RECURRENTE: SOFRUCO ALIMENTOS LIMITADA. RECURRIDO: INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

Rancagua, veinte de julio de dos mil quince.

Vistos:

Don Daniel Eyzaguirre Perez-Cotapos, abogado, y nombre reservado, factor de comercio, ambos en representación de Sofruco Alimentos Limitada, deducen recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, representado por su Inspectora Comunal doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Refiere que con fecha 25 de febrero de 2015, se procedió por parte de le Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, a notificarles de la Resolución de Multa N° 4496/15-4, por medio de la cual se les aplicó una sanción ascendente a 60 UTM.

Añade que con fecha 31 de marzo del presente año, procedieron a interponer un Recurso de Reconsideración Administrativa de acuerdo lo establece el artículo 512 del Código del Trabajo, con el fin de revertir la resolución impugnada.

Frente a este recurso, la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, dictó con fecha 18 de mayo del 2015 el Ordinario N° 330, por medio del cual rechaza el recurso de Reconsideración, por haberse interpuesto, según su criterio, fuera de plazo.

Sostiene que la resolución que origina el presente recurso, fue notificada a su parte con fecha 20 de mayo de 2014.

Indica que la Ley 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, alude a días hábiles, disponiendo que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Lo cual indica ha sido resuelto por la Excma. Corte Suprema.

Refiere que como consecuencia de lo anterior, habiéndose notificado la Resolución Multa, con fecha 25 de febrero del año 2015, el plazo para interponer el Recurso de Reconsideración Administrativa venció el día lunes 9 de abril, y éste fue presentado ante la autoridad recurrida con fecha 31 de marzo del presente año.

Al respecto cita fallo de la Excma. Corte Suprema, en autos sobre Recurso de Protección rol N° 4015-2015, en el cual se resolvió que no existiendo norma expresa en el Código del Trabajo, debe aplicarse el artículo 25 de la Ley 19.880, y otro fallo de esta Corte, en autos sobre Recurso de Protección, que el recurrente indica corresponderían al Rol 49-2012.

Manifiesta que por las razones expuestas, la correcta interpretación e integración de la Ley indica que el plazo que se le brinda al multado, para pedir se reconsidere la multa, es de 30 días hábiles y no corridos como lo entiende la recurrida en forma tozuda y sistemática. Luego, resolver en la forma que lo hace la entidad pública recurrida es una abierta acción ilegal y arbitraria, que vulnera las garantías fundamentales de los administrados.

Puntualiza que, la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso, establecidas en los artículos 19 N° 2, y 3 de la Constitución Política de la Republica. La primera porque la recurrida se plantea a sí misma en una plano de desigualdad respecto de los administrados, y en específico de Sofruco Alimentos Limitada, pues entiende un plazo en la forma opuesta a la prevista por el legislador.

En cuanto a la segunda, porque forma parte del mismo que se respeten los plazos legales para ejercer determinadas defensas o prerrogativas y en este caso han sido desconocidas por la recurrida.

Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto el Ordinario N° 330 y se ordene a la recurrida, que admita a tramitación el Recurso de Reconsideración Administrativa.

En un otrosí de su presentación, acompaña documentación que se agrega al expediente.

A fojas 50, informa la recurrida Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, dando cuenta que la Inspección del Trabajo de San Vicente de T.T., en ejercicio de su labor fiscalizadora reconocida en el artículo 1 del DFL N° 2 de 1967, norma que representa la ley Orgánica de este servicio, aplicó sanción administrativa a la recurrente, la cual se vio plasmada en la Resolución de Multa N° 4496/2015/4, notificada a la recurrente con fecha 25 de febrero de 2015.

Posterior a la notificación de dicha Resolución de Multa, la empresa Sofruco Alimentos Ltda., dedujo con fecha 31 de marzo de 2015, reconsideración de dicha resolución de multa. No obstante, al haber sido notificada la Resolución de Multa con fecha 25 de febrero de 2015, el plazo de 30 días corridos que dispone la parte sancionatoria para poder reconsiderar en sede administrativa vencía el día 27 de marzo de 2015. En razón de ello, y atendido la extemporaneidad de la presentación del recurrente, el Servicio dictó el 18 de mayo de 2015, el ordinario N° 330, en el cual se informa a la parte empleadora de la inadmisibilidad de la reconsideración presentada el día 31 de marzo de 2015, en función de haber sido entablada fuera del plazo de 30 días corridos que legalmente dispone para ello.

Refiere que dicho plazo se dispone en base al artículo 512 del Código del Trabajo para efectos de deducir reconsideración administrativa de multa, postura que se ha plasmado en jurisprudencia judicial y administrativa que cita.

Presente jurisprudencia que se pronuncia en el sentido que es el artículo 435 del Código del Trabajo el que regula los plazos establecidos en el referido código, y que en subsidio deben ser aplicadas las normas del derecho común, es especial los artículos 48, 49 y 5º del Código Civil Luego, sostiene que la actuación verificada por el funcionario de esta inspección del Trabajo, se enmarca dentro del ámbito de su competencia reconocida como se dijo en el artículo 1 del DFL N° 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

En este caso particular, el proceder del servicio fue fiscalizar a la empresa Sofruco Ltda., constatar infracción a la legislación laboral en virtud de Resolución N° 4496/2015/4, y ante ello la parte sancionatoria dedujo, fuera de plazo de 30 días corridos de los cuales disponía, la respectiva reconsideración de multa, la cual atendida su extemporaneidad, fue declarada inadmisible en el Ordinario N° 330, de fecha 18 de mayo de 2015.

Consecuencia de lo expuesto, es necesario concluir que no hubo arbitrariedad ni ilegalidad en las actuaciones de a recurrida, la que actuó con estricto apego al mandato legal que faculta y obliga a la referida entidad fiscalizadora a actuar en la forma señalada.

De lo expuesto concluye que: la acción de Protección no puede ser tenido como el recurso procesal subsidiario o supletorio de los procedimientos ordinarios o especiales que existan para dirimirlos; que la Dirección del Trabajo ha ejercido sus potestades de fiscalización de la legislación laboral, en base al artículo 1 y 23 del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y artículo 505 del Código del Trabajo; que lo que se pretende impugnar por esta acción es una cuestión de fondo que deberá ser resuelta por los tribunales laborales; la actuación del servicio ha tenido como límite las normas constitucionales y legales.

Por lo señalad solicita tener por evacuado informe y que se rechace el mismo, con expresa condenación en costas.

Acompaña documentos los que se agregaron al expediente.

A fojas 66 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1º Que el recurso de protección según lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, procede respecto de actos y omisiones ilegales o arbitrarias que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que se señalan en la misma disposición; y tiene por finalidad obtener que se adopten las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

2° Que se ha interpuesto recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua. La recurrente lo fundamenta en que con fecha 25 de febrero de 2015, por parte de la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, se les notifica la Resolución de Multa N° 4496/15-4, por medio de la cual se les aplicó una sanción ascendente a 60 UTM. Por aquello, con fecha 31 de marzo del presente año, procedieron a interponer un Recurso de Reconsideración Administrativa de acuerdo lo establece el artículo 512 del Código del Trabajo, con el fin de revertir la resolución impugnada.

Frente a este recurso, la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, dictó con fecha 18 de mayo del 2015 el Ordinario N° 330, por medio del cual rechaza el recurso de Reconsideración, por haberse interpuesto, según su criterio, fuera de plazo.

Sostiene que la resolución que origina el presente recurso fue notificada a su parte con fecha 20 de mayo de 2014 y que la Ley 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, alude a días hábiles, disponiendo que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Consecuencia de lo anterior, habiéndose notificado la Resolución Multa, con fecha 25 de febrero del año 2015, el plazo para interponer el Recurso de Reconsideración Administrativa venció el día lunes 9 de abril, y éste fue presentado ante la autoridad recurrida con fecha 31 de marzo del presente año.

Manifiesta que la correcta interpretación e integración de la Ley indica que el plazo que se le brinda al multado, para pedir se reconsidere la multa, es de 30 días hábiles y no corridos como lo entiende la recurrida en forma tozuda y sistemática.

Afirma que resolviendo de la forma señalada, la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso, establecidas en los artículos 19 N° 2, y 3 de la Constitución Política de la Republica. La primera porque la recurrida se entiende un plazo en la forma opuesta a la prevista por el legislador, y la segunda, porque forma parte del mismo que se respeten los plazos legales para ejercer determinadas defensas o prerrogativas y en este caso han sido desconocidas por la recurrida.

Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto el Ordinario N° 330 y se ordene a la recurrida, que admita a tramitación el Recurso de Reconsideración Administrativa.

3° Que, la recurrida informa que aplicó sanción administrativa a la recurrente, la cual se vio plasmada en la Resolución de Multa N° 4496/2015/4, notificada a la recurrente con fecha 25 de febrero de 2015. Posterior a la notificación de dicha Resolución de Multa, la empresa Sofruco Alimentos Ltda., dedujo con fecha 31 de marzo de 2015, reconsideración de dicha resolución de multa. No obstante, al haber sido notificada la referida resolución con fecha 25 de febrero de 2015, el plazo de 30 días corridos que dispone la parte sancionatoria para poder reconsiderar en sede administrativa vencía el día 27 de marzo de 2015. En razón de ello, y atendido la extemporaneidad de la presentación del recurrente, el Servicio dictó el 18 de mayo de 2015, el ordinario N° 330, en el cual se informa a la parte empleadora de la inadmisibilidad de la reconsideración presentada, en función de haber sido entablada fuera del plazo de 30 días corridos que legalmente dispone para ello.

Refiere que dicho plazo se dispone en base al artículo 512 del Código del Trabajo para efectos de deducir reconsideración administrativa de multa.

Luego, sostiene que la actuación verificada por el funcionario de la Inspección del Trabajo, se enmarca dentro del ámbito de su competencia, por lo que no hubo arbitrariedad ni ilegalidad en las actuaciones de la recurrida.

Concluye que la acción de Protección no puede ser tenido como el recurso procesal subsidiario o supletorio de los procedimientos ordinarios o especiales que existan para dirimirlos; que la Dirección del Trabajo ha ejercido sus potestades de fiscalización de la legislación laboral; que lo que se pretende impugnar por esta acción es una cuestión de fondo; y que la actuación del servicio ha tenido como límite las normas constitucionales y legales.

Por lo expuesto solicita tener por evacuado informe y que se rechace el mismo con expresa condenación en costas.

4° Que tal como se ha sido resuelto por la Excma. Corte Suprema y por esta Ilma. Corte, el plazo de treinta días al que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, para presentar la solicitud de reconsideración a una multa aplicada, es de días hábiles y no corridos, como lo sostiene la parte recurrida. Lo anterior, puesto que aun cuando la norma no lo señale expresamente, dicha acción debe ser ejercida en sede administrativa, resultando aplicable el artículo 25 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, Ley N° 19.880, el cual prescribe “los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos”, regulación que por su especialidad debe preferirse a la civil.

Ergo, considerando la fecha de notificación de la multa, 25 de febrero de 2015, y aquella en la que se interpuso la solicitud de reconsideración, 31 de marzo de los corrientes, puede colegirse que la misma fue interpuesta dentro del plazo de treinta días hábiles establecido para su interposición.

5°. Conforme a lo expuesto, el accionar de la entidad recurrida resulta ilegal, al no tramitar la solicitud de reconsideración interpuesta dentro de plazo, afectando de esta forma la garantía consagrada en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la igualdad ante la ley, por lo que dicho accionar debe ser enmendado por esta vía.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el deducido a fojas 25 de estos antecedentes, dejándose sin efecto la Resolución Ordinaria N° 330, de 18 de mayo de 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el recurrente respecto de la Resolución de Multa N° 4496/15/4 de 20 de febrero de 2015.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 1731-2015- Civil.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros señor Fernando Carreño Ortega y señor Ricardo Pairicán García y el abogado integrante señor Álvaro Barría Chateau.

Hernán González Muñoz Secretario En Rancagua, a veinte de julio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.