nombre reservado con nombre reservado

Rancagua, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

Que con fecha 23 de junio del presente año, comparece don Jaime Silva Aguilera, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación del abogado Renato Darwin Ortega del Valle, socio de la prestadora de defensa penal pública Sociedad Castiglioni y Meza Abogados Asociados Ltda., quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, Defensor Regional de O´Higgins, domiciliado en domicilio reservado, por haber dictado un acto ilegal y arbitrario que afecta sus garantías fundamentales, como es el Ordinario N° 61, de fecha 7 de junio de 2017, por el que se solicitó su sustitución de la nómina de abogados a través de los cuales la referida sociedad licitada presta defensa penal.

El recurso se funda en que el recurrente con fecha 6 de junio del año en curso, requirió a las autoridades regionales de la defensoría penal de esta región, el resguardo por el abuso y hostigamiento del que era objeto desde el año 2014. Sin embargo, al día siguiente recibió la petición de sustitución de la nómina de abogados del contrato vigente que posee Sociedad Castiglioni y Meza.

Expresa que tal medida resulta ilegal por cuanto en la especie no se cumplen los requisitos previstos en las bases administrativas de licitación para que el Defensor Regional pueda pedir la sustitución del abogado, que son, la existencia de casos fundados y la necesidad de una prestación continua y adecuada de defensa de calidad.

Agrega que el acto recurrido es una medida de represalia por la petición de término de abusos y hostigamientos, por lo que es arbitraria e ilegal. En tal sentido, señala que no existe mérito para dictar la resolución administrativa, pues dicha potestad debe ser ejercida en situaciones graves y en casos fundados.

En apoyo de su pretensión señala que el informe de inspección que se cita en el numeral 1° del acto objeto de reproche, fue anulado en los antecedentes sobre reclamación Rol Ingreso Corte 886-2016 Civil, sin que entonces se cuente con ningún respaldo que califique al Sr. Ortega del Valle en la categoría de desempeño con reparo mayor.

Señala que se ha desempeñado en sus funciones de defensor penal público por casi diez años, considerándose los periodos de las tres últimas licitaciones.

Añade que, en cuanto a las reclamaciones, se han ingresado al sistema algunas que no son tales, con clara intención de perjudicarlo y de manipular la información. Sin perjuicio de lo anterior, ninguno de los reclamos ha terminado con sanción administrativa, detallando los procesos sancionatorios llevados en su contra.

También sostiene que resulta desacertado fundamentar el ordinario N° 61, como proceso administrativo de carácter público, con causas del ámbito privado.

Agrega que para la adecuada resolución del asunto se debe considerar la capacidad técnica académica del recurrente, que no ha tenido sanción administrativa durante su trayectoria profesional por casi diez años, posee un doble master en el extranjero, fue premiado con la Beca Chile Bicentenario, cuenta con diversos diplomados y postítulos, además de haber logrado la anulación de dos juicios por ley de control de armas, habiendo participado en 5.480 audiencias para la defensoría penal pública.

Afirma que el recurrido al momento de dictar el ordinario N° 61, podría incurrir en delitos penales, como son los de falsificación de documento público, acusación o denuncia calumniosa, prevaricación del empleado público, vejación injusta o apremios ilegítimos, explicando a la vez que el abuso y hostigamiento en su contra se debe a sus ideas políticas y por ser cercano a Fiscales del Ministerio Público.

Sostiene que la medida de sustitución además resulta inconveniente, por cuanto la ausencia del defensor titular puede generar grave perjuicio para el interés de los imputados.

Refiere que en el año 2014, otro integrante de la sociedad a la que pertenece también había sido sancionado con no participar en el proceso de licitación, desarrollándose inspecciones y auditorias varias, con desigualdad respecto a otros prestadores.

Denuncia como vulnerado el debido proceso, por falta de imparcialidad del órgano que decide, inexistencia de doble instancia, vulneración a la presunción de inocencia, infringiéndose normativa administrativa que indica. Dice que también se ha quebrantado la igualdad ante la ley, debido a la desigualdad de trato, el derecho de propiedad, el derecho al trabajo y su protección, además de la honra de la persona.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso restableciendo el imperio del derecho, resolviendo lo siguiente:

1.- Que el Ordinario Nº 61, de fecha 7 de junio de 2017, del Defensor Regional de O`Higgins don nombre reservado que solicita sustitución de abogado es ilegal y arbitrario.

2.- Que el Ordinario Nº 61, de fecha 7 de junio de 2017, del Defensor Regional de O`Higgins don nombre reservado vulnera las garantías constitucionales del debido proceso, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, el derecho al trabajo y su protección, y el derecho a la honra de la persona.

3.- Que se deja sin efecto el Ordinario Nº 61, de fecha 7 de junio de 2017, del Defensor Regional de O`Higgins don nombre reservado que solicitó la sustitución del abogado don Renato Ortega del Valle, integrante de la nómina de la prestadora licitada de defensa penal de la Zona 2 San Vicente y Peumo, Sociedad Castiglioni y Meza Abogados Asociados Ltda.

4.- Que cese todo abuso, hostigamiento y/o discriminación en la ejecución del contrato de prestación del servicio de defensa penal pública del que pueda ser objeto el abogado don Renato Ortega del Valle, y cualquier medida posterior que impida o perturbe su labor de defensor penal público.

5.- Que se condene en costas al recurrido.

Se declaró admisible el recurso y se pidió informe al recurrido.

Sin perjuicio de ello, el actor, con fecha 20 de julio, agregó como nuevo antecedente, que se le ha notificado de proceso sancionatorio conforme Resolución Exenta de fecha 31 de mayo de 2017, donde se cuestiona al defensor Ortega del Valle por no haber realizado una visita de quincenal de cárcel respecto de un imputado que corresponde a otro defensor penal público. Añade que existen constancias de visitas al imputado privado de libertad según actas de CDP Peumo y que incluso concurrió al domicilio del imputado a informarle a su familia que se encontraba privado de libertad. Además, señala que se trataba de una cusa diversa de otro defensor que no cumplió con la instrucción regional y local de agrupación de causas. Añade que dicho proceso sancionatorio fue notificado con posterioridad a la interposición de este recurso.

Al momento de informar, el recurrido pide el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, se refiere a los antecedentes del contrato de prestación de servicios de defensa penal pública, cuyo régimen normativo permite que los abogados defensores pueden ser relavados temporal o definitivamente pueden ser reemplazados o sustituidos. En el mismo sentido la Defensoría Regional, en casos fundados, basada en la necesidad de asegurar la continuidad de la prestación y una defensa de calidad, podrá pedir el cambio de uno o más abogados integrantes de la nómina.

Agrega, que en el caso que nos convoca, la Sociedad Castiglioni y Meza Asociados Ltda. aceptó la sustitución del abogado Renato Ortega del Valle y propuso al abogado Alberto Ayala Sanhueza, exponiendo que la presente acción es a título personal del Sr. nombre reservado.

Por lo anterior, la presente acción no puede prosperar si el recurrente es socio y administrador de una entidad que ha concurrido con su voluntad para aceptar y validar el acto supuestamente ilegal.

Aclara que los procesos administrativos se han dirigido a la Sociedad, y que el acto recurrido se ajustó a derecho, reiterando los hechos expuestos en el oficio.

Refiere que el informe de inspección sí puede ser considerado, ya que la reclamación de multa se da respecto de un procedimiento administrativo sancionatorio, en la que sólo se dejó sin efecto la multa y que su parte tiene la potestad y la obligación de efectuar la inspección.

Agrega que el recurrente es quien presenta el mayor número de reclamaciones por usuarios de la Defensa Penal Pública en la región, los que principalmente se fundan en el trato altanero, irónico y despectivo. En cada reclamo se ha realizado un procedimiento de revisión de la causa y consulta de la voluntad del imputado, acogiéndose cuatro reclamaciones.

En particular se refiere a los casos de dos imputados quienes reclamaron durante la visita de cárcel que su juicio oral había sido suspendido por más de tres meses, sin su voluntad y, además, se detectó negligencia del abogado defensor, en la preparación de la prueba del juicio oral y por no hacer uso de las herramientas con que cuenta la Defensoría Penal Pública, que permite coordinar y financiar traslado de peritos e imputados.

En cuanto al inicio de nuevos procesos sancionatorios, expone que la infracción investigada es objetiva, esto es, si se efectuó o no la visita de cárcel en la periodicidad quincenal.

Respecto a los antecedentes en los que obró como defensor privado, su conducta es idéntica a la reprochada en la sanción que se aplicó a la Sociedad.

Finalmente, el recurrido se hace cargo de las garantías supuestamente vulneradas, aclarando que la sociedad de la que es parte el recurrente no impugnó el acto recurrido, mediante alguno de los recursos que contempla la Ley 19.980.

Que con fecha 21 de julio se decretó como trámite previo e indispensable para la vista de la causa, oficiar a la Sociedad Castiglioni y Meza Abogados Asociados con el objeto de que informe los motivos que causaron la sustitución del recurrente.

Dicha sociedad, representada por los abogados Jaime Castiglioni y Abelardo Meza señaló que, de acuerdo con el contrato suscrito y con el objeto de dar cumplimiento a la resolución del Defensor Regional, propusieron un nuevo abogado, don Alberto Ayala Sanhueza, el que está prestando servicios desde el 16 de junio de 2017. Agrega que el presente recurso de protección se refiere exclusivamente a una manifestación de voluntad individual por situaciones personales del recurrente y no a situaciones relacionas con la prestación de defensa de los demás integrantes de la persona jurídica prestadora de la defensa penal pública.

El día 4 de agosto del año en curso, se decretaron como trámites, los siguientes: 1°.- Oficiar a la Defensoría Nacional Penal Pública, a fin de que informe la efectividad de encontrarse pendiente ante dicho organismo un recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 110 u otro en que sea parte el recurrente Renato Ortega del Valle o la Sociedad Castiglioni y Meza Ltda. En lo efectivo, deberá informa la materia, partes y estado de la causa, debiendo adjuntar las copias pertinentes del recurso y sus resoluciones. 2°.- Asimismo, se dispuso que el Sr. Secretario de esta Corte certifique la efectividad de encontrarse pendiente el recurso de reclamación Rol 804-2017, materia, partes y estado de la causa.

El Sr. nombre reservado señaló que no existe recurso de apelación alguno pendiente interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 110, de fecha 19 de julio de 2017 y además pide el rechazo del recurso de protección.

A su vez, en cumplimiento de lo ordenado, el Sr. Secretario de esta Corte, certificó lo siguiente: “Que con fecha 18 de julio de 2017, ingresó la causa Rol N° Civil-804-2017, sobre Reclamación Administrativa del artículo 73 Ley 19.718; materia: reclamo de multa administrativa impuesta por Resolución Exenta N° 69 de fecha 25 de Mayo de 2017, del Defensor Penal de O´Higgins don nombre reservado, confirmada por Resolución Exenta N° 300 de fecha 05 de Julio de 2017, del Defensor Nacional don Andrés Mahnke Malschafsky; interpuesta por la Sociedad Castiglioni y Meza Abogados Asociados, representada por Renato Ortega del Valle y Abelardo Meza Olguín en contra de la Defensoría Penal Pública”.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de la acción constitucional interpuesta.

TERCERO: Que, en la especie, el acto recurrido consiste en el Ordinario N° 61 de 7 de junio de 2017, por el cual el Defensor Regional de O’Higgins nombre reservado le solicita a la sociedad Castiglioni & Meza Abogados Asociados, en su calidad de prestadora de defensa penal pública, zona 2-San Vicente y Peumo de la Región de O’Higgins, que sustituya al abogado Renato Darwin Ortega del Valle, de conformidad a lo dispuesto en el punto 8.5.2 de la Resolución N° 158/ 2013 que fijó las Bases de Licitación del Servicio de Defensa Penal Pública, para asegurar la continuidad de la prestación y una defensa de calidad, debido a que el desempeño de dicho abogado infringe los estándares mínimos de calidad del servicio de defensa penal pública, fijados por la Res. Ex. 3389/2010 del Defensor Nacional, por las razones que se indican en el referido ordinario.

CUARTO: Que, al respecto cabe tener presente que el modelo de defensa penal adoptado en Chile por la Ley N° 19.718 que creó la Defensoría Penal Pública, es de carácter mixto, conforme al cual la defensa de los imputados en el proceso penal que carecen de abogado, es ejercida tanto a través de defensores que tiene la condición de funcionarios públicos como también por medio de personas naturales o jurídicas de carácter público o privado a las cuales se haya hecho entrega de una determinada cartera de causas, mediante un proceso de licitación y adjudicación de fondos de carácter público.

QUINTO: Que, en la especie, es un hecho no discutido que la sociedad Castiglioni & Meza Abogados Asociados, se adjudicó la licitación llevada a cabo en el año 2014 del servicio de defensa pena pública para la zona 2- San Vicente y Peumo de la Región de O’Higgins, suscribiendo el respectivo contrato con fecha 18 de agosto de 2014 para la prestación del servicio de defensa por un lapso de tres años a partir del día 1° de septiembre de 2014, aprobado por Resolución Exenta N° 524 de 27 de agosto de 2014 del Defensor Nacional. Tampoco es discutido que el recurrente formaba parte de la nómina de abogados a través de los cuales se prestaba el servicio de defensa licitada, todo lo cual consta en los documentos acompañado bajo el folio 24053-2017.

SEXTO: Que dentro de las normas que formaban parte del referido contrato se encuentran las Bases Administrativas y Técnicas aprobadas por Resolución N° 158 de 3 de octubre de 2013, del Defensor Nacional, -que también constan en el folio 24053-2017- cuyo numeral 8.5.2 establece, en lo pertinente, que la Defensoría Regional, en casos fundados, basada en la necesidad de asegurar la continuidad de la prestación y una defensa de calidad, podrá solicitar al prestador persona jurídica el cambio de uno o más abogados integrantes de la nómina de defensores, agregando que en todo caso el prestador estará obligado a acoger dicha solicitud, sustituyéndola por el abogado que cumpla con los requisitos.

En este caso, la sociedad Castiglioni & Meza Abogados Asociados accedió a la solicitud de sustitución del abogado Ortega del Valle, proponiendo en su reemplazo al abogado Alberto Gabriel Ayala Sanhueza, lo que fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 90 de 13 de junio de 2017 del Defensor Regional de O’Higgins nombre reservado, resolución que se le notificó a la empresa prestadora y al abogado sustituido.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo antes consignado, cabe destacar en primer término que la sustitución de abogado que se cuestiona a través del presente recurso, fue requerida por el Defensor Regional en el marco de la ejecución del contrato de prestación del servicio de defensa licitada y en uso de las facultades contenidas en las Bases Administrativas y Técnicas que forman parte del mismo convenio, petición a la cual la sociedad licitada se allanó, encontrándose aprobado el nuevo abogado propuesto.

De este modo, resulta evidente que los reproches formulados por el recurrente Sr. Ortega del Valle a la solicitud de sustitución de abogado, son a título personal y no representan los intereses de la sociedad Castiglioni & Meza Abogados Asociados, aun cuando forme parte de ella como socio, dado que, como se dijo, ésta se ha allanado a la solicitud del Sr. nombre reservado, sin que conste documento alguno que dé cuenta de alguna oposición a tal medida manifestada a través de sus representantes. Al contrario, la voluntad de la sociedad fue manifestada en forma expresa por los socios Jaime Castiglioni Rojas y Abelardo Meza Olguín, al informar el presente recurso mediante presentación de 1° de agosto de 2017, folio 26.393, donde indican que el presente recurso de protección corresponde exclusivamente a voluntad individual del recurrente por actos personales de éste y no comprende situaciones relacionadas con la prestación de defensa por parte de los demás integrantes de la sociedad prestadora de defensa penal pública.

OCTAVO: Que, de lo dicho, queda además en evidencia que la medida cuestionada no implica el ejercicio de alguna potestad sancionatoria por parte de la Defensoría Regional de O’Higgins, sino que el uso de una facultad prevista en el contrato de defensa licitada y cuyo destinatario es la sociedad que obtuvo la licitación, términos contractuales que fueron aceptados por las partes de este contrato administrativo, en cuanto integran las Bases Administrativas y Técnicas aprobadas por Resolución N° 158 de 3 de octubre de 2013, del Sr. nombre reservado, siendo aplicable en la especie el principio de estricta sujeción a las bases.

Por lo demás, el marco sancionatorio aplicable a los diversos casos de defensa insatisfactoria se encuentra expresamente regulado en los artículos 69 y siguientes de la Ley 19.718, en los que se tipifican las hipótesis que ameritan la imposición de alguna de las sanciones que contempla dicha normativa, como también el sistema recursivo, normas dentro de las cuales no se incluye la petición de cambio de defensor que ha sido ejercida en autos, la que, en consecuencia, constituye una potestad contractual que es propia de la preeminencia de la Administración.

En este sentido, cabe recordar que con la finalidad de velar por el interés general que se busca satisfacer con el servicio público -en este caso de defensa penal-, la Administración tiene la facultad de dirigir la ejecución del contrato, pudiendo incluso modificarlo si durante su desarrollo se dan hechos que así lo justifiquen. Dentro de tales potestades o prerrogativas exorbitantes de la Administración, como se les denomina por la doctrina y la jurisprudencia, se incluyen precisamente el poder de dirección, fiscalización y control y el ius variandi.

Respalda lo expresado lo sostenido por la Excma. Corte Suprema en cuanto a que “en materia de contratos administrativos la regla no es la igualdad jurídica entre los contratantes, sino la existencia de un status superior por parte de la Administración. En la etapa de ejecución, dicho status se manifiesta en una serie de privilegios o facultades exorbitantes que asisten al órgano administrativo y que se justifican por la necesidad de velar por los intereses públicos comprometidos en la ejecución del contrato” (Sentencia C.S. de 24 de agosto de 2015, Rol N° 1126-2015).

NOVENO: Que, ahora bien, para ejercer la facultad de sustitución de abogado respecto de una sociedad que presta el servicio de defensa penal licitada, en la especie, el Defensor Regional, cumpliendo con sus deberes funcionarios en orden a velar por una prestación de defensa de calidad, entendiendo por tal la que se ajusta a los estándares básicos definidos por el Defensor Nacional conforme lo mandata el artículo 69 de la Ley 19.718, contenidos en la Resolución Exenta N° 3389/ 2010, tuvo en consideración los siguientes antecedentes que detalla en el acto impugnado:

a) Informe de inspección de 8 de marzo de 2016, evacuado por nombre reservado, encargado zonal, inspectoría zonal centro, en el que se concluye que, de acuerdo a la guía metodológica para la elaboración de informes de inspección de defensa, contenida en la Resolución Exenta N° 616/2013 del Defensor Nacional, el desempeño profesional del defensor licitado Renato Ortega del Valle encuadra dentro de la categoría de desempeño con reparo mayor, esto es, “aquel en que se constatan incumplimientos de estándares de defensa penal pública, sus objetivos y metas, que inciden en la calidad de la prestación de defensa, que afectan los intereses, derechos o garantías de los imputados o imputadas”. En particular, se destacan las siguientes deficiencias respecto de la causa tres (RUS SVT-00915-15): no se opuso a la solicitud de ampliación del plazo de la detención por sobre el máximo legal de tres días ni a la petición de prisión preventiva a pesar de que el imputado prestó declaración para colaborar con la investigación, ni tampoco al hecho que la medida cautelar se cumpliera en Rancagua y no en Peumo, siendo la regla general que un defensor penal público debe oponerse a tales determinaciones, salvo que vaya en beneficio directo del interés de su representado, cuestión que no se cumpliría en ese caso, agregándose que dicha causa que con posterioridad fue traspasada a un defensor privado.

b) Ser el abogado que ha recibido el mayor número de reclamaciones por el servicio de defensa penal pública, un total de 22, de las cuales fueron acogidas cuatro de ellas, efectuadas por los imputados nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

c) Haber incurrido en una infracción grave a los estándares de defensa que inciden sobre la competencia profesional en actividades de defensa, estándar de defensa y estándar relativo a la prueba, en las causas RIT 15-2017 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua y RIT 568-2016 del Juzgado de Letras y Garantía de Peumo, hechos que incluso motivaron la imposición de una multa de 83 UF a la sociedad prestadora del servicio de defensa licitada de la que forma parte, mediante Resolución Exenta N° 69 de 25 de mayo de 2017.

d) Incumplir el instructivo nacional y regional de imputados privados de libertad en la causa RUD SVT-01624-16, respecto del imputado nombre reservado, hechos que motivaron la apertura de un proceso sancionatorio a la sociedad de que forma parte, mediante Resolución Exenta N° 74/2017 de 31 de mayo de 2017.

e) En causa RIT 490-2016 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua seguida contra el imputado nombre reservado, se declaró el abandono de la defensa de Renato Ortega del Valle, por manifiesta negligencia en la preparación de la prueba a rendir, causa que si bien llevó a cabo como defensor privado, es una prueba de desempeño deficiente como defensor penal.

DÉCIMO: Que el recurrente ha cuestionado los motivos que justifican la resolución que reprocha de ilegal y arbitraria, argumentando que aquellos no resultan efectivos y que incluso podrían importar una falsificación ideológica, por la que formuló una denuncia de carácter penal contra el Defensor Regional, argumentando en estrados que existiría una desviación de poder, pues su desvinculación como defensor penal licitado no sería más que un hostigamiento en su contra debido a sus ideas políticas y al hecho de ser cercano a los fiscales.

UNDÉCIMO: Que al respecto cabe tener presente que dentro de los requisitos objetivos que debe cumplir un acto administrativo para que se produzca regularmente y no incurra en causa de invalidez, se encuentra la expresión de motivos y el cumplimiento de una finalidad lícita y propia del órgano que la dicta. Por ello la doctrina distingue entre los motivos y la causa del acto administrativo. “Los motivos son la razón de ser, el fundamento, o si se quiere la causa impulsiva. La causa, en cambio, debe ser entendida como la causa finalis, que la mayoría hace radicar en la adecuación del contenido del acto a los fines que persigue. De este modo, la causa es la función objetiva que el acto cumple y de cuya concurrencia depende su validez” (Luis Cordero Vega, Lecciones de Derecho Administrativo, Thomson Reuters, año 2015, pág. 263).

Ahora bien, al efectuar el control de la motivación del acto impugnado, a través del cual el Defensor Regional ejerció una potestad especialmente reglada en el numeral 8.5.2 de las Bases Administrativas y Técnicas aprobadas por Resolución N° 158 de 3 de octubre de 2013, del Defensor Nacional, cabe tener presente que la petición de sustitución de defensor se fundamenta, por una parte, en informes de inspecciones, los que, tal como lo ha dicho la Excma. Corte Suprema, “constituyen instrumentos de medición y evaluación destinados a examinar las actuaciones de la defensa penal pública bajo criterios metodológicos claros y objetivos y que corresponden precisamente a una de las modalidades de control de la prestación de defensa establecidas en el artículo 56 de la Ley N° 19.718” (Sentencia C.S. de 8 de agosto de 2017, Rol N° 18.214-2017). Por otra parte, el acto impugnado se basa, además, en datos objetivos como son la existencia de procesos sancionatorios a la sociedad prestadora del servicio de defensa licitada a causa del obrar del recurrente, el número de reclamaciones efectuadas en contra del abogado Ortega del Valle y la declaración del abandono de la defensa en la causa que se precisa en el punto 5°.

De este modo, en principio, el acto impugnado cumple con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 11 de la Ley 19.880, en cuanto expresa los hechos y fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la potestad en cuestión, antecedentes que, además, guardan estrecha relación con la finalidad del acto, cual es, asegurar la continuidad de la prestación y una defensa de calidad, pues da cuenta de un desempeño deficiente por parte del recurrente en su calidad de defensor penal público, siendo deber de la Defensoría Regional velar porque los imputados cuenten con una defensa técnica de calidad que les permita el adecuado y oportuno ejercicio de los derechos que la ley y la Constitución les otorgan, descartándose así una desviación de fin o de poder, esto es, que la autoridad administrativa haya utilizado la potestad de solicitar el cambio de abogado para fines distintos de los previstos en la norma, más aún si no se ha acompañado antecedente alguno que dé cuenta del hostigamiento político y personal que el recurrente menciona en su recurso, sin que tampoco sea esta instancia cautelar aquella en la que pueda ventilarse la falsedad ideológica de los mismos.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el recurrente postula además que los motivos del acto impugnado deben ser desestimados por cuanto no resultan efectivos, para lo cual realiza alegaciones respecto de cada uno de ellos, de las cuales esta Corte se hará cargo a continuación.

En cuanto al primer fundamento, relativo al informe de inspección de 8 de marzo de 2016, el actor sostiene que éste no puede ser valorado para justificar la sustitución de abogado, por cuanto esta Corte en el Rol 886-2016 Civil, acogió el reclamo de la multa impuesta a la sociedad basada en ese mismo informe. Sobre el punto cabe señalar que si bien es efectivo que en dicha reclamación este tribunal desestimó la multa impuesta a la sociedad Castiglioni & Meza, por considerar que el abogado Ortega del Valle no había incurrido en falta alguna que amerite la sanción administrativa impuesta, tal determinación no impide que dicho antecedente sea valorado por la Administración para ejercer la potestad de sustitución, por cuanto, como se dijo, esta última no importa el ejercicio de la potestad sancionatoria, sino que sólo atiende al uso de una prerrogativa contractual, prevista en las bases de licitación, respecto de la cual rige el principio de estricta sujeción. En todo caso, lo resuelto en la reclamación de multa atiende a que la estrategia de defensa adoptada por el recurrente en el caso que se detalla en la letra a) del motivo noveno de este fallo, no implica una falta que amerite la imposición de una multa a la sociedad, pero no descarta la discrepancia de la Defensoría Penal Pública sobre la corrección de dicho actuar, de modo que sí puede ser valorada para justificar una medida administrativa, no sancionatoria y de mucho menor intensidad, sobre todo si igualmente se dejó asentado que el plazo de detención del imputado a su cargo se amplió por sobre el máximo legal sin oposición de su parte, como se consigna en el motivo 4° de la sentencia dictada en el Rol 886-2016 Civil.

En cuanto al segundo motivo, relativo a ser el abogado con mayor número de reclamaciones, el recurrente no logró desvirtuar este punto. Además, se debe tener presente que como lo informó el recurrido, de acuerdo al sistema de reclamaciones, regulado mediante Resolución Exenta N° 1276 de 30 de abril de 2012 del Defensor Nacional (folio 24052-2017), que aprueba el nuevo manual de “Sistema Integral de Atención de Usuarios Defensoría Penal Pública”, deben ingresarse como tales cualquier disconformidad del imputado hacia su defensor, siendo lo relevante en este punto el número de reclamaciones ingresadas en su contra, muy superior al promedio que se aprecia en el cuadro estadístico contenido en el informe del recurrido, en el que el defensor que le sigue registra 4 reclamaciones en el año 2016, en tanto el actor figura con 10 reclamaciones. Además, la resolución impugnada ha considerado especialmente que cuatro de los reclamos fueron acogidos, uno en el año 2017 (PEU-00384-16), dos en el año 2016 (PEU-00341-16) y otro en el año 2014 (PEU-00133-14), lo que consta en el registro mencionado en el N° 2 del Ordinario 61 de 7 de junio de 2017, que se ha tenido a la vista.

A lo dicho, cabe agregar que no se ha acompañado antecedente alguno que dé cuenta de la manipulación del registro de reclamaciones recibidas por el Sr. Ortega del Valle.

Respecto del tercer motivo del acto censurado, la infracción a los estándares de defensa se hace consistir en haber suspendido la audiencia de juicio oral de dos imputados por delito de robo con violencia, por no contar con la prueba de un perito que se encontraba de vacaciones y por haber solicitado la suspensión sin el acuerdo de sus defendidos, permitiendo su reagendamiento desde el 10 de febrero de 2017 hasta el 26 de mayo de 2017, todo lo cual habría derivado en la imposición de una multa a la sociedad licitada de 83 UF, mediante Resolución Exenta N° 69 de 25 de mayo de 2017, cuya apelación fue rechazada por el Defensor Nacional, quien confirmó la multa impuesta, mediante Res. Exenta N° 300 de 5 de julio de 2017, resolución última que se hizo cargo de la prueba presentada por el Sr. Ortega del Valle para desvirtuar los cargos formulados, desestimándola en su punto 8, por estimar que se constata una actitud negligente del defensor, tanto al momento de recabar la prueba de descargo que beneficiaría la teoría del caso de la defensa, causa que según el SIGDP asumió el 1° de agosto de 2016, como también se le reprocha haber solicitado la suspensión del juicio oral sin la voluntad y conocimiento de los imputados, lo que se analiza en profundidad en la letra b) del numeral 8 de dicha resolución.

A su vez, si bien en contra de la señala multa la sociedad Castiglioni y Meza Abogados Asociados Ltda., dedujo un recurso de reclamación cuya tramitación se encuentra pendiente ante esta Corte de Apelaciones bajo el rol 804-2017 Civil, cabe reiterar lo ya dicho en los motivos séptimo y octavo de esta sentencia, en cuanto a que, por una parte, a través del presente recurso de protección sólo se reclama una medida que afecta en forma personal al Sr. Ortega del Valle, habiéndose allanado a la petición de sustitución de defensor la sociedad prestadora, la que, además, se ha manifestado ajena a lo reclamado en la presente acción constitucional. Y, por otra parte, ha quedado claro que la medida cuestionada no importa el ejercicio de alguna potestad sancionatoria por parte del Defensor Regional, sino sólo el ejercicio de una prerrogativa que forma parte de las atribuciones preeminentes de la administración en relación con la ejecución del contrato de defensa licitada. De esta manera, la existencia de una reclamación pendiente en contra de la multa impuesta a la sociedad aludida no obsta a la medida de sustitución de abogado que se ventila en estos antecedentes.

DECIMOTERCERO: Que, en cuanto al motivo 4° de la decisión impugnada, este consiste en que el abogado Renato Ortega del Valle no cumplió con los oficios de la Defensoría Regional y Nacional que instruyen visitar a los imputados privados de libertad al menos quincenalmente, en lo que dice relación con el imputado nombre reservado, por cuanto desde el 14 de diciembre de 2016 y durante el plazo de investigación de 90 días, no se registra en el sistema gestión del defensor su interés en citar o comunicarse con él, hecho que motivó, además, la apertura de un proceso sancionatorio contra la sociedad de que forma parte, mediante Resolución Exenta N° 74/2017 de 31 de mayo de 2017.

Según se indica en la resolución antes referida, el reproche contra el Sr. Ortega del Valle se centra en que, si bien el imputado nombre reservado había quedado en libertad en la causa a su cargo, por conducción en estado de ebriedad, en el intertanto fue sometido nuevamente a la cautelar de prisión preventiva, por el delito de desacato y amenazas desde el 28 de marzo de 2017, causa a cargo del defensor Carlos Arriagada Blanco. En ese contexto, el recurrente habría incumplido el instructivo que obliga a efectuar la visita de cárcel aun cuando la prisión preventiva sea impuesta en causa diversa, incumplimiento que se refiere al mes de abril de 2017, por cuanto sólo lo visita el 11 de mayo de 2017.

A este respecto, el recurrente no ha acompañado antecedentes que permitan entender cumplida su obligación de visitar al menos quincenalmente al imputado nombre reservado, durante el mes de abril de 2017, limitándose a plantear que ello se produjo porque el otro defensor no habría cumplido con el deber de agrupación de causas y que en la audiencia de 11 de mayo de 2017 logró la libertad de dicho imputado en la causa del otro defensor. De lo expuesto queda en evidencia que el reproche objetivo existe y que éste da cuenta de un incumplimiento a los instructivos de la Defensoría Regional y Nacional, contenidos en la Resolución Exenta N°154 de 17 de junio de 2013 y en la Resolución Exenta N° 529 de 27 de agosto de 2014, respectivamente.

Por lo demás, cabe tener presente que si bien el recurrente ha dado cuenta que apeló de la multa de 6 UF impuesta por este motivo a la sociedad prestadora por Resolución Exenta N° 110 de 19 de julio de 2017, de los antecedentes acompañados en esta instancia consta que dicho recurso de apelación se tuvo por no interpuesto por el Defensor Regional, por estimar que en dicha presentación efectuada -desde el correo electrónico del Sr. Ortega del Valle-, no se demostró que éste contara con personería para representar a la sociedad, la que de acuerdo al pacto social puede ser efectuada por dos de los tres socios, cualquiera de ellos, pero actuando conjuntamente, lo que no se cumplió en la especie, sin que esta Corte cuente con antecedentes que permitan establecer que tal determinación resulta irregular.

Sobre este punto, es del caso tener presente que dentro de los estándares básicos de defensa se encuentra el de la información, por el cual el defensor o defensora siempre mantendrá informado al imputado o imputada del estado del proceso, la estrategia de defensa y de los derechos y deberes que le asisten mientras esté sujeto a persecución penal, para lo cual procurará entrevistarse con su cliente. De este modo, resulta evidente que no es posible excusar al Sr. Ortega del Valle de tal obligación por la circunstancia que el defensor del otro caso no haya aceptado la agrupación de causas, por cuanto de todos modos sabía que el imputado estaba privado de libertad y así todo no lo visitó al menos quincenalmente en el periodo fiscalizado. Por lo demás, el instructivo sólo establece una periodicidad mínima y no óptima, de modo que el incumplimiento de la misma resulta aún más lesivo para el imputado.

Por último, en cuanto al motivo 5° del acto censurado, cabe consignar que si bien el abandono de la defensa decretado respecto del recurrente mediante resolución de 9 de mayo de 2017 en la causa RIT 490-2016 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, dice con la asesoría prestada en ese proceso como defensor privado, no cabe duda que tal antecedente influye en las expectativas de su desempeño como defensor penal público licitado, desde que da cuenta del incumplimiento de las obligaciones propias de todo defensor, como son la debida preparación del juicio oral y de la prueba aportada por la defensa, de todo lo cual se deja constancia en la aludida decisión de abandono. Sobre este tópico no cabe duda que los estándares básicos para el ejercicio de la defensa penal pública, son aplicables a los defensores privados, desde que en uno y otro caso, el abogado defensor debe realizar una defensa de calidad, que resguarde los derechos e intereses del imputado y que permita su juzgamiento dentro de un tiempo razonable, sin dilaciones innecesarias, parámetros del cuales se contempla que todo imputada e imputado no deben estar sometidos a una investigación más allá del tiempo estrictamente necesario y que el defensor o defensora debe preparar adecuadamente la prueba a rendir en el juicio oral.

La circunstancia que con posterioridad a la declaración de abandono se haya logrado la absolución de este imputado, no desvirtúa el mérito de dicha resolución, por cuanto ella se basó en lo injustificado de la petición de suspensión del juicio y porque, además, de haber preparado adecuadamente dicha audiencia, tal absolución pudo producirse el 9 de mayo de 2017 y no tres meses después, el 23 de agosto de 2017, todo lo cual revela una extensión indebida del derecho del imputado a ser juzgado dentro de un tiempo razonable.

DÉCIMOCUARTO: Que de todo lo razonado, se concluye que el acto recurrido se ajusta a la ley y, en particular, a las bases administrativas y técnicas que integran el contrato de defensa penal licitada, además de lo cual expresa los motivos de hecho y jurídicos en que se sustenta, no siendo en consecuencia arbitrario, lo que conduce necesariamente a la desestimación del recurso de protección.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza el recurso de protección interpuesto en la presentación de fecha 23 de junio del año en curso, por don Renato Darwin Ortega del Valle en contra del Defensor Regional de O´Higgins don nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Sr. Caro Resolviendo el escrito presentado por el recurrido con fecha 25 de agosto de 2017: atendido que las expresiones vertidas en sus escritos por el recurrente no reúnen los requisitos del artículo 531 del Código Orgánico de Tribunales, no ha lugar a lo solicitado.

Rol Corte 1722-2017 Protección.