Protección contra la I

C.A. de Rancagua Rancagua, cinco de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado quien interpuso acción de protección en contra de la I. Municipalidad de Codegua, representada por su alcalde José Alexander Flores Osorio, por el acto consistente en la aplicación de la sanción de pérdida de calidad de apoderada titular de su hijo nombre reservado, estudiante del Colegio Municipal nombre reservado, dependiente del Departamento de Educación Municipal de Codegua.

Expone que es madre y apoderada de su hijo nombre reservado, alumno de 1° año de enseñanza básica del establecimiento educacional antes indicado y con fecha 26 de agosto de 2025, envió un correo electrónico a la docente Sra. nombre reservado, manifestando de forma respetuosa y fundamentada la decisión familiar de no incluir “souvenirs” en una actividad escolar, por razones pedagógicas y ambientales. En dicho mensaje expresó, además, que comprendía la autonomía docente respecto de la evaluación. Agrega que, a dicha comunicación, la docente respondió con un amable “Muchas gracias”, lo que da cuenta de la inexistencia de conflicto o falta de respeto.

Relata que, posteriormente, el día 29 de septiembre de 2025, recibió una citación para asistir a una reunión en el establecimiento, sin que se le informara el motivo de la convocatoria, asistiendo el 30 de septiembre de 2025, participando en ella también la directora del establecimiento, la encargada de convivencia y la asistente social. En dicha instancia se le comunicó que, conforme al Reglamento Interno, se le aplicaba la medida de cambio obligatorio de apoderado titular respecto de su hijo nombre reservado, fundándose en una supuesta denuncia de la docente por “evaluar o cuestionar su trabajo”. Añade que, en la misma reunión, se le informó que el Departamento de Educación Municipal, haciendo referencia a su condición de concejala, lo que a su juicio constituye una vinculación indebida entre su rol público y una situación estrictamente familiar, había remitido antecedentes de este caso a la Contraloría Regional, quien finalmente se abstuvo, devolviendo la competencia al sostenedor, pero estima que este hecho expuso su nombre y cargo innecesariamente, afectando su honra y su imagen pública.

Afirma que, hasta la fecha de interposición del presente recurso, no ha recibido ninguna notificación formal del establecimiento ni del DAEM sobre los fundamentos, cargos o antecedentes de la supuesta denuncia, impidiéndole ejercer su derecho a defensa y apelación, en contravención al debido proceso y al principio de legalidad administrativa. Además, habiendo solicitado el expediente completo del caso, incluyendo denuncias, resoluciones y tramitaciones, dicha solicitud no ha sido respondida. En consecuencia, se trata de un acto y omisión continuada, que mantiene hasta hoy la privación de sus derechos como apoderada y madre, además de una afectación a su honra personal y pública.

Expone que, con lo antes señalado, se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminación arbitraria, ya que la sanción de cambio de apoderado se aplica de manera desproporcionada y sin precedentes frente a un hecho de carácter pedagógico menor, mientras otros apoderados que presentan observaciones o desacuerdos con docentes no reciben igual trato, utilizando su cargo público como contexto para una sanción particular, lo que constituye un trato desigual, contrario al principio de imparcialidad que rige la actuación de la administración.

Argumenta que también se ha vulnerado su derecho al debido proceso y a defensa, porque la sanción se dictó sin comunicación previa de cargos, sin audiencia de descargos, sin derecho a conocer pruebas y sin posibilidad de apelación.

Sostiene que se vulneró su derecho a la honra y vida privada, al remitir los antecedentes a la Contraloría Regional, incluyendo alusiones a su cargo de concejala, lo que constituye una exposición pública innecesaria de su nombre y rol político en un asunto estrictamente familiar, que no guarda relación alguna con el ejercicio de sus funciones.

Reclama también una vulneración del derecho a la educación, al impedirle ejercer el rol de apoderada titular de su hijo nombre reservado, que afecta no sólo su derecho, sino también el de su hijo a recibir una educación con acompañamiento y vínculo familiar.

Afirma que estos hechos deben entenderse también en el marco de la Ley 21.675 sobre Violencia Política contra las Mujeres, en cuanto al uso de su cargo como elemento de exposición y la aplicación de una sanción desproporcionada por su participación crítica en un espacio público, que reproduce patrones de violencia institucional y simbólica que buscan limitar la expresión y la presencia política de las mujeres.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se declare que los actos y omisiones descritos son ilegales y arbitrarios, ordenando dejar sin efecto la medida de cambio de apoderado dispuesta por el establecimiento recurrido, y que el DAEM entregue íntegramente los antecedentes requeridos y adopte medidas preventivas, así como la adopción de las medidas que esta Corte estime necesarias para el restablecimiento del derecho.

A folio 6 se concedió orden de no innovar.

A folio 17 evacuó informe la I. Municipalidad de Codegua solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el hecho que da origen a esta situación fue una denuncia presentada por la docente del establecimiento, doña nombre reservado ante su directora, en contra de la apoderada y recurrente de autos, por haber cuestionado su trabajo y actividad pedagógica programada, invocando la denominada Ley Karin, en la que señaló que corresponde, atendido dispuesto en dicha ley, que una apoderada cuestione y ponga en entredicho la programación de su clase y actividades pedagógicas que organiza junto a su asistente, agregando que se siente mal tratada por esta situación como profesional y como persona, y con el consiguiente miedo por el cargo que ocupa dicha apoderada en la comuna, haciendo presente que no existe problema alguno con el estudiante, preocupándole que luego de su reclamo, la apoderada continúe respetando su función. De esta manera la docente activó el Protocolo de Prevención, Investigación y Sanción del Acoso Sexual, Laboral y Violencia en el Trabajo, ante el funcionario competente del Área de Gestión de Personas del DAEM.

Luego, se pusieron los antecedentes en conocimiento del Asesor Jurídico del DAEM, quien estimó que los hechos denunciados se ajustan a lo dispuesto en la Ley 21.643 que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y acoso laboral, sexual, y violencia en el trabajo, más conocida como “Ley Karin”, por cuanto se da cuenta de un acto hostil, proveniente de un tercero ajeno al establecimiento, dirigido a una docente del mismo. Luego, se enviaron los antecedentes a la Contraloría General de la República para que tomara conocimiento del asunto en atención a que la recurrente, tal como lo indicó la profesora denunciante, además de apoderada tiene la calidad de concejal, todo esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 126 inciso segundo de la Ley 18.883, órgano que se abstuvo de pronunciarse.

Continúa señalando que la medida adoptada no corresponde a una sanción, sino a una medida cautelar sugerida por el asesor jurídico del DAEM, como medida de resguardo inmediata que va en sintonía con lo establecido en la Ley 21.643, con el objeto de impedir que dichos actos hostiles por parte de la apoderada hacia la docente continuaran en el tiempo, siempre y cuando fueran acordes al Reglamento Interno del Establecimiento, recordando que el proceso aplicable en dicha sede debe respetar los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Sobre este punto, refiere que el Oficio NºNUM000, de fecha 26 de agosto de 2025, dirigido por la directora del establecimiento al Alcalde de la comuna de Codegua, en su calidad de sostenedor y máxima autoridad edilicia, señala el estado de afectación y miedo que afectaba a la profesora denunciante, agregando antecedentes relativos a la conducta anterior de la apoderada en el colegio, relativa a cuestionamientos anteriores a otras profesoras exigiendo realizar reuniones de apoderados para hablar de dichas funcionarias y la integración de un comité paralelo al centro de padres, no siendo parte de este último la actora, ni de la directiva de curso, a fin de aplicar una encuesta sin conocimiento del centro referido, ni del establecimiento educacional.

Manifestó que no fue posible asignar a la docente a otros cursos porque en la Escuela hay tres cursos de básica y tres profesores jefes; la apoderada tiene hijos en dos de esos cursos y que un cambio de profesor en un curso sería perjudicial para todos los estudiantes, en definitiva, teniendo presente el derecho de los estudiantes, el cambio de docente perjudicaría su aprendizaje y vulnera sus derechos. La Directora, en la misma línea, estimó que resultaría aplicable el artículo 7 numeral 3 del Reglamento Interno del Establecimiento, que contempla situaciones especiales en donde se podrá solicitar cambio de apoderado, debido a que se considera agresión el denigrar el trabajo de cualquier funcionario del establecimiento, sea presencialmente o por las redes sociales.

Puntualiza que realizó las consultas respectivas a la Superintendencia de Educación, quien señaló que la Escuela realizó y aplicó bien el protocolo de inicio ante el reclamo, y aplicó bien el Reglamento Interno cuando le solicitó por escrito el DAEM, desconociendo si se había realizado un proceso al respecto. Asimismo, que es aplicable al asunto la denominada “Ley Karin”, por agresión de un apoderado a una funcionaria del establecimiento y el DAEM debió realizar el proceso de investigación de acuerdo a dicha norma. También señaló que es correcto que, por Ley Karin, la Escuela no podía informar a la apoderada.

Afirma que no es posible sostener una vulneración al derecho establecido en el artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política de la República, en relación con su derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto el acto recurrido tiene sustento legal, y obedece a la necesidad de proteger la integridad de la Docente, frente a un acto que, contrariamente a lo expuesto por la apoderada, no reviste un hecho pedagógico de carácter menor, pues el cuestionamiento al trabajo de la profesora le produjo un menoscabo en su integridad psíquica, que la motivó a presentar una denuncia ante la Directora del Establecimiento, y activó el protocolo respectivo, posteriormente. En el mismo orden de cosas, la recurrente manifiesta que la medida aplicada supone una discriminación política y de género, expresiones que a juicio de esta parte son improcedentes y, procesalmente hablando, temerarias, pues malamente puede ser un asunto de género, porque la Docente y la Directora, son precisamente mujeres; además, el proceder de esta parte en absoluto es una cuestión política, sino una cautela de derechos hacia una persona que, justificadamente y amparada por la ley, ejerció su derecho al denunciar los malos tratos recibidos por la recurrente de autos.

Señala que, asimismo, de ninguna forma se vulnera el artículo 19 N°3 de la Carta Magna, esto es, el derecho al debido proceso y a la defensa, pues la reserva y confidencialidad en el mismo está amparada en la Ley 21.643. Tampoco se infringe la garantía fundamental contemplada en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política, es decir, el derecho a la honra y a la vida privada, pues se remitieron los antecedentes al Órgano Contralor se pronunciara al respecto, habiendo interpretado previamente lo establecido en el artículo 126 de la Ley 18.883, no para exponer a la recurrente de forma innecesaria, como ella alega. No se vulnera el artículo 19 N°10 del catálogo de Derechos Fundamentales , esto es, el derecho a la educación, porque el rol de apoderado, ante la medida de resguardo aplicada, puede ser ejercido por otra persona de confianza de la recurrente, sea o no miembro de su núcleo familiar; además, y en un sentido práctico, la madre puede asistir al hijo en sus tareas mientras éste se encuentre bajo su resguardo, y fuera de la Escuela.

Sostiene que es la recurrente quien, efectivamente, hace valer en estos autos su calidad de concejala, más que de apoderada del establecimiento, citando referencias hechas por la recurrente, de manera reiterada, a su condición de concejala. De esta forma, es razonable concluir que el temor experimentado por la docente a la calidad de concejala de la apoderada, tal como lo expresó en el reclamo interpuesto, tiene una justificación; y, como ya resulta evidente, estamos en presencia de un acto de violencia en contra de una mujer (docente), por parte de otra mujer (recurrente).

A folio 23 señaló la recurrente que el día 24 de noviembre de 2025 recibió una citación suscrita por el funcionario municipal Diego nombre reservado, en su calidad de “investigador”, para comparecer a declarar en una investigación instruida mediante Decreto SIAPER N° NUM001, del 7 de noviembre de 2025. Agrega que lo más relevante es que dicha citación expresamente señala que debe concurrir en su calidad de apoderada de la Escuela nombre reservado, lo que determina que no es destinataria del Estatuto Administrativo ni de la Ley Karin y no puede ser sometida a procedimientos disciplinarios reservados para funcionarios. Así, el solo hecho de iniciar o continuar un procedimiento disciplinario respecto de una persona ajena al estatuto funcionarial constituye un acto manifiestamente ilegal.

Denuncia, además, que se le negó la entrega de una copia del Decreto Alcaldicio N° NUM001, indicando que solo podría acceder a él una vez que asista a la audiencia, lo que afecta su derecho a defensa y al debido proceso, pues se le exige declarar sin conocer el acto que fundamenta la investigación.

Refiere que la persistencia de estas actuaciones revela un riesgo actual e inminente de reiteración de vulneraciones, en la medida que la recurrida ha demostrado su disposición a forzar interpretaciones jurídicas inexistentes (invocando reserva, confidencialidad o supuestos principios de la Ley 21.643) con el solo objeto de eludir el control judicial, restringir el acceso a la información y mantener a esta parte en un estado permanente de indefensión.

A folio 27, la recurrida evacuó el traslado conferido, señalando que se citó a la recurrente con el objeto de tomarle declaración respecto del tenor de la denuncia interpuesta por la docente en su contra en virtud de Ley Karin, en dicha instancia, la actora recusó al funcionario investigador, la que fue acogida. Luego, recalca que el proceso investigativo iniciado en estos autos, dada la naturaleza de la denuncia, tiene el carácter de reservado, y, aun así, la parte recurrente insiste en requerir antecedentes del mismo y ha acompañado documentos sin solicitar la reserva de ellos, como, por el contrario, lo ha hecho su parte, dado que para la recurrida es un imperativo legal del cual no debe desentenderse, pues es menester resguardar los derechos fundamentales de las partes, especialmente la integridad psíquica de la docente.

A folio 25 y 29 informó la Superintendencia de educación quien, luego de señalar sus facultades y normativa aplicable, señaló que la recurrente interpuso una denuncia por los hechos que motivan la presente causa, la que se encuentra en la Unidad de Fiscalización a fin de determinar si existió algún incumplimiento a la normativa educacional, lo que no conduce necesariamente a un procedimiento sancionatorio, destacando que dicho proceso no mantiene una identidad de objeto con el presente, dado que la Superintendencia sólo observa si existe algún incumplimiento de la normativa educacional vigente.

A folio 32, informó la recurrida un nuevo antecedente, consistente en que la medida temporal de resguardo aplicada a la recurrente al objeto de mantener la separación de espacios físicos entre la docente denunciante y la apoderada de dicho establecimiento, según lo establece la Ley 21.643, ya fue dejada sin efecto.

Expresa que el proceso investigativo, al tenor de la Ley 21.643, instruido mediante el Decreto Alcaldicio Nº NUM001 ya en su etapa final, a modo de conclusión o propuesta, sugiere una acción de mediación entre la docente y la apoderada, coordinada por el DAEM, tendiente a mejorar la relación entre ambas; apoyo psicológico a la docente a través del Servicio de Salud Comunal; y, de no resultar la mediación propuesta, y dependiendo de lo que resuelva esta Corte respecto del recurso, mantener la medida de cambio de apoderado, o, en su defecto, aplicar medidas tendientes a evitar el contacto directo entre ambas personas, resguardando la integridad psicológica de la denunciante.

Destaca que, sin perjuicio de lo anterior, la docente denunciante fue destinada a otro establecimiento educacional, y la directora de la Escuela ha presentado recientemente su renuncia voluntaria a dicho cargo. Por ello, la medida cautelar temporal impuesta ha cesado.

Finalmente, a folio 34, la recurrente señaló que la eventual cesación de los efectos materiales de la medida impugnada no tiene la virtud de extinguir la controversia jurídica planteada, toda vez que subsiste plenamente el interés en obtener un pronunciamiento jurisdiccional que declare la ilegalidad del actuar recurrido, en resguardo del imperio del derecho y con el objeto de evitar la reiteración de actuaciones similares en el futuro. Por lo anterior, solicitó a esta Corte que se rechace la alegación de pérdida de objeto del recurso, pronunciándose sobre el fondo de la acción deducida, declarando la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la recurrida en los términos solicitados en el recurso.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2.- Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por la recurrente, corresponde a la imposición de la sanción consistente en la pérdida de la calidad de apoderada de su hijo nombre reservado, quien es alumno del establecimiento educacional recurrido, dependiente de la I.

Municipalidad de Codegua, lo que habría ocurrido sin un proceso previo, y sin darle la oportunidad de emitir sus descargos. 3.- Que, informando la recurrida, solicitó el rechazo del recurso por haber perdido éste oportunidad, señalando que la pérdida de la calidad de apoderada del hijo de la recurrente si bien no obedeció a una sanción, sino que a una medida de resguardo temporal, consistente en la separación de espacio físico entre la docente del curso al que asiste el alumno y la actora, en virtud de la denuncia realizada contra ésta última en virtud de la Ley 21.643, agregó que dicha medida cautelar temporal cesó, al haber sido nombrada la docente en un establecimiento educacional diverso, y al haber renunciado la directora del colegio.

Añadió que, se remitieron los antecedentes al Órgano Contralor, habiendo interpretado previamente lo establecido en el artículo 126 de la Ley 18.883, y no para exponer a la recurrente de forma innecesaria, como ella alega.

A su turno, informó que, si bien se decretó la reserva de las piezas del proceso, ello se debe a lo dispuesto en el artículo 21 numeral 2 de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, la Ley 21.643, el inciso tercero del artículo 135 de la Ley 18.883, y del inciso segundo del artículo 137 de la Ley 18.834. 4.- Que, en este orden de ideas, del informe evacuado por la recurrida, se observa que reconoce su conducta y que ella se debió a la aplicación de los protocolos establecidos en la Ley 21.643, conocida también como “Ley Karin”, situación que ya no se mantiene, al no encontrarse actualmente la docente prestando servicios en el establecimiento educacional en que la recurrente es apoderada. 5.- Que, en primer lugar, en cuanto a la medida consistente en la pérdida de la calidad de apoderada del hijo de la recurrente, teniendo presente que el acto que motivó la interposición del presente arbitrio constitucional fue dejado sin efecto voluntariamente por la recurrida, a través del cese de la medida cautelar impuesta, se tiene que la acción deducida -en este extremo- ha perdido oportunidad, en tanto el acto o conducta eventualmente vulneratoria ha desaparecido, no existiendo medidas adicionales que esta Corte pudiere adoptar. 6.- Que, en segundo lugar, en lo que dice relación con la negativa de la recurrida a entregar copia de todos los antecedentes relativos a la denuncia contra la actora, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 211-B del Código del Trabajo, reemplazado por la Ley 21.643, en cuanto señala en relación con la investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, que: “Los procedimientos de investigación regulados en este párrafo deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género”, norma que se reitera en el artículo 199 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y artículo 137 de la Ley del Estatuto Administrativo, motivo por el cual el funcionario investigador se encontraba facultado para establecer la reserva de los antecedentes de la investigación. 7.- Que, de lo anterior, puede sostenerse que la reserva decretada, y que motivó la negativa a entregar copia de los antecedentes de la investigación a la recurrente, no puede ser calificada de ilegal, sobre todo si se considera que no le fueron formulados cargos como consecuencia de dicha investigación, etapa procesal en la cual sí resultaba exigible que la actora conociera todos los antecedentes en los cuales se pudieren haber fundado los eventuales cargos, en caso de haber existido, ni tampoco arbitraria desde que los actos reclamados fueron adoptados para asegurar el éxito de la investigación. 8.- Que, por los motivos antes anotados, la presente acción será rechazada, según se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso deducido por doña nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de Codegua.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1759-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.