nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL

C.A. de Rancagua Rancagua, nueve de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 21 de octubre del año dos mil veinticinco comparece doña nombre reservado quien interpuso acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Mostazal, representada legalmente por su alcaldesa, doña Verónica Arroyo Arancibia, por los actos arbitrarios e ilegales en los que ha incurrido, consistentes en retrasar injustificadamente una investigación por ley Karin (Ley 21.643) interpuesta en su contra, ignorando sus solicitudes y reclamos realizados por la vía administrativa, vulnerando sus derechos consagrados en el artículo 19 N° 2 y 4 de la Carta Fundamental.

Funda su recurso señalando que con fecha 25 de noviembre del año 2024 fue notificada en su lugar de trabajo respecto de dos denuncias realizadas en su contra en el marco de la Ley Nº21.463, denominada Ley Karin, oportunidad en que se le informa, además, las medidas de resguardo que debería cumplir durante el curso de la investigación, agregando que, hasta la fecha de interposición del recurso, continúa con dichas medidas, sin recibir información alguna respecto de los plazos, así como de la aplicación de protocolos, de las gestiones realizadas por las denunciantes, ni respecto de su derecho de efectuar acciones para ejercer su defensa, permaneciendo el proceso en suspenso por más de 10 meses.

Agrega que, el 1 de marzo del año 2017 comenzó a trabajar en el Liceo Elvira Sánchez de Garcés de la comuna de San Francisco de Mostazal desempeñándose como encargada de convivencia escolar y años más tarde como psicóloga del Programa de Integración Escolar, sin presentar conflictos con ningún miembro de la comunidad escolar.

Indica que los hechos se habrían originado el día jueves 7 de noviembre del 2024, ocasión en que la inspectora de patio del liceo recibe a una estudiante emocionalmente inestable, que no pertenece al Programa de Integración Escolar en que la actora trabaja, por lo que no procedía su atención por parte de la recurrente, sino por la colega psicóloga del área de Convivencia Escolar, sin embargo, ante la insistencia y con autorización de la jefatura de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP), atendió a la estudiante, quien le comentó que no quería ser atendida por la psicóloga del área de Convivencia Escolar, doña nombre reservado, por considerarla “cahuinera, copuchenta, y me obliga a decirle cosas que no quiero”. En razón de esta situación se le solicitó un informe por parte del director.

Expone que, una semana después de entregar el informe, se presentaron al establecimiento dos funcionarias del Departamento de Administración de Educación Municipal del Comité Ley nombre reservado, quienes la notificaron sobre la existencia de dos denuncias en su contra, entregándole dos documentos donde constaba el hecho de haberse interpuesto las denuncias por presunto acoso laboral horizontal, junto con las medidas de resguardo decretadas, consistentes en tener “contacto cero” con las denunciantes y, que mientras dure la investigación, el director nombraría como intermediario -entre la actora y las denunciantes- a un miembro del Equipo Directivo. Agrega que no se le informó quienes eran las denunciantes, así como tampoco los hechos o motivos de las denuncias.

Continúa señalando que, con el objeto de tener información sobre el procedimiento, plazos y las acciones a seguir, remitió correos electrónicos a diferentes funcionarios del DAEM y del colegio, sin mayor respuesta, sólo se le envío el Reglamento de Orden, Seguridad e Higiene y se le informó del nombramiento de la persona intermediaria.

Refiere que esta situación se mantuvo hasta el ingreso al año escolar 2025, momento en que se le negó la asistencia al Consejo de Profesores, atendida la vigencia de las medidas de resguardo, asimismo fue marginada de la Reunión de Consejo Escolar, agregando que realizó un requerimiento a la Dirección del Trabajo para solicitar información sobre el proceso de las denuncias y a la Contraloría General de la República a través de la Ley de Transparencia.

Agrega que, el 27 de mayo de 2025, la Coordinadora del Programa de Integración Escolar (PIE), doña nombre reservado, le presentó un documento titulado “Acta de Acuerdo de Comunicación Mediada Entre Funcionarias del Establecimiento”, el cual expresaba, por escrito, un presunto acuerdo entre la Encargada de Convivencia Educativa, nombre reservado, y la actora, en virtud del cual aceptaba evitar toda comunicación directa con ella con la finalidad de evitar situaciones que pudiesen interferir con el cumplimiento de funciones profesionales entre ambas, alegando que no participó de dicha instancia para lograr acuerdo, ya que no fue citada ni sabía de su celebración, por lo que decidió no firmarlo.

Alega que siguen existiendo medidas de resguardo activas en su contra, las cuales le impiden desarrollar su trabajo con normalidad, sin saber si se está desarrollando efectivamente el proceso por presunto acoso laboral horizontal en el contexto de la Ley Karin, lo que ha repercutido en su salud psíquica, pues se encuentra ante un proceso aparente e indefinido, que ha excedido todo plazo racional, lo que acredita que la conducta de la recurrida es ilegal y arbitraria, toda vez que, habiendo trascurrido el plazo de diez meses desde que se interponen ambas denuncias (22 de noviembre de 2024) no ha concluido la investigación, excediendo así el plazo establecido por “Ley Karin” de 30 días, así como también el plazo de 6 meses consagrado en el Derecho Administrativo, agregando que tampoco ha sido oída, ni se le ha permitido ejercer su derecho a defensa, ni se le ha informado acerca del avance del procedimiento, manteniéndose en un estado de estatismo hasta la fecha.

Finaliza citando doctrina, normas legales y jurisprudencia, solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se declare que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, ordenado cerrar la investigación de denuncia por “Ley Karin” a su cargo, informando a la trabajadora los resultados de la misma y señalando expresamente que las medidas de resguardo adoptadas inicialmente no continúan vigentes, además del cumplimiento de las demás cargas que la normativa vigente impone al ente investigador, con costas en caso de oposición.

A folio 10 comparece la Municipalidad recurrida, alegando en primer término la improcedencia de la acción, fundado en que el recurso de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran, por lo que la falta de respuesta respecto de una medida de resguardo no genera un conflicto de carácter constitucional, situación que debe ser conocida vía recursos administrativos de reposición y jerárquico de la Ley 19.880.

En cuanto al fondo del recurso, señala que el acto administrativo no se transforma en ilegal por el solo transcurso del tiempo, ya que existen situaciones que constituyen fuerza mayor, toda vez que con la entrada en vigencia de la Ley 21.643 se aumentaron las materias que pueden denunciarse y, como consecuencia, aumentó de forma exponencial la cantidad de denuncias, sin la implementación de recursos económicos y humanos para su ejecución, lo que dificulta dar respuesta a ellas.

Luego, se refiere al sumario, al actuar y conocimiento del fiscal a cargo y de la sanción impuesta -antecedentes que no existen en la causa- para continuar señalando que, la omisión respecto de la cual se recurre es una cuestión accesoria a la resolución del fondo del asunto, la cual dice relación con la vigencia de la medida de resguardo, con ocasión a la inactividad del servicio, agregando que el plazo de vigencia de las medidas de resguardo, no puede ser objeto del silencio administrativo positivo, así como tampoco produce perjuicio a la recurrente, por cuanto son eminentemente transitorias y pueden ser modificadas en cualquier momento, pudiendo solicitarse cambio en dicha medida si acredita que las condiciones de agravio o peligro de un derecho fundamental han cambiado en lo material, y que dicho cambio no traería consigo un grave perjuicio o puesta en peligro de un derecho fundamental.

Finaliza solicitando que se rechace el recurso de protección deducido en su contra, por improcedente, o en su defecto por no existir una acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, con costas.

A folio 21, la recurrida complementó su informe señalando que las medidas de resguardo decretadas en contra de la recurrente el día 25 de noviembre de 2024 son de naturaleza cautelar y preventiva, dispuestas en el marco del procedimiento instaurado por denuncia de acoso laboral horizontal conforme a la Ley 21.643 (Ley Karin). Luego, su fundamento normativo se encuentra en el artículo 133 de la Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Por consiguiente, la vigencia de las medidas de resguardo no está ligada al vencimiento de los plazos de investigación, sino a la subsistencia del procedimiento disciplinario mismo. Mientras éste no se encuentre afinado -esto es, mientras no exista resolución terminal firme- las medidas cautelares continúan siendo jurídicamente procedentes y exigibles por mandato legal expreso.

Afirma que, si bien la Ley 21.643 y el artículo 211-C del Código del Trabajo establecen un plazo de 30 días para concluir la investigación interna, y el artículo 133 de la Ley 18.883 fija un plazo de 20 días hábiles para la instrucción sumarial (prorrogable hasta 60 días en casos calificados), la doctrina y jurisprudencia administrativas son contestes en sostener que dichos plazos tienen naturaleza ordenatoria y no fatal. En consecuencia, el retraso en la conclusión de la investigación o en la emisión de la sanción definitiva no invalida lo obrado ni transforma en ilegal la mantención de las medidas de resguardo que la ley expresamente ordena sostener mientras el procedimiento permanezca pendiente.

Expresa que, sin perjuicio de lo anterior, la administración municipal, en ejercicio de sus potestades de supervigilancia y en atención a la data del procedimiento, ha instruido formalmente y de manera urgente al Departamento de Administración de Educación Municipal (nombre reservado) la revisión íntegra de los antecedentes del caso, con el objeto de determinar el estado actual del procedimiento disciplinario que dio origen a las medidas de resguardo decretadas en contra de la recurrente, si existen diligencias pendientes que justifiquen la extensión del procedimiento, así como evaluar a la luz de los antecedentes, si la extensión de las medidas de resguardo se justifica en la data del procedimiento y si corresponde adoptar medidas para su agilización o conclusión expedita.

Concluye que la mantención de las medidas de resguardo no constituye un acto arbitrario ni ilegal. Por el contrario, responde al mandato expreso de la Ley 21.643 y del artículo 133 de la Ley 18.883, que imponen al empleador la obligación de mantenerlas mientras el procedimiento disciplinario no se encuentre afinado. Alzarlas anticipadamente -sin que exista resolución terminal- sería precisamente el actuar ilegal, pues importaría contravenir normas expresas de orden público laboral.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, lo que se reclama en estos autos son los actos arbitrarios e ilegales en que ha incurrido la recurrida, al retrasar injustificadamente una investigación por Ley Karin (Ley 21.643) seguida contra la recurrente, ignorando sus solicitudes y reclamos realizados por la vía administrativa, manteniéndola afecta a medidas de resguardo por más de 10 meses, vulnerando, a juicio de la actora, sus derechos consagrados en el artículo 19 N° 2 y 4 de la Carta Fundamental.

3° Que, en su informe, la recurrida alega la improcedencia de la acción, toda vez que la falta de respuesta respecto de una medida de resguardo no genera un conflicto de carácter constitucional y dicha situación debe ser conocida vía recursos administrativos de reposición y jerárquico de la Ley 19.880.

Luego, alega que la omisión respecto de la cual se recurre es una cuestión accesoria a la resolución del fondo del asunto, la cual dice relación con la vigencia de la medida de resguardo, con ocasión de la inactividad del servicio, agregando que el plazo de vigencia de las medidas de resguardo no puede ser objeto del silencio administrativo positivo, así como tampoco produce perjuicio a la recurrente, situación que se produce por fuerza mayor en atención al aumento exponencial de las denuncias sin más asignación de recursos. Aduce, además, que los plazos contenidos en la Ley 21.643 y 18.883 no son fatales para la administración, por lo que el retraso en la conclusión de la investigación o en la emisión de la sanción definitiva no invalida lo obrado ni transforma en ilegal la mantención de las medidas de resguardo que la ley expresamente ordena sostener mientras el procedimiento permanezca pendiente.

4° Que, la Ley 21.643 conocida como "Ley Karin", que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales como el Estatuto Administrativo, establece que los procedimientos de investigación por acoso laboral deben regirse por los principios de celeridad, integridad, imparcialidad y perspectiva de género.

El Decreto con Fuerza de Ley N°1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone en su artículo 14 que, en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral, será aplicable lo dispuesto en los artículos 90 A y 90 B de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Al efecto, el Decreto con Fuerza de Ley N°29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, dispone en su artículo 90 que, cuando se atente contra la vida o integridad física de los funcionarios y las funcionarias, la autoridad deberá resolver fundadamente acerca de la necesidad de iniciar de oficio el procedimiento de investigación sumaria o sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas en caso de que correspondan; conforme al artículo 90 B, la autoridad que reciba la denuncia tendrá desde esa fecha un plazo de tres días hábiles para resolver si la tendrá por presentada.

Por disponerlo así el artículo 126, si se acoge a tramitación la denuncia debe iniciarse una investigación sumaria, la que puede dar lugar a un sumario administrativo (artículo 127).

De acuerdo al artículo 136, en caso de que el sumario se adopte por hechos que vulneren lo dispuesto en el artículo 84 letras l) o m), el o la fiscal deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de las personas involucradas.

Se reproduce en el artículo 139, respecto de la responsabilidad administrativa que, los procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género.

De consiguiente, en el preciso caso de la responsabilidad administrativa por denuncias por acoso laboral en la administración pública, ésta se rige por el Título V del Estatuto Administrativo y, con evidencia, por los protocolos que al efecto hayan dispuesto las distintas reparticiones públicas de conformidad a lo que la ley exige.

5° Que, sobre la normativa en cuestión nuestra Excma. Corte Suprema ha sostenido que “la lectura de las normas anteriormente transcritas permite vislumbrar no solo una intención del legislador de proteger rápida y eficazmente la integridad física y psíquica del trabajador denunciante, sino también la de fijar un plazo acotado en que tanto el empleador como los denunciados se verán sujetos a un proceso de investigación que podría culminar con la imposición de una serie de medidas que pueden llegar incluso al despido del victimario. En otras palabras, la imposición del principio de celeridad resulta una garantía para todas las partes involucradas: para el trabajador denunciante, quien necesita de una investigación rápida que permita dilucidar y poner fin a la situación de acoso que le aqueja; para el trabajador denunciado, en tanto las consecuencias del establecimiento de los hechos pueden derivar en medidas que afecten su vínculo laboral; y también para el empleador, quien se ve sometido a un proceso de investigación que le obliga a tomar medidas protectoras de la víctima de manera inmediata y que deberán mantenerse durante toda la duración del procedimiento, para luego verse eventualmente expuesto al despido del agresor, de establecerse los hechos que fundaron la denuncia. De allí se entiende, por tanto, que el legislador haya impuesto un plazo definido de 30 días para la extensión del procedimiento, sea que éste se instruya internamente por la empresa o por la Inspección del Trabajo respectiva”. (causa Rol 31105-2025, sentencia de 30 de septiembre de 2025).

6° Que, así las cosas, la normativa vigente para los funcionarios públicos en las investigaciones administrativas ostenta plazos también acotados, y si bien la doctrina mayoritaria estima que se trata de plazos no fatales, en la precisa situación de un procedimiento por Ley Karin resulta evidente que la Administración tiene la obligación de cumplirlos para asegurar la eficiencia y proteger tanto los derechos de las víctimas cuanto de los posibles victimarios, siguiendo el principio de celeridad que le es exigible, evitando producir la indefensión de los intervinientes; y si bien en el presente caso, la municipalidad recurrida alega que adoptó las medidas para determinar el estado procesal del procedimiento administrativo, así como la pertinencia de mantener las medidas de resguardo adoptadas, consta que la denuncia fue presentada en el mes de noviembre de 2024, y admitida a tramitación en la misma época; de manera que tal retraso contraviene el mandato de celeridad exigido por la ley. De consiguiente, su actuación frente a la denuncia de acoso laboral que le fuera planteada, luego de ser admitida a tramitación, resulta ilegal por no seguir la normativa y protocolos a que se encontraba obligado.

7° Que, por cierto, la pertinencia de las medidas de resguardo, una vez nombrado fiscal para la investigación, la adopción de aquéllas está radicada en éste, previo a ello corresponde al jefe superior del Servicio decidirlas, sin que conste en estos autos que se haya notificado la designación de fiscal y que éste haya iniciado la investigación propiamente tal, de modo que nuevamente la falta de celeridad de la municipalidad recurrida transforma su actuación, además, en arbitraria.

8° Que, del modo descrito, la demora injustificada en el inicio de la investigación, la adopción y mantención de medidas de resguardo efectivas contra quien se inició un procedimiento por acoso laboral, sin que siquiera se le haya dado la posibilidad de efectuar sus descargos, configuran una omisión ilegal y arbitraria que vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley de la denunciada, pues frente a un deber legal expreso no se adoptaron, luego de admitida la denuncia a tramitación, las instrucciones y designaciones exigidas por el principio de celeridad.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Mostazal, sólo en cuanto se ordena que la recurrida velará porque se dé término al procedimiento administrativo, ciñéndose a la normativa que regula la responsabilidad administrativa y sus protocolos por Ley Karin, esto es, dentro del plazo de treinta días; además, dará noticia a la recurrente del avance de la investigación bajo las premisas de los principios de celeridad y debido proceso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1714-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.