nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Rancagua Rancagua, once de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por los actos que, a su juicio, vulneran su derecho contemplado en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 18 de junio de 2014 solicitó un crédito a la recurrida por la suma de $1.013.638, pactando para su pago 48 cuotas mensuales y sucesivas de $39.527, pagaderas los días 30 de cada mes, a contar del mes de julio de 2014. Agrega que, cuando llevaba 13 cuotas pagadas, y por problemas económicos, se vio impedida de continuar con los pagos, lo que motivó que la recurrida acelerara el crédito, dando origen a la causa Rol C-3313-2016, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Rancagua.

Agrega que, posteriormente, y a fin de recuperar su situación económica, pidió un segundo crédito a la recurrida, esta vez por la suma de $3.784.434, pagadero en 48 cuotas mensuales de $135.720, a contar de mayo de 2015 y con una última cuota a vencer en mayo de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, su situación económica se vio aún más desmejorada atendido un deterioro de su estado de salud, imposibilitándose el pago de las cuotas, lo que motivó que la recurrida también acelerara el crédito, dando origen a la causa Rol C-6763-2016, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Rancagua.

Indica que la causa Rol C-3313-2016 se encuentra archivada desde el 11 de octubre de 2016 y la causa Rol C-6763-2016 se encuentra archivada desde el 24 de enero de 2017. Sin embargo, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, se encuentra solicitando el desarchivo y el abandono del procedimiento.

Refiere que quedó sin trabajo luego de contraer las obligaciones señaladas, y que luego de periodos de inestabilidad laboral, fue contratada en julio y hasta diciembre de 2025 en la I. Municipalidad de Graneros. En ese contexto, al verificar su liquidación de sueldo del mes de septiembre de 2025, advirtió un descuento en favor de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre por la suma de $234.643 y que, al consultar con su empleador, le respondió que la Caja 18 de Septiembre informó un descuento intercaja de la Caja Los Andes, citando para ello la Ley 18.833.

Afirma que las cuotas descontadas ahora distan mucho de aquellas originalmente pactadas, demostrándose así el actuar arbitrario de la recurrida, quien retomó los descuentos a su arbitrio, aún cuando las causas judiciales se encuentran vigentes, no obstante estar archivadas por responsabilidad de la misma recurrida, abusando de las facultades que le otorga la ley en el artículo 22 de la Ley 18.833.

Afirma que los hechos relatados vulneran su derecho contemplado en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que la recurrida ha puesto a la actora en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con los otros deudores civiles, efectuando un doble cobro, tanto en sede jurisdiccional, como vía descuento de las remuneraciones de la recurrente.

Comenta que, asimismo, el acto recurrido vulnera su derecho contemplado en el N° 24 de la norma recién referida, privando a la recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa, como resultado de su trabajo honesto, no obstante tener vigentes dos causas ejecutivas por la misma deuda.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida desistir en los descuentos por planilla efectuados sobre el sueldo que percibe la recurrente y; asimismo, que proceda a la devolución de todos los dineros descontados con motivo de los créditos de autos, desde la presentación de la demanda ejecutiva y hasta la dictación de sentencia en la presente causa. Todo lo anterior, con costas del recurso.

A folio 6 se concedió orden de no innovar.

A folio 9 informó la recurrida que con fecha 20 de junio de 2018 otorgó a doña nombre reservado el crédito código 117CON101086099, por la suma de $11.408.649.- a una tasa de 0,99%, pagadero en un plazo de 84 meses, con una cuota de $219.623.-, donde las primeras 23 cuotas del mes de septiembre de 2019 a julio de 2021, fueron pagadas entre los periodos del 11 de septiembre de 2019 al 27 de octubre de 2021 y el saldo de capital al 31 de julio de 2021, por $9.229.291 más el interés penal fueron reprogramados el 12 de enero de 2022 por la suma de $9.954.540.- en un plazo de 60 meses, con una cuota de $235.841.-, cuyo primer vencimiento fue el 28 de febrero de 2022, donde la primera cuota en valor nominal, fue pagada con desfase con fecha 21 de octubre de 2025, generando mora por las cuotas del mes de marzo de 2022 a septiembre de 2025 (2 a 44), las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 31 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2027. En su presentación la recurrente omitió la última reprogramación de fecha 28 de febrero de 2022, la que si bien fue iniciada la acción ejecutiva esta nunca fue notificada, por lo tanto, no se ha trabado la litis.

Destaca que la Circular N° 3894 de la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 13 de noviembre de 2025 modificó el Libro III del Compendio de Normas que Regulan a las C.C.A.F. específicamente, el Punto 4 de la Sección I, "MODIFÍCASE EL LIBRO III EN EL SIGUIENTE SENTIDO:", establece las instrucciones relativas al reinicio de los descuentos de crédito social cuando existe una acción judicial iniciada agregando párrafos al numeral 3.1.17.2 sobre cobranza de créditos morosos, señalando que si durante la sustanciación de un juicio ejecutivo por cobro de pagaré que cauciona un crédito social o en caso que la Caja notifique al deudor de una acción ordinaria tendiente al cobro del mismo crédito, se reiniciare el descuento de cuotas desde las remuneraciones o pensiones por el mismo crédito, la Caja, en la etapa judicial de liquidación de la deuda, deberá informar al tribunal dichas cuotas descontadas, a fin que éstas sean rebajadas del monto total adeudado. En consecuencia, en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigibles y cuya acción ordinaria no se encuentra prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833 es pertinente y oportuno.

Argumenta que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, afirma que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. Por último, es enfático en que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la Ley 18.833. Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa.

Sostiene que el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Finalizó solicitando el rechazo del presente recurso por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su parte, en relación con los hechos expuestos.

A folio 15 informó la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre solicitando el rechazo del recurso.

Fundó su solicitud señalando que ha limitado su participación a la intermediación en el cobro de la deuda de crédito social que la señora nombre reservado mantiene con C.C.A.F. Los Andes. Ello, en virtud de la implementación del sistema integrado de recaudación, denominado “Intercajas”. Luego, tal sistema se limita a dar aplicación a la normativa que regula el cobro y pago de las cuotas de crédito social. De este modo, el descuento efectuado en cobro y pago de los créditos sociales de la recurrente malamente podría constituir una actuación arbitraria por parte de dicha Corporación, pues ha limitado su actuación a intermediar en el cobro de esta operación de crédito, en apego al sistema de recaudación integrado “Intercajas”, de suerte que ha requerido a la empleadora actual de la actora el descuento del valor de las cuotas para, luego de recaudar aquel, remesar el dinero a la entidad acreedora; en este caso C.C.A.F. Los Andes.

Agrega que ha requerido el descuento respectivo en los meses de septiembre a diciembre de 2025, por un monto de $234.643, rechazando haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2.- Que, el acto que la parte recurrente reprocha como ilegal y arbitrario consiste en el descuento efectuado en su remuneración del mes de octubre de 2025 por parte de la recurrida, correspondiente a las cuotas impagas de dos pagarés suscritos durante el año 2016, a propósito de dos créditos de consumo. Dichos pagarés se pagarían en 48 cuotas mensuales cada uno, por un monto de $39.527 y $135.820, venciendo la primera de ellas en julio de 2014 y mayo de 2015, respectivamente, por lo que los descuentos se están efectuando en virtud de un documento que, a su juicio, no tiene eficacia para ello, por cuanto el plazo máximo para su cobro es de un año.

Hace presente la recurrente que, si bien en el año 2016 se interpuso dos demandas en su contra, una de ellas nunca fue notificada, y ambas se encuentran archivadas desde el año 2016 y 2017, respectivamente, atendida la inactividad de la recurrida.

3.- Que, al informar la recurrida, indica que se ha hecho aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833, por lo que no existe actuación arbitraria o ilegal de su parte, sin perjuicio de lo anterior, señala que la deuda sería actualmente exigible, ya que la última repactación de la deuda realizada por la recurrente ocurrió en el año 2022, agregando que no ha sido declarada la prescripción de ella, por lo que no ha incurrido en vulneración alguna de derechos de la actora.

4.- Que, de la revisión de los antecedentes, consta que a fin de cobrar los pagarés que sustenta el descuento efectuado a la actora, la recurrida interpuso con fecha 25 de enero y 12 de febrero de 2016, respectivamente, demanda ejecutiva ante el Primer Juzgado Civil de Rancagua, tramitadas bajo el Rol C-3313-2016 y Rol C-6763-2016.

Luego, revisada la causa el Rol C-3313-2016 a través del sistema de tramitación electrónica, consta que mediante sentencia firme y ejecutoriada de fecha 28 de enero de 2026, se acogió la excepción de prescripción de la acción cambiaria opuesta por la recurrente.

Asimismo, consta que en la causa Rol C-6763-2016, la actora interpuso incidente de abandono de procedimiento, el que fue acogido por sentencia firme y ejecutoriada de 17 de diciembre de 2025.

5.- Que, en relación con la alegación de la recurrida consistente en que la deuda de autos tendría el carácter de actualmente exigible, por cuanto la actora habría repactado la misma en el año 2022, ésta debe ser necesariamente rechazada, toda vez que de los documentos acompañados consta que con fecha 12 de enero de 2022 la recurrente reprogramó el pago de las cuotas del crédito obtenido el 20 de junio de 2018; sin embargo, no se acompañó documento alguno que permita establecer que dicha operación de crédito tiene relación alguna con aquellos que motivaron la presente causa, siendo carga de la recurrida probar tal alegación, conforme lo dispone el artículo 1698 del Código Civil.

6.- Que, de lo consignado precedentemente, es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley 18.833 de manera ilegal y arbitraria.

En efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que en la causa el Rol C-3313-2016 se acogió la excepción de prescripción de la acción cambiaria opuesta por la recurrente y, en la causa Rol C-6763-2016, se acogió el incidente de abandono de procedimiento opuesto por la recurrente.

Lo anterior, implica que no se constató una actuación próxima en el tiempo por parte de la recurrida destinada al cobro de las deudas, habida consideración que el origen de las mismas se remonta al año 2014 y 2015, lo que fue reconocido por el tribunal competente, mediante sentencias firmes y ejecutoriadas.

7.- Que, as las cosas, tal como ha sido fallado por la Excelentísima Corte Suprema, entre otros, en autos Rol 1308-2019, queda en evidencia que en el tiempo intermedio entre el vencimiento de la deuda en el año 2017, y el descuento realizado por planilla en octubre de 2025, la recurrida no ejecutó acción alguna que resultare mínimamente eficaz para perseguir su cumplimiento, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, por lo que el acto cuestionado resulta antojadizo, caprichoso y carente de razón, privando a la recurrente de su derecho de propiedad sobre parte de la retribución económica obtenida con motivo de su remuneración, derecho que se encuentra amparado en lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que regula la materia, se declara que, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, y en consecuencia, se ordena que la recurrida se abstenga de solicitar al empleador de la recurrente, el descuento de los saldos impagos de los créditos sociales otorgados mediante los pagarés N° 11.RUT reservado de 18 de junio de 2014, y 11.RUT reservado de 7 de abril de 2015, debiendo además, efectuar la devolución de la cuota indebidamente descontada en el mes de octubre de 2025 y las que, eventualmente, se hubiesen descontado durante la tramitación de estos autos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1767-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.

DICTADA POR LA SEGUNDA SALA DE ESTA I. CORTE DE APELACIONES, SUBROGANDO LEGALMENTE A LA TERCERA SALA.