nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. Rancagua.

Rancagua, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que el 22 de octubre de 2025, comparece don nombre reservado, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, médico, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad N°RUT reservado domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A, representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el Acto Ilegal y Arbitrario notificado en fecha 29 de septiembre de 2025, que Rechaza Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero.

Expone que su representada, de profesión médico, de nacionalidad venezolana, solicitó ante la recurrida, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, dando íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos e informados por la Super Intendencia de Administraciones de Fondos de Pensiones, así como los informados por la administradora de fondos de pensiones a la que se encuentra afiliado, a saber, la recurrida.

Sin embargo, mediante correo electrónico de 29 de septiembre de 2025 la recurrida le indicó que no resulta procedente hacer entrega de los fondos previsionales por cuanto no acompañó contrato de trabajo que dé inicio a la relación laboral que se mantuvo con el empleador Municipalidad de Requínoa y no se acreditó cobertura previsional en materia de salud ambulatoria, es decir, acceso a medicina preventiva, curativa y de rehabilitación frente a cualquier enfermedad o accidente de origen común.

Continúa señalando que, en relación al decreto de nombramiento del actor, la jurisprudencia ha sido conteste en indicar que no corresponde una aplicación estricta y exegética del artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156, en orden a incluir únicamente los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral, pues, si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente. Es del caso que, el vínculo jurídico entre el empleador y la trabajadora se sustenta en un decreto de nombramiento a través de Resolución Exenta y como tal, es un contrato de trabajo con sujeción a estatuto especial en todo lo que proceda siendo aplicable la normativa que permite el retiro de fondos pues, es supletoria, no existe prohibición y tampoco un alcance restrictivo en los estatutos en comento.

En cuanto a la legalización del certificado de afiliación, invoca el artículo 345 N°3 del Código de Procedimiento Civil, señalando que la recurrida, obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondo de la recurrente, dando una mala interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de la misma que el extranjero pueda disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos de previsión.

Agrega que, es un hecho público y notorio la ausencia de representación diplomática por parte de Venezuela por el mero capricho del mandatario venezolano, por lo que se encuentra ante una situación de imprevisibilidad que imposibilita actualmente a los nacionales venezolanos a obtener la declaración jurada de inscripción en el IVSS que se obtenía anteriormente y que a posterior era convalidada por el Ministerio correspondiente.

Alega que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que a todo evento la prestación de servicio comprende la cobertura exigida, actuando de forma caprichosa a fin de que pueda disponer de su propiedad privada.

Finaliza citando normas legales, jurisprudencia y solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo 5 días, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio 4, evacua el informe respectivo la AFP recurrida, alegando primeramente la improcedencia de la acción ya que ésta tiene por objeto restablecer de forma inmediata el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que vulneren derechos fundamentales. No obstante, en el presente caso no se advierte ni arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, sino la aplicación de una normativa especial en materia previsional, cuya interpretación corresponde a un órgano técnico especializado, no advirtiéndose la existencia de derechos indubitados que estén siendo vulnerados, sino más bien una controversia sobre el derecho de la recurrente a acceder a la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, controversia debe ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente conforme al artículo 3 del D.F.L. N°101, de 1980, para conocer resolver consultas, peticiones o reclamos formulados por afiliados, beneficiarios o herederos en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Agrega, en cuanto al fondo del asunto, que la recurrente no acompañó documentación que acredite que se ha encontrado cubierta durante toda la prestación de servicios en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que, además, en el caso de la cobertura de enfermedad, esta comprenda las prestaciones médicas y pecuniarias, por lo que cumplió con el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156.

Luego, señala detalladamente las normas y ordinarios dictados por la Superintendencia de Pensiones y que, por instrucciones de aquélla, debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Finaliza citando jurisprudencia y solicita el rechazo del recurso por no existir acto ilegal o arbitrario.

A folio 8, la Superintendencia de Pensiones, informa que la recurrente no registra ante ese Organismo reclamo alguno respecto de los hechos materia del recurso, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción consultada.

Agrega que la Ley N° 18.156 no consagra un derecho a retirar los Fondos de Pensiones, a todo evento, sino que está condicionado a que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en su artículo 1°. Lo que establece este precepto es un derecho a opción para el trabajador en términos de mantener su afiliación en el régimen previsional de su país o afiliarse al sistema previsional y de salud en Chile. Además, de mantener la afiliación al sistema previsional de su país, tal régimen debe otorgarle prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Señala que la Superintendencia ha emitido una serie de normas que constan en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones e instrucciones como la emitida en el Oficio Ord. N° 13.661, de fecha 18 de junio de 2019, mediante el cual se instruyó a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones que debían reforzar sus procesos de revisión para la devolución de cotizaciones previsionales efectuadas por trabajadores técnicos extranjeros, para cuyo efecto debían tener en consideración las instrucciones impartidas por los pronunciamientos contenidos en los oficios N°s. 24.272, 28.458 y 1.610, de fechas 26 de octubre de 2015, 2 de diciembre de 2015 y 19 de enero de 2016, todos referidos a los requisitos establecidos en el artículo 1° de la ley N°18.156 para la exención y devolución de cotizaciones previsionales a los técnicos o profesionales extranjeros, pues la Ley N° 18.156, permite excepcionalmente no cotizar en Chile. Luego en caso de haber efectuado cotizaciones en Chile y en el país de origen del trabajador, permite la devolución de Fondos Previsionales, ello con la intención de evitar una doble cotización, para lo cual se debe dar cumplimiento a cada uno de sus requisitos, pues la cuenta de cotizaciones obligatorias carácter previsional.

Expone que por Oficio N°1.610, de 2016, esa Superintendencia dictaminó que conforme a su sistemática jurisprudencia respecto de esta materia, en el caso del personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo, la citada Ley N°18.156 no recibe ninguna aplicación, puesto que se ha concluido que los contratos de trabajo a que se refiere la ley no pueden ser asimilados a un decreto o resolución de nombramiento, jurisprudencia, que fue incorporada en el N°6 del Libro II del Titulo XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Continúa señalado que, en virtud de la doctrina administrativa y las disposiciones legales citadas, no corresponde aplicar la Ley N°18.156 a la situación de la recurrente, por cuanto, conforme al inciso segundo del artículo 4° de la Ley N°19.378, tiene la calidad de funcionario público y su empleador es un establecimiento de atención primaria de salud dependiente de la Municipalidad de Requínoa. Por ello, se encuentra sujeta al estatuto especial de la Ley N°19.378, al cual se aplican supletoriamente las normas de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

Seguidamente, hace presente que según la historia fidedigna de la Ley N° 18.156, publicada en agosto de 1982, originalmente este cuerpo legal sólo comprendía la exención de cotizar como un beneficio excepcional al que podían acceder los trabajadores profesionales o técnicos extranjeros que acreditaran el cumplimiento de los requisitos de su artículo 1°. Posteriormente, la Ley N° 18.726 publicada en julio de 1988, introdujo con su actual artículo 7° la autorización de devolución de las cotizaciones previsionales, por cuanto se pretendió remediar la situación de trabajadores técnicos extranjeros que ingresaron a Chile cumpliendo los requisitos para eximirse de cotizar, por estar cubiertos en su país de origen ante las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que habiéndolo señalado expresamente en sus contratos el empleador les hubiese cotizado en Chile, pues cuando el trabajador opta por mantener el régimen previsional de su país de origen el empleador debe cotizar en el régimen extranjero, para cuyo efecto la propia ley establece la forma de hacerlo.

Finalmente, hace presente que conforme con la normativa antes referida, considerando la documentación aportada por la recurrente en el recurso de protección, ella no resulta idónea para probar la mencionada exigencia, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Finalmente, reitera que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley 18.146 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2° Que la pretensión de la actora es la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual y se sustenta en el cumplimiento, que a su juicio se verifica, de los requisitos del artículo 1° y 7° de la Ley N° 18.156 imputando de esta forma arbitrariedad e ilegalidad en la decisión de la recurrida al negar dicha devolución.

3° Que, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, en primer lugar, por estimar que la cuestión debatida debe ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente conforme al artículo 3 del D.F.L. N°101, de 1980, para conocer y resolver consultas, peticiones o reclamos formulados por afiliados, beneficiarios o herederos en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Luego, solicita el rechazo por estimar que la recurrente no cumple con los requisitos para acceder a la solicitud, porque no habría acompañado la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos legales para ello, dejándose en evidencia que el asunto reviste el carácter de controvertido respecto de la interpretación de los documentos presentados con el recurso.

4° Que siendo el asunto discutido relativo a la procedencia de la Ley N°18.156, corresponde traer a colación las normas atingentes a la materia.

Así el artículo 1° señala que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su turno, el artículo 7° de la ley en análisis señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

5° Que, se advierte de los antecedentes que la recurrente no ha acreditado por medio de documentos originales, legalizados y vigentes los requisitos que establece el legislador para acceder a la devolución solicitada, por lo que, además, carece de un derecho indubitado, requisito indispensable para la procedencia del recurso y que pueda ser protegido por la presente vía; pues lo que se detecta, en forma clara y expresa, es la existencia de un conflicto jurídico que excede el ámbito de esta acción cautelar.

6° Que, a mayor abundamiento, la norma en comento es clara respecto de sus requisitos, especialmente en cuanto a la manifestación de voluntad del trabajador de mantener la afiliación de su país de origen, contenida en la letra b) referida.

Lo anterior no es aplicable a los funcionarios públicos, por cuanto su vínculo laboral comienza por un decreto de nombramiento, que no presenta las cláusulas de un contrato y en el que no se realiza manifestación de voluntad alguna, lo que demuestra que la actora no cumple con los requisitos para pretender la devolución solicitada, lo que justifica, rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso deducido a favor de nombre reservado en contra de AFP CUPRUM S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1722-2025-Protección.