Protección contra dicha entidad edilicia y de su alcalde

C.A. de Rancagua Rancagua, cuatro de junio de dos mil veintiséis.

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Con fecha 21 de octubre de 2025 comparece doña nombre reservado, funcionaria municipal a contrata de la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo, quien interpone recurso de protección en contra de dicha entidad edilicia y de su alcalde, don Marco Antonio Contreras Jorquera, fundado en la dictación del Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 22 de septiembre de 2025, mediante el cual se dispuso su destitución. Sostiene que dicho acto vulnera las garantías consagradas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Posteriormente, amplió la acción deducida al Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 10 de octubre de 2025, que rechazó la solicitud de reconsideración administrativa presentada en contra de la referida sanción, confirmándola en todas sus partes.

Expone que se desempeñó desde el año 2017 como periodista y encargada de Relaciones Públicas de la Municipalidad, manteniendo calificaciones en Lista N°1 hasta el año 2022. Señala que, desde fines de 2020, comenzó a sufrir situaciones de acoso laboral, maltrato y violencia de género por parte del alcalde y de otra funcionaria municipal, circunstancias denunciadas en sede laboral y ante la Contraloría General de la República. Añade que, producto de tales hechos, sufrió un intento suicida en febrero de 2022, siendo posteriormente diagnosticada con Trastorno por Estrés Postraumático Complejo (TEPT-C), manteniendo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Indica que, pese a existir medidas cautelares decretadas en una causa de tutela laboral seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Fernando, la Municipalidad dispuso su destitución en el marco de un sumario administrativo instruido por supuesto uso indebido de licencia médica, consistente en haber realizado viajes al extranjero durante el período de reposo. Refiere que la sanción le fue notificada el 24 de septiembre de 2025 y que dedujo solicitud de reconsideración administrativa, la cual fue rechazada mediante Decreto Alcaldicio N°NUM001, de fecha 10 de octubre de 2025, acto que también impugna en el arbitrio impetrado.

Alega que la medida disciplinaria vulnera su integridad psíquica, por cuanto desconoce el contexto de salud mental derivado del acoso laboral denunciado y configura una represalia agravante de su condición médica. Asimismo, sostiene que la conducta imputada no encuadra dentro de las causales de destitución previstas en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, desde que el eventual incumplimiento de reposo médico no constituye, por sí solo, una infracción grave al principio de probidad administrativa.

Añade que la sanción resulta desproporcionada, atendido que no se ponderaron circunstancias atenuantes tales como su trayectoria funcionaria, su estado de salud mental y la inexistencia de perjuicio económico para el municipio.

Del mismo modo, denuncia vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, señalando que otro funcionario investigado en el mismo procedimiento por hechos similares recibió una sanción considerablemente menor.

Finalmente, sostiene que la destitución afecta gravemente su honra, reputación profesional y derecho de propiedad sobre su empleo y remuneraciones, al atribuírsele una infracción grave al principio de probidad administrativa. Invoca, además, diversa jurisprudencia relativa al principio de proporcionalidad y a la improcedencia de aplicar sanciones de destitución por viajes efectuados durante períodos de licencia médica.

En definitiva, solicita se acoja el recurso, se deje sin efecto la sanción de destitución y se ordene su reincorporación al cargo que desempeñaba, con pago de las remuneraciones y beneficios dejados de percibir, además de disponerse la suspensión inmediata de los efectos de los decretos alcaldicios impugnados.

Con fecha 7 de noviembre de 2025 evacuando informe, la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo solicita el rechazo íntegro del recurso, sosteniendo que no existe acto ilegal o arbitrario alguno que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Expone que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en el Oficio N°NUM003 de la Contraloría General de la República, mediante el cual se instruyó a la Municipalidad iniciar sumarios administrativos respecto de funcionarios que registraban salidas del país mientras hacían uso de licencia médica. Señala que, en cumplimiento de dicha instrucción, se ordenó instruir sumario administrativo mediante Decreto Alcaldicio N°NUM004, de 26 de mayo de 2025, designándose fiscal instructor y actuaria.

Indica que la recurrente fue investigada por haber viajado a Florianópolis, Brasil, entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre de 2023, encontrándose con licencia médica, circunstancia acreditada mediante antecedentes migratorios, licencias médicas y resoluciones de la COMPIN que rechazaron el reposo por incumplimiento del mismo. Añade que durante el sumario se desarrollaron todas las etapas procedimentales, formulándose cargos, recibiéndose descargos y analizándose los antecedentes aportados por la funcionaria.

Refiere que, concluido el procedimiento disciplinario, el fiscal instructor propuso aplicar la sanción de destitución por estimar configurada una infracción grave al principio de probidad administrativa y a los deberes funcionarios previstos en la Ley N°18.883. Precisa que, mediante Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 22 de septiembre de 2025, se resolvió aplicar dicha medida disciplinaria, la que posteriormente fue confirmada mediante Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 10 de octubre de 2025, dictándose finalmente el acto terminal contenido en el Decreto Afecto N° NUM005, de 23 de octubre de 2025, remitido posteriormente a toma de razón de la Contraloría Regional.

Sostiene que la actuación municipal se ajustó plenamente a derecho, en tanto la medida disciplinaria fue adoptada dentro de las facultades legales del municipio y conforme al procedimiento establecido en los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883, respetándose el debido proceso, el derecho a defensa y todas las garantías procedimentales de la recurrente. Añade que el acto administrativo fue dictado por autoridad competente y fundado en antecedentes objetivos, consistentes en el viaje al extranjero efectuado durante la vigencia de licencias médicas otorgadas por razones de salud.

En cuanto al fondo, argumenta que dicha conducta configura una infracción grave al principio de probidad administrativa y al deber de observar una conducta funcionaria intachable, citando para ello los artículos 13 y 52 de la Ley N°18.575 y los artículos 58 letra g) e i) de la Ley N°18.883. Asimismo, sostiene que la licencia médica tiene por finalidad el restablecimiento de la salud del funcionario, de modo que su utilización para efectuar viajes internacionales resulta incompatible con la finalidad legal del reposo médico.

Niega, además, toda vulneración a las garantías constitucionales invocadas.

Señala que no existe afectación ilegítima a la honra ni a la integridad psíquica de la recurrente, desde que la calificación de falta grave a la probidad deriva directamente de la normativa aplicable y no de juicios ofensivos o injuriosos. Del mismo modo, afirma que el debido proceso fue plenamente respetado, atendido que la actora formuló descargos, acompañó prueba y ejerció recursos administrativos dentro del procedimiento disciplinario.

Respecto de la alegada vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, sostiene que la comparación efectuada con otro funcionario investigado carece de fundamento, pues se trataría de situaciones distintas, existiendo antecedentes personales excepcionales que justificaron la aplicación de una sanción diversa.

Añade que la distinta respuesta disciplinaria obedece al ejercicio razonado de la potestad administrativa y no a un trato discriminatorio.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, afirma que el principio de proporcionalidad no impide aplicar la sanción máxima cuando la falta reviste gravedad suficiente, especialmente considerando que el viaje al extranjero no fue autorizado por la autoridad sanitaria ni por la COMPIN. Agrega que la jurisprudencia administrativa y judicial ha reconocido que el uso indebido de licencias médicas afecta gravemente la confianza pública y puede justificar la medida de destitución.

Finalmente, descarta que la medida disciplinaria constituya una represalia derivada de las acciones judiciales o denuncias formuladas por la recurrente, indicando que el sumario administrativo obedeció exclusivamente al cumplimiento de instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República respecto de todos los funcionarios incluidos en la nómina observada. Añade que las denuncias de acoso laboral aún se encuentran pendientes de resolución judicial, por lo que no existe pronunciamiento jurisdiccional firme sobre tales hechos.

En definitiva, sostiene que no concurren los presupuestos del recurso de protección, al no existir acto ilegal o arbitrario ni afectación de garantías constitucionales, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional deducida.

Con fecha 13 de diciembre de 2025 el recurrente expone que, con fecha 5 de diciembre de 2025, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de San Fernando dictó sentencia en la causa RIT T-11-2024, sobre tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, la cual constituye -a su juicio- un antecedente esencial y sobreviniente, directamente relacionado con los actos administrativos impugnados en estos autos, particularmente con la destitución dispuesta mediante los Decretos Alcaldicios N°NUM000 y N°NUM001.

Sostiene que dicho fallo resulta relevante para ponderar la legalidad, arbitrariedad y proporcionalidad de la sanción aplicada a la recurrente, solicitando se tenga por acompañado y agregado a los autos al momento de resolver el recurso de protección.

Con fecha 9 de enero del presente año la actora solicita tener presente diversas alegaciones derivadas del documento acompañado, sosteniendo que éste desvirtúa la legalidad y racionalidad de los Decretos Alcaldicios N°NUM000 y N°NUM001 que dispusieron su destitución.

En primer término, invoca la doctrina de los actos propios, argumentando que resulta contradictorio que la recurrida haya dispuesto su destitución por una supuesta falta grave al principio de probidad administrativa y, posteriormente, haya emitido un nuevo decreto renovando su contrata para el período 2026. Sostiene que dicha renovación importaría un reconocimiento implícito de que sus servicios continúan siendo necesarios y compatibles con el ejercicio de la función pública.

Asimismo, alega falta de motivación racional de los actos impugnados, señalando que la renovación de la contrata demostraría que la destitución no obedeció a una necesidad efectiva de apartarla del servicio, vaciando de contenido la fundamentación de los decretos sancionatorios y evidenciando, a su juicio, un actuar arbitrario contrario a las exigencias del artículo 11 de la Ley N°19.880.

Finalmente, sostiene que el nuevo nombramiento constituye un reconocimiento de la confianza legítima generada por su permanencia por más de ocho años en la institución, circunstancia que obligaría a la autoridad administrativa a mantener una actuación coherente y respetuosa de sus garantías constitucionales.

Por último, con fecha 2 de abril del actual el recurrente solicita se tenga presente un hecho nuevo y sobreviniente, consistente en la notificación del Decreto Alcaldicio N°NUM006, de 30 de marzo de 2026, mediante el cual se dispuso la no renovación de la contrata de su representada a contar del 1 de mayo de 2026.

Sostiene que dicho acto administrativo consolida y agrava las vulneraciones denunciadas en el recurso principal, particularmente respecto de las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso. Señala que la recurrente se desempeñó ininterrumpidamente para la Municipalidad desde enero de 2017, superando ampliamente el umbral temporal que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha considerado suficiente para la configuración del principio de confianza legítima.

Alega que la no renovación carece de causal legal suficiente, desde que no existiría sumario administrativo afinado ni calificación deficiente que justifique el término de la relación funcionaria, cuestionando además que la Municipalidad invoque razones de adecuación de dotación, pese a haber renovado previamente la contrata de la recurrente durante el año 2025. Añade que tal modificación de criterio constituye un cambio intempestivo y arbitrario en la actuación administrativa.

Asimismo, sostiene que la decisión impugnada debe analizarse como parte de un proceso continuo de afectación de derechos fundamentales, afirmando que la no renovación de la contrata constituye la consolidación de una represalia derivada de las acciones judiciales y denuncias de acoso laboral interpuestas por la recurrente.

Finalmente, denuncia desviación de poder y falta de motivación racional del Decreto Alcaldicio N°NUM006, argumentando que los fundamentos invocados por la autoridad municipal respecto de las funciones del cargo no se condicen con las labores desempeñadas por la recurrente durante años, estimando que el acto recurrido carece de fundamentación suficiente y responde a un actuar caprichoso de la Administración.

Agregaron las partes los documentos que constan acompañados en la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1° Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado. 2° Que, en la especie, la recurrente reprocha a la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo la dictación del Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 22 de septiembre de 2025, que dispuso su destitución, y del Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 10 de octubre de 2025, que rechazó su reconsideración, sosteniendo que dichos actos vulnerarían sus derechos a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso, honra y propiedad. Afirma, en síntesis, que la sanción obedecería a un acto de represalia vinculado a denuncias de acoso laboral, que la conducta investigada - viajar al extranjero durante licencia médica- no constituiría infracción grave a la probidad, que la medida resultaría desproporcionada, que no se ponderaron su salud mental, trayectoria funcionaria ni ausencia de perjuicio fiscal, que existió trato desigual respecto de otro funcionario sumariado, y que los actos posteriores de renovación y no renovación de contrata confirmarían la arbitrariedad denunciada. 3° Que, la recurrida solicitó el rechazo de la acción, señalando que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en una instrucción de la Contraloría General de la República, vinculada a la detección de funcionarios que registraban salidas del país durante períodos de licencia médica, motivo por el cual se instruyó sumario administrativo mediante Decreto Alcaldicio N°NUM004, de 26 de mayo de 2025. Expuso que la recurrente fue investigada por haber viajado a Florianópolis, Brasil, entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre de 2023, encontrándose con licencia médica, circunstancia acreditada con antecedentes migratorios, licencias médicas y resoluciones de la COMPIN que rechazaron el reposo por incumplimiento del mismo. 4° Que, de los antecedentes allegados al proceso, aparece que el procedimiento disciplinario seguido en contra de la recurrente se inició en el contexto de una investigación general impulsada a partir de antecedentes proporcionados por la Contraloría General de la República, relativos a funcionarios públicos que registraban salidas del país mientras hacían uso de licencia médica.

Así, la instrucción del sumario administrativo no obedeció a una actuación singular o exclusivamente dirigida en contra de la actora, sino al ejercicio de las potestades de control y disciplina funcionaria que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración.

En tal contexto, no se advierte que la autoridad recurrida haya actuado fuera del ámbito de sus competencias legales al instruir el procedimiento disciplinario y adoptar una decisión sancionatoria respecto de hechos que estimó constitutivos de responsabilidad administrativa. 5° Que, en cuanto a la alegación relativa a la improcedencia de calificar los hechos investigados como una infracción grave al principio de probidad administrativa, cabe señalar que la discusión planteada por la recurrente se vincula esencialmente con la valoración jurídica efectuada por la autoridad administrativa respecto de la gravedad de la conducta investigada y la entidad de la sanción finalmente impuesta.

En efecto, la actora sostiene que el eventual incumplimiento del reposo médico no podría subsumirse dentro de las hipótesis que autorizan la aplicación de la medida disciplinaria de destitución y que la Municipalidad habría excedido sus atribuciones al asociar dicha conducta a una infracción grave al principio de probidad administrativa. Sin embargo, de los antecedentes aparece que la autoridad administrativa explicitó las razones por las cuales estimó que el viaje realizado al extranjero durante la vigencia de una licencia médica, resultaba incompatible con los deberes funcionarios y con la finalidad del reposo médico, especialmente considerando que las licencias involucradas fueron posteriormente rechazadas por la COMPIN por incumplimiento del reposo prescrito.

En este sentido, podrá discutirse si dicha conducta justificaba o no la aplicación de la sanción máxima contemplada en el estatuto administrativo, sin embargo, aquello supone necesariamente un examen de mérito y proporcionalidad propio del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración, cuestión que excede el ámbito cautelar y excepcional del recurso de protección, desde que no se advierte que la decisión impugnada carezca absolutamente de fundamentación o responda a un mero acto caprichoso o infundado.

Además, el actuar imputado y reconocido por la propia recurrente claramente constituye una falta a la probidad exigible a todo funcionario público, pues desvía recursos fiscales destinados a cubrir el tiempo de reposo por el cual se otorga la licencia, que supone una imposibilidad de cumplir la función para la que está contratado, para un fin personal, extendiendo sus días de permiso para ausentarse del trabajo sin causa ni motivo justificado, sin que tampoco haya probado la falta de perjuicio fiscal, dado que si bien la COMPIN le rechazó su licencia, como a los funcionarios públicos se les paga el sueldo íntegro -aun cuando hagan uso de licencia médica-, no acompañó la liquidación de remuneraciones respectiva u otro documento idóneo que acreditara dicho descuento o reembolso. 6° Que, en lo relativo a la alegación de desproporción de la sanción, la recurrente sostiene que la autoridad no ponderó adecuadamente circunstancias tales como su trayectoria funcionaria, la inexistencia de perjuicio fiscal, su estado de salud mental y el contexto médico y laboral en que ocurrieron los hechos investigados. No obstante, del mérito de los antecedentes aparece que tales circunstancias fueron conocidas por la autoridad administrativa durante la tramitación del procedimiento disciplinario y formaron parte de los antecedentes incorporados por la propia funcionaria en sus descargos.

Así, aun cuando la recurrente discrepe de la valoración efectuada por la Municipalidad respecto de dichos antecedentes y estime que ellos debieron conducir a una sanción diversa, aquello no basta para configurar arbitrariedad en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, desde que la sola discrepancia con el criterio disciplinario adoptado por la Administración no habilita a esta Corte para sustituirlo por uno distinto en sede cautelar. 7° Que, en cuanto a la alegación de represalia derivada de las denuncias de acoso laboral y acciones judiciales deducidas por la recurrente, si bien de los antecedentes acompañados aparece la existencia de controversias laborales previas entre las partes y acciones judiciales vinculadas a tales hechos, ello no resulta suficiente, por sí solo, para concluir que el procedimiento disciplinario impugnado haya tenido un carácter persecutorio o apartado del debido proceso.

En efecto, no existen antecedentes objetivos que permitan establecer que la investigación administrativa se haya iniciado como consecuencia directa de dichas denuncias o con prescindencia de los antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República respecto de funcionarios públicos que registraban salidas del país durante períodos de licencia médica, sino que, por el contrario, se produjo precisamente por los antecedentes ordenados investigar por la Contraloría.

Por consiguiente, la alegación de desviación de poder o utilización instrumental del procedimiento disciplinario no aparece suficientemente acreditada en esta sede cautelar. 8° Que, tampoco se advierte vulneración al derecho de igualdad ante la ley por la circunstancia de haberse aplicado una sanción diversa a otro funcionario investigado dentro del mismo procedimiento administrativo, por cuanto la potestad disciplinaria exige necesariamente una ponderación particular de los antecedentes concurrentes respecto de cada funcionario investigado, de modo que la sola existencia de sanciones distintas no permite concluir, por sí misma, la concurrencia de una discriminación arbitraria, especialmente cuando no aparece acreditada una identidad absoluta entre las circunstancias personales, funcionales y fácticas consideradas por la autoridad al momento de resolver. 9° Que, en cuanto a las garantías contempladas en los numerales 1°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la afectación psíquica, reputacional y patrimonial que la recurrente atribuye a la sanción impuesta corresponde a consecuencias inherentes a toda medida disciplinaria válidamente adoptada dentro del marco estatutario aplicable.

Asimismo, la circunstancia de haberse calificado la conducta investigada como infracción grave al principio de probidad administrativa deriva de una decisión adoptada dentro de un procedimiento disciplinario formalmente instruido y respecto de hechos específicos sometidos a investigación, no advirtiéndose expresiones injuriosas, actuaciones extralegales ni afectaciones autónomas a la honra o vida privada de la recurrente distintas de aquellas propias de la sanción administrativa impuesta. 10° Que así, los antecedentes acompañados con posterioridad por la actora, relativos a la sentencia dictada en la causa laboral RIT T-11-2024, a la renovación de su contrata para el período 2026 y a la posterior decisión de no renovación contenida en el Decreto Alcaldicio N°NUM006, tampoco alteran lo razonado precedentemente, desde que corresponden a actuaciones y procedimientos diversos de aquel que constituye el objeto específico de la presente acción constitucional y no permiten desvirtuar, por sí mismos, la legalidad formal y fundamentación de los actos administrativos impugnados en autos. 11° Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado que los actos recurridos sean ilegales o arbitrarios en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ni que éstos hayan privado, perturbado o amenazado ilegítimamente las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1717-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.