Protección contra Superintendencia de Seguridad Social
- Fecha
- 12 de julio de 2023
- Sala
- Segunda
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 17357-2022, sentencia de 12 de julio de 2023
Resumen
Se rechaza por extemporáneo el recurso de protección deducido en favor del titular contra la Superintendencia de Seguridad Social y la Compin Rancagua, acogiéndose la excepción de extemporaneidad; se desestima la excepción de improcedencia.
Texto íntegro
C.A. de Rancagua Rancagua, doce de julio de dos mil veintitrés.
VISTOS:
Con fecha 21 de diciembre del año 2022, comparece Fundación Valídame, en favor de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, con domicilio en domicilio reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, rol único tributario N° 61.509.000-K, representada legalmente por la Superintendente de Seguridad Social, doña Pamela Alejandra Gana Cornejo, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; y en contra de la Compin Rancagua, rol único tributario N°61.601.000-K, representada legalmente por su Presidenta, doña nombre reservado
nombre reservado, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que en su presentación expuso.
Indica que a la fecha de interposición del recurso, aún no se regulariza el pago de los subsidios por incapacidad laboral por enfermedad común del trabajador, y que como resultado de dicha acción, se produjo un deterioro artificioso de la base de cálculo del aporte adicional de las Compañías de Seguros del Contrato N°6, que cubrían el riesgo para AFP Provida S.A. en calidad de contratante del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS para el trabajador, quien ostenta la calidad de beneficiario cubierto mediante el Contrato N°6 de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G.
Plantea que este es un mecanismo arbitrario e ilegal que permite que de forma artificial se disminuya el monto de la Pensión de Invalidez Total Definitiva percibida a la fecha por su representado, pensión de invalidez devengada a partir del día 11 de febrero del año 2020, que produce detrimento patrimonial día tras día.
Indica que con fecha 29 de julio de 2021 quedó ejecutoriado el Dictamen N°NUM001 de la Comisión Médica Regional de Rancagua de la Superintendencia de Pensiones, que otorga Invalidez Total y Permanente 2/3 a su representado, con un menoscabo laboral de 78.0%. Dicho dictamen, establece expresamente que la pensión de invalidez se devengará desde el día 11 de febrero de 2020, o a contar del día siguiente del término de la licencia médica vigente.
Señala, que su representado afiliado al Sistema Previsional Chileno regulado por el D.L. 3.500 de 1980, ha realizado, dos Solicitudes de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez descritas en el Libro III, Letra D, Pensión de Invalidez, del Compendio de Normas del Nuevo Sistema de Pensiones, en condiciones de afiliado cubierto por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Artículos 4º y 11º.
Afirma que existe una correlación sospechosa, entre la negativa de las recurridas de aprobar el pago de los subsidios por incapacidad laboral por enfermedad común del trabajador afiliado cubierto, y el deterioro inmediato de las bases de cálculo de las últimas 120 rentas, para que las Compañías de Seguros que cubren el riesgo del SIS contratado por AFP Provida S.A para ir en cumplimiento de una de las disposiciones legales del DL 3500, que consiste en realizar el Aporte Adicional, aporte irracionalmente menguado de forma artificiosa en caso de no pago de licencias médicas, Aporte Adicional que tiene como objetivo de cobertura cubrir aquel capital que les permita a los trabajadores declarados inválidos financiar sus pensiones de invalidez con montos definidos claramente por la ley, 50% si es Invalidez Parcial Transitoria o 70% del promedio de sus rentas de los últimos 10 años, reajustadas por el IPC y divididas por 120, si es declarado Invalido Total Definitivo 2/3, siendo en la práctica la cobertura real absolutamente inferior a lo establecido por el contrato del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS cuando no se pagan los subsidios por incapacidad laboral, en relación y armonía con la prima del seguro efectivamente pactada en los contratos y cobrada a los empleadores por las compañías de seguros a partir de la puesta en marcha de la Ley 20.255.
Asegura que mediante este mecanismo perverso se obliga a los empleadores a pagar más por un seguro que cubre menos, siendo obligados los trabajadores a percibir pensiones de invalidez de inferior cuantía a los porcentajes establecidos por el legislador respecto del promedio de sus rentas reales, o los montos que corresponderían en un proceso racional y justo, respetando el derecho al debido proceso, realizado con apego irrestricto a la legislación vigente y los principios rectores de la función pública, entre los que se encuentran el principio de probidad, proporcionalidad, motivación, entre otros.
Relata que su representado inicia reposo laboral con derecho a licencia médica de manera casi ininterrumpida, a partir del 12 de febrero del año 2016, debido a una serie de patologías; sus licencias fueron aprobadas de manera continua hasta la licencia N°NUM002; de fecha 16 de mayo de 2017. Cada una de las licencias médicas rechazadas de forma posterior fueron reclamadas ante los organismos administrativos competentes en diversas fechas Indica que la Solicitud de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez aludida se suscribe el 11 de febrero de 2020, finalizando el 26 de junio de 2020, de acuerdo con el Dictamen de invalidez N°NUM003 de fecha 27 de mayo de 2020, dictado por la Comisión Médica de la Región de Rancagua, en el que se reconoce y declara que su representado tiene una Invalidez Parcial Transitoria, a contar del 11 de febrero de 2020.
Relata que sin cambios en su condición de salud se realiza la segunda Solicitud de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez que se suscribe el 17 de marzo de 2022, finalizando el 29 de julio de 2022, de acuerdo con el Dictamen de invalidez N°NUM001 de fecha 29 de junio de 2022, dictado por la misma Comisión Médica de la Región de Rancagua, en el que se reconoce y declara que nuestro representado tiene una Invalidez Total Definitiva superior a 2/3, sólo cuando no media la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS.
Hace presente que dicha pensión equivale de acuerdo con la normativa vigente al 70% del promedio de los últimos 120 meses actualizados por el IPC y divididas por 120. Por tanto, el rechazo de las respectivas licencias médicas implica un detrimento patrimonial importante, puesto que rebaja artificialmente el monto del promedio de las rentas del trabajador, cuestión que implica disminución proporcional del Aporte Adicional de las Compañías de Seguros que cubren el riesgo para los afiliados de las AFP mediante el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS, y como consecuencia de lo anterior una disminución artificiosa del monto de la pensión de invalidez ya sea Invalidez Parcial Transitoria o Invalidez Total Definitiva, como es el caso en comento, de paso beneficiando de forma bastante sospechosa a la industria de las pensiones como contratante de la póliza del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia SIS y mercado asegurador en calidad de oferente, en directo perjuicio de trabajadores que enfrentan una enfermedad común, alterando de forma mañosa el cumplimiento de los contratos, un trabajador enfermo sin derecho a licencias médicas y sin derecho a pensión de invalidez, o en su defecto, con montos de pensión de invalidez disminuidos y deterioro patrimonial por aporte adicional inferior al establecido en la ley, es decir, algo bastante parecido a un trabajador inválido esquilmado, por lo tanto vulnerado en su derecho a la integridad física y psíquica.
Asegura que todas las licencias médicas fueron emitidas por médicos de profesión, especialistas en el área correspondiente, habilitados para el ejercicio de la profesión por la autoridad respectiva; y habilitados para otorgar licencias médicas de acuerdo a lo establecido por el D.S. Nº3, de 1984, del Ministerio de Salud - que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas.
Afirma que no se observa en las actuaciones de las recurridas a la hora de resolver la cuestión sometida a su consideración, la observancia irrestricta a los principios rectores de la función pública, probidad, racionalidad, motivación, proporcionalidad, más bien se observa un actuar caprichoso, concomitado, antojadizo, irracional en la interpretación de la normativa, al no aprobar licencias médicas válidamente emitidas a sabiendas que serían incluidas en el cálculo del aporte adicional, siendo periodos con renta $0 por subsidios no pagados, cuestión que les permite con sus actuaciones sospechosas, por una parte excluir arbitrariamente al trabajador del pago del subsidio que en derecho le correspondía, y de paso participar deteriorando la base de cálculo del aporte adicional de las Compañías de Seguros del Grupo N°6 al incluir todos aquellos periodos sin pago de subsidio, para que las empresas administradoras de la Seguridad Social puedan seguir lucrando, sin sistemas de fiscalización efectivos.
Señala que Isapre Nueva MasVida, entidad a la que se encuentra afiliado nuestro representado, no solo ha rechazado sistemáticamente las licencias médicas de nuestro representado, sino que además, cuando se aprueban no se pagan porque dejan las cuatro licencias médicas anteriores sin ser aprobadas, cuestión casi más bien de cartel organizado para impedir el acceso a los instrumentos de la Seguridad Social, y no sólo no le pagan los subsidios por incapacidad laboral en tiempo y forma, cuándo se entiende que las enfermedades que le aquejan se encuentran en el cumplimiento de protocolos Ministeriales establecidos por el legislador; sino que además, ha sido sometido a un sistema de cobranza y hostigamiento, rayando en lo amoral, por el no pago de las cotizaciones de salud, que la misma entidad encargada del subsidio debía pagar; es decir su Isapre, no solo le niega sistemáticamente su derecho a Seguridad Social; a su derecho de propiedad sobre sus bienes corporales e incorporales, recursos económicos para subsistir en medio de las enfermedades y para la protección de su integridad física y psíquica, dejándolo sin recurso alguno y sin poder realizar trabajo alguno, de acuerdo a lo señalado por el propio DS N°3, sino que además, le hostiga, conociendo su delicado estado de salud, poniendo en riesgo su integridad física y psíquica, cada mes al requerir el pago de sus cotizaciones de salud y someterlo a estrés más allá de lo razonable. Lo más grave, sin embargo, es que esta denegación de derechos es refrendada por el actuar tanto de la Compin Rancagua: que rechaza licencias médicas sin fundamento plausible, considerando el reposo no justificado, a pesar de los informes médicos de los especialistas.
Previas citas legales, solicita se sirva tener por interpuesto el presente Recurso o Acción Constitucional de Protección en contra de las recurridas, y en definitiva, acogerlo, dejando sin efecto las resoluciones administrativas que hayan impedido o ratificado los rechazos de los subsidios por incapacidad laboral y decretar que se aprueban las licencias médicas que individualiza en un recuadro de su acción, y que se debe establecer el mecanismo racional de pago y aprobación efectiva sin limitación alguna.
Junto con ello y respecto de un segundo recuadro de licencias que en su recurso detalla, solicita se declare tener por justificado el reposo médico, ordenando el pago de todos y cada uno de los meses de subsidios adeudados y todos los derechos que emanan de dicha aprobación, notificando de lo obrado a la AFP del afiliado, AFP Provida S.A,, para que se recalcule y reliquide el Aporte Adicional de las Compañías de Seguros, las diferencias de pago de pensiones de invalidez adeudadas a la fecha con sus respectivos intereses y multas, por cuanto su aprobación y no pago, o rechazo y no pago, importa un acto ilegal y arbitrario, respecto de las garantías constitucionales que amparan a don nombre reservado, y de las leyes que correspondan por el daño patrimonial al que ha sido sometido arbitraria e ilegalmente, todo con expresa condena en costas.
Con fecha 22 de febrero del año 2022, compareció la Compin de O’Higgins y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que revisados los antecedentes del recurrente, las licencias médicas de fecha 17-12-2020, 07-01-2021, 22-01-2021, 21-02- 2021, 23-03-2021, 22-04-2021, 22-05-2021, 21-06-2021, 06-07- 2021, 05-08-2021 y 04-09-2021, fueron rechazadas (aun con una instancia de apelación ante la Compin), indicando que el motivo del rechazo fue: "Cotizante presenta invalidez aprobada y ejecutoriada por un diagnóstico igual o relacionado" de esta forma, se observa en sistema: "Presenta D.E 10/07/2021 CON UN 62.0%.
Pensión de invalidez transitoria. Puede apelar con acta de resolución".
Por su parte y en referencia a las licencias de fecha 06-06- 2017, 27-06-2017, 18-07-2017, 12-01-2018, 17-11-2020, indica que estas fueron tramitadas, utilizando todas las instancias de apelación en COMPIN, por lo que el usuario puede continuar su proceso en la Superintendencia de Seguridad Social, agregando que de modo similar a los casos anteriores, las dos apelaciones asociadas a la licencia médica folio NUM004 fueron rechazados ya que "cotizante presenta invalidez aprobada y ejecutoriada por un diagnóstico igual o relacionado".
En cuanto a las apelaciones correspondientes a las licencias médicas folios: NUM005, NUM006, NUM007 y NUM008, explica que estas fueron rechazadas, en doble instancia, por causal de reposo prolongado, ya que este "no se encuentra justificado según los antecedentes clínicos aportados".
Agrega que las licencias médicas que, según sus antecedentes han sido apeladas y rechazadas por la Superintendencia de Seguridad Social, son las siguientes: 08-08- 2017, 23-05-2018, 22-06-2018, 22-07-2018 y 21-08-2018.
Respecto a este grupo de licencias médicas, mencionar que sus recursos de reposición y apelaciones fueron rechazados por esta comisión por causal de reposo prolongado, ya que este "no se encuentra justificado según los antecedentes clínicos aportados".
Menciona que el Dictamen de Invalidez N°NUM001 de fecha 29 de junio de 2022 al cual hace referencia el recurso interpuesto por el Sr. nombre reservado, tiene fecha posterior a los dictámenes emanados de esta comisión médica, así como de la SUSESO.
Igualmente, cabe mencionar que a la fecha no se han recibido nuevas apelaciones, con el antecedente antes mencionado, para este caso.
Finalmente, con fecha 6 de marzo del año 2023, comparece la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y procedió a evacuar el respectivo informe, haciendo valer primeramente excepción de extemporaneidad por cuanto como consta de la copia del expediente administrativo código PAE NUM009, el 8 de marzo de 2019 el interesado recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la Compin de O’Higgins, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, extendidas por un total de 141 días a contar del 8 de agosto de 2017 emanado de la Isapre Nueva Masvida S.A., por reposo no justificado.
Conforme a lo indicado, mediante la Resolución Exenta Nº NUM015, de 7 de mayo de 2019, y previo estudio de los antecedentes del caso, esta resolvió: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM010, NUM011, NUM012, NUM013, NUM014, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal de causa psiquiátrica más allá del periodo de reposo ya autorizado”.
Así, la referida Resolución concluye que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s NUM010, NUM011, NUM012, NUM013, NUM014, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.
Enfatiza que si bien el interesado interpone la presenta Acción de Protección por el rechazo una serie de licencias médicas, con reposo desde el 6 de junio de 2017 al 4 de septiembre de 2021, sólo ha interpuesto una reclamación administrativa ante su representada por las licencias médicas Nºs. NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, sobre la cual ya se dictaminó mediante la Resolución Exenta Nº NUM015, de 7 de mayo de 2019, sin que haya interpuesto reclamo administrativo de ningún tipo ante la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de las licencias médicas Nºs. NUM016, NUM017, NUM018, NUM019, NUM004, NUM020, NUM021, NUM022, NUM023, NUM024, NUM025, NUM026, NUM027, NUM028, NUM029 y NUM030, como tampoco por el eventual no pago de los subsidios por incapacidad laboral asociados a las mismas.
Conforme a lo expuesto, cabe indicar que el Sr. nombre reservado tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas Nºs.
NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, con anterioridad al plazo pertinente para interponer la Acción de Protección.
En efecto, mediante la Resolución Exenta Nº NUM015, de 7 de mayo de 2019, ya se había pronunciado en relación al rechazo de las licencias médicas ya indicadas del recurrente, a lo menos tres años y seis meses antes de interponer la presente Acción de Protección el día 21 de diciembre de 2022.
Agrega que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.
En subsidio alega la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que realmente versa la acción, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.
Afirma que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.
En subsidio y en cuanto al fondo indica que el día 31 de marzo de 2017, se realizó al Sr. nombre reservado una entrevista Psiquiátrica de Peritaje, por el Dr. nombre reservado, Médico Psiquiatra, del Comité Revisor Cetep, quien concluyo respecto del reintegro laboral al examen actual del paciente el que: “Paciente sin compromiso funcional significativo determinado por cuadro psiquiátrico”. “Desde el punto de vista de mi especialidad, estimo que el paciente se encontraba en condiciones de reintegro laboral desde fecha previa al inicio del reposo peritado”. “Patología de Origen Laboral NO”.
Agregan que posteriormente, el día 16 de abril de 2018, se realizó una nueva entrevista Psiquiátrica de Peritaje, por el Dr.
Bernardo nombre reservado, Médico Psiquiatra, del Comité Revisor Cetep, quien concluyo respecto del reintegro laboral al examen actual del paciente el que: “Al momento de esta entrevista y desde un punto de vista psiquiátrico, en mi opinión profesional, paciente presenta un compromiso leve de su capacidad funcional por lo que se encuentra en condiciones de reinsertarse a su trabajo. Estimo estaba en condiciones de hacerlo desde 5 de abril del 2018. “Patología de Origen Laboral NO”.
Agrega que el día 6 de mayo de 2019, la profesional de la Superintendencia de Seguridad Social, Dra. nombre reservado, informó respecto del caso del Sr. nombre reservado el que teniendo presentes los antecedentes, no hay fundamento clínico para incapacidad de origen psiquiátrico, el tratamiento no se ha modificado a lo largo del tiempo, propongo rechazar la solicitud.
Indica que conforme a lo anterior, los reposos reclamados impresionan como no justificados por ser reposos prolongados y sin claro rol terapéutico, así y de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo otorgado por las licencias médicas Nºs. NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014 en el caso del Sr. nombre reservado, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.
Concluye indicando que el dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por el recurrente, referido a las licencias médicas reclamadas Nºs. NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, que no sólo se encuentra en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan su conclusión.
Con fecha 10 de marzo del año en curso se evacuo el traslado a la excepción de extemporaneidad, por parte de la recurrente, indicando que la afectación del patrimonio del recurrente por el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos al rechazar el pago de las licencias médicas importa un acto permanente que se renueva día a día, de manera que el recurso en todo término ha sido interpuesto dentro de plazo.
Con fecha 18 de mayo del año en curso y siendo un trámite previo e indispensable para la vista de la causa, se ordenó oficiar a Isapre Nueva Masvida y AFP Provida, a fin de que evacúen informe al tenor de lo expuesto en el recurso.
Con fecha 31 de mayo del año en curso compareció Isapre Nueva Masvida S.A. e informo que don nombre reservado, es afiliado de esta Isapre y ha presentado licencias médicas recurrentes desde el año 2016 a la fecha.
Señala que, según sus antecedentes, el Sr. nombre reservado no tiene licencias rechazadas, por cuanto se observa en histórico de licencias médicas, acompañado en otrosí de su presentación, que todas sus licencias se encuentran autorizadas y pagadas.
Finalmente, con fecha 23 de junio del año en curso y atendido el tiempo transcurrido, se hizo efectivo el apercibimiento anunciado y, en consecuencia, se prescindió del informe solicitado a AFP Provida.
Se ordenó traer los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.
SEGUNDO: Que primeramente y en cuanto a la excepción de extemporaneidad alegada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, si bien el recurso no lo especifica, la presente acción y de conformidad a su petitorio se dirige en contra de: “las resoluciones administrativas que hayan impedido o ratificado los rechazos de los subsidios por incapacidad laboral”.
Al respecto, debemos distinguir 4 situaciones distintas: 1.- Licencias médicas individualizadas en el primer recuadro del petitorio de la acción que van entre el 20-09-2018 al 26-06- 2020, las que según lo informado por la Isapre Nueva Masvida S.A., se encontrarían autorizadas y pagadas, y de allí que el recurso no resulta procedente a su respecto. 2.- Licencias médicas N°s NUM020, NUM021, NUM022, NUM023, NUM024, NUM025, NUM026, NUM027, NUM028, NUM029 y NUM030, cuyo rechazo por la Compin data del 5 de enero del año 2022, y que según informa esta misma institución, no fueron apeladas. 3.- Licencias médicas N°s NUM016, NUM017, NUM018, NUM019 y NUM004 que fueron rechazadas por la Compin y apeladas ante dicha institución, cuyo último pronunciamiento es de fechas 15-11-2017, 13-07-2018 y 05-01-2022. 4.- Licencias médicas NUM010, NUM011, NUM012, NUM013, y NUM014, apeladas y rechazadas por la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 7-05-2019.
De lo reseñado es posible advertir que el último y más reciente pronunciamiento rechazando las licencias médicas del recurrente es del 5 de enero del año 2022, y habiéndose interpuesto la presente acción con fecha 21 de diciembre del año 2022, ésta en efecto se encuentra fuera del plazo establecido para ello, lo que hace procedente la excepción de extemporaneidad incoada, lo que indefectiblemente llevará al rechazo de la acción como se dirá.
TERCERO: Que por su parte, y en torno a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social planteada por la recurrida, ésta será rechazada, dado que la garantía eventualmente vulnerada no es aquella del numeral 19 N° 18 de la Constitución Política como indica la recurrida, sino la comprendida en el número 24, el derecho de propiedad, o eventualmente la del número 1 de dicho artículo, esta es, la integridad física o psíquica.
CUARTO: Que no obstante lo concluido precedentemente, y fin de ahondar en las consideraciones que llevarán a esta Corte de Apelaciones al rechazo del recurso en análisis y, en cuanto al fondo de la acción deducida, y sin perjuicio de lo impreciso de lo petitorio del mismo, debe tenerse presente que según cabe entender del tenor del recurso lo que se busca es obtener la autorización y pago de una serie de licencias médicas, por cuanto el rechazo injustificado de aquellas, habría mermado de forma artificiosa, según señala, la base de cálculo de la pensión de invalidez de su representado.
Atendida esta alegación es que se decretó como trámite previo e indispensable para la vista de la causa, el oficiar a la Isapre Nueva Masvida a fin de que informase al tenor de este recurso.
Al efecto, consta informe evacuado por la Isapre con fecha 31 de mayo del año en curso, donde acompañando un histórico de licencias médicas que van desde 3 de octubre del año 2014, al 26 de junio del año 2020, esta afirmó que la totalidad de las licencias medicas se encuentran autorizadas y pagadas.
QUINTO: Que de esto se sigue que el presente recurso no puede ser resuelto mediante la presente acción, atendido el evidente carácter contradictorio de las pretensiones de las partes, ya que la acción constitucional de protección supone que la titularidad del derecho del recurrente sea indubitada, situación que no ocurre en autos, más aún cuando en este caso se ha empleado el presente arbitrio para cuestionar el pago (o la falta de aquel) de las licencias médicas del Sr. nombre reservado, planteándose una verdadera concomitancia entre las recurridas y las Isapres y AFP, para artificialmente disminuir el monto de su pensión de invalidez, pretensiones que desbordan los márgenes de la protección, resultando una labor ajena a este procedimiento cautelar, el cual constituye una medida de tutela urgente para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y arbitraria, y respecto de hechos que resulten indubitados, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, cuestión que no es la de la especie, y cuyo conocimiento, en este contexto, corresponde más propiamente a los tribunales ordinarios de justicia mediante las respectivas acciones ordinarias y declarativas que las partes estimen procedentes.
Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:
I.- Que se rechaza la excepción de improcedencia de la acción incoada por la Superintendencia de Seguridad Social.
II.- Que se acoge la excepción de extemporaneidad incoada por la Superintendencia de Seguridad Social, y en consecuencia se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y en contra de la Compin Rancagua.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol I. Corte 17357-2022- Protección-.
Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.