación de la recurrida, quien evacuó el informe decretado solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Plantea, como cuestiones previas, diversas alegaciones de improcedencia formal. En primer lugar, enfatiza que existiría ausencia de un derecho indubitado, destacando el voto disidente de la Ministra señora Sandra de Orúe Ríos, quien estuvo por declarar inadmisible la acción, razonando, según se transcribe, que no se habría dispuesto la expulsión del alumno y que la decisión de cancelación no sería ilegal ni arbitraria, añadiendo que del propio relato del recurso se daría cuenta de hechos posteriores de gravedad atribuidos al estudiante. Sobre este punto, el recurrido sostiene que, conforme al propio recurso, el 21 de octubre de 2025 el estudiante empujó y propinó un golpe de puño a un compañero, y que el 23 de octubre del mismo año se habría activado un caso de bullying en su contra por burlas constantes hacia un compañero con condición TEA, lo que, a su juicio, descartaría un compromiso real de cambio conductual. Agrega antecedentes de asistencia y alude a condicionalidades y faltas graves y muy graves cometidas durante los años 2023, 2024 y 2025.

En segundo término, alega incompetencia de la sede cautelar, sosteniendo que determinar eventuales efectos del diagnóstico médico del alumno requeriría peritajes y debate propio de un juicio de lato conocimiento, ajeno a la vía de protección, y añade que el diagnóstico invocado no eximiría al estudiante del cumplimiento de las normas conductuales del establecimiento, aceptadas por el apoderado.

En tercer lugar, opone litispendencia, señalando que existiría una denuncia vigente ante la Superintendencia de Educación (CAS-124820), lo que, a su entender, importaría haber validado la vía administrativa para el conocimiento de los hechos.

En cuanto al fondo, sostiene que no existiría un requerimiento formal de tratamiento especial ni incumplimiento imputable al establecimiento, afirmando que el colegio no habría sido notificado formalmente de indicaciones médicas vinculadas al diagnóstico de TDAH. Refiere que, tras revisar la hoja de vida y los antecedentes acompañados, la apoderada sólo habría efectuado menciones verbales y, a lo más, remitido por correo electrónico, el 22 de mayo de 2025, una fotografía de una receta, sin ingresar formalmente un informe médico o neurológico ante la unidad de apoyo o la dirección que detallara diagnóstico, grado de afectación y necesidades educativas. Concluye que, sin dicha acreditación formal, no se habría activado la obligación de implementar protocolos de apoyo, sosteniendo que no sería procedente imputar ilegalidad por falta de un plan o adecuaciones que, en su concepto, no podían implementarse sin indicaciones formales.

Añade que, aun considerando el diagnóstico alegado, la sanción sería procedente por la gravedad objetiva de las conductas y su tipificación en el reglamento interno del establecimiento, destacando que no se trataría de hechos aislados. Señala que, luego de conductas graves, en junio de 2025 el estudiante habría quedado condicional, con aceptación de la madre, y refiere, entre otros episodios, una inasistencia o “cimarra externa” de 10 de junio de 2025, un incidente de 8 de agosto de 2025 en que habría arrebatado un jockey a un compañero, el hecho de 1 de octubre de 2025 relativo a bombitas de agua hacia el exterior, y, especialmente, un episodio de 21 de octubre de 2025 consistente en una agresión física mediante golpe de puño a un compañero, además de la activación de un caso de bullying el 23 de octubre de 2025.

Sostiene, asimismo, que se habría cumplido la gradualidad y el iter sancionatorio previsto en el reglamento, refiriendo la aplicación de medidas previas, entrevistas, suspensiones y cartas de compromiso, la condicionalidad firmada el 2 de junio de 2025, y la no renovación de matrícula con derecho a apelación, la que fue resuelta de manera fundada. Agrega que las supuestas infracciones al debido proceso no habrían sido alegadas por la apoderada al tiempo de apelar la decisión interna, estimando que su invocación posterior obedecería a una estrategia procesal más que a una vulneración efectiva.

Invoca, a continuación, jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que estima aplicable, señalando que existiría un criterio asentado en el período 2024-2025 en orden a que el TDAH no eximiría del cumplimiento del reglamento interno y que la cancelación o no renovación no sería arbitraria cuando se ajusta a la normativa interna del establecimiento.

Finalmente, atribuye a la actora una conducta que califica de negligencia parental, por haber interrumpido el tratamiento médico durante meses, citando una disposición del reglamento interno relativa al deber de cumplir derivaciones y tratamientos determinados por profesionales, y sostiene que la presentación de un informe médico con indicaciones precisas habría sido tardía, al haberse acompañado el 30 de octubre de 2025, esto es, con posterioridad al proceso de no renovación de matrícula.

Concluye que no existiría arbitrariedad ni ilegalidad, afirmando que la medida impugnada habría sido adoptada con debido proceso, en ejercicio de la libertad de enseñanza y conforme al proyecto educativo aceptado por la recurrente, solicitando, en definitiva, que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Con fecha 19 de diciembre pasado la Superintendencia de Educación informó que, en materia de normativa educacional aplicable a medidas disciplinarias, el ordenamiento vigente impone a los establecimientos educacionales la obligación de contar con reglamentos internos ajustados a la normativa educacional y de aplicar correctamente las medidas disciplinarias, resguardando la integridad física y psíquica de los estudiantes. Precisó que dichas medidas deben aplicarse conforme a los principios de legalidad, justo y racional procedimiento y proporcionalidad, y que los reglamentos internos deben describir de manera clara las conductas sancionables, las medidas aplicables y los procedimientos para su imposición, garantizando siempre el debido proceso y el interés superior del niño Señaló que la Circular Exenta N°482, de 2018, de la Superintendencia de Educación, establece los contenidos mínimos de los reglamentos internos y los principios que deben inspirar la aplicación de medidas disciplinarias, destacando que las sanciones deben ser graduales, formativas y proporcionales, privilegiándose las medidas pedagógicas por sobre las más gravosas, como la cancelación de matrícula. Añadió que la normativa exige que todo procedimiento disciplinario se desarrolle en forma previa a la aplicación de la medida, con comunicación de los hechos imputados, derecho a ser oído, posibilidad de presentar descargos y resolución fundada dentro de un plazo razonable En cuanto al procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula, indicó que, si bien los establecimientos particulares pagados no se rigen por la Ley de Subvenciones en sentido estricto, la normativa educacional vigente los obliga igualmente a sujetar la aplicación de dichas medidas a procedimientos previamente establecidos en sus reglamentos internos y a los principios de legalidad, justo y racional procedimiento y proporcionalidad. Aclaró que la Superintendencia carece de facultades para ordenar la reincorporación directa de un estudiante, sin perjuicio de su potestad para fiscalizar y sancionar eventuales infracciones a la normativa educacional.

Respecto de las gestiones realizadas por dicha entidad, informó que, con fecha 14 de octubre de 2025, se ingresó una denuncia presencial identificada con el código NUM000, referida a la aplicación de la medida de cancelación de matrícula por parte del Colegio nombre reservado. Señaló que, ingresada la denuncia, el 17 de octubre de 2025 se solicitó formalmente antecedentes al establecimiento educacional y que éstos fueron remitidos el 22 del mismo mes y año, encontrándose el caso, a la fecha del informe, en etapa de análisis y revisión por parte del organismo fiscalizador.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2.- Que, en la especie, la acción se dirige contra la decisión del establecimiento de cancelar o no renovar la matrícula del estudiante nombre reservado para el año escolar 2026, comunicada el 2 de octubre de 2025 y ratificada con ocasión del rechazo de la apelación interna formulada el 9 de octubre de 2025, la que se estima ilegal y arbitraria en cuanto habría sido adoptada sin la implementación previa de apoyos pedagógicos y psicoemocionales adecuados al diagnóstico de TDAH del estudiante y sin el respeto de un procedimiento racional y justo, fundándose en una acumulación de antecedentes disciplinarios, con vulneración de las garantías constitucionales de los numerales 1°, 2°, 3° y 10° del artículo 19 de la Carta Fundamental. 3.- Que la recurrida, al evacuar informe, solicitó el rechazo del recurso oponiendo, en primer término, objeciones de improcedencia formal y en cuanto al fondo, afirma que la decisión recurrida se adoptó conforme al Reglamento Interno, en atención a la gravedad y reiteración de las conductas del alumno, negando haber recibido notificación formal del diagnóstico invocado y sosteniendo que se respetó la gradualidad del régimen disciplinario y el derecho a apelación interna. 4.- Que, asimismo, consta informe de la Superintendencia de Educación, que expone el marco normativo aplicable a las medidas disciplinarias y da cuenta de una denuncia administrativa en etapa de análisis, identificada con el código NUM000. 5.- Que, aun circunscribiendo el análisis a los antecedentes aportados, no se advierte que la determinación reclamada carezca de todo sustento o se haya adoptado al margen de un iter procedimental mínimo, desde que se reconoce la existencia de medidas previas descritas en la causa, tales como, instrumentos de seguimiento, compromisos y condicionalidad, cuya aplicación se encuentra amparada al reglamento interno. Además, consta que la apoderada ejerció una instancia recursiva interna el 6 de octubre de 2025, la que fue resuelta el 9 de octubre y que la recurrida afirma, sin que ello sea desvirtuado en esta sede con elementos concluyentes, que la condicionalidad de 2 de junio de 2025 contenía una advertencia explícita respecto de la procedencia de no renovación ante nuevos incumplimientos al reglamento interno, refiriéndose, además, a conductas posteriores o próximas temporalmente, de 10 de junio y 1 de octubre de 2025, y aun posteriores a la decisión, de 21 y 23 de octubre de 2025.

En efecto, consta que al 7 de abril de 2025, el estudiante nombre reservado acumulaba tres faltas graves y una muy grave, motivo por el cual se decidió aplicar las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno y consistente en la suspensión de clases, la apertura de un cuaderno de seguimiento y la suscripción de una carta de compromiso disciplinario por la recurrente y el estudiante en que se deja constancia que este último ha incurrido en una falta disciplinaria el día 4 de abril de 2025, la cual consiste en “comportarse en clases de manera desafiante, disruptiva, no respetar normas ni llamados de atención” y que ante esta situación, se compromete a respetar las normas del establecimiento, mejorar su comportamiento y asumir las consecuencias de sus acciones.

Posteriormente, se consigna que, en caso de reincidencia, podrían aplicarse sanciones más severas, conforme al Reglamento Interno.

Entonces, de los mismos antecedentes fluye que los días 8 y 26 de mayo de 2025, el estudiante incurrió en nuevos comportamientos vinculados a juego brusco y un altercado de palabras con estudiantes de otro colegio, dejándose constancia de la reincidencia y aplicándose las sanciones de suspensión y condicionalidad, siendo suscrita esta última el 2 de junio de 2025 por la recurrente y consignándose que aquella llevaba a la cancelación de matrícula para el año en curso si el alumno no cumplía con el reglamento de disciplina y/o rendimiento académico.

Sin perjuicio de lo anterior, se registra entrevista personal con el estudiante atendido que el 11 de junio de 2025 realizó cimarra externa, oportunidad en la que se arribaron a acuerdos a fin de evitar que ocurriera nuevamente.

Por último, y el 2 de octubre de 2025, se aplica y comunica la decisión recurrida de cancelación de matrícula para el año 2026 a la recurrente, la que si bien no describe explícitamente los hechos del 1 de octubre a que aluden las partes, vinculados al lanzamiento de “bombitas de agua” efectuada por un tercero y apoyado por nombre reservado, sí establece la reincidencia del estudiante en las faltas mencionadas latamente, suscribiendo la apoderada la respectiva carta de cancelación de matrícula, en que se deja constancia del plazo para apelar, derecho que ejerció en la especie y que fue resuelto el 9 de octubre de 2025.

Por tanto, se trata de una decisión que constituye el eslabón final de una cadena secuencial y progresiva, en que, el estudiante reitera sus conductas indebidas, se celebran acuerdos, se hacen prevenciones y advertencias, que ante el cúmulo de episodios desencadenan en la resolución impugnada. 6.- Que, además, cabe tener presente que la propia actora dedujo denuncia ante la Superintendencia de Educación, respecto de la cual el organismo fiscalizador solicitó antecedentes y mantiene el asunto en etapa de análisis, existiendo así una sede especializada en curso para examinar la sujeción del establecimiento a la normativa educacional aplicable y a los principios que la informan. 7.- Que, a pesar de lo referido en el motivo precedente, la recurrente construye parte sustancial de su reproche en la falta de apoyos y adecuaciones asociadas al diagnóstico de trastorno por déficit atencional con hiperactividad (TDAH), mientras que la recurrida controvierte la formalidad y suficiencia con que aquel diagnóstico y sus indicaciones habrían sido puestos en conocimiento del establecimiento para activar medidas específicas, y siendo un punto controvertido la canalización debida de la información y su recepción oportuna por el colegio, habiéndose analizado por esta Corte el historial conductual del estudiante para la aplicación de la medida impugnada, no se vislumbra vulneración alguna, sin considerar incluso que ex post a lo analizado el estudiante reiteró conductas disociales, ahora consistentes en violencia escolar. 8.- Que, finalmente, no se advierte-de lo que se ha analizado- una afectación actual de garantías constitucionales que habilite a esta Corte a disponer, de manera directa e inmediata, la invalidación de la decisión de no renovación o cancelación de matrícula para el año 2026, ello sin contar, con que además, el conflicto está siendo examinado en sede administrativa especializada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, quien dedujo acción constitucional de protección a favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, perteneciente a la Sociedad Educacional nombre reservado

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1822-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.