nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Rancagua, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 30 de abril del año 2023, compareció don nombre reservado, empresario, en representación legal de Áridos Cachapoal Limitada, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, y en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por doña nombre reservado., ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso, en la imposibilidad generada para su representada de acceder a los beneficios tributarios establecidos en la Ley N°21.514 sobre convenio de alivio tributario para empresas, debido al actuar poco diligente de los recurridos, lo que ha determinado la vulneración de las garantías constitucionales que a su respecto establece el artículo 19 N°1, N°2 inciso final, 21, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Para contextualizar su acción, refiere que desde el mes de diciembre del año 2022 su representada ha intentado acceder a los beneficios que la antes señalada ley concede, lo que no ha sido posible de materializar debido a que en un primer momento, el Servicio de Impuestos Internos, en adelante SII, señaló que aquélla mantenía una anotación que determinaba su exclusión, y de la cual el recurrente señala desconocía su existencia hasta ese minuto.

Agrega, que una vez enterado del motivo del rechazo a su solicitud, realizó una petición para lograr el alzamiento de la exclusión, sin perjuicio de lo cual la funcionaria del SII doña nombre reservado, a cargo del proceso de alzamiento de la exclusión, dilató su resolución hasta el último día hábil del mes de abril, pese a su constante insistencia., Indica, que debido a la falta de información sobre lo requerido por su parte, es que el día viernes 28 de abril del presente año, tomó contacto mediante correo electrónico con la señora nombre reservado, jefa del grupo número 3 de fiscalización del SII, quien le comunicó que las anotaciones registradas por su empresa habían sido eliminadas durante el transcurso de la mañana, situación que habría sido informada a la Tesorería General de la República por correo interno que la misma señora cabaña envió a don nombre reservado, de Operaciones Tesorería Regional Rancagua.

Expone, que con la certeza de cumplir con las exigencias establecidas por la Ley N° 21.514 para acceder al convenio de alivio tributario, debido a la eliminación de las anotaciones antes referidas, es que luego de esperar un tiempo prudente para que el sistema se actualizara, realizó nuevamente la solicitud del convenio, encontrándose con la negativa de la Tesorería General de la República, sustentada en que: “usted no tiene deudas que se puedan acoger a este beneficio”, en circunstancias que, según se acredita con el certificado de deuda emitido por la misma Tesorería, Áridos Cachapoal Ltda. mantiene una deuda por $1.098.036.091.- monto anterior al 30 de junio de 2022 y que incluye reajustes, interés y multa, dando cuenta con ello de cumplir su parte con las exigencias legales para acceder al convenio tantas veces referido.

Indica, que los hechos descritos dan cuenta de la vulneración por parte de los recurridos al principio de coordinación, contemplado en el artículo 3 de Ley 18.575, lo que ha devenido en un grave perjuicio para su parte, al verse afectadas las garantías fundamentales referidas previamente, por lo que finaliza solicitando que se acoja su recurso y se adopten todas las medidas tendientes al restablecimiento del imperio del derecho, ordenando el ingreso de la empresa recurrente al convenio de alivio tributario establecido en Ley 21.514, el que deberá considerarse fue ingresado dentro de plazo, con expresa condena en costas.

Posteriormente, con fecha 15 de mayo del año en curso, a folio N°9, compareció don nombre reservado, en su calidad de Juez Sustanciador, Tesorero Regional (S) de la Región de O’Higgins, evacuando el informe solicitado por esta Corte a la Tesorería General de la República y pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

Expone, que a la parte recurrente no se le ha negado la suscripción de un convenio de pago, sino que en los hechos, la actora no cumplía con los requisitos para acceder al convenio que otorga la Ley 21.514, específicamente en cuanto a estar incorporado en la nómina creada por el Servicio de Impuestos Internos para tales efectos.

Sostiene, que como se establece en el artículo 2 de la citada norma, que modifica el fondo de garantía para pequeños y medianos empresarios y permite flexibilizar convenios de pago por impuestos adeudados, para apoyar la reactivación de la economía, el Servicio de Impuestos Internos debe entregar al Administrador la nómina de las empresarias y los empresarios que cumplan con los criterios de elegibilidad que se establezcan en virtud de los Decretos Supremos expedidos por el Ministerio de Hacienda, de conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto Ley Nº 3.472, de 1980, del referido Ministerio, nómina en la cual no se encuentra la recurrente, por lo que siendo el SII quien, en virtud de diversos factores técnicos clasifica a los contribuyentes, no existe por parte de la Tesorería General de la República la posibilidad de modificar ni alterar dicha clasificación, al tratarse de una facultad privativa entregada por ley al Servicio antes mencionado, por lo que el alzamiento de las exclusiones que mantenía la recurrente, no implica necesariamente que aquélla cumpla con los requisitos establecidos por ley, para acceder al convenio en estudio.

Finaliza, haciendo presente que su parte no ha incurrido en actuación u omisión arbitrario o ilegal, que provoque privación, perturbación o amenaza a los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, por lo que solicita el rechazo de la presente acción.

Por su parte, con fecha 24 de mayo del año en curso, a folio 11, compareció doña nombre reservado, Directora Regional de la VI Dirección Regional, del Servicio de Impuestos Internos, evacuando el informe solicitado por esta Corte.

Luego de hacer referencia a los antecedentes tributarios de la recurrente, quien se encuentra adscrita al denominado régimen semi-integrado contemplado en el artículo 14 A) de la Ley de Impuesto a la Renta, indica que efectivamente el 27 de abril del año en curso se alzó la anotación 53 -que se efectúa por Notificación de Facturas Observadas, para la verificación de facturas asociadas al RUT de la contribuyente- circunstancia que fue informada tanto al actor mediante correo electrónico emitido al día siguiente, como a la Tesorería General de la República.

Indica, que el inciso 3° del artículo 6 de la Ley 21.514 establece que: “Los convenios excepcionales indicados en el inciso primero sólo procederán respecto de contribuyentes que cumplan, al momento de solicitar el convenio, con los requisitos para acogerse al régimen para las micro, pequeñas y medianas empresas que contempla la letra D) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974, o respecto de contribuyentes acogidos al régimen de renta presunta contenido en el artículo 34 del mismo cuerpo legal. La nómina de contribuyentes que cumplan con los requisitos indicados anteriormente deberá ser informada por el Servicio de Impuestos Internos al Servicio de Tesorerías”, de lo que se desprende que los destinatarios del citado beneficio son las micro, pequeñas y medianas empresas, que contempla la letra D) del artículo 14 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta y; los contribuyentes acogidos al régimen de renta presunta, del artículo 34 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, entre los cuales no se encuentra la empresa recurrente.

Detalla, que la Ley sobre Impuesto a la Renta, en su artículo 14, letra D, establece los requisitos para optar al régimen PROPYME, respecto del cuál dicho Servicio ha emitido la Circular 62 de 2020, en la cual se establecen los requisitos copulativos que deben cumplir los contribuyentes para acogerse al régimen tributario establecido en el N°3 letra D), del Artículo 14, de la Ley en estudio, y si bien a su respecto del actor cumple con algunos de sus requisitos, como ser un contribuyente de Primera Categoría y haber iniciado actividades con un capital efectivo que no excede de las 85.000 UF, no cumple con las exigencias contenidas en el punto 1.2.1.3, esto es, “Tener un promedio anual de ingresos que no exceda de 75.000 UF en los últimos 3 ejercicios y que en ninguno de los ejercicios que se consideren para el cálculo, los ingresos en uno de dichos ejercicios sean superiores a 85.000 UF.”, pues de conformidad con la información obtenida desde la base de datos del SII, la recurrente presenta un ingreso promedio, en los últimos tres ejercicios, de 91.968,401 UF, circunstancia que impide que la actora sea incorporada en la nómina de los contribuyentes que cumplen con los requisitos y exigencias necesarias para poder acogerse a los beneficios previstos en la Ley N°21.514.

Finaliza, haciendo presente que no ha existido, por parte del Servicio recurrido, actuaciones ilegales o arbitrarias que puedan conculcar las garantías constitucionales de la recurrente, por lo que solicita el rechazo del recurso.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, la actuación arbitraria e ilegal que se atribuye a los recurridos, consiste en la negativa brindada a la parte recurrente respecto de su solicitud de acogerse a los beneficios previstos en la Ley N°21.514.

3° Que, por su parte los recurridos señalaron que su actuación únicamente se apegó a la normativa vigente, pues la negativa a la solicitud del actor se funda en el incumplimiento por parte de la empresa recurrente de los requisitos establecidos en la Ley 21.514, pues los destinatarios del beneficio requerido por el actor, son las micro, pequeñas y medianas empresas, entre los cuales no se encuentra la recurrente.

4° Que, de lo expuesto por las partes y del examen de los antecedentes acompañados, se advierte que la negativa brindada al actor por los recurridos, se ha encuadrado dentro de los márgenes de la legalidad, pues además de provenir de la autoridad competente, responde al hecho que efectivamente la empresa recurrente no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 21.514 para que a su respecto se verifique el beneficio solicitado, toda vez que excede el monto máximo de ingresos permitidos, ya sea percibidos o devengados, en los últimos tres ejercicios tributarios anuales, en los términos de lo preceptuado en el artículo 14 letra d) de la Ley Sobre Impuesto a la Renta.

5° Que, por lo anterior, y considerando que no concurren en la especie los requisitos de procedencia de la acción de protección, la misma será desestimada como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado, en representación de Áridos Cachapoal Limitada, en contra de la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N° 1726-2023 Protección.

“Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema”.