nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Rancagua, siete de septiembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

Con fecha veintitrés de junio del año en curso, nombre reservado, pensionado de la Policía de Investigaciones, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, Rancagua, interpuso recurso de protección en contra de POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, representada por su Director General don HÉCTOR ESPINOSA VALENZUELA, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Explica que, en abril de 1995 en circunstancias que practicaba una detención, cayó sufriendo una fractura del húmero derecho. Se realizó el consiguiente sumario administrativo, en el cual se determinó que se trató de una lesión por actos de servicio.

Posteriormente en junio de 1999, en el contexto de una actividad en conmemoración del aniversario de la Policía, nuevamente se cayó, sufriendo una fractura de clavícula, determinándose en el respectivo sumario administrativo que el accidente ocurrió en actos propios del servicio, y se clasificó su lesión como de segunda categoría por curar con secuelas.

De esta segunda lesión quedó con dolores y molestias, por lo que inició tratamiento farmacológico y sesiones con quiropráctico, lo que morigeró los dolores.

En septiembre de 2015 fue asignado a realizar labores de administrador de dos centros recreacionales institucionales, le correspondió hacer bastante fuerza por el traslado de mobiliario, lo que desencadenó una tendinitis del hombro derecho, manteniéndose con licencia médica.

Producto del cuestionamiento de estos descansos por su jefatura directa, se pronunció sobre ellas la Comisión Médica Institucional, en marzo y mayo de 2016, estableciendo que se encontraban plenamente justificadas y que debía continuar con tratamiento, lo que realizó hasta la actualidad sin lograr la remisión de la sintomatología.

El día 12 de agosto de 2016 fue notificado de la Resolución Exenta N° 222 que declaró salud incompatible con el cargo por acumular 222 días de licencia médica, entre el 06 de octubre de 2015 y 12 de junio de 2016. La reposición y reclamación ante la Contraloría fueron rechazadas.

Pero adicionalmente pidió la reapertura del sumario del año 1999 a fin de que se determine que sus lesiones son una secuela de las anteriores calificadas de actos de servicio. Esa petición fue acogida y el informe médico respectivo señala que no es posible concluir que las molestias del hombro derecho actuales estén relacionadas con la lesión sufrida el 17 de junio de 1999, debido al tiempo transcurrido y el hecho de no existir registro de consultas médicas en el intertanto. Acogiendo el criterio de la comisión médica culminó el sumario administrativo por resolución de 18 de mayo de 2017.

El día 24 de mayo del presente, fue notificado de su retiro absoluto de la Policía de Investigaciones de Chile.

El informe médico y la decisión relativa a que sus actuales dolencias no derivarían del accidente ocurrido en servicio el día 17 de junio de 1999, obvian un hecho de vital importancia, esto es, que entre 1999 y 2012 estuvo en tratamiento con el Dr. nombre reservado, y que hasta la actualidad asiste a sesiones de quiropráctico.

Adicionalmente su actual médico tratante concluye que sí existe compatibilidad entre sus actuales dolencias y la lesión de 1999, acompañando un informe que así lo ratifica.

De lo expuesto estima que el actuar de la recurrida deviene en arbitrario, pero también es ilegal desde que su desvinculación fue acordada sin haber pronunciamiento definitivo de la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile.

Respecto a las garantías fundamentales vulneradas cita el derecho a la integridad síquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la salud y el derecho de propiedad, por cuanto con su desvinculación de la institución, se le priva de continuar siendo atendido como funcionario de la Policía de Investigaciones, siendo considerado como particular, con lo cual pierde preferencia en la atención.

En definitiva solicita que se reconozca que sus dolencias son secuela de las lesiones anteriores categorizadas como actos de servicios; que se deje sin efecto la Resolución N° 222 de fecha 28 de julio de 2016, y la Resolución N° 337 de 22 de septiembre de 2016, ambas de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile; asimismo se deje sin efecto el Decreto N° 1656 de 10 de noviembre de 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenando su reincorporación inmediata a sus funciones; que se pronuncie la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones respecto de la recuperabilidad de sus lesiones; con expresa condenación en costas.

Con fecha 07 de julio del presente año, la recurrida alegó la incompetencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en atención a que los actos impugnados fueron dictados fuera de esta jurisdicción. De dicha alegación se confirió traslado al recurrente, quien solicitó su rechazo, y por resolución de 14 de julio último se deja su decisión para definitiva.

Con fecha veintidós de julio del presente año, la recurrida evacuó el informe solicitado, en los términos que a continuación se explicitan.

En primer término, solicitan se declare la falta de legitimación pasiva de la recurrida respecto del Decreto Supremo N° 1656 que dispuso el retiro absoluto del Sr. nombre reservado, por cuanto emana del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en consecuencia, ninguna participación le cabe en su dictación.

Enseguida solicita se declare la extemporaneidad del recurso de protección en atención a que la decisión que determinó que su salud es incompatible con el cargo le fue notificada con fecha 12 de agosto de 2016, por lo que el plazo de 30 días para la interposición de la presente acción se encuentra del todo excedido.

En cuanto al fondo refiere que la facultad establecida en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, de declarar salud incompatible, es de carácter discrecional y de exclusiva competencia de la superioridad, si constata los presupuestos de hechos referidos en la norma.

Es por ello que tal declaración respecto del recurrente carece de toda arbitrariedad y se encuentra justificada en la norma legal citada. Luego el artículo 73 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a la participación de la Comisión Médica de la institución no es aplicable en la especie.

Agrega que la reapertura del sumario de 1999 es posterior a la resolución de salud incompatible, no obstante que sufriría dolencias desde 2015.

En virtud de los antecedentes esgrimidos y que no existiría la vulneración de los derechos constitucionales señalados, solicita el rechazo de la acción.

Con fecha siete de agosto de 2017 se ordena oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a fin de que informe los antecedentes que tuvo a la vista para la dictación del Decreto N° 1656 de 10 de noviembre de 2016, refiriendo lo que estime pertinente respecto de las alegaciones planteadas tanto en el recurso como en el informe de autos.

Con fecha 1 de septiembre de 2017, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evacua el informe requerido indicando, en resumen, que el acto administrativo que dispuso el retiro del Subcomisario nombre reservado fue dictado por la autoridad competente de acuerdo a las facultades otorgadas por la ley, respetando los procedimientos previstos por la normativa aplicable a los funcionarios policiales y cuya fundamentación consta en el referido acto del que se tomó razón el día 12 de mayo de 2017.

Puntualiza que conforme a los artículos 71 b) y 91 letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1980, la Presidenta de la República cuenta con la facultad privativa de disponer el retiro del personal de nombramiento supremo de la Policía de Investigaciones, lo cual ha sido reafirmado por la jurisprudencia.

Indica que en los antecedentes tenidos a la vista por el Ministerio, consta que el Director General de la referida entidad, ejerciendo la aludida atribución, determinó que la salud del recurrente era incompatible con su empleo, al presentar reposos que no correspondía a actos de servicio ni a enfermedades profesionales por un total de 222 días, en un lapso inferior a los dos años, excediendo ampliamente con ello el término de 6 meses contemplado en la normativa, dando lugar, en consecuencia, al requerimiento de la Dirección General por medio del Oficio Reservado N° 729, mediante el cual pone en conocimiento de esta situación al Ministerio del Interior y solicita se dicte el acto correspondiente, lo que basta para fundamentar la dictación del Decreto N° 1656 de 2016. Por lo tanto, no podría configurarse arbitrariedad ni ilegalidad alguna por parte de Investigaciones o de este Ministerio en la dictación del Decreto N° 1656 de 2016, que dispuso el retiro absoluto del recurrente, por cuanto fue dictado por la autoridad competente, en el marco de sus atribuciones y al amparo de la solicitud emanada de la máxima autoridad policial con facultades privativas y excluyentes al efecto, acto administrativo respecto del cual la Contraloría General de la República efectuó el control de legalidad y juridicidad correspondiente, tomando razón de él, sin representar observación alguna.

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que la Comisión Médica Institucional estableció que no era posible determinar que las molestias actuales en el hombro derecho estén relacionadas con accidentes en acto de servicio, según da cuenta el Informe Técnico N° 72 ya citado.

Refiere que, para llegar a la conclusión anterior, la Comisión Médica constata que pese a las molestias que el recurrente aduce sufrir con motivo de los accidentes en actos de servicio, el funcionario no registra consultas médicas por este motivo durante un periodo de 16 años, lo cual fue señalado en el informe médico.

Indica que el recurrente pretende rebatir un informe médico emitido por la única autoridad competente para evaluar y certificar la idoneidad física de los Funcionarios de Investigaciones, argumentando error e inexactitud en la revisión de los antecedentes por parte de esa comisión.

Todo lo anterior permite afirmar que no existe arbitrariedad ni ilegalidad alguna en la dictación del Decreto N° 1656 de 2016.

En otro orden de ideas, alega la inexistencia de fundamentos que sustenten las supuestas vulneraciones a las garantías constitucionales.

Al respecto, señala que el acto administrativo impugnado ha sido emitido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico le ha conferido a la Presidenta de la República, quien las ha delegado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, decisión que por lo demás se encuentra suficientemente motivada y se basa en los informes acompañados por el Director General de Investigaciones y por los antecedentes que obran en el proceso.

Puntualiza que el actor fue notificado de todos los actos administrativos dictados, teniendo la oportunidad de presentar los recursos administrativos que procedían y así ocurrió, constando así el rechazo de la reposición administrativa. En contra de esta decisión, además, el recurrente reclamo ante la Contraloría General de la República, la cual no dio lugar a su argumentación.

Indica que no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales invocadas por el actor, puntualizando, en cuanto al derecho de propiedad, que los Tribunales Superiores han declarado que el nombramiento de un funcionario como titular de un cargo no confiere derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio.

Luego, concluye señalando que su actuación se realizó con absoluto y estricto apego a la legalidad, que no ha existido en su actuar arbitrariedad alguna, razón por la cual solicita rechazar la acción de protección incoada en la especie.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en la especie, se ha deducido recurso de protección en contra en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber sido desvinculado el actor de la institución por salud incompatible con el cargo, sin considerar que los antecedentes médicos dan cuenta que sus padecimientos provienen de lesiones categorizadas como actos de servicio, por lo que el actuar de la recurrida sería ilegal y arbitrario y además, vulneratorio de los derechos constitucionales del recurrente, específicamente, el derecho de integridad síquica, el de igualdad ante la ley, el de salud y de propiedad. Por lo que se requiere se deje sin efecto el Decreto N° 1656 de 10 de noviembre de 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que ordena el retiro absoluto de la institución, que se ordene la reincorporación inmediata del funcionario recurrente y que se pronuncie la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones respecto de la recuperabilidad de sus lesiones, con costas.

TERCERO: Que la entidad recurrida, primeramente, alegó la incompetencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en atención a que los actos impugnados fueron dictados fuera de esta jurisdicción. De dicha alegación se confirió traslado al recurrente, quien solicitó su rechazo. Luego, requiere se declare su falta de legitimación pasiva dado que el Decreto Supremo N° 1656 que dispuso el retiro absoluto del recurrente, emana del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. A continuación, alegó la extemporaneidad del recurso, dado que la decisión que determinó su salud incompatible le fue notificada con fecha 12 de agosto de 2016. En cuanto al fondo, solicita el rechazo de la acción dado que la facultad establecida en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, de declarar salud incompatible, es de carácter discrecional y de exclusiva competencia de la superioridad, si constata los presupuestos de hechos referidos en la norma, por lo que solicita el rechazo de la acción cautelar interpuesta.

CUARTO: Que, a su vez, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita se rechace el recurso respecto de su parte, pues el acto administrativo que dispuso el retiro fue dictado por la autoridad competente de acuerdo a las facultades otorgadas por la ley, respetando los procedimientos previstos por la normativa aplicable a los funcionarios policiales y con la debida fundamentación y respecto del cual se tomó razón el día 12 de mayo de 2017. Añade que, sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Médica Institucional estableció que no era posible determinar que las molestias actuales en el hombro derecho estén relacionadas con accidentes en acto de servicio. Además, alega la inexistencia de fundamentos que sustenten las supuestas vulneraciones a las garantías constitucionales, puesto que el acto administrativo impugnado ha sido emitido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico le ha conferido a la Presidenta de la República, decisión que se encuentra suficientemente motivada y fue notificada debidamente al recurrente, quien tuvo la oportunidad de presentar los recursos administrativos que procedían y así ocurrió, por lo que no ha existido actuar ilegal o arbitrario que haya vulnerado alguna de las garantías constitucionales invocadas por el actor, por lo que solicita el rechazo del recurso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de incompetencia, cabe señalar que el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales establece que: “1º.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Ergo, desprendiéndose de la acción interpuesta, que los efectos del acto recurrido se producen dentro de la jurisdicción de esta Corte, puesto que es aquí donde el actor está destinado, sin perjuicio de que realizaba sus labores como administrador de centros recreacionales de la institución y además tiene su domicilio en esta jurisdicción, por lo que esta Corte es competente para conocer la presente acción constitucional, lo que obliga a desestimar la alegación de incompetencia.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, de los antecedentes expuestos, se desprende que la acción fue interpuesta fuera del plazo, dado que el acto administrativo que determinó su salud incompatible le fue notificada con fecha 12 de agosto de 2016, por lo que considerando aquella data, el recurso deducido con fecha 23 de junio de 2017 resulta a todas luces extemporáneo, al no haberse deducido dentro del plazo indicado en el numeral primero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales precitado.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo antes referido, cabe señalar en cuanto al fondo, que tal como ha sido resuelto en otras oportunidades por distintos tribunales superiores de justicia y sin perjuicio de que el asunto traído a estrados no parece ser materia de esta sede proteccional, al requerir de probanzas y una valoración de las mismas que escapan al procedimiento establecido para esta vía de excepción; cabe señalar que del análisis de los antecedentes acompañados por las partes, es posible establecer que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que establece lo siguiente: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 110 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.”

Precepto que debe relacionarse con lo dispuesto en los artículos 71 b) y 91 letra d), del DFL N° 1 de 1980, que establecen lo siguiente: “Artículo 71° b).- Los decretos supremos que dispongan los retiros de Oficiales se cursarán sin otro antecedente que un certificado del Jefe de la Jefatura del Personal, que acredite que el personal indicado figura en la lista de retiros correspondiente. En este decreto se indicará, para cada afectado, la fecha de su inclusión en la lista de retiros, y desde esta fecha se podrá ocupar la vacante respectiva (…) Este decreto supremo se considerará como suficiente decreto de retiro del personal en él incluido. A su vez, el artículo 91indica “serán comprendidos en el retiro absoluto los Oficiales y personal de Apoyo Científico-Técnico que se encuentre en alguno de los siguientes casos: a) Que contrajeren enfermedad declarada incurable y que los imposibiliten para el servicio o que estuvieren comprendidos en alguna de las invalideces establecidas en el artículo 75°(..).

OCTAVO: Que de las normas precitadas, tal como lo expuso el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al informar, se desprende que la Presidenta de la República cuenta con facultad legal para decretar el retiro del personal de nombramiento supremo de la Policía de Investigaciones, como en la especie ocurrió, decisión que fue debidamente motivada al basarse en los antecedentes que daban cuenta de los padecimientos que aquejan al actor y que derivaron en una serie de licencias médicas, que en su conjunto, fueron por un tiempo superior al indicado en dicha norma.

NOVENO: Que, en consecuencia, no habiendo sido cuestionado que el recurrente hizo uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, y no existiendo prueba que establezca indubitadamente que sus padecimientos médicos provienen de lesiones categorizadas como actos de servicio, se encuentra en la situación del artículo 151 de la Ley N° 18.834, antes citado, por lo que podía ser separado de sus labores al haberse considerado por el organismo competente que tal hecho importa tener salud incompatible con el cargo que desempeñaba, situación que precisamente decide el Decreto N° 1656 de 10 de noviembre de 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que motiva el presente recurso de protección y que es muy posterior a los hechos de que dan cuenta los considerandos precedentes.

DÉCIMO: Que, así las cosas, de los antecedentes expuestos, no aparece acreditado que se haya producido alguna privación perturbación o amenaza que afecte alguna de las garantías constitucionales que amerite a esta Corte aplicar alguna medida de protección, motivos por los cuales el presente arbitrio constitucional será rechazado en lo resolutivo.

UNDÉCIMO: Que, en virtud del rechazo de la presente acción por los motivos arriba expuesto, se omitirá pronunciamiento respecto a las demás alegaciones hechas por las partes.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que:

I.- Se rechaza la excepción de incompetencia.

II.- Se rechaza, por extemporáneo e inconducente, el recurso de protección interpuesto en la presentación de fecha veintitrés de junio del año en curso, sin costas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese Rol N° 1726-2017 Protección.-