Protección contra Salomón

C.A. de Rancagua Rancagua, seis de abril de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 29 de diciembre de 2022, comparece nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en favor de su hijo nombre reservado, en contra de Salomón, Director del Colegio nombre reservado, en virtud de los siguientes antecedentes:

Explica que es padre de nombre reservado y que por resolución del colegio antes indicado de fecha 17 de junio de 2022, se aplicó la medida de cancelación de matrícula para el año 2023, fundado en un hecho ocurrido el 7 de junio del año pasado.

Al respecto indica que la profesora de Historia, habría relatado que su hijo ingresó a la sala después de un atraso y pasa por encima de ella, empujándola de forma muy violenta.

Indica que de acuerdo a lo informado por su hijo, eso no es efectivo.

Para tal efecto presentó en el colegio un audio de un compañero que estaba presente en el que se indica que su hijo nombre reservado no fue violento.

Considera que la sanción es arbitraria, dado que se presentaron pruebas que no se tomaron en consideración, tampoco hay algún informe de la profesora que dé cuenta de lesiones.

Estima que se están vulnerando los derechos de su hijo para seguir estudiando en el colegio que ha estado siempre, separándolo de sus pares y de su ambiente escolar.

Menciona que después de esta situación su hijo sufrió una depresión severa y en el mes de octubre estuvo internado en la clínica “Los Tiempos” de Santiago, por dos semanas para tratarse.

Espera que se revierta la medida de cancelación de matrícula para el año 2023 y pueda seguir en el colegio, puesto que está comprometido, dispuesto a estudiar, y así se lo manifestó a su profesor.

El establecimiento educacional recurrido en su informe de 25 de enero de 2023, folio 15, indicó lo siguiente:

En primer lugar, alegó la extemporaneidad de la acción constitucional fundado en que desde la fecha en que se aplica la sanción de cancelación de matrícula y la interposición del recurso por parte de la contraria han transcurrido latos 188 días corridos, lo que excede con creces los 30 días corridos que el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección señala en su numeral 1°.

En subsidio y en cuanto al fondo pide el rechazo con costas por cuanto lo relatado por la contraria es parcialmente cierto, ya que, es verídica la agresión a la profesora, pero olvida ciertos hechos que son necesario hacer presente y que justifican el actuar de su representada y su decisión, todo lo cual se enmarca dentro las atribuciones de la Ley N° 21.128.

Precisa que durante el año 2022 el niño Sr. nombre reservado, realizó las siguientes actividades contrarias al reglamento interno, a saber: a) 14 de marzo del año 2022, alrededor de las 16.30 horas, es sorprendido por la profesora de inglés Sra. nombre reservado portando una cortapluma, lo que es una contravención grave al reglamento interno de sana convivencia, por lo cual se activa el protocolo correspondiente, lo que genera como medida final el envío de los antecedentes al Ministerio Público y condicionalidad de matrícula, lo que es notificado por carta certificada al domicilio de los apoderados. b) 23 de marzo del 2022, alrededor de las 10.45 horas, es sorprendido fumando al interior de los baños del colegio, quien al momento de ser confrontado por una inspectora le señala “¿quién eres tú?, ¿qué te crees?, no quiero hablar contigo”, razón por la cual es derivado el caso a la oficina de protección de derechos de infancia. c) 7 de junio del 2022, luego del recreo llegó atrasado a clases de la profesora Andrea, junto a 2 compañeros de curso, por lo cual, la profesora solicita que vayan a Inspectoría a pedir el pase de ingreso, a su regreso al momento que otorgar el ingreso a clases el Sr. nombre reservado empuja con su cuerpo a la profesora, diciéndole “ha! Por esa huevada no me dejará entrar”, a lo que la profesora le señala que ella no es su amiga para que le hable de esa manera y que se diera cuenta que estaba en un colegio, por lo cual, se llamaría a Inspectoría.

Hace presente que, días después de lo relatado anteriormente la profesora agredida concurre a Mutual de Seguridad, organismo que le otorga licencia médica por 8 días producto de los hechos descritos en el párrafo anterior (le generó estrés agudo), esto en atención a lo señalado en el artículo 184 del Código del Trabajo, en relación a La ley N° 16.744 Luego de lo relatado asiste la madre del menor y se le informa que se iniciará el protocolo de la Ley N° 21.128. Posteriormente el día 8 de junio se toman las medidas investigativas y en forma cautelar se suspende al Sr. nombre reservado de acuerdo a la legislación vigente, en concordancia con el proceso correspondiente, los apoderados del alumno realizan los descargos.

El 14 de junio se realiza una reunión con los apoderados del alumno la cual fue grabada por parte del recurrido, luego negándose a firmar los documentos que daban el fallo del proceso bajo las reglas de la ley conocida como aula segura.

El día 16 de junio del año 2022, el apoderado realiza una apelación a la sanción aplicada, el día 17 de junio se realiza un Consejo de Profesores, que en forma unánime recomiendan la expulsión, sin embargo, para no afectar su derecho a la educación y los procesos educacionales el Rector toma la decisión de aplicar la medida inmediatamente anterior, es decir, cancelación de matrícula, la cual es aceptada por la apoderada mediante su firma en el documento respectivo.

Recuerda que el alumno Sr. nombre reservado se encontraba en la situación de condicionalidad desde el mes de marzo del año 2022, razón por la cual, al agredir a una profesora y vulnerar nuevamente en forma gravísima el Reglamento Interno de sana convivencia, procedía aplicar la cancelación de matrícula o la expulsión según fuese el caso, cosa que ocurrió ajustado a la normativa legal vigente.

Hace presente que se puede apreciar que, con fecha 17 de junio la madre del menor Sr. nombre reservado, tomó conocimiento y aceptó la medida de cancelación de matrícula, momento en el cual se le hacen presente todos los plazos que ella tiene para cambiar de colegio a su hijo, razón por la cual, el presente recurso de protección es totalmente antojadizo, ya que, ahora el padre del menor, intenta evadir la responsabilidad de lo que la madre ha aceptado, lo que lleva a la aplicación absoluta de la teoría de los actos propios.

Agrega que el proceso antes descrito ha sido aplicado de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria vigente, por lo tanto, no existe actuar ilegal alguno de su representada y no se debe olvidar que la acción que sigue luego de una condicionalidad, sin embargo, en atención al proceso educacional esta fue sustituida por la de cancelación de matrícula y así permitir que el Sr.

nombre reservado completara el año lectivo y tener tiempo para buscar un colegio nuevo, lo que hace que no haya arbitrariedad en la decisión tomada, al extremo que la apoderada Sra. nombre reservado la aceptó al momento de su notificación.

Destaca que luego de 7 meses de aplicada la sanción de cancelación de matrícula y con el único ánimo de revivir un plazo fenecido el padre Sr.

nombre reservado, hace entrega de una “apelación” a la sanción aplicada y aceptada con mucha antelación, lo que demuestra la mala fe con la que actúa el recurrente, por lo que su actuar negligente, no puede ser causal de una acción constitucional, más aún como se ha señalado anteriormente esta fue aceptada por la cónyuge y madre del recurrente y beneficiado respectivamente.

Por último menciona que el actuar de mala fe del recurrente, se demuestra en que convenientemente acompaña en los documentos de su recurso la resolución de la apelación que ella presentó en el mes de junio y convenientemente no se encuentra la firma de ella en señalar de aceptación, cosa que se contrasta con el documento que se acompaña en otrosí.

Informó el recurso la Superintendencia de Educación de esta región con fecha 18 de febrero del presente año, en el folio 19, en los siguientes términos:

Indicó que existe un expediente NUM000 derivado por la Unidad de Comunicaciones y Denuncias, de 11 de julio del año pasado, relativo a la aplicación de medida disciplinaria de expulsión o cancelación de matrículas.

El expediente fue derivado a la Unidad de Fiscalización por observar eventuales infracciones a la normativa educacional. Se realizaron diligencias o solicitudes que tenían por objeto dilucidar el procedimiento de aplicación de la medida disciplinaria, si se efectuó conforme a derecho o si existieron hechos que eventualmente constituyan infracciones.

Terminadas las diligencias, se consignaron en el acta de fiscalización, observaciones y se ordenó instruir procedimiento administrativo, designando el fiscal respectivo.

Luego se refiere a las facultades y atribuciones que tiene en esta materia y la normativa aplicable en la especie contenida en la ley N°20.529 y DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación y menciona, en relación con los hechos, que fue formulado un cargo en contra del establecimiento educacional con fecha 4 de noviembre de 2022, que fue notificado en idéntica oportunidad, por no cumplir con la normativa vigente en procedimientos de expulsión y/o cancelación de matrícula, según lo dispuesto en el artículo 6 del citado D.F.L. y Resolución exenta N°626 de 29 de septiembre de 2021, que aprueba procedimiento de revisión de medidas de esta naturaleza en establecimientos educacionales que perciben subvención del Estado.

Menciona que se presentaron descargos y medios de prueba y el fiscal debe efectuar el análisis de los antecedentes, para luego confeccionar el informe respectivo que presentará una propuesta de sanción al Director Regional del Libertados Bernardo O’Higgins, quien luego debe dictar una resolución que apruebe el procedimiento administrativo y aplique sanción o sobresea.

Se dio traslado a la recurrente de la alegación de extemporaneidad, el que no fue evacuado dentro del plazo concedido.

La Corte dispuso como trámites agregación por las partes del reglamento de convivencia escolar, que se informe si el hijo del recurrente se encuentra actualmente estudiando.

Mediante presentación de fecha 3 de abril del presente año, folio 43, el recurrente hizo presente que su hijo nombre reservado, no se encuentra matriculado en ningún establecimiento educacional para el año 2023, a la espera de la resolución de este recurso de protección.

A su turno el Director Regional de la Superintendencia de Educación, con fecha 20 de marzo del presente año, folio 36, adicionó a su informe que se inició proceso administrativo y se designó fiscal instructor mediante resolución de 5 de septiembre de 2022, dado que los hechos podrían significar una eventual transgresión a lo dispuesto en la letra d) del artículo 6 del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación. Indica que a juicio del fiscal instructor se procedía formular cargos N° NUM001 el 4 de noviembre de 2022, en cuanto fue posible dilucidar la afectación a la normativa educacional vigente en el procedimiento de expulsión y/o cancelación de matrícula, lo que implicaría la calificación infraccional de carácter grave de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 letra h) de la Ley N°20.529. El establecimiento educacional formuló sus descargos el 18 de noviembre de 2022 y en la actualidad el proceso administrativo se encuentra en etapa de generación del informe de ponderación al mérito, por parte del respectivo fiscal, quien viene sugerir el sobreseimiento o la confirmación del cargo formulado, además de la eventual sanción en el caso de la segunda opción.

En relación a si el estudiante se encuentra matriculado para el presente año educacional 2023, indica que no cuenta con registros para verificar esa información y las materias de competencia del Ministerio de Educación.

Finalmente esta última repartición ministerial, en su informe de fecha 23 de marzo de 2023, folio 39, indicó que la Unidad Nacional de Registro Curricular le señaló que el adolescente nombre reservado, registra como última matrícula aquella disiente a contar del 17 de junio de 2022 en el segundo año medio C del colegio nombre reservado, Rol Base de Datos NUM002, ubicado en DIRECCION001, Machalí, no registrando matrícula posterior.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es constitutivo de un instrumento cautelar destinado a resguardar de un modo urgente aquellas que estén amagadas para restablecer así el imperio del derecho. 2° Que con relación a la extemporaneidad alegada por la recurrida se debe tener presente que si bien el recurso fue presentado el 29 de diciembre de 2022, mediante formulario que al efecto la Corte tiene a disposición de los usuarios, y en él se indica por el recurrente que con fecha 17 de junio de 2022, tomó conocimiento de los hechos que motivan la presentación de la acción constitucional, no puede soslayarse que los efectos de la cancelación de la matrícula escolar para el hijo del recurrente solo se concreta a finales del año 2023, fecha en que se inician las postulaciones a los establecimientos educacionales, entre ellos el recurrido, quien ha negado otorgar el servicio educacional para este año.

En consecuencia, tomando en consideración que los efectos del acto recurrido sólo se concretan en diciembre del año 2022, fecha en la cual se inician las matrículas, resulta aplicable lo dispuesto en el N°1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, en cuanto a que el plazo para deducir la acción constitucional es de treinta días corridos contados desde que el acto u omisión produce sus efectos, la acción constitucional no resulta ser extemporánea. 3° Que en cuanto al fondo cabe indicar que el acto impugnado por el recurrente consiste en la decisión de la recurrida de cancelar la matrícula educacional para el año 2023, respecto del hijo menor del recurrente, nombre reservado, por haber incurrido en faltas a la normativa interna del establecimiento educacional y la Ley N°21.128 sobre Aula Segura, todo lo cual vulnera el derecho a la educación asegurado en la Constitución Política de la República. 4° Que, al efecto, como primera cuestión cabe precisar que en el acto recurrido de fecha 17 de junio de 2022, no hace referencia alguna a las normas del Reglamento de Convivencia Escolar, que se denuncian infringidas por el estudiante y que motiven la sanción impuesta, lo que ya en si implica una vulneración al debido proceso que debe seguir el establecimiento denunciado para efectos de imponer la sanción de expulsión y cancelación de la matrícula para esta anualidad escolar. De hecho el mismo protocolo aplicable en estos casos, impone el deber de explicitar en la carta de notificación los motivos que sustentan la aplicación de la medida, e indicar las normas del Reglamento que justifican la aplicación de la misma.

Por otra parte, tampoco se da cuenta en los antecedentes agregados al proceso por la recurrida que haya dado cumplimiento estricto a los protocolos que para tal efecto contempla ese mismo reglamento en sus artículo 33 y siguientes, a propósito de la implementación y ejecución del debido proceso y la cancelación de la matrícula, las que solo pueden aplicarse, cuando sus causales estén claramente descritas en el Manual de Convivencia Escolar y, además, afecten gravemente la convivencia escolar, puesto que no consta en los antecedentes acompañados que se haya señalado a los padres y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones, dejando constancia por escrito con firma de él o ella y la implementación de medidas de apoyo pedagógico o psicosocial. 5° Que a lo anterior se deben sumar los cargos que se le formularon al establecimiento recurrido por parte de la Superintendencia de Educación en el Acta de Fiscalización NUM003 de 2 de septiembre de 2022 y su respectivo Informe Técnico de Derivación a Fiscalización, que da cuenta de la existencia de discrepancias entre los documentos aportados por el establecimiento y los apoderados; como también que dado los hechos no se debió aplicar el procedimiento de aula segura contemplado en la Ley N°21.128 y menos la medida cautelar de suspensión; además de serias discrepancias entre el registro de la anotación que realiza la profesora afectada y las diversas notificaciones y declaraciones entregadas a los padres y apoderados y aportados por ellos; todo lo cual evidentemente son constitutivas de infracciones al debido proceso, desde que no existe congruencia respecto de los hechos que finalmente motivaron la adopción de una decisión extrema de cancelación de la matrícula. 6° Que al respecto cabe consignar que del análisis de la Constitución Política de la República, se puede desprender que la educación es el derecho que el Estado, como tal, debe garantizar a todas las personas, sin discriminar.

En efecto, en su artículo 19 Nº 10, la Carta garantiza el derecho a la educación y ello ha de ser entendido en un doble sentido, el derecho de educar a los hijos y a elegir donde se educan, derecho amparado en el numeral 11 del artículo citado -expresamente garantizado por el recurso de protección- como bien lo señala la doctrina al sostener que "el constituyente incorpora un criterio fundamental en materia de educación: los primeros educadores son los padres y por ello se les asegura: a) el derecho preferente de educar a sus hijos, lo que, además, es un deber; y b) la facultad de elegir para ellos el establecimiento de enseñanza que ha de complementar la educación recibida en el medio familiar" (Enrique Evans de la Cuadra. Los Derechos Constitucionales, Tomo III, Tercera Edición, actualizada por nombre reservado.

Editorial Jurídica de Chile, pág. 336). 7° Que, en este contexto, y tomando en consideración los hechos antes referidos, se concluye que el establecimiento recurrido no adoptó ni siguió en estricto rigor el protocolo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria correspondiente, por lo que, en definitiva la decisión adoptada en relación al joven nombre reservado aparece del todo arbitraria y por lo demás, desproporcionada, atendido que si bien el colegio recurrido señala que el adolescente habría incumplido de manera sistemática la normativa escolar, no acompañó ningún registro que acreditara dicha circunstancia, ni menos que esos hechos hubiesen sido puestos en conocimiento de los padres de aquél, que permitan tener por establecido que la medida tan gravosa impuesta corresponde a la última de otras anteriores de menor entidad. 8° Que las razones antes mencionadas son suficientes para concluir que la recurrida ha realizado un acto que pudo haber dejado a un adolescente sin la continuidad de su proceso educacional, consistente en la cancelación de matrícula del establecimiento donde estudiaba, lo que además de ilegal, torna la medida en arbitraria, falencias que desde luego se unen a la evidente falta de proporcionalidad y razonabilidad, frente a lo cual corresponde otorgar la indispensable defensa, adoptando las medidas necesarias conducentes a restablecer el imperio del derecho, esto es, que el colegio recurrido permita la renovación de matrícula al adolescente nombre reservado, para el período escolar 2023.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad efectuada por la recurrida.

II.-Que se acoge, sin costas la acción deducida por nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra de Salomón, Director del Colegio nombre reservado, y se ordena al recurrido renovar la matrícula del adolescente antes señalado para el presente año escolar 2023 y adoptar todas las medidas necesarias para que el estudiante pueda recuperar las clases perdidas de marzo a la fecha.

Acordada la decisión de rechazar la alegación de extemporaneidad con el voto en contra de la Ministra Sra. de nombre reservado, quien fue de opinión de acogerla, atendida la circunstancia, reconocida por el recurrente, en cuanto a que la decisión de cancelación de matrícula le fue notificada el 17 de junio de 2022, sin que después de dicha fecha la recurrida dictara otra resolución ni el recurrente realizara alguna gestión o petición ante el establecimiento educacional que pudiera hacer estimar la ampliación del plazo, habiendo interpuesto este recurso el 29 de diciembre de 2022, es decir, habiendo transcurrido en exceso el plazo de 30 días que señala el Auto Acordado que regula esta materia.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 17557-2022 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.