nombre reservado con CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA (C9613-23)

C.A. de Rancagua Rancagua, uno de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, Gobernador de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, quien interpuso acción de protección en contra del Consejo para la Transparencia, por la dictación de la Resolución Exenta E685 de 7 de octubre de 2025, que ejecuta acuerdos del consejo directivo que rechazan recursos de reposición deducidos por el Gobernador Regional y por la encargada de la Unidad de Transparencia en Investigación Sumaria Rol S97-24, instruida en el Gobierno Regional de O’Higgins, y que le fuera notificada con fecha 10 de octubre de 2025, que ordenó descontar el equivalente al 35% de su remuneración del mes de marzo de 2025, y el 30% de la remuneración del mismo período a la ex encargada de la Unidad de Transparencia del Gobierno Regional de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins; por significar dicha resolución, a su juicio, un acto arbitrario e ilegal que ha significado una perturbación o privación en el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos en los numerales 2º, 3º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que, mediante fiscalización realizada por el Consejo de la Transparencia, bajo el Rol N° F369-25, de determinó que el Gobierno Regional de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, al igual que otros cuatro Gobiernos Regionales a lo largo del país, presentaba niveles de cumplimiento en materia de transparencia activa (Ley 20.285) menores al 70% y, en consecuencia, el Consejo para la Transparencia, dispuso el inicio de cinco investigaciones sumarias para cada uno de dichos Gobiernos Regionales, quedando aquella dirigida al Gobierno Regional de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins a cargo del investigador don nombre reservado e individualizada bajo el Rol N° S255-25.

Expone que, durante el desarrollo de la señalada investigación sumaria, no controvirtió en ningún momento los hechos constatados en la fiscalización Rol N° F369-25, dirigiendo sus descargos, por un lado, a señalar que no tenía cómo conocer las omisiones en la publicación mensual que se debe realizar en el portal de Transparencia Activa, que no existían reportes sobre la falta de actualización de ciertos ítems y, por otro lado, en configurar la atenuante de irreprochable conducta anterior en virtud de no haber sido sancionado por el Consejo para la Transparencia con anterioridad, atenuante de reparación celosa del mal causado, dando cuenta de la actualización de la información publicada en el Portal de Transparencia y, atenuante de colaboración eficaz para el esclarecimiento de los hechos, toda vez que entregó toda la información que se le solicitó, en el menor tiempo posible, en cada una de las etapas de la investigación.

No obstante lo anterior, mediante Resolución Exenta N° E421-2025 del Consejo para la Transparencia, se le condenó a una multa equivalente al 35% de su remuneración bruta del mes de marzo de 2025. Ante ello, interpuso un recurso de reposición, solicitando que la resolución recurrida sea modificada conforme a derecho, absolviéndosele de todo cargo o, en subsidio, se subsane la falta de fundamentos que debiesen anteceder el fondo de lo resuelto en la resolución recurrida, así como la falta de análisis de determinación del quantum de la sanción impuesta, así como la disparidad de la sanción en relación a la otra funcionaria sancionada, solicitando se rebajase en su caso la sanción al mínimo legal.

Asevera que el recurrido, mediante Resolución Exenta E685 de 7 de octubre de 2025, rechazó en un mismo acto los recursos de reposición interpuestos, tanto por la ex encargada de la Unidad de Transparencia como por el recurrente, confirmando la Resolución Exenta N° E421-2025 del Consejo para la Transparencia en todas sus partes, sin hacerse cargo de lo argumentado en la reposición, obviando el juicio de culpabilidad y haciendo alusión a una pseudo responsabilidad objetiva del jefe superior del servicio, en relación a los incumplimientos en materia de Transparencia.

Agrega que la resolución recurrida no entrega argumento alguno acerca del razonamiento que permitió al Consejo para la Transparencia fijar la multa impuesta en un 35% de su remuneración -en circunstancias que la norma a la que alude entrega un marco que va del 20% al 50%- a lo que adiciona el reconocimiento de la atenuante de irreprochable conducta anterior sin especificar el efecto que ella provoca para la determinación de la pena, tiñendo a la multa impuesta de un carácter ciertamente arbitrario.

Afirma que el recurrido, a pesar de lo expresado en su escrito de reposición, mantiene su decisión primaria sin hacerse cargo de ninguno de los argumentos jurídicos expresados en su recurso, esto es, sin mencionar cómo ni por qué ellos no serían procedentes, limitándose a señalar que “no aportó ningún nuevo antecedente”, en circunstancias que lo que plasmó en su reposición no fue la existencia de “nuevos antecedentes”, sino que la existencia de una aplicación errada del derecho a la hora de fundar la decisión que lo condenó a pagar una multa equivalente al 35% de su remuneración de marzo de 2025.

En relación con el hecho por el cual fue sancionado, argumenta que no es posible concebir la obligación de control jerárquico como una de alcance ilimitado, debiendo circunscribirse al posible dolo o culpa del funcionario en cuestión, siendo precisamente su negligencia imputable en el desempeño de su función la que habilitaría a imponer una sanción por infracción al deber de obligación de ejercer un adecuado control jerárquico, debiéndose descartar, por el contrario, la posibilidad de infringir dicho deber mediante una culpabilidad de causalidad sine qua non y, más todavía, mediante la ausencia de culpa en una suerte de responsabilidad objetiva de resultado, toda vez que ello significaría que cada vez que un funcionario público -salvo sea el superior jerárquico de su servicio- cometiese una infracción administrativa, debería ser siempre sancionada su jefatura, conclusión indeseada que no encuentra sustento en nuestra legislación administrativa, ni en los Dictámenes de la Contraloría General de la República, ni en las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, haciéndose por tanto necesario apartarse de dicha interpretación, concluyendo que si no es posible acreditar la existencia del factor de imputabilidad subjetiva, se debe obligatoriamente excluir la responsabilidad administrativa del funcionario investigado o sumariado, sobreseyéndolo o absolviéndolo del cargo respectivo; puntualizando que, a la misma conclusión debemos arribar, si tras la infracción estatutaria o el incumplimiento de deberes funcionarios por parte de un subalterno, éste se vale de un engaño para mantener oculta la inconducta.

Aclara que la Unidad de Transparencia no depende directamente del actor en su calidad de Gobernador Regional, sino que del “Departamento de Transparencia, Gestión Documental, Transformación Digital y Oficina de Partes”, el que forma parte a su vez de la División de Administración y Finanzas, la que a su vez depende de la Administradora Regional, encontrándose recién esta última funcionaria bajo su directa dependencia. De esta manera, en determinados casos y bajo ciertos presupuestos, ningún control jerárquico permanente, por óptimo y eficiente que este sea en el papel, puede impedir la comisión de la infracción estatutaria, lo que debe excluir la responsabilidad administrativa de la jefatura. Así, debe observarse caso a caso, si aplicando un control jerárquico permanente adecuado y razonable, que es lo que resulta exigible, era o no posible prever o prevenir la ocurrencia de la falta de publicación/actualización de la plataforma de Transparencia Activa ocurrida en la especie.

Reprocha que la Resolución Exenta N° E421/2025 que en primera instancia impuso sanciones a la encargada de la Unidad de Transparencia y a quien suscribe, omitió cualquier tipo de fundamentación en relación con por qué, por un lado, se decidió sancionar al jefe superior del servicio y, por otro, se eximió completamente de responsabilidad al jefe directo de la encargada de la Unidad de Transparencia, así como a la jefa de éste (Jefa División de Administración y Finanzas) y, a su vez, a la jefa de esta última (Administradora Regional), omisiones todas que se mantuvieron sin modificación en la Resolución Exenta N° E685/2025 que mantuvo las mismas sanciones y que mediante el presente recurso de impugna.

Destaca que la resolución sancionatoria, así como la recurrida omiten cualquier razonamiento, argumento o fundamento que explicase cómo esa falta de publicación le resulta imputable, pareciendo más una sanción por responsabilidad objetiva que una por culpabilidad como mandata el derecho administrativo sancionatorio, vulnerando de esta manera el principio de inocencia que subyace a todo proceso disciplinario.

En relación con la cuantía de la sanción impuesta, el rango de sanción entre el 20% y 50% de la remuneración del sancionado, en un ejercicio de razonabilidad básica, es dable concluir que ante una sanción, en la que no concurren atenuantes ni agravantes de ningún tipo, correspondería la aplicación de la “pena” en su mitad, esto es 35%, ya que cualquier porcentaje por sobre la mitad o bajo ésta debería encontrarse debidamente fundado, lo que en la resolución recurrida no ocurre, sobre todo si se considera que le fue reconocida una circunstancia atenuante.

Afirma que lo anterior constituye una vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto, mientras se le ha perjudicado en un 35%, otros sancionados por los mismos hechos, son multados con un 30%, en circunstancias que no se han expresado fundamentos precisos y reales para preferir a unos sobre otros.

Por último, alega que la resolución recurrida, careciendo de toda fundamentación, proporcionalidad y legalidad, pretende despojarle de un monto de dinero equivalente al 35% de su remuneración bruta del mes de marzo de 2025, privándole o perturbando el ejercicio de su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se declare que la Resolución Exenta E685, de 7 de octubre de 2025, ha privado o perturbado el legítimo ejercicio de los derechos que le corresponden, reconocidos en el artículo 19 N°s 2, 3 y 24 de la Constitución Política y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, entre ellas, dejar sin efecto la resolución recurrida y, en su reemplazo, ordenar al Consejo para la Transparencia a dictar una resolución acogiendo el recurso de reposición interpuesto en la Investigación Sumaria Rol S97-24 y, en definitiva, sobreseyéndole de todo cargo o, en subsidio, rebajar el monto de la multa impuesta a su mínimo legal, todo con expresa condena en costas.

A folio 5 informó el Director General del Consejo para la Transparencia solicitando el rechazo del recurso.

Fundó su petición señalando que, efectivamente, se siguió un sumario administrativo contra el actor, en la cual se le formula cargo único por el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa, como consecuencia de no haber efectuado ni adoptado las acciones directas y personales ni haber ejercido ni adoptado, respecto del personal de su dependencia, medidas eficaces de control jerárquico, de supervisión, de dirección y coordinación propios de su cargo, para que ese Gobierno Regional mantuviese a disposición permanente del público y de manera actualizada en su sitio electrónico institucional, la información referida en el artículo 7° del Título Tercero, “De la Transparencia Activa”, artículo 51 de su Reglamento, la Instrucción General N°11 y la Instrucción General sobre Transparencia Activa, de 2022, del Consejo, por cuanto, en el Informe de Fiscalización Rol F655-24, de la Unidad de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, se constataron los hallazgos que se detallan en tabla que adjunta, y que dicen relación con información no disponible o desactualizada por larga data.

La conducta descrita transgrede lo dispuesto en los artículos 4°, 5°, 7° y 9° del artículo primero de la Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública; situación que configura la infracción descrita y sancionable en virtud del artículo 47 de la misma ley, según el cual: “El incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se sancionará con multa de 20% a 50% de las remuneraciones del infractor”.

Comenta que en la sesión ordinaria Nº1.508, de fecha 13 de marzo de 2025, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia analizó la Vista Fiscal de la investigación sumaria rol S97-24, referida al Gobierno Regional de O´Higgins, acordando aprobar por unanimidad dicha investigación sumaria y tener por acreditada la responsabilidad administrativa en los hechos investigados del recurrente, como Gobernador Regional de O´Higgins, y de doña nombre reservado, Encargada Unidad de Transparencia del Gobierno Regional de O´Higgins, aplicándoles las sanciones de multa ascendentes al 35% y 30%, respectivamente, de la remuneración mensual percibida por estos durante el mes en que el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia adoptó el acuerdo de ratificar la propuesta de Vista Fiscal y aplicar las sanciones respectivas, correspondientes al mes de marzo de 2025.

Luego, con fecha 26 de mayo de 2025, el recurrente dedujo recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° 421, el cual fue resuelto mediante Resolución Exenta N° 685, de 7 de octubre de 2025, que en definitiva lo rechazó, reiterando y manteniendo la sanción que le fuera impuesta.

Alega que esta vía cautelar no es la idónea para resolver el conflicto jurídico de fondo planteado por la parte recurrente en su libelo, porque no resulta procedente la pretensión de modificar actos administrativos procesales intermedios, inmersos en un procedimiento sumarial en tramitación, y porque la Corporación no ha incurrido en ninguna actuación ilegal o arbitraria, ni ha infringido los derechos constitucionales que indica el recurrente, sin que exista afectación a los derechos constitucionalmente garantizados que la parte recurrente estima perturbados y amenazados por el acto administrativo recurrido.

Asevera que el acto administrativo recurrido mediante la presente acción cautelar constitucional se vincula directamente con la tramitación de la investigación sumaria rol S97-24, seguida en contra del Gobierno Regional de O’Higgins, procedimiento sancionatorio que logró determinar fehacientemente la existencia de transgresiones a los deberes impuestos en materia de transparencia de la función pública y de derecho de acceso a la información de los órganos del Estado, por parte del recurrente, situación que atentó contra el correcto funcionamiento de la organización administrativa, comprometiendo el control efectivo de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, y teniendo como consecuencia jurídica, el surgimiento de la correspondiente responsabilidad administrativa infraccional, debiendo el Consejo aplicar las normas que lo facultan a imponer sanciones por las responsabilidades administrativas determinadas sobre la materia.

Sostiene que, en el caso de marras, no se está frente a una medida “cautelar” puesto que no se trata de suspender urgentemente los efectos de un acto de la Administración, ni menos obtener anticipadamente una prestación contra ésta, o un resguardo temprano e inaplazable de los derechos fundamentales que el recurrente estima vulnerados, ya que en realidad, plantea a conocimiento de esta Corte la revisión íntegra de un procedimiento contencioso administrativo sobre el fondo, respecto de actuaciones ocurridas con anterioridad al acto recurrido. Si la finalidad del recurso de protección es restablecer el imperio del ordenamiento jurídico frente a una situación anómala, resulta inaceptable intentar esta acción cautelar una vez que se agotaron todos los medios o vías administrativas de impugnación por el hecho de discrepar de la interpretación jurídica o fáctica en que se fundan los pronunciamientos del Consejo, que constan en el expediente de la investigación sumaria, o los pronunciamientos y razonamientos que fueron ponderados por las reparticiones competentes del Consejo, en un extenso procedimiento administrativo sancionatorio, que culminó con la aprobación de la sanción de multa ya señalada.

Sostiene que los hechos denunciados en el recurso de autos, no revelan la necesidad de brindar una urgente protección a los derechos fundamentales del recurrente, sino que el presente arbitrio procesal está siendo utilizado como un recurso ordinario de última ratio, alterando la especial naturaleza que tiene la acción de protección, por lo que la presente acción debe ser rechazada, considerando además, que para arribar a la convicción de la efectiva existencia de responsabilidad funcionaria del inculpado, la investigación instruida revisó variada documentación y tomó declaración de testigos, lo que deja en evidencia la falta de idoneidad de la presente acción cautelar constitucional, para modificar las conclusiones arribadas en la misma.

En subsidio de lo anterior, señaló que el presente arbitrio procesal igualmente debe ser rechazado, ya que el Consejo no ha incurrido en acciones u omisiones ilegales ni arbitrarias que lesionen los derechos constitucionales del recurrente. La responsabilidad del inculpado en las infracciones acreditadas resulta estar confirmada por sus propias declaraciones, en las que reconoce que sólo tomó conocimiento del bajo nivel de cumplimiento en la publicación de las materias de transparencia activa producto del inicio de esta investigación sumaria, y no de procesos internos previamente establecidos que levantasen alertas al respecto en forma oportuna. En efecto, resultó acreditado que los funcionarios a cargo de relevar la información de Transparencia Activa sí la enviaron a la funcionaria Encargada de la Unidad Transparencia, siendo esta última quien no publicó la información, situación que no había sido advertida en forma previa ni por el Gobernador ni los otros jefes superiores de ese organismo, que intervenían en estas materias. No consta ninguna instrucción, medida o acción concreta y efectiva adoptada de manera oportuna y preventiva por el inculpado, a partir de los resultados obtenidos en una auditoria mencionada por este y que realizó por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2023 al 1 de abril de 2024. Tampoco constan instrucciones, acciones o medidas concretas adoptadas a partir de los resultados obtenidos en la auditoría.

Respecto a las medidas adoptadas por el inculpado al tomar conocimiento de los resultados obtenidos en la Fiscalización Rol F655-24, estas no pueden ser consideradas como una eximente de la responsabilidad administrativa acreditada en la presente investigación respecto del recurrente, al ser medidas destinadas a prevenir nuevos incumplimientos, pero que no dicen relación con acciones directas y personales destinadas a que ese Gobierno Regional mantuviese a disposición permanente del público y de manera actualizada en su sitio electrónico institucional, la información referida en la normativa.

En cuanto a los alegatos del sancionado referidos a que no se le puede sancionar por actos u omisiones imputables a otros funcionarios, cabe desestimarlas, por cuanto, tal como se dijo en la resolución recurrida, la responsabilidad del sancionado en las infracciones acreditadas resulta estar confirmada por sus propias declaraciones, en las que reconoce que sólo tomó conocimiento del bajo nivel de cumplimiento en la publicación de las materias de transparencia activa producto del inicio de esta investigación sumaria y no como consecuencia o por aplicación de procesos internos previamente establecidos que levantasen alertas al respecto en forma oportuna, de lo que es responsable considerando su cargo y atribuciones legales.

Sobre las alegaciones referidas a que solo se le sanciona a él y no al jefe directo de la encargada de transparencia, cabe señalar, que conforme a los antecedentes recopilados en la investigación se determinó que las infracciones a las normas sobre transparencia activa correspondía imputarlas al sancionado, en su calidad de Jefe Superior del GORE y sus atribuciones legales para haber adoptado las acciones y medidas oportunas, plausibles y eficientes para haber evitado tales infracciones, lo que no ocurrió, así como, a la Encargada de Transparencia. En este sentido, si el sancionado estima que pudiesen existir otros responsables en los hechos investigados, dispone de todas las atribuciones legales para instruir procesos sancionatorios para esclarecer y determinar eventuales responsabilidades al respecto y sancionar a quienes resulten responsables. A lo anterior, hay que agregar, además, el carácter de reiterado de la referida conducta sancionada, lo que quedó acreditado en la investigación sumaria rol S97-24, cuestión que no es controvertida por la parte recurrente de autos, concluyéndose que dichas actuaciones eran constitutivas de la infracción a los artículos 4°, 5°, 7 y 9 del artículo primero de la Ley 20.285.

Destaca que el actor ejercía como máxima autoridad, por lo que tiene las atribuciones legales suficientes para adoptar las medidas para el oportuno cumplimiento de los deberes que tiene la institución que dirige, lo que le imponía el deber de adoptar las medidas necesarias y suficientes para garantizar un funcionamiento continuo, eficiente y eficaz del Servicio para cumplir las obligaciones de la Ley de Transparencia, lo que no se advierte en la presente investigación.

Afirma que se debe descartar en términos absolutos la existencia de ilegalidad y arbitrariedad en el acto administrativo recurrido, debiendo en consecuencia, ser rechazada la presente acción cautelar, por resultar ajustado a derecho y a lo prescrito en los artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República, las actuaciones del Consejo en el procedimiento de investigación sumaria rol S97-24, frente al contumaz incumplimiento en el Servicio de las normas que permiten el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía, debiendo forzadamente este Consejo intervenir en uso de sus competencias legales de naturaleza sancionatoria, debido a la inactividad del órgano al no otorgar información pública dentro de plazo. Todo lo anterior, en el marco de un procedimiento reglado, legalmente tramitado, con las garantías propias de un justo y racional procedimiento administrativo, en el que la parte recurrente siempre tuvo la oportunidad de ser escuchado, de formular descargos y observaciones, y de aportar pruebas y antecedentes tendientes a desvirtuar los cargos que se le formularon.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del presente recurso.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2° Que, el acto recurrido consiste en la dictación de la Resolución Exenta E685 de 7 de octubre de 2025, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición deducido por el Gobernador Regional en la Investigación Sumaria Rol S97-24, instruida en el Gobierno Regional de O’Higgins, sancionándolo, en definitiva, con el descuento del equivalente al 35% de su remuneración del mes de marzo de 2025, por significar dicha resolución -a su juicio- un acto arbitrario e ilegal que ha significado una perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos reconocidos en los numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

3° Que, informando el recurrido, solicitó el rechazo del recurso, por exceder las materias que deben ser conocidas por la acción de protección, atendida su naturaleza cautelar, tratándose en la especie, de un asunto relativo a las competencias propias del Consejo recurrido, en materia de infracciones y sanciones por incumplimiento de las normas de la Ley de Transparencia.

En subsidio, señaló que las resoluciones impugnadas no adolecen de vicios de ilegalidad o arbitrariedad, y tampoco lesionan derechos constitucionalmente garantizados del recurrente, toda vez que, son el resultado de un proceso administrativo que se ha tramitado en el marco de un procedimiento reglado, legalmente tramitado, con las garantías propias de un justo y racional procedimiento administrativo, en el que la parte recurrente siempre tuvo la oportunidad de ser escuchado, de formular descargos y observaciones, y de aportar pruebas y antecedentes tendientes a desvirtuar los cargos que se le formularon.

4° Que, de los antecedentes proporcionados por las partes, se desprende que la controversia planteada en autos dice relación con determinar si la decisión del Consejo para la Transparencia reviste o no el carácter de ilegal o arbitraria.

5° Que, para dilucidar la cuestión jurídica debatida cabe tener en consideración lo dispuesto en los artículos 33 letra a) y 49 de la Ley 20286.

La primera de dichas normas consagra las materias de competencia del Consejo de la Transparencia señalando en primer término: “a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas”.

Por su parte el artículo 49 de este cuerpo legal establece, en lo pertinente, que: “Las sanciones previstas en este título serán aplicadas por el Consejo, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo…”.

6° Que, acorde con las disposiciones legales precedentemente transcritas, el organismo encargado de imponer las sanciones que procedan a quienes trasgredan las normas de la Ley 20.286, es el Consejo para la Transparencia, quien en forma previa y, para los efectos de establecer los hechos constitutivos de la infracción, deberá instruir el sumario correspondiente, conforme a las normas administrativas pertinentes.

7° Que, en el caso de autos, los supuestos fácticos que constituyen la infracción que se atribuye al recurrente, quedaron establecidos en el sumario administrativo sustanciado por el Consejo recurrido, siendo improcedente referirse a la hipotética buena fe con la que habría actuado el infractor y a la justificación de su conducta, cuestiones que el recurrente hizo valer en dicho sumario y en los recursos administrativos establecidos al efecto.

8° Que, en mérito de lo expuesto, se concluye que la resolución reclamada no es ilegal, la que fue dictada por autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones, en un caso contemplado por la ley y respetando las garantías que derivan del derecho al debido proceso.

9° Que, la resolución recurrida tampoco es arbitraria, por cuanto de su solo tenor se desprende que aquélla cuenta con argumentos razonablemente expuestos y fundamentación suficiente. Es más, su decisión fue adoptada por la unanimidad de los Consejeros del Consejo para la Transparencia, lo que demuestra la suficiencia del análisis realizado por tales autoridades, tanto en la Resolución Exenta N° E421-2025 del Consejo para la Transparencia, como aquella contra la que se recurre por esta vía, esto es, la Resolución Exenta E685, de 7 de octubre de 2025.

10° Que, en virtud de los argumentos expuestos, esta acción constitucional será desestimada, por cuanto la parte recurrente pudo actuar dentro del procedimiento administrativo disciplinario, tuvo la oportunidad para presentar sus pruebas de descargo e, incluso, se le permitió deducir los recursos correspondientes, agotando con ello el contencioso administrativo establecido por el legislador.

En este sentido, ha resuelto la Excma. Corte Suprema en sus autos Rol 53.185-2021, 99.873-2016, 160.242-2022 y 64.721-2023, entre otros.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, Gobernador de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en contra del Consejo para la Transparencia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1818-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.