nombre reservado con SUBSECRETARIA RELACIONES EXTERIORES

C.A de Rancagua.

Rancagua, doce de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 9 de diciembre del 2022, comparecen nombre reservado Y María Gabriela Gómez, abogadas, en favor de nombre reservado, Pasaporte N°RUT reservado, venezolano, todas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Señalan que el recurrente en atención a la difícil situación migratoria que vive su país decide migrar, para poder reunirse con su familia, en especial su hijo nombre reservado nombre reservado, quien emigró a Chile con fecha 13 de junio de 2018 y se encuentra residiendo en el país en forma regular, con permanencia definitiva, además de contar con un contrato de trabajo y los medios económicos para poder mantener a su familia.

Agregan que solicitó su visa de responsabilidad democrática el 6 de julio de 2019, en el consulado de Chile en Caracas, la que fue acogida a trámite y siendo citado para los días 8 y 10 de junio de 2020.

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2020, el amparado recibió un correo electrónico de la Cancillería de Chile mediante el cual le informaban que debido a la prolongación del cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus, aunado al hecho de que se había excedido el plazo máximo para la finalización del procedimiento administrativo, la autoridad había decidido dictar el acto terminal de todos los trámites de solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática, y en consecuencia, rechazar todas las solicitudes de visa pendientes. Acusa que aquello no consideró el estudio particular del caso ni que los amparados que cumplían con los requisitos para el otorgamiento de sus visas.

Aluden que se interpuso acción de amparo ante esta misma Corte Rol N° 893-2022, en el cual no existe un pronunciamiento respecto al fondo del recurso, sino que se indicó que aquella no era la vía idónea para deducir la acción, por lo que no existirían cosa juzgada a su respecto. Además, se indicó que el cierre del proceso de visa era sólo temporal, lo que no ha sido así en los hechos puesto que hasta la fecha aún no se ha reanudado su tramitación.

En cuanto a la competencia de esta Corte, indican que la presente acción se dirige contra un órgano del estado, esto es, el Consulado de Chile en Venezuela y se trata de una persona que intenta obtener la documentación necesaria para ingresar al país.

Explican que se ha conculcado el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a la visa y a la integridad psíquica del actor y el derecho a la reunificación familiar.

Finalmente, solicita que se ordene a la recurrida que resuelva el trámite de visa pendiente, dentro del plazo de 10 días corridos o el plazo que se estime pertinente, y que a ella se le aplique la normativa vigente al momento de su presentación, esto es, el oficio N°96.

Por su parte evacuo su informe don nombre reservado, Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, quien primeramente interpuso excepción de incompetencia fundada en que el recurrente tiene su domicilio fuera de Chile y la recurrida tiene su domicilio en “domicilio reservado, Región Metropolitana”, desde que el acto recurrido aconteció o tendrá efectos en un territorio jurisdiccional diverso al de esta Corte de Apelaciones.

En segundo término alegó la excepción de cosa juzgada, señalando que existe recurso de amparo Rol 893-2022 ante esta misma Corte, la cual fue deducida por el mismo actor, respecto del correo de fecha 11 de noviembre de 2022, y en contra de la misma institución recurrida, acción que fue rechazada el 16 de noviembre de 2022, por estimarse que los hechos no se condecían con el carácter cautelar y urgente del recurso de amparo, concurriendo en consecuencia los requisitos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al fondo señala que el derecho alegado por el recurrente no es indubitado, sino que está sometido a un procedimiento administrativo, en el cual el actor al presentar su solicitud debe cumplir con ciertos requisitos objetivos, debiendo el servicio dar una respuesta a dicha presentación, existiendo los mecanismos administrativos para reclamar de aquellos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, primeramente y en cuanto a la incompetencia reclamada, se debe tener presente que esta Corte previno en el conocimiento del asunto y considerando además, la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional incoada, se rechazará la excepción en análisis.

3° Que, seguidamente, y en cuanto a la excepción de cosa juzgada, atendido a lo resuelto por la Excma., Corte Suprema en el Rol CS 91.061-2022, que en su considerando 3° señala: “Que cabe, además, tener en consideración que el recurso de amparo no es la vía para acelerar trámites administrativos ante la autoridad, desvirtuando así su naturaleza, más aún, si no está afectada la libertad individual de la persona en cuyo favor se acciona. Para ello, la ley y la Constitución Política de la República, contemplan otros recursos específicos para lograr el mismo fin que ahora se pretende.”. De lo anterior, y al haberse ya estimado que lo reclamado corresponde a un procedimientos distinto al utilizado, se concluye que no concurren los presupuestos requeridos para que opere la institución de la cosa juzgada por lo cual se desestimará dicha alegación.

4° Que, el acto ilegal que motiva el presente recurso de amparo consiste en la comunicación remitida al actor a través de un correo electrónico masivo enviado el 11 de noviembre de 2020 de parte de la Cancillería de Chile, en el cual se le informó que, debido a la prolongación del cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus y a que se había excedido el plazo máximo para la finalización del procedimiento administrativo, la autoridad había decidido dictar acto terminal de todos los trámites de solicitud de visa de responsabilidad democrática y, en consecuencia, rechazar la solicitud efectuada.

5° Que, del correo electrónico cuyo contenido acompaña el recurrente y que no fue controvertido por el recurrido al evacuar el informe, resulta evidente que la entidad competente omitió pronunciarse, mediante un acto administrativo fundado, sobre las solicitudes pendientes, pues se limitó a poner término a los procedimientos mediante un correo genérico que nada dice sobre la situación particular del solicitante, dicho comunicado constituye un acto ilegal y arbitrario por cuanto incumple los principios y normas de la Ley N 19.880, pues en los hechos se impidió al actor adjuntar la documentación pertinente para el fin perseguido y concluyó el proceso a través de un mecanismo no previsto en la ley, desoyendo lo previsto en el artículo 41 de la citada normativa, en cuanto dispone que cuando el procedimiento se inicia a petición del interesado, la resolución de dicho procedimiento deberá ajustarse a la solicitudes de éstos y ser fundada, nada de lo cual se observa en el presente caso.

6° Que la falta de fundamentos y razonabilidad en el actuar de la recurrida determina sostener que su proceder se aparta de la legalidad vigente y se torna además en un acto arbitrario, pues se justifica en situaciones fácticas ajenas al caso concreto que afecta al actor. A lo anterior se agrega que la necesidad de concluir dentro de plazo el procedimiento administrativo obedece al principio de celeridad que debe regir a la Administración, es decir, en beneficio del administrado, más no de la autoridad, quien debe en todo momento dictar los actos administrativos debido al asunto de que se trata y sobre la base de los antecedentes concretos presentados por los interesados.

7° Que, en relación al recurrente, de la lectura de la causa se desprende que su solicitud de visa se encontraba en tramitación, pues fue recibida con en el mes de junio de 2019. Sin embargo, la autoridad alterando las normas del procedimiento decide finalizar su tramitación justificado en el cierre de fronteras dispuesto por la emergencia sanitaria, contexto que en caso alguno es definitivo, sino que constantemente es evaluada por la autoridad y dentro de aquel escenario, obviamente que las visas podrán hacerse efectivas cuando se abran las fronteras.

8° Que, en consecuencia, corresponde acoger el presente recurso de protección, pues la conducta de la recurrida resulta ilegal, ya que se actúa al margen de las normas vigentes y además, en forma arbitraria al no haberse dictado un acto terminal.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se resuelve que:

I.- Que se rechazan las alegaciones de incompetencia y cosa juzgada deducidas por la recurrida.

II.- Que, se acoge el recurso de protección deducido en autos en favor nombre reservado, número de pasaporte venezolano RUT reservado, domiciliada en Venezuela, sólo en cuanto, se dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Consulado en Venezuela, continúe con el trámite de su visa de responsabilidad democrática, conforme la normativa vigente a la época de la solicitud, debiendo en consecuencia citar a la amparada a entrevista en el Consulado de Chile correspondiente, en un día y hora determinado, dentro de un plazo razonable que no podrá exceder de noventa días contados desde que esta sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 17.122-2022-Amparo.

Se deja constancia que, por no reunirse los presupuestos previstos en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema, la presente sentencia no debe ser anonimizada.