nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Rancagua Rancagua, diecinueve de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, por sí y a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana De nombre reservado, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que don nombre reservado, solicita ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Señala que posteriormente, el recurrente es notificado mediante correo electrónico con fecha 23 de octubre de 2025, rechazando la solicitud de retiro de fondos de pensión, Destaca que don nombre reservado realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que el recurrente al ser profesional extranjero cumple con todos los requisitos. En consecuencia, se evidencia que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con un obstáculo en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Añade que en ese orden de ideas, es imperioso señalar que la recurrida en su rechazo señala: “En atención a la solicitud de referencia, en conformidad a disposiciones establecidas por la Superintendencia de Pensiones en su compendio de normas, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 18.156, por instrucciones de la Fiscalía de esta Administradora, se ha procedido a detener su solicitud de devolución de fondos [...]Constancia de afiliación debe estar Apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”, lo que admite implícitamente que el recurrente se encuentra afiliado.

Así las cosas, es menester señalar que la ley solo señala que el solicitante se encuentra afiliado sin efectuar distinciones de la oportunidad o, de la época en que tendría que producirse, lo que desde ya evidencia el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al limitar el derecho de propiedad que tiene el recurrente respecto de los fondos depositados.

En relación a lo anterior, es menester señalar que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, siendo que de una simple búsqueda, empleando las palabras validar ivss, arroja, añadiendo que como se observa, la constancia electrónica emitida por la seguridad social del recurrente puede ser verificada a través del link señalado y, en su defecto, de una simple búsqueda que se realice en el motor de google.

Afirma que lo anterior, lo podemos ejemplificar con la constancia de afiliación electrónica, emanada de la seguridad social de Venezuela y, que se acompaña al primer otrosí, se observa un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web señalada. El código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia, que señala textualmente “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. (www.ivss.gob.ve), con el código de verificación N° 10fe97103-20251009.”.

Así las cosas, como se evidencia, la constancia electrónica es verificable, no obstante, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, en lo atingente a que argumenta que la constancia electrónica no se encuentra vigente, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen y, que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad del recurrente. La señalada constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y, puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos.

Destaca que tal como se ha desarrollado, yerra la recurrida al argumentar en su rechazo que: “Es por ello que, si a la Administradora no le es posible verificar la validez de los documentos emitidos, no se puede dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley para acceder a la devolución de fondos”; si se considera que fue acreditado mediante distintos medios la afiliación que mantiene el recurrente, además de que se acompañaron las constancias electrónicas siendo verificables mediante un simple ejercicio el cual, fue explicado a la recurrida, no obstante, persistieron en rechazar la solicitud argumentando una situación que pugna con lo señalado en el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, otras Administradoras de Fondos de Pensiones, a modo ejemplar, A.F.P. CUPRUM, realizando el mismo procedimiento señalado, es decir, verificando el código de validación de la constancia electrónica en la web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, han concluido que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley, puesto que, como se ha señalado una interpretación excesivamente formal vulnera el derecho de propiedad de los peticionarios.

Arguye que así las cosas, pese a lo desarrollado, la recurrida insiste en señalar que los documentos acompañados no se pueden comprobar, desconociendo el hecho cierto de que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre los Estados de Chile y Venezuela, por lo que es forzoso concluir que actualmente el recurrente encuentra un obstáculo imposible de superar, no obstante, puede acreditar la mentada afiliación según lo desarrollado ut supra, por lo que incorporar requisitos no expresamente establecidos en la ley deviene en un actuar arbitrario e ilegal. Así las cosas, las constancias electrónicas señaladas, al momento de ser descargadas arrojan un código de verificación que lo componen letras y números, que en el caso del recurrente es 10fe97103-20251009. A mayor abundamiento, la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, esto se realiza ingresando al dominio web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/.

Hace presente que el protegido acompañó a la solicitud de retiro de fondos, los documentos fundantes que dan cuenta que, el accionante se encuentra afiliado a la seguridad social venezolana, explicando los medios por las cuales se puede verificar la afiliación, en cumplimiento del cuerpo legal que regula la materia y, finalmente, la constancia emitida por la autoridad de los seguros sociales de Venezuela cumple con los más altos estándares de seguridad, pues, como se ha desarrollado, cuenta con un código alfanumérico, único para cada solicitante, actualizándose todos los meses, en otras palabras, el código alfanumérico del recurrente no es el mismo que el de otros solicitantes.

Añade que como se observa de las foto capturas, la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante, adoptó una decisión a todas luces contraria a derecho, puesto que de forma arbitraria e ilegal rechaza la solicitud del recurrente sin que la respuesta estuviera lo suficientemente motivada, sin siquiera, cotejar lo acompañado por el recurrente, lo que deviene en un actuar que afecta el derecho de propiedad ampliamente protegido y tutelado por la Constitución Política de la República En ese sentido, es menester aclarar, que la página web de la seguridad social al momento de emitir una constancia de afiliación, indica el plazo de vigencia, el cual puede ser descargada sucesivamente, es el motivo por el cual, se modifican los códigos alfanuméricos correspondiente a la constancia de octubre con la del mes de noviembre. En ese orden de ideas, se desprende de lo desarrollado que las constancias emitidas según consta en las fotos capturas, son certificadas por la autoridad competente, por lo que es plenamente válida, además que, se cumple el requisito exigido en la ley en lo que dice relación de estar afiliado a la seguridad social de su país de origen.

Relata que, aunado a lo anterior, como se ha desarrollado el recurrente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen, de modo que, cuenta con la protección respectiva en las prestaciones señaladas, en otras palabras, su seguridad social cubre las prestaciones de enfermedad, invalidez, muerte y vejez, lo que evidencia que la recurrida actuó de forma arbitraria e ilegal al detener de plano y sin fundamento, la solicitud impetrada. De este modo, la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que rechaza la solicitud de retiro de fondos de pensiones cuando, en la especie se puede verificar la afiliación a la seguridad social del país de origen, lo que torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra la Administradora de Fondos de Pensiones Provida de fecha 23 de octubre de 2025, por el Acto Ilegal y Arbitrario, que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Por su parte comparece Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., y procede a evacuar el respectivo informe indicando que resulta evidente que la materia reclamada por la recurrente no es propia de una acción cautelar, por lo que resulta improcedente la interposición de un recurso de protección, dado que lo pedido por la recurrente −que no es otra cosa que una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones– no se condice con la finalidad de un recurso de protección, y la excede, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar y de emergencia.

Señala el que tal como lo indica el recurrente de autos, esta rechazó su solicitud de devolución de fondos en su calidad de técnico extranjero de conformidad a la Ley N° 18.156. Dicha norma permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, norma de carácter excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de realizar dicho retiro.

Explica que con fecha 23 de octubre de 2025 AFP ProVida rechazó, la solicitud del recurrente de autos, por cuanto “Constancia de afiliación debe estar Apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado.”

Asevera que, si bien la recurrente aporta una constancia de cotización sin firma y declaración jurada, estas no pueden ser consideradas, ya que, según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP: “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.”

Precisa que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada Ley N°18.156.

Respecto de la apostilla, hace presente que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana. Lo anterior, en conformidad con los artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

Arguye que, en este último punto, antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) emitida en representación de la autoridad previsional por la delegación consular de ese país en Chile, era útil para los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) precedente. Seguidamente se debe precisar que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones y la normativa ya indicada referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156. Igualmente es necesario tener presente que la Constancia referida no se encuentra firmada por quien la emite.

Respecto de las declaraciones juradas la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que: “En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, se recurre en contra de la decisión comunicada al recurrente el 23 de octubre de 2025, por medio de la que se informó la negativa de la AFP recurrida a devolver al actor los fondos cotizados, por no haber acompañado el certificado de afiliación en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado. Sin embargo, considera el recurrente que tal requisito es imposible de cumplir, toda vez que Venezuela no mantiene representación diplomática ni consular en Chile que permita la apostilla o legalización de documentos oficiales, entendiendo que los documentos acompañados por este serían suficientes.

Por su parte la recurrida, solicitó el rechazo de la acción por cuanto, y en primer término, lo pedido por la recurrente, que no es otra cosa que una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, no se condice con la finalidad de un recurso de protección, y la excede, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar y de emergencia, y en segundo término, por cuanto la documentación acompañada por el recurrente esto es, una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, norma de carácter excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de realizar un retiro.

TERCERO: Que, para resolver la controversia de autos cabe tener presente que el artículo 7° de la Ley 18.156 establece que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

A su vez, el artículo 1° de la citada ley, señala: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Además, la Circular N°553 de 28 de octubre de 1988, dictada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, actual Superintendencia de Pensiones, dispuso que lo relativo a la afiliación en el extranjero: “debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”.

CUARTO: Que, al respecto, y con el objeto de dar cumplimiento a las exigencias antes señaladas, el recurrente acompañó a su recurso -entre otros antecedentes- una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Sin embargo, dicho documento no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, tal como lo sostiene la recurrida, razón por la cual, no resulta idóneo para satisfacer las exigencias legales. En efecto, la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe emanar de la autoridad previsional competente del país respectivo y, además, encontrarse debidamente apostillada o legalizada, circunstancia que, a la luz de los antecedentes acompañados, no ha sido acreditada.

QUINTO: Que, como se viene razonando, el documento denominado “constancia electrónica de cotizaciones” no ha sido firmado, apostillado ni legalizado, no siendo posible -en definitiva- establecer la legitimidad del documento en cuestión, no dándose cuenta de que el actor tenga un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta vía, al encontrarse controvertido el cumplimiento de los requisitos que establece la ley al respecto.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1807-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.