nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS TRASPASADOS DE RANCAGUA

C.A. Rancagua Rancagua, veinte de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Con fecha 21 de octubre del año dos mil veinticinco, comparece nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua, por cuanto, luego de un proceso administrativo seguido en su contra, dicta la resolución N° 611 de 15 de octubre de 2025, mediante la cual pone término a su contrato de trabajo desde esa fecha, incumpliendo arbitrariamente normas del debido proceso, afectando sus derechos constitucionales.

Funda su recurso señalando que mediante resolución N° 602 de 26 de mayo de 2025, se instruye sumario administrativo en su contra, formulándose cargos en su contra el 28 de agosto del mismo año, finalizando con la dictación de resolución número N° 1623 de 1 de octubre, mediante la cual la recurrida impone como sanción el despido según lo dispuesto en el artículo 160, número uno letra a) del Código del Trabajo.

Alega que la favorece la atenuante de irreprochable conducta anterior, la que fue mencionada en la resolución recurrida, sin embargo, no fue considerada al imponer la pena, ni se pronuncia respecto de aquélla en la parte resolutiva, lo que su juicio configura la conducta arbitraria. Asimismo, alega que solicitó copia digital del expediente seguido en su contra y que al revisarlo advirtió que se había agregado la vista fiscal de otra persona, correspondiente a nombre reservado, la que fue agregada sin foliar, agregando que en dicho expediente no se encuentra la vista fiscal correspondiente a su caso, por lo que debió defenderse, sin dicho documento fundamental. Por lo anterior, presentó un recurso de nulidad de lo obrado con reposición subsidiaria, fundado en que no le fue entregada la vista fiscal correspondiente a su caso, y además solicitó que se reconociera su atenuante de reprochable conducta anterior, sin embargo, se rechazó el recurso de reposición, confirmándose la sanción, sin pronunciamiento respecto del recurso de nulidad, aun cuando en ella se reconoce que existe un error al escanear el expediente.

Invoca como garantías vulneradas, la de los números 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es igualdad ante la ley y libertad de trabajo y su protección.

Finaliza citando normas legales, doctrina y jurisprudencia y solicita que se acoja al presente recurso, ordenando la nulidad del acto administrativo recurrido y de su sentencia, dejando sin efecto la sanción de despido.

Acompaña documentos que indica.

A folio 12 comparece la recurrida, quien informa que mediante Resolución N°602, del 26 de mayo de 2025, del Secretario General de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, se instruye Sumario Administrativo con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas por salida del país de la recurrente encontrándose con licencia médica, ya era parte de la nómina remitida por la Contraloría General de la República, el que finalizo con la dictación de la Resolución N°1623, del 1 de octubre de 2025, la cual acepta la Vista Fiscal y determina la sanción de término de contrato de trabajo de aquélla, por falta a la probidad de acuerdo al artículo 160 N°1, letra a) del Código del Trabajo.

Agrega que la recurrente, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución referida, fundado en que solicitó copia del expediente, entregándosele uno con la vista fiscal correspondiente a otra persona, argumentando que la resolución recurrida es improcedente puesto que dice no existiría su vista fiscal, sin embargo revisados los antecedentes, se aprecia que la resolución recurrida se refiere específicamente a su caso particular, coincidiendo todos los datos con aquellos contenidos en la vista fiscal de su sumario, con las fechas de salida, de licencia, cargos y descargos coincidentes con su caso, existiendo la vista fiscal, documento que fue tenido a la vista al dictar la resolución, por lo que, a su juicio, se constata que se trató de un error al escanear su expediente, uniendo al documento la vista fiscal de otra carpeta investigativa, situación en la que debió haber hecho presente el error y solicitar se le remitiera la vista fiscal correcta sin presumir que aquélla no existe.

Continua señalando que la actora indica en su recurso que no hubo dolo en su actuar, sin embargo, de los antecedentes de la investigación, se advierte de su propia declaración que existía una salida del país planificada con anticipación en una época en la cual el establecimiento educacional no se encuentra con receso que son los únicos períodos en que tiene feriado legal, por lo que queda de manifiesto su intención positiva de salir del país fuera del período de feriado legal, puesto que no se puede prever las fechas en que uno tendrá licencia médica, por lo demuestra la planificación para hacerlas coincidir, lo que es contrario a los fines de las licencias médicas.

Refiere en cuanto a la atenuante de irreprochable conducta anterior, que esta no fue considerada (aunque si valorada en la resolución) por cuanto se ponderó la gravedad de la falta, considerando que una atenuante no obliga a rebajar la sanción si se considera que la falta es grave y configura el presupuesto de la causal de término específica.

En cuanto a la falta al debido proceso, indica que no se ha vulnerado norma alguna de aquél, ya que la actora tuvo todas las instancias para ejercer sus derechos, presentando sus descargos y recursos, agregando que la resolución que determinó su sanción es un acto administrativo que encuentra completamente fundado, haciendo una exposición pormenorizada del proceso administrativo, la falta imputada, los cargos, descargos, normativa infringida, ponderación de atenuantes, todo esto con los datos específicos de su caso, no el de otra persona. En virtud de ello, el hecho de que con posterioridad no se le hubiese remitido copia de su vista fiscal no afectó en nada su derecho a recurrir, puesto que esto debía ejercerse respecto al acto administrativo mismo que tuvo a la vista, por lo anterior, estima, se hace del todo innecesario retrotraer el proceso a la etapa de presentación de recurso de reposición, puesto que este derecho ya fue debidamente ejercido. En cuanto a que la vista fiscal no se encontraba foliada, ello en nada influye en lo yo señalado, puesto que no le impide ejercer sus derechos de ninguna manera.

Asimismo, alega la improcedencia del recurso de protección, por cuanto constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, lo cual para el caso no es aplicable para el caso toda vez que no existen derechos indubitados.

Finaliza citando normas aplicables y solicitando que se rechace el recurso de protección por no adolecer dicho acto administrativo de vicio alguno.

Acompaña documentos que indica.

A folio 14 comparece la Contraloría General de la República, quien precisa que se remitió a la CORMUN recurrida, la nómina de funcionarios de esa entidad que estarían involucrados en el Consolidado de Información, la cual permite identificar las licencias médicas que habrían sido vulneradas, así como la fecha de viaje y el paso fronterizo utilizado para el ingreso/salida del país. En ese contexto, informó el caso de doña nombre reservado.

Agrega que, carece de competencia para pronunciarse sobre situaciones laborales que afecten al personal que se desempeña en corporaciones de derecho privado creadas por las municipalidades al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del antiguo Ministerio del Interior, por no revestir aquellos la calidad de funcionarios públicos, situación en la que se encuentra la demandante de autos, correspondiendo a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de las normas de carácter laboral que rigen al personal.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, lo que se reclama en estos autos es la dictación por parte de la recurrida de la resolución N° 611 de 15 de octubre de 2025, mediante la cual pone término al contrato de trabajo de la recurrente, desde esa fecha, incumpliendo arbitrariamente normas del debido proceso, toda vez que no se consideró la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior que la favorece, imponiéndole la pena máxima y, además, se le entregó un expediente con una vista fiscal que no correspondía a su caso, afectando sus derechos constitucionales, del articulo 19 N° 2 y 16 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, en su informe, la recurrida alega la improcedencia de la acción, por cuanto se trata de una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, lo que no ocurre en autos.

Luego, sostiene que la resolución recurrida se refiere específicamente al caso particular de la actora, coincidiendo todos los datos con aquellos contenidos en la vista fiscal de su sumario, con las fechas de salida, de licencia, cargos y descargos coincidentes con su caso, existiendo la vista fiscal, documento que fue tenido a la vista al dictar la resolución, por lo que, a su juicio, se constata que se trató de un error al escanear su expediente, sin que se viera afectado su derecho a defensa, respetándose en todo momento el debido proceso.

En cuanto a la atenuante de irreprochable conducta anterior, indica que ésta fue considerada, pero atendida la gravedad de la falta, se determinó que una atenuante no obliga a rebajar la sanción.

CUARTO: Que, informando la Contraloría General de la República, precisa que se remitió a la CORMUN recurrida, la nómina de funcionarios de esa entidad que estarían involucrados en el Consolidado de Información, la cual permite identificar las licencias médicas que habrían sido vulneradas, así como la fecha de viaje y el paso fronterizo utilizado para el ingreso/salida del país, entre los cuales estaba el caso de doña nombre reservado.

QUINTO: Que, de los antecedentes allegados al proceso, en especial del informe evacuado por la recurrida y de las resoluciones administrativas acompañadas, aparece que el procedimiento disciplinario seguido en contra de la recurrente tuvo su origen en una instrucción emanada de la Contraloría General de la República, en el marco de la publicación del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica, entre los años 2023 y 2024, que ordenó investigar eventuales irregularidades en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, lo que motivó la instrucción de un sumario administrativo.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación que le fue entregada una vista fiscal correspondiente a otra persona, se advierte que aquello no afectó el derecho a defensa de la actora, quien presentó sus descargos en tiempo y forma y, además, en su recurso no señala algún hecho concreto de la afectación, o que no pudo defenderse de algún cargo en específico, sino que se limita a reclamar, en general, respecto a dicha falta, sin asociarla a un perjuicio determinado.

Asimismo, en los documentos acompañados, se encuentra la vista fiscal correspondiente a la actora, la cual sirvió de base a la dictación de la resolución recurrida, lo que demuestra que el error, de haber existido fue subsanando, encontrándose de manera íntegra el proceso administrativo seguido en su contra.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la falta de valoración de la atenuante de irreprochable conducta anterior alegada por la actora, tanto del informe de la Municipalidad recurrida, así como de la resolución cuestionada, se advierte que efectivamente ella fue valorada y analizada, sin embargo, no se le otorgó el mérito que la recurrente alega, que permitiera rebajar la pena impuesta, atendida la gravedad de la falta acreditada, lo que no implica una afectación de las garantías constitucionales.

OCTAVO: Que, así las cosas, no consta en autos que la recurrente se haya visto privada, perturbada o amenazada en el ejercicio de sus derechos fundamentales en términos que habiliten la procedencia de esta acción cautelar. Por el contrario, ejerció en tiempo y forma sus descargos e interpuso los recursos que estimó pertinentes, con pleno respeto de las garantías del debido proceso.

Además, la actora no niega el acto que se le imputa, limitándose a alegar por la falta de la consideración de la atenuante que le favorece, lo que permite presumir que no comparte lo que se ha decidido y, por ende, alega su desacuerdo con la autoridad por no haber evaluado a su satisfacción e interés los antecedentes que hizo valer en dicho proceso, cuestionamiento que en nada dice relación con una ilegalidad del acto administrativo o que pueda ser resuelta por la vía cautelar impetrada.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se configura en la especie un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a la recurrida que justifique acoger esta acción constitucional, razón por la cual el recurso será rechazado, sin perjuicio de lo que pueda resolverse en sede laboral, dado que la parte recurrida dijo que la actora interpuso en contra de la misma resolución, una acción laboral.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol Corte 1710-2025 Protección.

En Rancagua, veinte de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.